La presencia mapuche y de sus ancestros en Mendoza desde épocas precolombinas

Por Bruno Geller
Evidencias arqueológicas, lingüísticas, históricas, culturales y otras demuestran la presencia continua de pueblos originarios desde la era precolonial hasta la fecha en lo que hoy es la provincia de Mendoza, afirman tres especialistas del CONICET.

“Los antepasados de los mapuche contemporáneos habitaron el actual territorio de Mendoza antes de la conquista española y su presencia ha sido continua desde entonces hasta el presente. Sectores de la sociedad de Mendoza argumentan la supuesta extinción y o extranjería de este pueblo que forma parte de Argentina y de la historia de Mendoza, con el fin de deslegitimar la reivindicación de sus legítimos derechos, que incluyen la posesión y el uso de tierras”, afirma Diego Escolar, antropólogo, investigador del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que hace tres décadas estudia la historia y etnografía indígena en Cuyo y otras regiones.

Por su parte, Claudia Briones, antropóloga e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa, CONICET-UNRN) destaca que el artículo 75 inciso 17 de la constitución nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Y también resalta que “lo que todos los argentinos y argentinas debemos saber que es que, tal como prescribe el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es signataria, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones (art. 33.1).  De allí que sus derechos deban ser respetados en Mendoza y en todo el país porque eso es lo que mandata nuestra constitución y convenios internacionales”.

Para Beatriz Bragoni, doctora en historia, investigadora del CONICET, directora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET), en Mendoza, y profesora titular de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, las fuertes controversias sobre la existencia o no de pueblos mapuches en los departamentos del sur mendocino recomiendan tener en cuenta cuestiones fundamentales como las evidencias materiales (arqueológicas, lingüísticas, históricas, culturales) que atestiguan la  movilidad espacial, intercambios, conflictos y solidaridades de las parcialidades indígenas dispersas en los territorios y pueblos no sometidos por las autoridades coloniales entre el siglo XVI y el XVIII, así como a la recomposición de las relaciones interétnicas como resultado de las guerras revolucionarias. También indica que se deben considerar las razones que explican la filiación entre la nomenclatura clásica y aceptada de los pueblos originarios del sur provincial, puelches y pehuenches, por el vocablo “mapuche” o “pehuenche-mapuche”.

Conjunto de evidencias

Pruebas de diferente naturaleza, que son parte de los estudios de especialistas del CONICET, confirman la continua presencia mapuche hasta la fecha en Mendoza: artículos de prensa del siglo XIX, partes militares, tratados entre caciques del sur de Mendoza y autoridades del Estado argentino, memorias orales y actas bautismales de niños y niñas indígenas separados de sus familias y de su cultura durante y después de la Campaña del Desierto.

“En las fuentes históricas, hay evidencias directas de que el sur de Mendoza y lo que es el departamento de Malargüe, General Alvear y gran parte de San Rafael eran territorios indígenas libres hasta la Campaña del Desierto que se produce a partir de 1879, luego de las “campañas preparatorias” en 1878. O sea que hasta ese momento casi la mitad de la provincia de Mendoza y gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de San Luis, el sur de Córdoba y de ahí hacia la Patagonia hasta Tierra del Fuego era todo territorio indígena libre”, afirma Escolar y agrega que eso está comprobado en tratados sobre fronteras, firmados incluso hasta 1875, entre caciques indígenas y autoridades de gobierno.

En esa línea, Bragoni indica que la evidencia histórica refrendada en documentos producidos por los funcionarios coloniales que tramitaron el cambio político en el territorio después de 1810 pone de relieve la naturaleza o carácter de las relaciones interétnicas en dos planos concurrentes: la política de pactos o parlamentos celebrados entre las autoridades locales y los cacicazgos indígenas para negociar la paz en base a incentivos materiales que incluían la cesión de terrenos para la labranza en las proximidades de los fuertes de San Rafael (1805) y San Carlos (situado a más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza), y que suponía la prestación de servicios militares eventuales por los indios oriundos del lugar o del otro lado de la cordillera.

Bragoni menciona, por ejemplo, que sobre la base de entendimientos pactados en 1816 entre los comandantes de frontera y los “caciques amigos” Carripihue y Quichudeo, el gobernador intendente, José de San Martín, en persona, encabezó la ceremonia que aceleró la rúbrica de un tratado con la “nación pehuenche” en el fuerte de San Carlos, que contó con la mediación del fraile araucano Francisco Inalicán. Pero la participación de los indígenas en aquella coyuntura (que narró el general Miller en sus memorias publicadas en Londres en 1829) no se redujo a preservar la vigilancia de los boquetes cordilleranos ni tampoco se limitó a cumplir con el compromiso de permanecer ‘neutrales’ en la guerra entre los ejércitos patriota y realista, afirma la investigadora. “La información provista del Copiador de San Martín resulta esclarecedora de los contratos celebrados con caciques y mocetones con el fin de recolectar ganado disperso para abastecer a los hombres armados que los habilitaba a ingresar a la ciudad para cobrar los servicios prestados. La documentación también registra las gestiones de los caciques pehuenches en el suministro de hombres para los cuerpos de caballería del Ejercito de los Andes”, puntualiza la historiadora del CONICET y autora del libro “San Martín”, una biografía política del libertador” (Editorial Edhasa).

“A partir de la Campaña del Desierto, los indígenas fueron incorporados violentamente al Estado argentino. Miles fueron asesinados, y en el caso particular que abordan mis trabajos, miles de sobrevivientes del sur de Mendoza y también de la Patagonia y la Pampa central fueron trasladados forzosamente a la ciudad de Mendoza y otras zonas del centro y norte de la Provincia de Mendoza y agrupados en reservas, barracones y presidios (que dejaron, en algunos casos, restos arqueológicos visibles), y luego distribuidos en obrajes, ingenios, estancias o familias. El principal responsable del traslado y reparto de prisioneros como mano de obra esclava fue el coronel Rufino Ortega, hombre de confianza de Julio A. Roca, y gobernador de la provincia de Mendoza entre 1884 y 1887”, señala Escolar, quien realizó estudios posdoctorales, estancias de investigación y docencia en las universidades de California, Berkeley, en Estados Unidos, y en la Universidad Sorbonne Nouvelle, en Paris, Francia.

Escolar recabó más de 200 notas periodísticas publicadas entre 1878 y 1893 en El Constitucional, Los Andes y otros diarios de Mendoza que describen el reparto de indígenas traídos del sur de Mendoza y la Patagonia, y tratados, según afirma el investigador del CONICET, “como mano de obra esclava sin paga y muy maltratados”. Un artículo publicado el 22 de noviembre de 1879 en El Constitucional describe: “Llegó el jueves último la nueva remesa de indígenas que habíamos anunciado. Constaba de noventa y tantos individuos; entre los cuales había 35 indios de lanza, siendo el resto mujeres de 16 años arriba y uno que otro niño de pechos. El sitio donde se los alojó bien pronto fue invadido por numerosas señoras y caballeros que iban a pedir chinas y chinitos para su servicio, y en unas cuantas horas pudo distribuirse convenientemente toda la chusma. No fue posible atender la totalidad de las solicitudes, por lo reducido de la cifra, de manera que quedaron más de 300 peticiones sin proveer….”.

En el caso de Mendoza, Escolar y colegas también recorrieron parroquias de la provincia de Mendoza y comprobaron la proliferación de actas bautismales de niños indígenas capturados en la Campaña del Desierto en el sur de Mendoza y Patagonia desde fines de la década de 1870 hasta fines de 1880. “Se les otorgaba un nombre español, se eliminaba toda referencia a sus padres y se incluían generalmente sólo los nombres de los padrinos blancos que terminaban oficiando en la práctica como sus dueños. El objetivo de esta política de apropiación de niños indígenas era destruir la sociabilidad e identidad indígenas, obtener mano de obra virtualmente esclava y lo que podría ser considerado como bienes de prestigio para las elites”, afirma Escolar y agrega: “Tras la Campaña del Desierto, muchos mapuches sobrevivieron en condiciones sociales nuevas, en algunos casos hasta la década de 1950, generando también descendencia hasta el día de hoy en Mendoza”.

El término “mapuche”

Hay historiadores, indica Escolar, que niegan la presencia milenaria de mapuches en Mendoza y otras regiones del país argumentando que son muy recientes (de fines del siglo XIX en adelante) los documentos que identifican a ese pueblo con la denominación “mapuche”. “El término mapuche, que significa ‘gente de la tierra’, se fue desplegando desde finales del siglo XIX como un rótulo para la identificación o autoidentificación de diversas parcialidades identitarias que tenían en común la lengua mapudungun y pautas culturales y políticas, y fueron clasificadas por ejemplo como pehuenches, pampas, huiliches y otros”, afirma el investigador del CONICET y continúa: “Es un error pensar que estos pueblos no han continuado su presencia en la región porque hayan cambiado o desaparecido alguna de las denominaciones originales y fueron reemplazadas por otras a lo largo del tiempo por dinámicas de etnogénesis, producto, por ejemplo, de los desplazamientos forzados que tuvieron que sufrir a partir de la Campaña del Desierto”.

En cuanto a las identidades de colectivos sociales con sostenidas experiencias de interacción (matrimonios mixtos, intercambios económicos, alianzas políticas, incluso confrontaciones), las mismas no quedan definidas de una vez y para siempre, afirma por su parte Briones. Y agrega que en el desarrollo de esas interacciones “se producen reordenamientos, que pueden implicar prácticas de agrupamiento inclusivo bajo identificaciones comunes, así como des-identificaciones”.

“Es por ende estéril sostener que no puede haber mapuche con derechos hoy en el sur de Mendoza porque, en siglos pretéritos, los morcollanes eran una de las parcialidades que estaba allí. Lo concreto es que hoy no hay autoidentificaciones morcollanes y sí las hay mapuche en la zona, por complejos procesos de interdigitaciones identitarias en gran parte provocados por arrinconamientos y desplazamientos compulsivos atribuibles tanto a los colonizadores españoles como a los estados chileno y argentino”, puntualiza Briones. Y continúa: “Además, muchas ‘identidades etnológicas’ se construyeron tomando las denominaciones dadas por los conquistadores o por otros pueblos, y no desde los propios etnónimos. Hoy nadie duda que lo que la antropología clásica llamaba ‘Toba’ se refiere a quienes se autodesignan ‘Qom’. No son dos pueblos diferentes. Lo mismo pasa con lo que los españoles llamaron ‘Araucanos’ o ‘Aucas’ y en la actualidad se autoidentifican como ‘Mapuche’. Y, a este respecto, hay abundantes fuentes coloniales tempranas que documentan presencia de Aucas en la zona”.

