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Miedo al modelo chileno

Quienes empiezan a calentar motores son los Vecinos Autoconvocados de San Carlos, quienes llaman a analizar los alcances de esa norma dictada a mediados de noviembre, señalando que existe la posibilidad de que se abra la puerta a las empresas mineras para el uso del agua. “Nos preocupa este intento de mercantilización del agua”, dice Daniel Funes, uno de los referentes de este movimiento. Sigue leyendo

Obras hídricas: comenzó la limpieza del Río Tunuyán

Personal del Departamento General de Irrigación comenzó con la limpieza de colectores de drenaje y desagües de la cuenca del río Tunuyán Superior. Las tareas se iniciaron en el cruce del Arroyo Claro y la ruta 40, de Tunuyán. Las tareas son parte del Plan Integral de Mejoramiento de Cauces de Riego, que el Departamento General de Irrigación está desarrollando a lo largo de toda la provincia.

Ya son beneficiarias, cerca de 84.000 hectáreas bajo cultivo. La limpieza de 20 km de desagües en el Valle de Uco mejorará el escurrimiento hídrico al Dique Carrizal.

Atravesado por gran cantidad de vertientes, arroyos y desagües, la zona de influencia del Río Tunuyán Superior, requiere de un mantenimiento permanente de estos cauces, para evitar la salinización de los suelos y pérdida de cultivos. A los problemas de la napa freática, se suman el crecimiento permanente de malezas de gran tamaño y el vuelco indiscriminado de residuos sólidos urbanos, que forman una barrera de contención del agua. Son estos problemas los que está solucionando el Departamento General de Irrigación, en el Río Tunuyán Superior, donde se limpian cerca de 20km de Desagües.

En total unas 22.000 hectáreas bajo cultivo, son las que se verán beneficiadas por las tareas que con maquinaria propia, Irrigación emprende en los Desagües: “Del Polideportivo”, “Vivó” y “Carril Viejo”. Los dos primeros ubicados en el departamento de Tunuyán y el tercero en San Carlos.

El Desagüe “Del Polideportivo” tiene una extensión total de 5km, nace en Sur de Tunuyán en los efluentes de campos ubicados en Calle Argentina y culmina en la zona Norte, al desembocar en el Arroyo Claro (afluente del Río Tunuyán). Por su parte, “Vivó” abarca 11km desde el distrito La Primavera hasta el Río Tunuyán. Finalmente el Desagüe conocido como “Carril Viejo”, nace en el pueblo de Eugenio Bustos en San Carlos y culmina en el colector Piedras (afluente del Arroyo Yaucha), recorriendo 4km en total.

Totora y residuos
Los Desagües de la zona de influencia del Río Tunuyán Superior, cumplen una función primordial en el suelo de gran parte del Valle de Uco. A su paso van tomando el agua de vertientes naturales y de los drenes de las tierras (función que libera de excedentes hídricos al suelo y evita su salinización). Precisamente por la alta humedad es que la vegetación crece de manera vigorosa, especialmente la totora que debido al alto de la planta y fortaleza de su raíz, es un importante obstáculo natural para el escurrimiento del agua.
Otro de los reiterados inconvenientes que sufren todos los cauces de la provincia y que también están presentes en el Tunuyán Superior, es la presencia del gran cúmulo de residuos sólidos urbanos. La poca solidaridad para con el sector agrícola y la falta de conciencia en no contaminar el agua ni afectar las condiciones de salubridad, son una constante en las urbes alrededor de un canal. Este hecho lo grafica perfectamente la situación que se presenta en el Arroyo Claro, donde a pesar de haberse limpiado sus 5km de extensión, ya se encuentran montículos de basura a su alrededor.

Mejores aportes de agua al dique

“Esta zona riego requiere de un permanente mantenimiento, muy especialmente porque los aportes de los Desagües terminan desembocando en el río y posteriormente en el Dique Carrizal. Durante fines de 2011 por la limpieza en La Riojita, La Estacada y Guiñazú, logramos mejorar de 5 a 7 m3/s los aportes hídricos al Dique Carrizal. Ahora mejoraremos en aproximadamente de 1m3/s  los aportes, estos datos dimensionan la trascendencia de estas tareas”, mencionó el actual Presidente del HTA (Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación), Carlos Dávila. El funcionario es además, el Consejero por el Río Tunuyán Superior.

