Sin embargo, el rechazo, el descrédito, la insatisfacción, que parecieron generar apatía e inmovilización y una sensación de abatimiento con respecto al estado y al gobierno, de individualismo y narcotización consumista, fueron mutando, en general a partir de la indignación o, la necesidad provocada por crisis económicas. En muchos lugares y estamentos sociales, surgieron movimientos colectivos, pequeños y aislados, que fueron cobrando fuerza, envalentonándose, multiplicando y extendiéndose, a medida que se reconocieron en otros lugares y en otros estamentos.

“Autoconvocados” ha sido, en general, el término con el que se identifican diversos movimientos sociales, cada uno con un reclamo puntual en la génesis. Necesidades insatisfechas, preocupación ambientalista, reclamo económico, protesta y, en muchos casos, propuesta, son las bases de estos procesos que suman personas y que logran, por lo menos incomodar a algunos políticos y molestar, a un gran poder económico que durante varias décadas esquilmó el país, en connivencia con muchos de los dirigentes gubernamentales.

“Autoconvocatoria” expresa inherentemente una llegada espontánea al espacio de reclamo, pero, que el término sea utilizado como identificatorio revela un proceso más complejo y profundo: en primer lugar pone de manifiesto una necesidad individual que en el proceso de expresión se transforma en una necesidad colectiva; en segundo, muestra que el aparente adormecimiento de una gran parte de la población no es tal; y en tercero, y fundamental, busca demostrar que el movimiento no es instigado por ninguna agrupación o dirigente y, mucho menos, tiene relación con la política partidaria.

Más allá de que cada reclamo o manifestación autoconvocada resulta legítima para sus protagonistas, y en muchos casos logran torcer o demorar procesos o decisiones perjudiciales para un sector social, la trascendencia mayor gira en torno a estos nuevos espacios públicos que nacieron a partir de la falta de respuestas del sector político gubernamental: la ausencia o falencia del estado se ve sustituida por el accionar de esta categoría social, que en alguna medida es una variante menos jurídica y “más power” de las ONGs.

En pocas palabras, los piqueteros, los sin tierra, los autoconvocados, los ambientalistas, los pueblos originarios, y muchos otros, son la respuesta a la no respuesta de los que deberían haber respondido durante años. Los políticos no saben, no contestan: responde la gente, en una participación ciudadana que está más cerca de la democracia directa que de la representativa.

Esta semana se realizó en Tunuyán el octavo encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un movimiento de asambleístas que representa a agrupaciones de todo el país y que se convoca primariamente a partir de reclamos ambientales y luego, de la entendida y creciente necesidad de una reforma en la legislación referente a la explotación de los recursos naturales.

La UAC no es un movimiento aislado, es la articulación de muchas asambleas en todo el país, pero además, es la versión vernácula de otros movimientos que se están dando en toda América Latina, y que en algunos lugares (el caso más representativo tal vez sea el de Bolivia) han llegado a generar cambios estructurales en las políticas de gobierno y en los modelos económicos y de distribución de la riqueza.

Algunos políticos parecen comprender que estos movimientos sociales son altavoces y telepantallas de las verdaderas necesidades y de la realidad social que, en general y salvo casos muy puntuales, no han tenido eco ni resonancia en los recintos legislativos. Incluso, parece entenderse que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil han sido (y lo siguen siendo) un gran aporte para el proceso de cambio que se evidencia en toda la región sudamericana.

Desde esos parámetros, por ejemplo, desde el 2006 el MERCOSUR impulsa actividades en las que estén presentes los representantes sociales del bloque, apuntado a una mayor participación ciudadana. Así, desde los estados se vislumbra una incipiente articulación para generar, coordinar y potenciar la intervención ciudadana, entendiendo que estos movimientos no deberían representar una amenaza desestabilizante para los gobiernos, sino por el contrario, lograr ser respaldo para gobernantes que pretendan cambios significativos y estructurales en la región.

En este panorama, donde la política tradicional partidaria perdió espacios por sus propios errores y muchas de las proposiciones y respuestas comienzan a surgir de la misma ciudadanía, y donde algunos políticos entienden la necesaria articulación con los movimientos sociales, surge un límite que aparece confuso y peligroso: la participación o articulación de los movimientos sociales con organismos estatales, e incluso con dirigentes partidarios, en el afán de lograr los objetivos propuestos, puede derivar en una cooptación que además de “deslegitimizar” de alguna forma el movimiento, desvía la fuerza, desde el reclamo legítimo hacia un fin puramente electoralista.

Eduardo Galeano dice que la sociedad se divide en indignos e indignados. La realidad es que hoy parece que muchos de los que pertenecieron al grupo de los “indignados” comienzan a ocupar lugares que tradicionalmente coparon los “indignos”, tal vez en forma más pragmática que oficial, pero con una trascendencia cada vez más notoria. Habrá que ver cómo sigue el curso de la historia. Pero lo concreto es que la clase política deberá evolucionar hacia esos nuevos espacios, donde el “público” comenzó a tener protagonismo en la “vida pública”, en la búsqueda de verdaderas respuestas. O, esos nuevos espacios de participación ciudadana deberán seguir evolucionando para llegar a los estratos gubernamentales. En ambos casos, lo necesario es evolución y crecimiento, que se dará en la medida de la madurez social. El peligro que siempre está latente, es que muchos no crecerán ni evolucionarán, solamente se convertirán en simples mutantes camuflados.