Escolar también indica que durante la Campaña del Desierto proliferó un discurso nacionalista argentino, promovido por intelectuales como Estanislao Severo Zeballos, Francisco Pascasio Moreno y Manuel José Olascoaga, que sostenía que los mapuches eran invasores de Chile.  “Este discurso falso se elaboró para justificar la Campaña del Desierto. Además, esta invasión violenta en los territorios de los indígenas se dio en un contexto geopolítico de competencia con el Estado chileno por territorios de la Patagonia y otras regiones”, señala Escolar. Y agrega que lo apropiado es decir que lo que ocurrió “fue un proceso colonial en un territorio originario mapuche iniciado con la invasión española y seguido de una ‘colonización republicana’ argentina”.

Respecto de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, indica Briones, la misma no refiere a una única localización original y, menos aún, cuando hablamos de pueblos con alta movilidad. “Reconoce más bien prácticas propias que deben ser respetadas porque han sido interferidas e intervenidas por los mismos estados a través de sus políticas o bien de exterminio o bien de subordinación y radicación coercitiva. Está bien documentado no sólo que así ocurrió con contingentes mapuches relocalizados compulsivamente en el sur de Mendoza incluso después de la conquista del desierto, sino también que el Estado argentino no tenía presencia efectiva en todos los espacios sobre los que reclamaba competencia y jurisdicción hasta fin del siglo XIX”, afirma la investigadora del CONICET y resalta que por eso se encuentran en los mapas de época amplias extensiones consignadas como “tierra de indios”.

Hasta las reformas borbónicas del siglo XVIII, la “provincia de Cuyo” que abarcaba también a Mendoza, pertenecía a la Gobernación de Chile, con capital en Santiago, y sólo desde 1776 al Virreinato del Río de la Plata, lo que en nada contradice que hoy sea una de las veinticuatro provincias argentinas, señala Briones. “No existiendo aún los estados de Chile y Argentina, sería tan inadecuado sostener que hasta 1776 todos los indígenas de Mendoza eran chilenos, como que después de esa época eran todos argentinos”, agrega.

Para Escolar es fundamental la investigación sobre los pueblos indígenas “porque una enorme porción de la población argentina es o desciende de pueblos indígenas; y para demostrar, a pesar de algunas voces, que son parte del pueblo argentino, que siguen existiendo, aunque se los quiso expulsar material y simbólicamente de nuestra sociedad”.

De acuerdo con el investigador del CONICET, “comprender la historia indígena también es comprender mejor la historia de la formación de la nación y el Estado argentino. Los indígenas participaron en las guerras civiles argentinas, en la política, influyeron en la economía, influyeron en las formas en que por oposición se construyó la imagen del argentino blanco, o sea son la otra cara de la moneda de la identidad argentina idealizada, imaginada”, afirma el autor de Los indios montoneros. Un desierto rebelde para la nación argentina (Guanacache, siglos XVIII-XX), de editorial Prometeo.

Para Briones, hace falta continuar profundizando y ampliando investigaciones sobre las complejas historias y trayectorias de los pueblos indígenas que habitan en el país, y sobre los modos adecuados de entender y honrar los marcos jurídicos que rigen nuestra convivencia. “Hace falta también que esas investigaciones retomen y den clara cabida a los trabajos que en esa dirección realizan comunidades, organizaciones, referentes y colegas indígenas. Esto es así no simplemente porque es parte medular de lo que Argentina es hoy, sino fundamentalmente porque se evitarían muchos malentendidos y conflictividades innecesarias si la población en general tuviese información basada en investigaciones consistentes y actualizadas. De lo contrario, sólo continuarán circulando interpretaciones interesadas y ancladas en prejuicios que confunden y acarrean más conflictos que soluciones”, agrega.

La existencia de la identidad y cultura mapuche en tierras mendocinas ha sido objeto de intensas controversias, indica Bragoni. “Historiadores y cientistas sociales aportaron información y fundamentaron diferentes puntos de vista sobre el conflicto en vista a precisar el carácter de verdad de la identificación mapuche de los pueblos originarios del sur de Mendoza. Hubo quienes la desecharon de plano en base a la denominación o nomenclatura sedimentada en la literatura, documentos y en la cartografía difundida en los manuales escolares: puelches y pehuenches”, describe. Y continúa: “Hubo otros que trajeron a colación los procesos de constitución de la identidad y cultura mapuche que tienen como base registros, prácticas y lenguajes no inscriptos en la memoria o narrativa estatal. El debate está lejos de ser clausurado y seguramente animará más de una conversación o columnas de opinión. Pero más allá de los términos de la controversia, y de sus eventuales usos públicos, la polémica bien puede ubicarse en las coordenadas que arbitran las complejas relaciones entre memoria(s) e historia”. Sobre todo, indica la historiadora mendocina, “porque se trata de debates y reflexiones que han organizado la agenda de investigación social e histórica en la mayoría de los ámbitos académicos internacionales y de la Argentina, que pusieron en entredicho el peso de las narrativas nacionalistas y del método erudito-crítico, acuñado en el siglo XIX, que sirvió a la consolidación de los estados nacionales, las grandes civilizaciones y sus conquistas, y erigió a los historiadores en sus únicos intérpretes legítimos”.

En contraste, afirma Bragoni, la atmósfera cultural y política contemporánea ha incitado la explosión memorial, es decir, la eclosión de memorias sociales, la mayoría de las veces yuxtapuestas o rivales que refutan la unívoca memoria pública o estatal, que en la práctica es sinónimo de historia oficial. “Como se sabe, dichos fenómenos socioculturales no sólo priorizan el papel del testigo en detrimento del testimonio. También ponen de relieve la incidencia de discursos cruzados muchas veces conflictivos, discursos producidos por actores con capacidades y poder de intervención pública diferentes, aunque animados por algún tipo de convicción o certeza para cuestionar el canon dominante y construir una memoria común”, explica la investigadora del CONICET.

Para Escolar, la investigación es también una manera de hacer justicia por los mapuches, otros pueblos indígenas de Argentina y sus descendientes. “Nuestros trabajos, en diálogo con su propias memorias y conocimiento histórico y antropológico, aportan argumentos, conocimientos de las zonas oscuras de su propia historia, de lo que la propia historia oficial ocultó. También puede ayudarles a reconocer sus derechos y defenderlos, así como también recuperar su orgullo, su historia y su identidad”.

Fuente:www.conicet.gov.ar

Mendoza lo admite: sus intereses van contra el ambiente

Mendoza lo admite: sus intereses van contra el ambiente

«El fallo de la Corte Suprema podría aplicarse, pero se trata del ambiente o nosotros», aseguró Sergio Marinelli, superintendente del Departamento de Irrigación de Mendoza, al responder sobre el conflicto por el río Atuel. Entrevistado por Ricardo Montacutto en su espacio «Te digo lo que pienso», por Radio Nihuil, el funcionario argumentó que «los pampeanos exigen el agua para recomponer el ambiente y sus humedales, porque les pasa lo mismo que a nosotros con las lagunas de Guanacache o los humedales que tanta prensa han tenido porque se han ido secando. Es un problema general de descuido del ambiente, producto de que se trata del ambiente o de nosotros», reflexionó.

Según Marinelli, «a La Pampa agua va, pero no de manera continua todo el año. En los últimos veranos se ha cortado muchos días, pero en invierno y durante el año suele haber agua. Además, cuando se registran lluvias de 100 milímetros, si pudieran pararían el agua porque les ocasiona grandes daños», señaló.

«Exodo sureño».

Frente a la hipótesis de que Mendoza fuera obligada a liberar agua del Atuel, Marinelli esbozó una nueva teoría: «produciría el éxodo sureño mendocino», aventuró. ¿Qué pasaría si tuviéramos que abrir la canilla?, le preguntó el periodista. «En Mendoza el agua se distribuye de manera igualitaria: hay un volumen determinado para cierta cantidad de hectáreas. Si sacamos ese caudal para La Pampa, que representa un tercio de la capacidad de los embalses del sur, los agricultores tendrían un déficit tan grande que no podrían seguir trabajando. Sería el éxodo sureño, porque no habría posibilidad de seguir produciendo», respondió.

El caudal mínimo ambiental determinado por la Corte «hay que dárselo a La Pampa, pero sobre la base de obras y acciones. El fallo dice júntense y póngase de acuerdo, y otorga a la Nación un rol importante como financiador y mediador, aunque no ha sido así y ya parece más parte pampeana que otra cosa». Según Marinelli, «se han hecho mil reuniones, pero le tengo más fe a una paz entre Ucrania y Rusia que a un acuerdo entre Mendoza y La Pampa».

«Una estupidez».

Marinelli también despreció la estrategia de La Pampa en su lucha por recuperar el río robado. «Serían felices si ponen a un pampeano al frente de Irrigación para manejar los recursos de Mendoza. Pero eso no puede pasar y es una estupidez: la Corte jamás haría una cosa así porque está limitada constitucionalmente» opinó. En cambio, la propuesta del ingeniero mendocino es que «una vez trazado un plan, cuando exista disponibilidad de agua y caudales apropiados, podríamos disponer un nuevo cupo para otro usuario que sería el ambiente».

Para que ese cupo «pueda entregarse en determinadas condiciones habría que hacer diversas obras que ya fueron señaladas en 50 mil reuniones. Pero a la hora de empezar nunca nos ponemos de acuerdo», lamentó. Y si bien reconoció que «hay un grado de eficiencia que se puede alcanzar, vinculado a cuestiones de manejo e inversiones en las redes pública y privada», le atribuyó la responsabilidad al estado nacional porque «no aparece la plata para hacer las obras».

En realidad, esta seudo solución que propone Mendoza no implica devolver el río, sino «realizar una serie de perforaciones para alimentar el caudal y observar su comportamiento ambiental, pero (los pampeanos) no aceptaron. Nunca aceptan nada y entonces después van por zonas donde hay que hacer muchos estudios ambientales», chicaneó. Estos reclamos de La Pampa incluyen «mejoras en la zona de junta del río Salado con el Atuel, una fuente de alimentación clave para las lagunas de Yancanelo, que fue declarada sitio Ramsar y por eso hay que tener mucho cuidado y realizar muchos estudios», agregó.

«Sentido común».

La falta de acuerdo y recursos para obras «provoca una pelea constante, que no encuentra solución porque no hay confianza y nadie se esfuerza por generar esa confianza». Según el gran irrigador mendocino, «a la nación le falta cumplir rol de mediador y voluntad para acercar posiciones», mientras La Pampa agrava las cosas porque «también se mete con el río Desaguadero».