El Plan Integral de Limpieza en Cauces de Riego, es un programa que el actual Superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez; planteó como parte de sus objetivos primordiales de gestión. Hasta el momento entre la limpieza histórica que se emprende en el Canal Cacique Guaymallén, sumada al canal San Martín, colectores del Río Tunuyán Inferior y ahora Desagües del Río Tunuyán Superior, se estima en 84.000 las hectáreas bajo cultivo beneficiadas.

Personal del Departamento General de Irrigación comenzó con la limpieza de colectores de drenaje y desagües de la cuenca del río Tunuyán Superior. Las tareas se iniciaron en el cruce del Arroyo Claro y la ruta 40, de Tunuyán.

http://www.cuyonoticias.com/2012/9934/

Los desafíos para el titular de Irrigación

El designado titular del Departamento General de Irrigación deberá enfrentarse con serios desafíos. Esencialmente porque nos encontramos en un período de años denominados “secos”, con poco caudal de agua en los ríos, porque existen pedidos de nuevas perforaciones y porque se necesita cambiar la imagen del organismo luego de las graves críticas que mereció la anterior gestión.

El nuevo titular del Departamento General de Irrigación, José Luis Álvarez, obtuvo un fuerte apoyo de parte de entidades y organismos durante la audiencia pública y también durante la sesión de acuerdos para considerar su nombramiento, con una amplísima mayoría de bolillas blancas en el Senado provincial.

Pero su gestión al frente de uno de los organismos más importantes de la provincia no le resultará fácil. Deberá, en primer término, mejorar la imagen de la institución, seriamente debilitada luego de los duros cuestionamientos que cayeron sobre la gestión anterior, que terminaron con la renuncia del ex titular, y abocarse a trabajar en el manejo del agua en uno de los años considerados “secos”, mientras paralelamente se multiplican los pedidos solicitando nuevas perforaciones en el Tunuyán Superior, como consecuencia de las fuertes inversiones que se realizaron en la zona.

Al decir de los propios funcionarios del organismo, la crisis actual es la más preocupante de los últimos 70 años. En 1968 hubo menos volumen de agua, pero al año siguiente se recuperó, mientras en la actualidad tanto 2011 como 2012 son considerados años “secos”.

La cuenca del Tunuyán entre octubre de 2011 y enero de 2012 mostró un derrame correspondiente a un 56% de su valor histórico y el pronóstico indica que el año en curso contará con un volumen de agua de 540 metros cúbicos, cuando el promedio histórico es de 909 metros cúbicos.

Una situación también grave se observa en el Oasis Sur, donde ya se produjeron restricciones en la entrega del agua de riego, mientras sólo en el caso del dique Potrerillos se podrá recurrir a los excedentes acumulados. En ese marco de situación, Irrigación se verá obligado a mantener la situación de emergencia hídrica, por lo que seguirán los cortes y las limitaciones en los caudales de riego.

En medio de esa crisis aparece ahora que existen más de 200 pedidos para la perforación de nuevos pozos de agua en la zona del Tunuyán Superior. El Valle de Uco es la zona de la provincia que más ha crecido en los últimos años, como consecuencia de las fuertes inversiones -nacionales y extranjeras- esencialmente en vitivinicultura.

Sucede que existen allí condiciones ideales para la obtención de vinos de altísima calidad, como consecuencia de las condiciones climáticas que generan una gran amplitud térmica entre el día y la noche. En esa zona se entregaban entre 50 y 60 permisos por año para abrir perforaciones y fue allí donde se multiplicaron las denuncias por entregas irregulares de permisos, que motivaron el pedido de jury contra el ex titular de Irrigación.

Luego del revuelo que se armó cuando el Gobernador anunció, durante el desayuno vendimial de la Coviar, que podría implementarse la licitación para la apertura de nuevos pozos de riego, el nuevo titular de Irrigación prefirió bajar los decibeles y hablar de los objetivos a cumplir, entre los que se cuenta el uso eficiente del agua y la necesidad de aggiornar algunos aspectos, manteniendo el concepto de la inherencia del agua a la tierra. Por su parte, el Vicegobernador destacó que la intención es iniciar una etapa en política hídrica que tenga que ver con la construcción de consensos y restablecer una estrategia de mediano y largo plazo.

