El Gobierno evalúa intervenir Irrigación

Los abogados oficiales buscan la forma de sacar a Frigerio sin apartarse de la ley, para liberar el camino a Pérez. El plan cuenta con el respaldo de Cazabán pero falta que Jaque tome una decisión. Cómo sigue.

Constanza Soler – csoler@losandes.com.ar

Horas antes de que el radicalismo saliera a escena a pedir la intervención del Departamento General de Irrigación, los abogados de Casa de Gobierno ya ponían la lupa sobre el artículo 128 inciso 22 de la Constitución provincial que hace hincapié en las facultades que tiene el gobernador sobre el manejo de los organismos autárquicos como lo es Irrigación. Si bien la voluntad es intervenirlo antes del 9 de diciembre y previendo que Eduardo Frigerio no presente la renuncia hasta esa fecha, la idea es entender cómo intervenir sin infringir la ley.

Estas precauciones apuntan a que el mencionado artículo de la Carta Magna dice: “El gobernador suspende o remueve a los funcionarios administrativos para cuyo nombramiento sea necesario el acuerdo del Senado, y llena interinamente sus puestos, debiendo darle cuenta del hecho inmediatamente de reunido, para que falle sobre la justicia de la medida, aprobándola o dejándola sin efecto; entendiéndose que no podrá desaprobarla sino con el voto de los dos tercios de los miembros presentes”.

El punto es poco claro y abre la posibilidad de infinitas interpretaciones legales. Es que aunque Frigerio ya fue suspendido por decisión de los integrantes del Jury, hay que “llenar” ese espacio. Por esto, los abogados del Ejecutivo ya evalúan la forma de emular una especie de intervención a un organismo que es especial para la Constitución. Según el procedimiento administrativo de Irrigación, cuando el superintendente es suspendido el organismo no puede quedar acéfalo, por lo que debe asumir el presidente del Tribunal Administrativo.

El titular de ese consejo, Carlos Dávila, es quien ha quedado a cargo del organismo ante la urgencia desatada tras la decisión del Jury de apartar al superintendente. Lo que ocurre es que la presencia de Dávila al frente del organismo ha sido denunciada como irregular. Esto es porque actualmente el Tribunal tiene sólo dos de sus cinco miembros en vigencia: Dávila, quien representa a la cuenca del Tunuyán Superior, y Ricardo Scandura, a la del Tunuyán Inferior. El resto no está porque a los representantes se les ha vencido el mandato.

Bajo estas condiciones, es decir, previendo que Frigerio no renuncie y que Dávila ocupa el lugar irregularmente, el equipo técnico de Jaque evalúa la forma más elegante de intervenir. Esa forma sería, en un primero momento, el envío de un decreto con el nombre de un representante interino y con la previa notificación al Senado. De esta manera, se cubriría el vacío hasta que asuma Francisco Pérez y envíe a la Cámara alta el pliego de su candidato para ser superintendente.

Paralelamente, aunque con menos consenso, los abogados del Gobierno analizan la posibilidad de enviar los pliegos para reemplazar a los funcionarios con período vencido, tanto del Consejo de Apelaciones como del Tribunal Administrativo. La falta de acuerdo sobre este punto es que, según sostienen en la Gobernación, “lo ideal es que Pérez envíe el pliego del reemplazante de Frigerio junto a los otros”.

Los estudios son a contrarreloj y quien milita la intervención puertas adentro de Casa de Gobierno es el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quien se posiciona como uno de los enemigos de los azules Juan Carlos Mazzón y Jorge Villalón, jefes políticos de Frigerio.

Pero no sólo Cazabán gestiona la intervención, sino que el gobernador electo ha solicitado a Jaque que tome cartas en el asunto y haga suya la intervención, teniendo en cuenta que Frigerio fue puesto durante su gestión. Quien falta que se decida al respecto es el mismo Jaque, quien evalúa por estas horas cuál es el costo político que deberá asumir en caso de meterse con el tema.

Precisamente, ayer el mandatario viajó a última hora y de improviso a Buenos Aires. Desde su entorno sostienen que una vez que el mandatario arribe a la Rosada, consultará sobre la delicada situación del Departamento General de Irrigación. “Cuando llegue tomará una decisión”, agregaron sus asesores.

El justicialismo no quiere seguir mostrando debilidad por los problemas internos del partido, tal como lo fue el enjuiciamiento de Frigerio y la resolución de las autoridades legislativas. En este sentido, lo mejor para el PJ es que el superintendente renuncie, tal como le ha solicitado la cúpula del oficialismo.

Esto no ha ocurrido y Pérez no quiere llegar al día de su asunción sin tener resuelto el tema que lo obsesiona. Desde su entorno, entienden que “lamentablemente Paco es quien aparece ante la opinión pública como pegado al escándalo de Irrigación, cuando en verdad no es un problema suyo”.

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/11/24/gobierno-evalua-intervenir-irrigacion-608561.asp