En ese contexto, recordó que Mendoza «ya objetó todos los términos de referencia del estudio ambiental realizado a pedido de la Nación por una consultora, y que solamente buscaba determinar un caudal mínimo de todos nuestros ríos para pasarle agua al Desaguadero».

En esta singular visión de Marinelli, «los pampeanos tampoco quieren el trasvase al río Atuel por dos motivos: porque le sacan agua al río Grande y porque si los ríos Grande y Colorado recuperan su caudal histórico, el agua que llegaría a La Pampa por el Atuel salinizaría y ocasionaría problemas a la calidad del Colorado aguas abajo. Esa fue la razón del famoso Tapón de Alonso. Por eso, por más calidad de horas profesionales que le quieran poner, lo que les falta a los pampeanos es sentido común», desafió.

https://www.laarena.com.ar/la-pampa/mendoza-lo-admite-sus-intereses-van-contra-el-ambiente-20223300590

QUIEREN APLICAR REGALÍAS HÍDRICAS A EMPRESAS QUE ELABOREN AGUA MINERAL

Desde la bancada radical, el diputado Emiliano Campos propone establecer “Regalías Hídricas” en el ámbito del territorio de la Provincia de Mendoza, en compensación por la explotación del agua mineral.

El proyecto, que ya se debate en comisiones, propone que “deberá pagar Regalías Hídricas al Estado provincial, toda persona física o jurídica, pública o privada, o Unión Transitoria de Empresas, registradas en el Registro de Usuarios Industriales de Agua Mineral Natural para envasado (del Departamento General de Irrigación y/o en la Administración Tributaria Mendoza (ATM)), cuya actividad involucre el aprovechamiento o explotación comercial de cualquiera de las clases de agua” (minerales naturales, mineralizadas y las industrias extractivas), tanto si la explotación es continua o por temporada.

En este orden, “el monto de la Regalías Hídricas a pagar, será calculado como el producto del volumen de agua extraída (lts), medido en la boca de extracción, por el 3% del valor promedio de venta al público ($/lts)”, remarca la norma. Y agrega que las regalías “serán percibidas mensualmente, en efectivo y recaudadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo prescripto en el Art. 128 de la Constitución Provincial”.

Para calcular el precio promedio de venta al público, el proyecto establece que la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), intervendrá para poder reglamentar el modo con el que mensualmente se determinará el mismo.

Asimismo, la medición del volumen de agua extraída y/o utilizada, por cada aprovechamiento, “se realizará a través de caudalímetros, u otros instrumentos de medición, habilitados y controlados mensualmente a tal fin por el Departamento General de Irrigación”. Aquella tecnología que sea necesaria para la medición “será asumido por la empresa responsable del aprovechamiento y deducido del pago de las regalías futuras”, remarca la iniciativa.

En el articulado, también se establece que el cobro de regalías prescripto, “no constituye un obstáculo para la percepción del canon de agua” que percibe el departamento General de Irrigación, “ni para el pago a ningún otro organismo Provincial en concepto de impuestos”.

Emiliano Campos, expresa que “Mendoza es una provincia cuya vida social y económica se ha desarrollado en estrecha relación a la escasa disponibilidad de este recurso”, fundamentalmente, las aguas subterráneas. “El 70% del territorio argentino es zona árida o semiárida, incluyendo toda la provincia de Mendoza, excepto la alta cordillera. Esta realidad ha marcado fuertemente la identidad de gran parte de los mendocinos, y su “cultura del agua””, asegura el legislador.

Del mismo modo, indica que “la fuerte influencia del cambio climático, como el aumento de las precipitaciones en el llano y la disminución de las nevadas en alta montaña, postula al agua subterránea como un imprescindible recurso que se mantiene en condiciones de satisfacer las necesidades para la subsistencia humana”. No obstante, Mendoza atraviesa desde el año 2010 hasta la actualidad, lamentablemente, “uno de los procesos de emergencia hídrica más prolongados en el tiempo de su historia”.

Por lo tanto, el legislador justifica el debate de este proyecto por la “escasa valoración del recurso hídrico como impulsor del eje económico-productivo” en el marco del proceso histórico que vivimos y transitamos, con vistas al mejor “aprovechamiento de tierras en Mendoza” ya que “es imposible separar el agua del desarrollo y ordenamiento territorial”.

“Los oasis bajo riego ocupan menos del 3 % de la superficie provincial y en ellos se concentra el 91% de la actividad económica y humana, siendo imprescindible considerar el acceso y capacidad de manejo del agua como un factor crítico en el aprovechamiento territorial”; sintetiza Emiliano Campos.

Para determinar el destino de los fondos recaudados, a través de las Regalías Hídricas que propone la iniciativa de Campos, se tomará en cuenta al Municipio donde se realice la explotación del recurso, y los mismos tendrán el único destino de: Hacer inversiones en infraestructura para la distribución del agua potable; construcción de plantas de tratamientos de aguas servidas; financiar y fomentar campañas de concientización del uso racional de los recursos naturales no renovables y los bienes comunes (art. 45 ley 5.961); y fomentar todos aquellos emprendimientos que tengan por objeto final el uso racional y equilibrado de los recursos naturales no renovables o escasos.

Finalmente, establece la norma que “a través de los organismos correspondientes, se fijará el volumen de explotación permitido; con el fin de asegurar un equilibrado aprovechamiento del bien, protegiendo y asegurando el derecho a un ambiente sano para generaciones presentes y futuras, prescripto en el Art. 41 de la Constitución Nacional”.

Salud: Médicos del Notti se suman a la ola de renuncias

Casi 100 profesionales de distintas especialidades del Hospital Pediátrico Humberto Notti decidieron no renovar -a partir del 1 de abril próximo- los acuerdos de prestaciones vigentes, debido a la “falta de actualización de honorarios acorde a la situación inflacionaria actual”. El anuncio, que se comunicó el viernes pasado y va en línea con presentaciones similares que ya realizaron médicos anestesiólogos de toda la provincia, representa un síntoma preocupante del avance de renuncias masivas en Mendoza. Si bien la oficialista AMProS sostiene que negocia con el Gobierno para destrabar el conflicto, las y los profesionales autoconvocados desconocen la representatividad de ese sindicato, denuncian que fueron excluidos de la paritaria recientemente firmada a la baja, y exigen “aumento salarial del 100%, pase a planta permanente de contratados y prestadores, reconocimiento de mayor dedicación, y que se termine con las trabas burocráticas para las renovaciones y cobro de haberes”.

Por Negro Nasif

Foto: Coco Yañez

Desde la semana próxima, diferentes hospitales públicos de Mendoza se quedarán sin las prestaciones de médicos y médicas de diferentes especialidades, quienes ya notificaron que no continuarán en las funciones que venían desarrollando, debido a los bajos sueldos que paga el Gobierno provincial.

Tal como ya informó EL OTRO, el 24 de febrero pasado comenzó una ola de renuncias de anestesiólogos, que se extendió desde el Hospital Pediátrico Humberto Notti hacia el resto de los centros asistenciales estatales de Mendoza.

Foto de archivo: Seba Heras

Este viernes, desde el mismo hospital de niños y niñas una centena de profesionales de diferentes especialidades médicas se sumaron al anuncio formal de no renovación de acuerdos de prestaciones vigentes. El que, según se anticipó, se replicará esta semana en distintos hospitales públicos de toda la provincia.

Esta creciente tendencia impulsada por trabajadores de la salud autoconvocados, que de concretarse dejaría a miles de mendocinos y mendocinas sin atención en áreas sanitarias esenciales, se inició en el contexto de la celebración de acuerdos paritarios a la baja entre el gobierno de Rodolfo Suarez y los sindicatos AMProS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) y ATE (Asociación Trabajadores del Estado) que, según denuncian las y los médicos renunciantes, los dejaron fuera de la negociación, ignorándose así la particular situación de bajos ingreso, flexibilización y precarización laboral que sufren quienes se encuentran bajo modalidades de contrataciones comúnmente denominadas “en negro”. Eufemismo que no hace más que encubrir diferentes formas ilegales de trabajo, con notables violaciones a derechos humanos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=420&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElOtroComAr%2Fvideos%2F971868423445791%2F&show_text=false&width=560&t=0

“Hemos presentado la renuncia, en forma escrita por Mesa de Entradas, al director del Hospital Jorge Pérez,  debido a que no tenemos las condiciones para seguir prestando servicios en el Hospital”, informó la médica pediatra del Notti, Mariana Giménez, el viernes pasado, en representación de casi una centena de profesionales autoconvocados.

La coordinadora del Servicio de Emergencias de este centro asistencial puntualizó los reclamos que hasta ahora no han sido escuchados por el Ministerio de Salud: aumento salarial, pase a planta de quienes se encuentran contratados en cualquiera de sus formas, reconocimiento de mayor dedicación y “terminar con la burocracia que requiere la renovación de las prestaciones y el cobro de las mismas”.

Foto de archivo: Cristian Martínez

Diferenciándose de los gremios estatales que ya cerraron paritarias con el Gobierno de Mendoza, las y los autoconvocados exigen 100% de aumento salarial, para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, durante los cuales –paradójicamente- el sector de la salud fue explotado para afrontar la pandemia de coronavirus.

La exigencia de la duplicación de los sueldos no es caprichosa ni excede las posibilidades presupuestarias reales de Mendoza. Por el contrario, el reclamo de los autoconvocados se basa en una reciente investigación del Centro de Investigaciones de Economía Crítica que demuestra que la Provincia acumuló excedentes presupuestarios que le permitirían aumentar hasta un 115% los salarios de las y los estatales, sin poner en riesgo la solvencia del Estado.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElOtroComAr%2Fvideos%2F1336118273517005%2F&show_text=false&width=560&t=0

“De no ocurrir un acuerdo a partir del primero de abril, alrededor de 95 prestadores dejaremos de trabajar en el Hospital”, informó la doctora Giménez del Notti. En la misma línea, decenas de médicos y médicas se organizan para presentar durante esta semana notificaciones similares, que acrecenterán la ola de renuncias que la ministra de Salud, Ana María Nadal, se obstina en negar.

“Con los anestesistas tenemos un problema particular, que nosotros estamos esperando que reflexionen para que no poner en riesgo la salud de las personas, porque están haciendo un reclamo muy particular que no tiene que ver con un reclamo general de todos los profesionales de la salud” (sic), declaró Nadal la semana pasada, con evidente dificultad de sintaxis, aunque con el claro propósito de tratar de necios a quienes reclaman legítimamente aumento salarial y condiciones dignas de trabajo.