Es de esperar entonces que esos anticipos se cumplan, que se establezcan objetivos en los que participe todo el espectro político provincial y que pueda recuperarse la imagen de una institución que fue orgullo de los mendocinos y que hasta devino ejemplo internacional para establecer políticas hídricas, como sucedió con Israel, por tomar sólo uno de tantos casos.

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/3/30/desafios-para-titular-irrigacion-633047.asp

Irrigación bajo sospecha

El reconocido jurista local y especialista en Recursos Hídricos hace pública, a través de la presente nota, su opinión acerca del estado actual del Departamento General de Irrigación y del Jury de Enjuiciamiento iniciado a su titular, junto a la denuncia de muchas irregularidades.

Por Miguel Mathus Escorihuela – Abogado. Ex senador nacional por Mendoza. Fue profesor universitario de grado y posgrado, dictando clases en materia de Derecho de Agua y Ambiente a nivel nacional e internacional.

 1. El Jury de Enjuiciamiento al titular de Irrigación no es lo más importante. Lo destacable es que han tenido estado público las irregularidades e ilicitudes existentes en el Departamento General de Irrigación. La calle le ha cambiado el nombre: ahora lo llaman la Cueva de Alí Babá. Si sus seguidores están adentro o afuera, o en ambos lugares, se sabrá con la investigación. Pero están. Existe un estado de sospecha sobre prácticas corruptas, actitudes patoteriles, amedrentamiento a funcionarios, técnicos y atropellos a regantes. El símil de un estado estalinista; algo nunca visto.

2. Estos episodios son secuela de la confrontación entre facciones, vinculadas a los señores Mazzón, Villalón y Cazabán, acompañados de empresarios amigos del poder. No haré referencia a la actitud distraída del Gobernador, y de al menos dos de sus ministros, que han desoído (eso sí, por intereses políticos) las reiteradas denuncias recibidas de ex gobernadores, de altos dirigentes y legisladores de su partido, sobre prácticas ilegales en la repartición. Lo más grave es el manejo arbitrario y el favoritismo que se lleva a cabo en la gestión del agua. La prensa lo ha informado. Nunca, en 50 años, Irrigación sufrió un desgobierno como el actual, ni se le hizo tanto daño a la repartición como hoy.

3. Este caso no tiene connotaciones pre-electorales. Es un problema institucional, legal y moral. Muestra la violación a la Constitución y a la ley, denuncia manejos indebidos en la administración del agua, un uso inmoral del dinero y el perjuicio a usuarios legítimos, agricultores, para favorecer a empresas y grupos económicos. Nunca hubo que pagar 50, 80 o 100 mil dólares para hacer un pozo. Si la investigación se hace como corresponde -hasta el hueso- aparecerán los funcionarios, las personas y sociedades beneficiadas ilegalmente.

También, los responsables de actos delictivos de la gestión sospechada, como autores, cómplices o encubridores, por acción y por omisión. No pueden violarse impunemente los arts. 47 y 48 de la Constitución Provincial, la ley 4.035 (Art. 5 y 7); la Ley de Aguas, la ley 322; las Resoluciones 778/96 y la 109/01 del HTA; ni los artículos 248 y 249 del Código Penal. Se configuran, además, los supuestos de los artículos 1.109, 1.112 y 1.113 del Código Civil.

4. No podía esperarse otra cosa de esta gestión, que nació de componendas y de compra de votos, con el apetito despierto para morder licitaciones y contratos direccionados. Violando la ley, y bajo las normas del toma y daca, se han dado permisos de uso de agua, permisos y concesiones de agua subterránea; autorizaciones para sacar agua de ríos con toma directa, pagos marginales a empresas vinculadas, distribución arbitraria de caudales, con o sin derecho. No se publicita nada, no se rinde cuenta de nada, total, Irrigación es “autárquica” y marginal a las leyes.

Se han simulado situaciones de hecho y alterado documentos públicos, para “acomodar” permisos y solicitudes de concesión de aguas subterráneas al orden de prioridades que exige la ley 4.035. Todo ello, en perjuicio flagrante de solicitantes anteriores, con mejor derecho, que reunían y reúnen las exigencias legales.