Oscar Sagás, subsecretario de Salud.Foto: Gobierno de Mendoza

Por su parte, el subsecretario de Salud Oscar Sagás, poco proclive a la reflexión, en lugar de acercar posiciones con las y los autoconvocados, apeló a formas explícitas y sutiles de presiones directas en los Hospitales para intentar desarticular una inesperada protesta que, como las grandes olas, puede pasar por encima de los funcionarios y dirigentes sindicales oficialistas que, hasta ahora, tenían margen para jugar a los distraídos.

La única verdad es la realidad, dice la filosofía aristotélica. Ojalá que la realidad del 1 de abril no sea la verdad irrefutable de la puerta de un consultorio en un hospital público anunciando que médicos y médicas no atienden más. O que en la entrada de un quirófano se advierta sobre la suspensión hasta nuevo aviso de cirugías, por falta de anestesiólogos.

Ojalá.

https://elotro.com.ar/sin-anestesia/embed/#?secret=CrUqjIEvUX

https://elotro.com.ar/paritaria-100-por-cien/embed/#?secret=zHt0vc3EFo

https://elotro.com.ar/salud-cada-vez-mas-profesionales-consideran-irse-de-mendoza/embed/#?secret=qBX7LBhIUH

Sigue creciendo la pobreza en Mendoza: hay 462.428 pobres, casi 45% de la población

La pobreza en Mendoza siguió subiendo semestre a semestre y más allá de la pandemia. De 43,7% de pobreza en el primer semestre de 2021, se pasó a 44,6% en el segundo semestre. En cantidad de personas, significa que se pasó de 451.644  a 462.428 de pobres en el Gran Mendoza, según datos del INDEC. 

La foto no deja de ser vieja: con los aumentos constantes en los alimentos y en los bienes de la canasta básica que se registran desde principios de año cada vez es mayor la cantidad de personas que aunque tienen trabajo no llegan a fin de mes. Por eso el dato debe leerse linkeado con el del costo de vida, y con el de la desocupación, ocupación y deterioro del salario.

La pobreza en Mendoza viene en aumento en los últimos años, y la aceleración mayor ocurrió en el último año de mandato de Cornejo, quien sumió en la pobreza a 117.000 personas en 2019, año en el cual multiplicó todos los índices que marcan el deterioro de la provincia. 

La pobreza en el último año de Cornejo creció casi el doble que en pandemia.  La pandemia fue letal para la base de clase media en todo el mundo, pero en Mendoza la pandemia tuvo menos capacidad para la construcción de pobreza que los gobiernos de Mauricia Macri y Alfredo Cornejo en el último de sus cuatro años de mandato.

El radical le pasó la posta a Suarez con el doble de desempleo de cuando asumió y una frágil condición del empleo en blanco, además de aumentar la pobreza un 12% y la indigencia un 78%.

Tener trabajo y ser pobre en Mendoza

En el último año aumentó en Mendoza la cantidad de población que tiene trabajo pero busca otro empleo para poder llegar a fin de mes. Según los datos del INDEC, se pasó de 122 a 135 mil personas que tienen un trabajo y buscan otro en el primer y último trimestre de 2021.

https://explicitoonline.com/crecio-en-mendoza-la-cantidad-de-personas-que-buscan-un-segundo-trabajo-porque-no-llegan-a-fin-de-mes/embed/#?secret=2tLLDUPSId#?secret=dVuesldJBO

En el mercado laboral mendocino: el salario promedio del sector privado en Mendoza está por debajo de la línea de pobreza según las últimas estimaciones, que lo ubicaban en enero de 2022 en 74.000, mientras que lo mínimo que debe reunir una familia asciende a 78.609 pesos, sin contar el alquiler. 

La caída de la Ley de Humedales

© Sebastián Granata

Esta semana una sensación de frustración se apoderó de organizaciones ambientalistas de todo el país y de referentes de la academia cuando la Ley de Humedales quedó excluida del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La frustración se arrastra en el tiempo: se trata de una demanda que lleva más de diez años en la Argentina. En 2013 2016 proyectos de espíritu similar habían perdido estado parlamentario. Lo mismo sucedió a fines de 2021. La iniciativa –que entre otras cosas busca regular las actividades que se realizan en esos ecosistemas– sólo podría salvarse de volver a foja cero si se ampliara el temario, explican fuentes legislativas. Para algunos de los que la defienden y militan, todo se truncó por un triple lobby ejercido por sectores de la agroganadería, la megaminería y la explotación inmobiliaria. 

Qué pasó con la Ley de Humedales

«Todos tuvimos la sensación de que esta resolución fue la crónica de una muerte anunciada del proyecto, que estuvo guardado en un cajón del despacho de un diputado del oficialismo, José Aragón, en la Comisión de Agricultura y Ganadería«, dice a Página/12 la geógrafa e investigadora Patricia Pintos, miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).

En agosto de 2020 miles de personas cortaron el Puente Rosario-Victoria para manifestarse contra los incendios en el Delta del Paraná y exigir una norma que protegiera a los humedales. En noviembre del mismo año, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Diez textos habían sido unificados. Al perder estado parlamentario la propuesta se encontraba en Agricultura y Ganadería. Debía ser tratada por otras dos comisiones: Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios Presupuesto y Hacienda.

«Desde que llegó a Agricultura intuimos que no había una voluntad de darle curso –continúa Pintos–. Fue una gran desilusión para todo el colectivo de organizaciones socioambientales y referentes del mundo académico que tanto habíamos apostado por la ley, sobre todo a partir de que el Gobierno la tomara como lema de campaña.» «Sí a cuidar el planeta. Urgente la Ley de Humedales» fue uno de los mensajes del oficialismo en la previa de las legislativas.

Desde Rosario, Rodolfo Martínez, de la Multisectorial por la Ley de Humedales, expresa, en un tono parecido: «No nos quedaban muchas esperanzas luego de ver el tiempo transcurrido y no ver ningún manifiesto de Alberto Fernández o personajes de referencia dentro del Congreso. En su momento nos recibieron sólo dos diputados: Leonardo Grosso (Frente de Todos, titular de Ambiente) y Enrique Estévez (Partido Socialista). Si no se laburaba dentro de las demás fuerzas no íbamos a tener una ley«. Martínez cuestiona al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, por «salir a celebrar» en su cuenta de Twitter que en las extraordinarias estuviera incluido el tratamiento de proyectos ambientales de creación de áreas protegidas cuando a la par una importante y esperada norma se caía.

«Creemos que el debate se inició por las maniobras que hicimos de cortar el puente: fueron un faro para toda la región», sugiere Martínez. Y recuerda: «Todo ocurrió en un contexto de aislamiento. Mientras nos cuidábamos nos llegaban cenizas por la ventana, fotos de animales muertos, familias que defendían sus casas… teníamos que estar en la calle, decir ‘basta’ aunque fuera con los barbijos puestos. A partir de ese momento se dio una fisura en la sociedad. Fisura que todavía no ha alcanzado a legisladores y gobernantes».

Fuentes legislativas revelaron a este diario que lo que frenó el tratamiento de la ley fue un lobby «fuerte, invisible», no tan expuesto y específico como el que amenazó en su momento la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal. La única manera –muy remota– de revertir el panorama es que el Ejecutivo amplíe el temario de las extraordinarias, para lo cual debería convocarse en conjunto a las tres comisiones por las que debía transitar el proyecto y obtener dictamen para su llegada al recinto. En caso de que esto no ocurra el 28 de febrero se produciría la caída definitiva del proyecto y debería iniciarse de nuevo todo el proceso. En tal caso otra posibilidad es que haya un cambio de giro a Senado, «un gesto de querer avanzar más fácil en caso de que se caiga lo avanzado en Diputados».

Qué es un humedal

Un humedal, explica Pintos, es «un tipo particular de ecosistema«, que se caracteriza «por la presencia de un suelo fundamentalmente hídrico, no drenado» y que «se mantiene saturado de agua de manera temporal o permanente». Posee una fauna y una flora que le son propias. Constituyen un «patrimonio natural que vale la pena preservar en términos de calidad ambiental» por muchísimas razones: son reguladores de temperaturas, morigeran los efectos de las inundaciones, retienen excedentes hídricos, atenúan los efectos de sequías prolongadas. Tienen la capacidad de disminuir el portencial erosivo de las tormentas y de estabilizar las líneas de costa. También, una función depuradora, ya que contribuyen a mejorar la calidad del agua para el consumo y la producción. Fundamental: secuestran dióxido de carbono, responsable directo del calentamiento global.

«Tenemos la idea de que los humedales son los del Delta, pero en cada región del país existen humedales de diversas características. Tenemos las turberas en Tierra del Fuego, los mallines en la Patagonia, los salares de altura en el noroeste, los esteros del Iberá en la mesopotamia», enumera la geógrafa. La amenaza sobre estos ecosistemas proviene de distintos sectores. Entre ellos, la agricultura y la ganadería, el extractivismo urbano, la megaminería (por la extracción de litio en los salares). La lucha por una Ley de Humedales es federal, potente en distintas regiones de la Argentina.

Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental, es fundador de la organización Guardianes del Iberá. Cuenta: «Lo que ocurre en el nordeste argentino es similar a lo que ocurre en el resto de país. En las grandes ciudades, como Corrientes y Resistencia, y en el periurbano, hay una presión inmobiliaria de countries, nuevas urbanizaciones sobre humedales. Y en el ámbito rural se da el avance de modelos extractivistas, monocultivos, usos intensivos del suelo». Agrega que «en todo el nordeste, el único enfoque de conservación que tienen los gobiernos es el basado en áreas protegidas«, como ocurre, por ejemplo, con los Esteros del Iberá. Ese enfoque «no garantiza el mantenimiento de los servicios ambientales que los ecosistemas brindan a las personas ni la conservación de la biodiversidad».

Por qué es importante una ley

«Hace años que buscamos una ley para que haya una mayor transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia las provincias para mejorar la gestión de sus humedales y realizar un inventario, pero también para abrir espacios participativos en los cuales se diseñe el ordenamiento territorial. El fin es que las comunidades de cada provincia puedan decidir sobre la gestión de estos ambientes tan importantes», explica Spataro. «Los sectores concentrados que obtienen ganancias con la destrucción de los humedales no quieren que haya una ley que ponga en relevancia su conservación. Quieren seguir haciendo un uso intensivo sin que se ponga en discusión en cada provincia si esto conviene a la sociedad, si genera un entramado de desarrollo o si implica ganancia para unos pocos y problemas graves y cotidianos para muchos, que se quedan sin agua, sin buenas pasturas, sin peces para pescar, sin lugares de recreación, actividad turística u oportunidades de un verdadero desarrollo en armonía con la naturaleza», concluye.

Por su parte, Zoe Tojo, de Consciente Colectivo, sintetiza: «Lo más importante del proyecto es que busca generar un criterio a nivel nacional para la protección y el uso sostenible y racional de los humedales. Es una creencia falsa la que sostiene que la ley prohibiría la actividad sobre ellos. El objetivo es que el Estado controle cuáles son las actividades que se pueden realizar y de qué manera. Establece evaluaciones de impacto ambiental y limita todo lo que genera degradación, como quemas intencionales o bloqueos de cursos de agua». Resalta, como Spataro, la creación de un inventario nacional. «No hay un registro sistemático que refleje cuáles son los territorios, qué características tienen, cuánto porcentaje del país ocupan.» Se estima que estos ecosistemas abarcan el 21 por ciento de la superficie del país.

Los proyectos en el Congreso

El primer proyecto para la protección de humedales fue presentado por la exsenadora por Entre Ríos Elsa Ruiz Días (Frente para la Victoria) en abril de 2013. En septiembre del mismo año, el exsenador Rubén Gustiniani (Partido Socialista) presentó otro con el mismo fin. Se unificaron los textos y el debate llegó al Senado. La iniciativa obtuvo media sanción. La Cámara de Diputados nunca la trató y perdió estado parlamentario en 2015.  Fernando «Pino» Solanas volvió a impulsarla en 2016. La misma historia: media sanción, pérdida de estado parlamentario en 2018.

En agosto de 2021, con el proyecto estancado en Ganadería y Agricultura, la Multisectorial de Humedales realizó la «Travesía por los humedales», un recorrido en kayak desde Rosario hasta Buenos Aires para exigir su tratamiento en plenario de comisiones frente al Congreso de la Nación. Durante ese mes el tema se instaló en los medios a propósito de la aparición de los carpinchos en Nordelta: entonces, el Ministerio de Ambiente vinculó a la «invasión» con «el avance de la urbanización sobre los humedales». 

Nada alcanzó: hubo petitorios, festivales, tuitazos, marchas, entre otras movidas de la sociedad civil. También hubo una carta dirigida al Presidente, firmada por la Multisectorial y otras 380 organizaciones, cuando el Gobierno anticipó el llamado a sesiones extraordinarias. «La ley a todas luces es necesaria, habida cuenta de los conflictos ambientales de los que todos hemos sido testigos en los últimos dos años, a partir de la quema de pastizales y de humedales en el Delta, que consumieron más de 300 mil hectáreas«, postula Pintos. «Si no consideramos esta crisis socioambiental como una oportunidad para discutir y sancionar una ley tan necesaria francamente no sabemos cuáles pueden ser las condiciones para que finalmente alcance su sanción definitiva. La frustración se repite sistemáticamente. Y es mucho más cara a las expectativas de los grupos que la veníamos impulsando, porque considerábamos que estaban dadas todas las condiciones en términos de conflictividad socioambiental para que se sancionara», agrega.

«Ni siquiera se llegó a votar en el recinto. Es importante que la discusión se dé de cara a la sociedad, pero en este caso se cajoneó en comisiones. Más frustrante todavía. Notamos la indiferencia de todo el arco político: no hay una posición que rescate más la ley», protesta Tojo. 

Pese al clima de desilusión, Pintos rescata un aspecto positivo: «Si bien volvemos a foja cero no estamos en la misma situación. Todo este tiempo ha servido para dotar a estos proyectos de ley de mucha densidad, en términos de los alcances, de los sectores contemplados, a los que se piensa como beneficiarios de la ley, como las comunidades locales y los pueblos originarios. Ahora hay una mirada mucho más situada en territorios, diferencias entre los distintos humedales que existen en nuestro país. Es una riqueza que se ha ido ganando en los debates que arrancan allá por 2013″. Martínez asegura que la lucha continuará en las calles, «visibilizando lo que ha pasado», y con una convocatoria abierta a «legisladores interesados en el tema». Justo se acerca el Día Mundial de los Humedales, que se conmemora el 2 de febrero.

https://www.msn.com/es-ar/noticias/argentina/la-ca%C3%ADda-de-la-ley-de-humedales/ar-AATjedz?ocid=BingNewsSearch

Miles marcharon en Mendoza por la democratización de la justicia y el fin de la persecución política

Miles de personas marcharon en Mendoza en repudio a la Vrte Suprema de la Nación, por la democratización de la justicia y por el fin de la persecución política o lawfare.  La marcha se inició en el KM0 y culminó frete a las escalinatas de los Tribunales Federales. 

Organizaciones de Derechos Humanos, militantes de UTEP-Nuestra América, integrantes de Justicia Legítima, organizaciones campesinas, sociales, barriales, comunitarias, movimientos estudiantiles, entre otros, reclamaron por la sumisión del poder judicial a los poderes fácticos.

Un punto central del reclamo fue la cooptación de jueces y fiscales por parte del aparato de poder cornejista, que ha dado prolíficos resultados en la persecución de opositores, sindicalistas, referentes sociales y militantes ambientalistas. 

https://explicitoonline.com/1f-en-mendoza-la-cooptacion-de-la-justicia-por-el-aparato-de-poder-cornejista-sera-eje-del-reclamo/embed/#?secret=wKduJpTehO#?secret=W7baLpcUv9

Imputaciones, inicio de causas y aplicación selectiva del Código Contravencional son las armas con las que ejecutaron esa línea de construcción de poder.

«Fuera la Corte corrupta y golpista», rezaba la bandera detrás de la que se encolumnaron los manifestantes, entre quienes se pudo ver a Nélida Rojas, de la Tupac Amaru Mendoza, una de las organizaciones que fue blanco de persecución judicial y cuyas causas en contra fueron cayéndose como fichas de dominó.

Foto: @VPopularMza

También llegaron hasta la capital mendocina campesinos de distintos departamentos organizados en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra «movilizados para demandar la Democratización del Poder Judicial». Gremios como Judiciales, APEL, la CTA, entre otros, también sumaron sus pabellones a la marcha.

El acuerdo con el FMI y el rediseño de la economía argentina para beneficio del capital extranjero

Ecoomía

explicitoonline

Por Horacio Rovelli
Para Estrategia.la

El viernes 28 de enero 2022 el gobierno argentino le pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) intereses por 731 millones de dólares más de su deuda externa y arribó a un acuerdo con el organismo internacional, que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación

Hay un denominador común entre:

-El intento de hacer aprobar entre gallos y medianoche en la Legislatura de la Provincia de Chubut, la explotación a cielo abierto de las minas de plata en los Departamentos de Gastre y Telsen, por la Panamerican Silver, finalmente vetado por el gobierno ante el reclamo de la población.

– el proyecto de dinamitar la plataforma submarina a 4.000 metros de profundidad y a 307 kilómetros de la costa de Mar del Plata para obtener gas por la empresa noruega -mayoritariamente estatal- Equinor, más Shell e YPF SA, propuesta que iniciara Fernando Aranguren, CEO de Shell Argentina, cuando fue Ministro de Energía del gobierno neoliberal de Cambiemos.

– y las declaraciones del Embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, de proponer que se salde el déficit comercial con esa nación, vendiéndoles minerales, madera y celulosa, etc. y, unos días antes, sentenciar que “tenemos que cerrar con el “Fondo” de la mejor manera. A nadie le sirve que el acuerdo se dilate”?.

En un inteligente artículo, la doctora en Biología e investigadora del Centro Universitario Bariloche, Dora Grigera,  cita un trabajo de la investigadora belga Alicia Jardel, en el que trata de explicar la fuerte reproducción de las aves en el Golfo San Jorge  y en las localidades pesqueras aledañas de las sureñas provincias argentinas Chubut y Santa Cruz y, concluye que se debe a que los buques que buscan langostinos (sólo les interesa esa especie), arrojan al mar la merluza, el cazón, el abadejo, las rayas y hasta el salmón que caen en sus redes, que son el alimentos de los albatros y las gaviotas.

El cálculo que hace es que – nunca menos de 100 barcos–  tiran por día 10.000 kilos solo de merluza.  Finaliza la investigación sosteniendo que “La causa de semejante mutación de aves no es otra que la enorme riqueza de los argentinos, casi tan grande como su propia estupidez”.

Todo ésto tiene un denominador común: se está rediseñando la economía del país para beneficio del capital extranjero en desmedro de las riquezas naturales argentinas, de su población, de su trabajo, del presente y del futuro. Y ese nuevo diseño de un modelo extractivista, agropecuario-exportador que se impone, es para generar las divisas para pagar los servicios de la deuda externa.

Porqué la deuda

Lo primero que debemos preguntarnos es porqué se originó la deuda y qué se hizo con ella, cuando la Argentina es un país rico en recursos de todo tipo y cuenta con una mano de obra capacitada y numerosa, con un alto nivel de educación y formación, que puede capacitarse aún más.

La deuda externa del gobierno anterior, de la coalición derechista Cambiemos, se generó cuando decidió tomar deudas en divisas para cubrir el déficit fiscal del año 2015,  que era en moneda nacional y de aproximadamente el 4,5% del PIB,  unos 216.000 millones de pesos. Y se tomaron dólares para ello.

A ello hay que agregarle el pago a los fondos buitres encabezados por Paul Singer, por 9.300 millones de dólares, más los déficit fiscales de su inepta administración causado por la disminución de las retenciones de la soja y derivados y la eliminación de todos los demás derechos de exportación, más un plan de reducción del impuesto a las ganancias que generó déficit fiscal que también cubrían colocando títulos públicos en divisas, incluso en un bono a 100 años.

Ingresaron las divisas y como la Administración Nacional debía afrontar los gastos internos en pesos (jubilaciones y pensiones, contratos, salarios de las fuerzas armadas y de seguridad y del resto de los empleados públicos, transferencias, licitaciones de obras, etc.), le dió la moneda extranjera al Banco Central (BCRA) y la autoridad monetaria se los cambió al valor oficial por pesos.

El problema es que esas divisas el BCRA y basándose en la reforma financiera de 1977, se las vendió también al tipo de cambio oficial a los particulares, principalmente a las grandes empresas  y como el gobierno de Cambiemos fue subiendo el monto máximo que se podía comprar e incluso eliminó ese límite en septiembre de 2016, permitió que 100 empresas compraran 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos.

El problema es que esas 100 empresas no pagaron el impuesto a las ganancias por el monto que compraron.  Esto es,  deberían haber declarado ganancias y haber pagado la tasa del 35% y después del 30% de esa suma, y en los cuatro años de gobierno la recaudación total del gravamen fue de menos del 10% de los 24.769 millones de dólares.