El Expediente N° 124/09 de la denominada Cámara de Comercio Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo, tramitado ante Personas Jurídicas, en donde luce como cabeza su Acta Notarial constitutiva, tiene el carácter de acto preparatorio del delito para violar la ley, y deberá evaluarse por el Jury.

Los que en él constan como promotores no son más que un grupo organizado y en banda para violar la ley, pasando por alto el orden de prioridades consagrado en la ley 4.035. Cada uno de sus integrantes, individualmente, no podrían haber conseguido nunca un permiso ni concesión de agua. Algún asesor astuto habrá ideado la maniobra ilegal, que no evitará las actuaciones administrativas, civiles y penales que deberán promover los damnificados.

Todas las concesiones de aguas subterráneas derivadas de esta maniobra tienen que ser nulificadas y cegados los pozos ilegalmente alumbrados en perjuicio de terceros. Es lo que manda la ley (Arts. 34 y 35). Tienen que tener castigo los funcionarios, los copartícipes y los encubridores que han intervenido.

5. Párrafo aparte merece la llamada Resolución 232 (11/3/10) concebida para dar “sustento” a lo ilegal. Es nula, viola legalidad sustantiva; no ha sido publicada ni notificada; viola el derecho de defensa de los perjudicados; el superintendente no tiene competencia para dictar esa pseudo Resolución, que jurídicamente es un Reglamento, y por ende, es atribución del Tribunal Administrativo. Carece de validez formal y sustancial. La potestad reglamentaria es atribución del Tribunal, no del superintendente.

La nulidad surge de sus considerandos, que son falsos. El balance hídrico del acuífero de la margen derecha del río Mendoza sigue en estado crítico, gravemente contaminado, con peligro para la salud humana y el uso agrícola. Esta colmatado de sustancias peligrosas. Lo dicen los técnicos especialistas -no el que escribe- con opiniones mas fundadas que las del INA-CRA.

Así como se sostiene que puede aumentarse el bombeo un 5%, afirmo que los volúmenes de extracción son inferiores, y que están más contaminados con benceno, mtb y otras sustancias peligrosas que en el decenio anterior. Nada se ha hecho para terminar con la contaminación originada en la explotación petrolífera. Se han puesto los ojos en los volúmenes de agua, no en la calidad del acuífero, para así poder dar más concesiones.

Existe una grave irresponsabilidad e ineptitud en el dictamen técnico de la Policía del Agua. No se puede sostener que hay “efectos neutros” y “ausencia de impactos sensibles”. Quizás su titular, el señor Corral, sepa mucho sobre comercio del agua, y de guardar o esconder, expedientes públicos bajo llave, pero no tiene la menor idea de la finalidad, del contenido y del ejercicio del Poder de Policía en la gestión del agua para preservar su calidad.

Si, como se dice, no hay mejora en el balance hídrico, ¿por qué se autorizan nuevas extracciones? ¿Cómo se tiene la desvergüenza de invocar “la razonabilidad”, “la modulación de la prohibición”, “la falta de perjuicio sensible”, “el principio de precaución”, “la gran demanda existente” etc., etc., cuando se está en plena crisis hídrica y todas -digo todas- las opiniones técnicas hidrológicas, hidrogeológicas, químicas, agronómicas y legales, aconsejan la prevención, el cuidado, el resguardo, la limitación y preservación de los acuíferos, sobre todo en la margen derecha del río Mendoza? Es decir, se hace todo lo contrario.

La semana pasada Los Andes hizo pública la disertación del Ing. Rodríguez, director de Gestión Hídrica de Irrigación en un Foro Internacional, cuando manifestó el agravamiento de la crisis hídrica, caudales de nuestros ríos por debajo de la media y la preocupante situación de nuestros embalses. Esto me releva de otro comentario y demuestra el despropósito de todo lo actuado. Basta añadir que la tal Resolución desconoce el requisito del “mérito” en los actos administrativos, esto es, la conveniencia y utilidad de lo hecho por la administración. Carente de legitimidad y mérito, la tal Resolución es nula.

Quizás radica aquí -en querer justificar lo injustificable- donde aparece con claridad el carácter doloso de las ilegalidades sobrevinientes.

Denuncio que las autoridades de Irrigación tienen en carpeta un proyecto de Resolución similar a la comentada, para autorizar más de 30 pozos, y que por la situación imperante, esta paralizada su tramitación.