Ninguna de las 100 empresas alcanzó a pagar la mitad de los dólares que compraron, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos” para los bancos, que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos (claramente demostrado porque no declararon ganancias ni otro tipo de ingresos por los 24.769 millones de dólares)

Paralelamente el gobierno, que priorizó la negociación de la deuda externa por encima de impulsar la economía nacional, la producción y el trabajo, logró un período de gracia con los tenedores privados de títulos de deuda hasta el segundo semestre de 2024. Eso sí, se le paga los intereses.

Pero con el Fondo Monetario Internacional, deuda que fue tomada sin autorización previa del Congreso de la Nación, no solo se la convalidó desde el inicio del actual gobierno de Alberto Fernández, sino que incluso se le pagaron las dos primeras cuotas de capital que, sumado a los intereses significaron erogaciones por 6.359 millones de dólares en los dos primeros años de gestión.

Y el viernes 28 de enero 2022 se le pagaron intereses por 731 millones de dólares más y se arribó a un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación

Es más, a la grandes empresas que aparecen en el listado de los compradores de dólares, el BCRA que realizó el informe,  les vendió al tipo de cambio oficial 8.300 millones de dólares. Y a su vez le vendió al tipo de cambio oficial  a grandes importadores para que adelanten el pago de las mismas, más de 6.300 millones de dólares en los dos años transcurridos.

Además pagó intereses de la deuda a los bonistas y, como los servicios -como el de flete (transporte), comunicaciones, patentes o royalties, etc.- son todos deficitarios , y razón por la cual el brutal ajuste externo reflejado en superávit comercial de 12.528 millones de dólares del año 2020 y los 14.750 millones del año 2021 se evaporaron, haciendo que las reservas internacionales desciendan en los dos años de gestión de Alberto Fernández.

El BCRA incluso operó en estos dos años y un mes de gobierno, vendiendo dólares a futuro y en el mercado del contado con Liqui y otras operaciones bursátiles y extrabursátiles, para morigerar el precio de los distintos dólares paralelos, todos permitidos por la autoridad monetaria con el pretexto de que no se le puede cerrar la salida de capitales a los grandes fondos de cobertura /inversión que quedaron en el mercado local, como si ello fuera prioritario y no el de generar créditos a la producción y al comercio.

Paralelamente, el BCRA se niega a dar oficialmente los nombres de los grandes compradores por acogerse a los artículos 39 y 40 de la ley 21.526 de secreto bancario de la reforma financiera de 1977.

El acuerdo con el FMI

El pago al FMI, las otras erogaciones y la compra de divisas por los grandes compradores dejaron al BCRA sin reservas de libre disponibilidad por incapacidad manifiesta de sus directivos, repitiendo el mismo modus operandi del BCRA de 1989, cuando José Luis Machinea que funcionaba como su Presidente, dijo el 6 de febrero de 1989 que no podía vender un solo dólar más.

Entonces, su valor oficial era de 17,62 australes (esa era la devaluada moneda nacional), en abril pasó los 100 australes, cuando asumió en forma anticipada Carlos Menem la Presidencia de la República, lo fijó el 9 de julio de 1989 en 650 australes y terminó en 10.000 australes el 1 de abril de 1991.

En el ínterín se aprobaron las leyes de Reforma Administrativa del Estado y el marco legal para las privatizaciones, vendiendo a precio vil Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentina, Empresa Línea Marítimas Argentinas (ELMA), Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Obras Sanitarias de la Nación. Además, se traspasaron los puertos a las provincias para que los privatizaran o concesionaran, se le dio a la mineras estabilidad fiscal por 30 años, etc. etc.

La presión cambiaria hizo que el gobierno aceptara el acuerdo con el FMI, y de esa manera limita aún más su lento accionar sobre el endeudamiento y su fuga de la gestión de Cambiemos, incluida la complicidad de los funcionarios que la permitieron.

El acuerdo subordina la política económica al FMI quién a cada vencimiento de capital, efectuará un nuevo crédito pero a diez años de plazo, con la condición que el gobierno cumpla las metas fiscales y monetarias fijadas por el organismo, con lo que la deuda con el FMI se reprograma y también su monitoreo por otros 50 años, como fue el período 1956-2006 en que el expresidente Néstor Kirchner libró al país de su tutela y dependencia.

Este año 2022 vencen cuotas de capital del crédito otorgado por el organismo internacional al gobierno de Cambiemos, en los cuatro trimestres, por un total de  19.115 millones de dólares.  En el año 2023 son 19.365 millones de dólares y en el año 2024 los 6.920 millones de dólares restantes para completar el pago.

Cada trimestre de ahora en más será revisado por los técnicos del FMI quienes determinarán si se cumplió o no con las metas propuestas.

Se dieron a conocer las metas anuales de déficit fiscal sobre el PIB de 2,5% para este año 2022, de 1,9% para el año 2023, de 0,5% para el año 2024 y de 0% para el año 2025, acompañadas de una fuerte reducción del financiamiento por parte del BCRA que fue del 3,7% del PIB en el año 2021 y pretenden que sea solo del 1% para este año 2022

Por lo tanto el ajuste fiscal total del año 2022 es del 0,7%del PIB, pero se le debe sumar el menor financiamiento del BCRA en 2,7% del Producto Interno Bruto. Por ende el ajuste de las cuentas públicas es del 3,4% del PIB,  que se calcula en 416.111 millones de dólares. Por ende el ajuste este año con respecto al año pasado debe ser equivalente a unos 14.100 millones de dólares (es en pesos)

El gasto público de la Administración Nacional es del 22,1% del PIB, uno de los más bajos de los últimos 75 años y pretenden llevarlo al 18,7% del PIB.  Es claramente imposible.   Entonces van a exigir que se vendan los recursos naturales a precio vil, con leyes como la de Emergencia Económica y  la de Reforma Administrativa del Estado  de 1989.

Vienen por el subsuelo argentino y por lo que cultiva el país, para comprarlo a precio de remate. Es más, para ello van a utilizar los dólares que fugaron en la gestión de Cambiemos y los que “alegremente” les vendió el BCRA en los dos últimos años.

Por eso es que se debe rechazar este acuerdo y suspender todos los pagos con el FMI, mientras se recupera parte de la deuda fugada por lo que compraron dólares baratos con dinero ilegal, como lo hicieron mayoritariamente las 100 empresas que en la gestión de Cambiemos compraron 24.769 millones de dólares. Y de esa manera determinaría Argentina la cancelación de la deuda con el FMI

Ante ello se torna imprescindible:

  • Decretar la Emergencia Cambiaria y no vender un solo dólar más bajo ningún concepto y menos los de libre mercado que este gobierno garantizó.
  • Suspender todos los pagos con el FMI, tanto de intereses como de capital y exigir un tiempo prudencial de atraso en la cancelación de los mismos.
  • Levantar el secreto bancario por la Emergencia Cambiaria y que la AFIP y demás organismos de fiscalización exijan a los grandes compradores de monedas extranjeras (se puede empezar con los primeros 100 compradores que lo hicieron por 24.769 millones de dólares en la gestión de Cambiemos) que expliquen como hicieron para comprarlo. Castigar con multa y recuperar parte de esas compras, que lo van a pagar en pesos, pero que sirve para financiar gasto público y de esa manera y naturalmente se reduce el déficit fiscal y es más, se obtiene un superávit que le permite al Estado nacional comprar las divisas para ir amortizando la deuda con el FMI.
  • Férreo control cambiario con intervención de todo el poder de policía del Estado, que se castiguen todas las operaciones paralelas habidas y por haber en el marco de la emergencia cambiaria
  • Emplear gran parte de las Leliq y pases pasivos del BCRA para crear un fondo de crédito para la producción y el trabajo

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

“Salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya”

Con una diversa y nutrida convocatoria, la Multisectorial #1F marchó este martes en la Ciudad de Mendoza para reclamar la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fin del lawfare, y la democratización de la Justicia. La manifestación confluyó en las escalinatas de Tribunales Federales, donde se leyó un documento consensuado entre las más de 130 organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, gremiales, estudiantiles y políticas que convocaron a la protesta. El texto -que transcribimos en su totalidad en esta nota- puntualiza las razones actuales e históricas que explican por qué deben renunciar o ser removidos los cuatro ministros del máximo tribunal de la Argentina. “En el caso de Mendoza, mediante mecanismos nada republicanos, por simple mayoría  y voto secreto, tanto Cornejo como Suarez han manipulado la conformación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”, denunciaron.

Crónica fotográfica de Coco Yañez

Documento de la Multisectorial #1F Mendoza

Pronto se cumplen 100 años de uno de los hechos más lamentables e inmorales protagonizados por el Poder Judicial que selló la suerte de la democracia argentina.

En 1930 la Corte Suprema de Justicia de aquel momento avaló por unanimidad el golpe militar que derrocó al Gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Y lo hizo a través de una acordada que sentó precedente y justificación para todos los atropellos y golpes de Estado que sufrió la Argentina a partir de ese momento. 

A casi 100 años de aquel infame inicio de una era, hoy, en este histórico día 1F, la sociedad argentina se ha autoconvocado masivamente aquí y a lo largo y ancho de todo el país para decir basta.

Quien hoy se moviliza es el pueblo, es la gente a la que este sistema de Justicia invariablemente le da la espalda, la ningunea. El pueblo se moviliza porque ha decidido luchar para democratizar la Justicia, para terminar con esa élite para unos pocos, con la corporación judicial inamovible y colmada de privilegios.  

Se moviliza para construir un Poder Judicial para la gente y no de espaldas a ella. Para decirle basta a esta historia de atropellos y prácticas violatorias del Estado de Derecho y de la Democracia, ejercidas o legitimadas con su silencio por la Corte.

Gana las calles para peticionar, manteniendo las mejores tradiciones de nuestro Pueblo, ejerciendo ese derecho supremo innegable para hacer oír nuestras demandas en las plazas de toda la República y que repliquen allí donde deben ser escuchadas y atendidas.

Esta decisión que hoy hemos tomado no se agota en este acto. No estamos aquí para inaugurar nada nuevo, venimos a retomar una práctica genuina, que reconoce numerosos antecedentes. 

Veinte años atrás, un grupo de compañeres iniciaba una serie de demandas contra una Corte Suprema antipopular, reaccionaria y manifiestamente subordinada a la voluntad de los poderes fácticos. 

Aquella gesta encontró luego la determinación política que terminó con el desplazamiento de los miembros de ese tribunal nefasto. 

Veinte años después se repite la historia, con un tribunal sin legitimidad alguna, concentrando el mayor descrédito del que se tenga memoria.