6. Las anomalías han sido hechas en el sigilo, o patoterilmente, por el señor Villalón, con la colaboración del señor Corral, con la asistencia obediente de la Sra. Tieppo, jefa de Gabinete. Se ha ocultado información, como si Irrigación no fuera un ente público, sujeto a la publicidad de sus actos y a la información pública debida sobre todo a los que solventan el Presupuesto de la repartición. Así lo manda la ley 25.831, y así lo exige el sistema republicano de Gobierno: la publicidad plena de los actos de gobierno y administración.

Existen causas en trámite en la Corte provincial, que deberán ser prolijamente estudiadas por sus magistrados. Sería desalentador que alguno quedara involucrado en las fechorías que se ventilan. Pero habrá que investigar más cosas, como el contrato de obra pública del canal Matriz Este construido en Tupungato, en donde la empresa Ceosa y el señor Porreta han contado con la benevolencia de Irrigación, a tal punto que parecerían ser ajenos a las falencias y la destrucción de una obra mal construida, además de innecesaria. Corre en paralelo un canal igual o mejor construido hace más de 50 años.

Paradójicamente, Irrigación -que debe asumir su responsabilidad- atropella a las víctimas, los regantes perjudicados, y al ICAT y su titular, y quiere hacer recaer sobre regantes los costos del entuerto y los favoritismos. No asume la falta de inspección de la obra, ni el general descontrol que rodeó al emprendimiento, por la ineptitud del obediente subdelegado.

7. Los damnificados deben pedir las nulidades que corresponden ante los Tribunales, y formalizar las denuncias ante el fiscal de Estado y las fiscalías competentes. Se han violado demasiados artículos de la Constitución, de la ley de Aguas, de la 4.035, del Código Civil y del Código Penal para que todo esto quede impune. Se ha usado el patrimonio público, la función y la estructura de un ente público, para beneficio de personas y empresas que han actuado en banda y concertados, para sus fechorías.

El señor fiscal de Estado y los fiscales competentes en materia penal pueden actuar de oficio, y no sólo a instancia de parte, porque se han vulnerado bienes, obras e intereses públicos protegidos por la legislación. Está en peligro la salud pública, se ha vulnerado la calidad de vida y el ambiente. El fiscal de Estado debe proceder como Defensor del Pueblo.

8.Alguna vez, un superministro de la corrupción afirmó que el Departamento General de Irrigación era un organismo “extra poder” por las prerrogativas y atribuciones que le da la Constitución. Nada tan falso.

Ningún organismo público de la provincia puede actuar al margen de la ley, cualquiera sea su personalidad jurídica, ni puede vulnerar los derechos legítimos y las garantías de los ciudadanos que surgen de la Constitución, de la Ley de Aguas y de la ley 4.035. Ningún organismo o dependencia pública, y menos los funcionarios, puede violar el principio de publicidad de los actos de gobierno, ni menoscabar el derecho a la información pública de sus resoluciones y de su gestión.

9. La denuncia efectuada contra el superintendente fue insuficiente, porque los consejeros de Irrigación, en el conjunto de los hechos denunciados, son partícipes necesarios y encubridores de las anomalías y violaciones a la ley. En cualquier caso, como funcionarios, son responsables.
Se dirá que son cosas de la política, que el procedimiento y la decisión del Jury entraña una decisión política. Nada es así.

El Jury deberá evaluar si los actos y los procedimientos llevados a cabo por el funcionario denunciado -y sus colaboradores, por quienes también debe responder- han sido o no conformes a la ley, si ha causado daño o preservado la institución a su cargo, si ha cumplido con sus deberes, constitucionales, legales y morales. En suma, si existen mal desempeño, delitos o faltas en su actuación.

10. Con razones políticas poco aceptables, para evitar el escándalo público en época preelectoral, el Jury ha dilatado el procedimiento hasta fines de octubre, en una decisión cuestionable. Resulta que en el caso de la jueza Zavattieri el Jury otorgó 10 días de plazo para defensa, con inusitada rapidez, y al superintendente de Irrigación, 3 meses. ¡Qué coincidencia, se vencen después de las elecciones! ¿Cómo es esto? Pero poco importan las sinrazones. El daño está hecho, Irrigación está salpicada, los funcionarios que todos conocemos están bien sospechados, y la opinión pública enterada de las cosas ilegales e inmorales que ha llevado a cabo mucha gente.

No hay que temer que los asuntos públicos se investiguen. El peor veneno para la salud de una sociedad es que no se respete y cumpla la ley, que sus gobernantes o funcionarios violen sus obligaciones, y que reine la impunidad sobre sus procederes ilegales.

11. Las Inspecciones de Cauce y las Asociaciones de Inspecciones involucradas territorialmente, no están cumpliendo con sus deberes y obligaciones. La primera de ellas es defender el agua pública y a los usuarios legítimos contra las desviaciones de poder de la autoridad y el destino de los aportes de que hacen los usuarios. No lo están cumpliendo. El silencio que guardan ante tantas anomalías es injustificable.

Para concluir, por ley debe hacerse la Declaración de Agotamiento de la fuente (la Cuenca margen derecha del río Mendoza art. 23 Ley 4.035) para poner fin a tanta fechoría, y por ley debe obligarse a Irrigación y a todos los organismos públicos a insertar en sus páginas Web absolutamente toda su gestión, resoluciones, sus manejos presupuestarios, sus altas y bajas de personal, sus contratos y licitaciones, es decir, absolutamente todo lo que transparente el manejo de la cosa pública y aleje los fantasmas de los negociados, las coimas y los favoritismos.

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/9/25/irrigacion-bajo-sospecha-595922.asp

El proceso del Jury se demora y dan más tiempo a Frigerio

El superintendente de Irrigación aún no fue notificado. Si prospera la acusación, deberán cambiar a algunos legisladores del jurado.

Daniel Peralta – dperalta@losandes.com.ar

Los plazos del Jury de Enjuiciamiento contra el titular del Departamento General de Irrigación corren, pero no corren del todo. El acusado, José Frigerio, aún no es notificado formalmente del proceso en su contra por mal desempeño e incumplimiento de la normativa que rige el funcionamiento del organismo.

Pero, además, provoca nerviosismo entre algunos de los críticos de la gestión del superintendente. Uno de los motivos es que, en caso de prosperar la acusación, el tribunal debería sesionar durante 30 días y ese plazo se cumpliría una vez terminado el mandato de varios de los legisladores que conforman el Jury.

A tal punto hay recelo, que desde el Valle de Uco y General Alvear se preparan para hacer ruido en las rutas, anotándose públicamente como fogoneros de la continuidad del proceso contra Frigerio. Sin embargo, el acusador principal, el diputado del Peronismo Federal Roberto Blanco, aprovechará la demora en la notificación para ampliar las denuncias contra Frigerio.

El 1 de agosto pasado, Los Andes daba cuenta de la presentación del Jury que Blanco formalizó el 29 de julio. El 18 de agosto se reunieron miembros del tribunal, aceptaron la denuncia y decidieron dar vista a Frigerio para que hiciera su descargo. La ley indica que el acusado tiene 10 días hábiles para responder a las acusaciones y luego, el Jury tiene 15 días corridos para merituar la defensa y definir si se pasa al proceso o se desestima la acusación.

Pero el tribunal, a pedido del PJ, decidió sacar este tema del escenario electoral. Entonces la reunión para merituar las pruebas y mandar a Frigerio a proceso o exonerarlo se fijó para el 27 de octubre, cuatro días después de las elecciones generales.

Así es que, a partir de esa fecha el tribunal fijó los plazos, contando de atrás para adelante. Es decir que Frigerio sería notificado a mediados de setiembre. Esto le permitirá tener varios días adicionales para responder a las acusaciones de Blanco. “Está corriendo con ventaja”, señala el legislador.

Pero, además, se suma otro elemento para temer por el futuro del proceso contra Frigerio. En el caso de que el tribunal decida que hay méritos para continuar el juicio contra el jefe de Irrigación, hay 30 días para juzgar la actuación. Esos 30 días se cumplirían el 27 de noviembre y el mandato de algunos legisladores de ambas cámaras termina el 24 de noviembre. Desde ya se especula con la pelea y las negociaciones cruzadas para remplazar a los miembros del tribunal que representan a la Legislatura (siete diputados y siete senadores).