Por ello hoy salimos a la calle para exigir que esta Corte se vaya, para exigir la Democratización de la Justicia y el fin del Lawfare.

Y cuando decimos que esta Corte no puede seguir, que se tiene que ir, lo decimos interpretando el hastío generalizado que se expresa en todo el país y la certeza de que no hay ninguna posibilidad de lograr la democratización del Poder Judicial con esta Corte en funciones, cuyos numerosos pedidos de juicio político, con los que ya deberían haber sido removidos, duermen en el Congreso de la Nación. 

Esta Corte se tiene que ir porque con su reciente fallo de ampliación del Consejo de la Magistratura viola el principio republicano de división de poderes, se sitúa por encima del Ejecutivo y Legislativo, con el único fin de presidir también un órgano Constitucional de control, manejar el presupuesto de la Corte y del Consejo y garantizar la impunidad de funcionarios del Poder Judicial denunciados, y a la vez facilitar el nombramiento de funcionarios afines a su proyecto.

Decimos que se tiene que ir porque con esta Corte no hay Justicia ni hay Democracia plena, y porque condiciona severamente al sistema político y es obstáculo infranqueable para la democratización del Poder Judicial que reclaman las mayorías.

Decimos que se tiene que ir porque es una Corte sin legitimidad, conformada con dos miembros que consintieron ser designados por decreto del Poder Ejecutivo, violando la Constitución Nacional. 

Decimos que se tiene que ir porque esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales de destrucción y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que sólo les interesa violar nuestra soberanía.

Esta Corte se tiene que ir porque ha demostrado estar inscripta en una Operación Continental de utilización del Poder Judicial para los fines de dominación colonial que ni se ha preocupado en ocultar. Esta Corte, que ha recibido con todos los honores al Juez Moro de Brasil que sin prueba alguna y sólo “por sus convicciones”, encerró al ex presidente Lula, ha mostrado su compromiso con los planes continentales y con los deseos de las embajadas de potencias extranjeras, subordinación que afecta gravemente la soberanía nacional.

Esta Corte se tiene que ir porque sólo se ha interesado en resguardar sus propios privilegios como corporación judicial mientras se demolían derechos y se hipotecaba la Nación mediante la imposición de una deuda externa impagable con el FMI.

Esta Corte se tiene que ir porque es capaz de contrariar fallos anteriores con resoluciones contrarias a los derechos y garantías que la Constitución y los Tratados internacionales les reconocen a los y las trabajadores.

Esta Corte se tiene que ir porque no se hace cargo por el daño que ocasiona con sus decisiones, cuando no escucha, cuando no otorga protección eficaz, cuando empeora las condiciones del cumplimiento de las sentencias, cuando no prioriza el derecho a la vida, a la integridad sexual y a la protección contra todas formas de violencia, hacia las mujeres y las disidencias, las infancias y los sectores más vulnerados del sistema.

Decimos que se tiene que ir porque ya pudimos comprobar la aberrante sentencia del 2×1 con la que debutó esta Corte en 2017, favoreciendo a los genocidas condenados en juicios justos con todas las garantías, que el pueblo movilizado en todas las plazas de Argentina logró revertir.

Decimos que se tienen que ir porque esta Corte les ha asegurado impunidad a los responsables del terrorismo de Estado que asoló nuestro país. La mora inadmisible en resolver las causas de lesa humanidad que por decenas duermen el sueño de los justos en los despachos de la Corte, les han garantizado impunidad biológica a los genocidas, responsables de graves violaciones a los derechos humanos que llegan a esa instancia. Simplemente sentándose sobre los expedientes y demorándolos por años, indefinida e injustificadamente, hasta que se mueren o son declarados inhábiles mentales. Y es así como sus víctimas y familiares no logran alcanzar la justicia por la que tanto bregaron por más de 45 años. 

Niegan con su obrar, una tarea inexcusable y fundamental en estos procesos, como es la de garantizar tres pilares básicos, que son el derecho a la verdad, a la justicia y a obtener una reparación efectiva, consagrando con su omisión la impunidad de los victimarios.

El caso Blaquier es el más emblemático. La causa penal estuvo paralizada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y luego otro tanto en la Corte.

Esta Corte se tiene que ir porque con ella es imposible modificar este sistema de Justicia patriarcal, sexista y clasista, expresado en sentencias contrarias a la no discriminación, a la igualdad y al pleno respeto a la dignidad humana, permitiendo y fomentando construcciones autoritarias y machistas.

Esta Corte se tiene que ir porque ni siquiera cumple con el deber de garantizar el efectivo cumplimiento de la pena impuesta a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura cívico militar.

Esta Corte se tiene que ir porque impide la negociación paritaria colectiva en el Poder Judicial desconociendo las recomendaciones de la OIT que desde hace años viene exigiéndoselo al Estado argentino.

Esta Corte se tiene que ir porque persigue y hostiga a sus trabajadores y trabajadoras y a sus representantes gremiales armándoles causas, planificando los juicios laborales para que demoren años emulando a las pretensiones patronales de los sectores neoliberales.

Esta Corte se tiene que ir porque conoció perfectamente y permitió la sistemática persecución que diseñaron los servicios de inteligencia y el gobierno macrista para perseguir y encarcelar trabajadores y trabajadoras. 

Pero el sesgo anti obrero de esta Corte se refleja no sólo en sus sentencias, que recortan derechos laborales con reconocimiento constitucional. El mismo comportamiento de sus integrantes denota innumerables constancias de ese desprecio al trabajador y trabajadora, a la simple ciudadanía. 

Con el eufemismo de la seguridad jurídica para estimular las inversiones han propiciado avasallar derechos laborales conquistados en años de luchas y sacrificios de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales.

Esta Corte siguió los pasos de la Corte menemista que convalidó la destrucción de la protección laboral en aquel entorno de privatización de las empresas del Estado. 

Todos los esfuerzos de estas Cortes fueron para garantizar la mano de obra barata para los capitales golondrina que vinieron a especular y depredar nuestra economía.

Esta Corte es responsable por acción o por omisión de la salvaje persecución sindical que se vivió a través de intervenciones ilegales a los sindicatos, armado de causas a dirigentes gremiales, persecución a jueces del fuero laboral, denigración a abogades defensores de derechos humanos, con los que convalidó y aseguró ese avasallamiento de derechos.

Al igual que en la dictadura más sangrienta de nuestro país el enemigo interno fueron los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, del mismo modo al amparo de este sistema de justicia existió la “Gestapo antisindical”. Esas mesas judiciales que funcionaron a nivel nacional y provinciales tuvieron por objetivo el plan macabro de encarcelar a dirigentes sindicales sin un debido proceso y con un sistema de justicia cómplice.

De igual modo, la estigmatización de la justicia del trabajo presentada como contraria al progreso nacional, la demonización de sindicatos y sus dirigentes gremiales como delincuentes, el señalamiento de abogades laboralistas como una organización mafiosa, gozaron del silencio cómplice de este tribunal, sellado con sus sentencias regresivas y antisindicales.

Esta Corte se tiene que ir porque perpetúa un sistema de administración de justicia inaccesible, lento y en todos sus fueros, con lo que somete a esas deplorables condiciones a todos los sectores de la sociedad argentina.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó un sistema de justicia perverso como nunca antes se vio en democracia, sumándose a la ruptura del pacto democrático que perpetró el Gobierno de Macri con su plan sistemático de espionaje ilegal y persecución a quien osara oponerse a sus designios.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó el abuso de prisiones preventivas, con decenas de presos políticos obscenamente exhibidos, muchos de los cuales siguen sufriendo esa prisión en la actualidad. 

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó pericias fraudulentas, actividades de inteligencia interna, espionaje a los detenidos y sus abogados defensores, aprietes a víctimas para convertirlos en falsos arrepentidos. Del mismo modo abusaron escandalosamente de  la práctica del art 280 para cerrar las causas sin investigar ni fundamentarlo.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la elección arbitraria de tribunales a través de sorteos amañados y maniobras ilegales.

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó que diversos organismos del Estado y fiscales y defensores oficiales coordinaran la persecución a opositores.  

Esta Corte se tiene que ir porque legitimó la filtración de información reservada a los medios hegemónicos para generar el clima favorable a la persecución política.

Se tiene que ir la Corte que integran Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzeti, porque desde hace más de dos años tiene cajoneada la causa que podría resolver en favor de la libertad de Milagro Sala, que lleva más de 6 años detenida y de sus compañeros y compañeras de Tupac Amaru, presos y presas ilegal y arbitrariamente por imposición de los poderes fácticos. 

Mientras esa misma Corte, en  horas dispuso, escandalosamente, sin sonrojarse y en un trámite exprés, en beneficio de tres jueces que subrogan ilegalmente en cargos claves en la justicia federal.

Decimos que se tiene que ir porque es una Corte cuestionada por las mismas Naciones Unidas que, alertada por organismos de derechos humanos argentinos, pidió informes recientemente al Gobierno Nacional sobre temas que dejan en evidencia la profundidad y gravedad de la crisis que atraviesa el sistema de Justicia.

Foto: CSJN

El Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados Dr. García Sayán inquirió en noviembre del 2019 sobre: 

-La utilización del Consejo de la Magistratura para perseguir, echar jueces y designar allegados.

Horacio Rossati, presidente de la Corte | Foto: CSJNFoto: CSJN

-La designación por decreto de los dos jueces de la Corte 

-Las campañas mediáticas y amenazas contra la Procuradora General de la Nación para lograr su renuncia.

-La discrecional e irregular designación de un juez con Competencia Electoral allegado al presidente en plenas elecciones en 2017.

Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte | Foto: CSJN

-El ataque sistemático a jueces y abogades del fuero laboral.

-La manipulación y ataque a funcionaries de la causa Correo Argentino perteneciente a la familia de Macri.

-Los ataques al juez que investigaba una red de espionaje integrada por funcionaries y jueces, fiscales y periodistas allegados al poder. 

Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte | Foto: CSJN

-La designación irregular de jueces allegados al presidente anterior en los lugares más altos de la Justicia Penal Federal

Sabemos que los atropellos excedieron largamente esos reclamos que surgen del Relator de Naciones Unidas; decenas de jueces y funcionarios probos y valientes enfrentaron a este sistema de justicia y fueron duramente perseguidos y castigados, pero hay muchísimos más en el anonimato con digno comportamiento.

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte | Foto: CSJN

Por ello no podemos admitir que la parte de la justicia corrupta sea la que perdura. Por ello exigimos su renuncia porque con esta Corte nunca se va a poder democratizar el Poder Judicial. Y mientras no lo logremos tendremos que salir como ahora a la calle.  