Esta demora en el proceso está alertando a los críticos de la gestión de Frigerio al frente de Irrigación. La ansiedad crece ante el eventual congelamiento de la medida. Es en este contexto que el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, prepara, con varios grupos de regantes, una manifestación prevista para mañana, con el objetivo de mantener viva la acusación.

Este jueves, mientras Leiva dé una conferencia de prensa, en Ugarteche, San Carlos y General Alvear varios grupos de regantes harán una campaña contra la gestión de Frigerio, repartiendo panfletos a los automovilistas.

Pero el tiempo parece dar también alguna ventaja a Blanco. “Desde que se aceptó el Jury, me ha llegado un sinnúmero de irregularidades nuevas. Tanto es así que consulté ante las autoridades del tribunal y me aseguraron que podría ampliar la denuncia. Con el material nuevo estoy armando una nueva presentación que formalizaré antes de que notifiquen a Frigerio”, dijo Roberto Blanco.

La acusación original de Blanco contra Frigerio se centra en siete grandes hechos: reiterada falta de respuesta a pedidos de informes legislativos; otorgamiento de 21 permisos de pozos a siete emprendimientos inmobiliarios de alta gama en plena crisis hídrica; ocultamiento de información referida al convenio que suscribió el gobernador Celso Jaque con la provincia de La Pampa por las aguas del Río Atuel; cambio de criterio respecto de las obras que debía realizar la minera San Jorge para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (lo que implicó menos inversión por parte de la empresa) e intervención de la Inspecciones de Cauce Asociadas de Tupungato después de los reclamos de los regantes por la rotura de las obras del arroyo Las Tunas (antes de ser inauguradas).

El sexto punto son los beneficios detectados en la propiedad del hijo de Jorge Villalón, principal asesor de Irrigación y hombre de confianza del asesor presidencial Juan Carlos Mazzón (toma directa de agua del mismo río Tunuyán, riego en período de corta, permisos de nuevos pozos y falta de rehabilitación de pozos existentes) y la supuesta contaminación de acuíferos provocada por YPF al inyectar mensualmente 3 millones de metros cúbicos de agua de purga en pozos.

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/9/7/proceso-jury-demora-tiempo-frigerio-592099.asp

Citarán a funcionarios de Irrigación por denuncia

Felipe Acevedo

El vicegobernador Cristian Racconto sostuvo ayer, luego de recibir a productores del Valle de Uco que denunciaron irregularidades en el suministro de agua por parte del Departamento General de Irrigación, que en forma urgente se deberá citar a los funcionarios del organismo oficial para que den explicaciones sobre las situaciones descriptas.

El funcionario mantuvo una reunión con los productores luego de que estos, a través de Confederaciones Rurales Argentinas, hicieran una presentación por escrito ante la mesa de entradas del Senado denunciando algunas situaciones que se plantean en relación a la emergencia hídrica.

Racconto indicó que “lo que se ha producido es una situación que genera dificultades y pone en riesgo a los productores por la época estacional en la que estamos y la necesidad de agua que tienen. Lo que se encontraron ellos es que habían situaciones particulares de algunas empresas que seguían recibiendo agua, mientras a ellos no les entregaban”.

Expresó que, de acuerdo a la denuncia, los productores se hicieron presentes en ambas empresas y descubrieron que el agua seguía entrando.

Los productores sostuvieron que 27 días después que a ellos les cortaran el agua recién tomaron una medida similar con las empresas y luego de que se presentaran con un escribano. Destacaron que las firmas no les permitieron el ingreso al paso de servidumbre.

Los agricultores del Valle de Uco, además de Racconto, se reunieron con los integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria y mantendrán contactos con las comisiones de Derechos y Garantías y de Medio Ambiente.

Según el Vicegobernador, los productores necesitan una solución rápida. También indicó que estos denunciaron que se abren pozos en algunas propiedades sin que exista autorización. “La apertura de pozos está prohibida y hay empresas grandes o extranjeras que lo hacen”, indicó Racconto.

Por otra parte expresó que se denunció que se están dando derechos provisorios de agua para los años que vienen y que una de las dos empresas no tiene restricciones. Agregó que no sólo una de ellas estaba recibiendo agua sino que además regaba más hectáreas que las autorizadas.

http://www.losandes.com.ar/notas/2011/6/22/citaran-funcionarios-irrigacion-denuncia-576012.asp