Por eso decimos que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación debe irse.

Nuestra Provincia no está exenta de la corrupción del aparato judicial

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElOtroComAr%2Fvideos%2F323814709656662%2F&show_text=false&width=380&t=0

En el caso de Mendoza, mediante mecanismos nada republicanos, por simple mayoría  y voto secreto, tanto Cornejo como Suarez han manipulado la conformación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, actualmente  presidida por Dalmiro Garay, ex ministro de Gobierno de Cornejo, a fin de obtener una mayoría automática. Lo hicieron mediante maniobras indebidas como las cuestionadas designaciones de José Valerio, del propio Garay y de Teresa Day, quien aún se encuentra sometida a juicio por no reunir los requisitos constitucionales para el cargo.

El gobierno también controla el Ministerio Público Fiscal mediante la designación de un procurador adicto. Mediante estas maniobras se ha garantizado la persecución a todo el arco opositor, trabajadores, gremialistas, militantes sociales y ambientalistas y la impunidad del oficialismo local.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElOtroComAr%2Fvideos%2F686199365728569%2F&show_text=false&width=267&t=0

Presiones indebidas, aprietes y amenazas a jueces y juezas independientes; escandalosos fallos obtenidos en forma fraudulenta en casos de interés político como el ítem aula, el código contravencional, la revisión técnica obligatoria, el fracking, y otros casos similares, han motivado la denuncia efectuada por los principales Organismos de Derechos Humanos nacionales y provinciales ante la ONU. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado curso a la denuncia interpuesta por la irregular actuación de los jueces oficialistas Valerio y Llorente por la persecución arbitraria a la organización Tupac Amaru y su líder Nélida Rojas.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElOtroComAr%2Fvideos%2F265219445748376%2F&show_text=false&width=267&t=0

Entonces, compañeras y compañeros: ¿Cuál es Corte Suprema de justicia de la Nación que queremos?

Cuál es la Corte que debe venir, cómo es la Corte que queremos?

Queremos una Corte amplia.

Queremos una Corte democrática.

Con integrantes que provengan de su pueblo, no de las élites.

Con integrantes que hayan participado activamente en tareas sociales. 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElOtroComAr%2Fvideos%2F1298039327372825%2F&show_text=false&width=267&t=0

Que respete la paridad de género, que incluya pueblos originarios y diversidades.

Que la perspectiva de género sea una política efectiva y no cartón pintado.

Queremos una Corte con mirada federal, alejada de la dominación colonial y defensora a ultranza de la soberanía nacional.

Queremos una Corte que cumpla con los Tratados Internacionales.

Queremos una Corte que haga honor a la reconocida lucha por el respeto a los Derechos Humanos que caracteriza a nuestro país con su historial de juicio y castigo a los genocidas sostenida por tantos organismos de Derechos Humanos que hoy están aquí presentes.

Una Corte que simplifique el sistema normativo y las prácticas judiciales cotidianas, reduciendo las brechas entre el derecho escrito y la realidad, acercándolo a los ciudadanos, promoviendo la igualdad, permeabilizándolo. 

Queremos una Corte con cuentas transparentes, publicadas en los lugares públicos oficiales.

Queremos una Corte que pague el impuesto a las ganancias.

Queremos una Corte sin ningún privilegio.

Queremos una Corte capaz de refundar el Poder Judicial, de sacarlo de los sótanos, democratizándolo, transparentándolo, incorporando la perspectiva de derechos humanos, de género y no discriminación. 

Queremos una Corte subordinada al control soberano del pueblo…

Deseamos que esta jornada del 1F no se agote mañana. 

Llamamos a este extraordinario colectivo a declararse en estado de alerta y movilización permanente, para sostener en la calle este reclamo por el que hoy nos hemos autoconvocado.

¡POR UN PODER JUDICIAL DEMOCRÁTICO, PLURAL, AMPLIO, ACCESIBLE, CON PARIDAD DE GÉNERO, DIVERSO!

Muchas gracias a todos y todas.

Multisectorial #1F

COVID MENDOZA – NUEVO RÉCORD DE CASOS POSITIVOS

Covid Mendoza – Nuevo récord de casos positivos

Se informa la recuperación de 2.003 pacientes con COVID-19.

Asimismo, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas horas de ayer y hoy se procesaron 8.410 determinaciones:

  • 3.763 fueron negativas.
  • 4.647 nuevos casos positivos.

En cuanto a la cantidad de fallecidos, se reportaron:

  • 0 en las últimas 48 horas.
  • 2 según la carga en SISA, reportado con fechas anteriores.

La provincia de Mendoza registra hasta hoy:

  • 201.130 casos positivos confirmados COVID-19.
  • 178.556 personas recuperadas COVID-19.
  • 4.691 fallecimientos por COVID-19.

Es importante recordar que el Ministerio de Salud de Mendoza informa todos los pacientes que ingresan al sistema sanitario público y privado de la provincia. En caso de que un mendocino dé positivo en otras jurisdicciones nacionales –por estar estudiando en otra provincia, por vivir en otro lugar sin registrar el cambio de domicilio o por estar realizando un trabajo temporario–, no será registrado como caso confirmado en Mendoza.

Siguen subiendo los contagios de Covid en Mendoza: 4.647 nuevos casos en 24 horas

Así lo informó el Gobierno de la provincia. Además, se informaron 2 fallecimientos. Informe del 11 de enero de 2022.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informa las cantidades de personas positivas, recuperadas y fallecidas por COVID-19. También se comunican las cantidades de PCR y test de antígenos realizados en las últimas 24 horas.

Los datos se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), los cuales son proporcionados por los hospitales, centros de salud y establecimientos de aislamiento extrahospitalarios de la provincia. Se informa la recuperación de 2.003 pacientes con COVID-19.

Asimismo, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas horas de ayer y hoy se procesaron 8.410 determinaciones:

  • 3.763 fueron negativas.
  • 4.647 nuevos casos positivos.

En cuanto a la cantidad de fallecidos, se reportaron:

  • 0 en las últimas 48 horas.
  • 2 según la carga en SISA, reportado con fechas anteriores.

La provincia de Mendoza registra hasta hoy:

  • 201.130 casos positivos confirmados COVID-19.
  • 178.556 personas recuperadas COVID-19.
  • 4.691 fallecimientos por COVID-19.

Es importante recordar que el Ministerio de Salud de Mendoza informa todos los pacientes que ingresan al sistema sanitario público y privado de la provincia. En caso de que un mendocino dé positivo en otras jurisdicciones nacionales –por estar estudiando en otra provincia, por vivir en otro lugar sin registrar el cambio de domicilio o por estar realizando un trabajo temporario–, no será registrado como caso confirmado en Mendoza.

Suarez adjudicó Loma de la Mina: comienzan a movilizar torres y equipos para hacer fracking en San Rafael

Una de las visitas de la comitiva oficial con interesados en explotar Loma de la Mina, en San Rafael. Foto: Prensa Casa de Gobierno

El Gobierno de Mendoza adjudicó la explotación de la primera etapa de Loma de la Mina, un área ubicada en Sa Rafael abandonada por YPF y ubicada en la formación de Vaca Muerta, en la lengua norte, junto a Cerro del Alquitrán, otra área que explota Grecoil, de Vila-Manzano.

En el llamado a licitación que hizo el Gobierno a fines de 2020 no explicita que la explotación será a través de fracking, sin embargo, en los mapas y documentos de la Secretaría de Energía de la Nación se ubica al área como parte de la formación Vaca Muerta, es decir que sólo se puede sacar los hidrocarburos fracturando la roca.

La Empresa Mendocina de Energía (Emesa) llamó a concurso para seleccionar un socio operador y reactivar el pozo que abandonó YPF.  El fracking en pozos abandonados es una técnica avanzada en Vaca Muerta, y puede aumentar entre 50% y 200% la producción de un pozo en una recuperación secundaria o terciaria a un costo que representa el 20% de la inversión que requiere un pozo nuevo.

. «Las empresas que se presentaron hicieron visitas a la zona y el proceso culminó con la adjudicación al consorcio asociativo entre Velitec SA y Alianza Petrolera Argentina SA”, explicó el director de Hidrocarburos del Ministerio de Economía y Energía, Estanislao Schilardi.

A partir de ahora, Emesa y el consorcio seleccionado movilizarán torres y estarán a cargo del incremento de la producción del área, ubicada en El Sosneado.

“Esta operación va a tomar 18 meses, con el objetivo central de reactivar pozos parados en el área, crear empleos e incrementar la producción. Pasados esos meses, Emesa lanzará nuevamente una licitación para seleccionar al operador definitivo”, agregó funcionario de la cartera de Economía.

El fracking, impuesto por Cornejo de manera ilegal

A través de un decreto, Alfredo Cornejo autorizó en Mendoza el avance del fracking sin darle difusión. El exgobernador avanzó en silencio a sabiendas de que tendría gran resistencia social -demostrada luego en diciembre de 2019 cuando se quiso modificar la Ley 7722- . Todo se logró con la complicidad del Poder Judicial, dela Fiscalía de Estado y de los medios de comunicación.

La Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentinas realizó un completo informe sobre las demandas que arreciaron contra Cornejo, y contra el Departamento General de Irrigación tras la imposición del fracking.

«El Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza autorizó la inyección de 2 millones de litros de agua (2.000 m3), en el ámbito de un supuesto procedimiento experimental y violando la legislación local, sin audiencia pública, ni declaración de impacto ambiental. La autorización también violó la Constitución Nacional, los Tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente los referentes a las Comunidades indígenas sin garantizar el consentimiento y la consulta libre, previa e informada», denuncian los abogados.

fuente https://explicitoonline.com/suarez-adjudico-loma-de-la-mina-comienzan-a-movilizar-torres-y-equipos-para-hacer-fracking-en-san-rafael/

Alerta por altas temperaturas en Mendoza: cuál será el peor día de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre las altas temperaturas que habrá esta semana en Mendoza. Qué dice el pronóstico del tiempo

Por UNO

Alerta por altas temperaturas en Mendoza: cuál será el peor día de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por altas temperaturas en gran parte del país por la ola de calor agobiante que se prevé para esta semana, con máximas que se ubicarán entre los 35 y 42 grados. En Mendoza, la temeperatura será elevada toda la semana aunque habrá un día que será peor que el resto.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.494.0_es.html#goog_1873312226

Según el pronóstico del tiempo, este lunes se espera una máxima de entre 35 y 37. El martes, la máxima bajará 33.

Sin embargo, a partir del miércoles, el infierno no será tan encantador. Ese día se espera una máxima de 37 grados y el jueves de 40 grados.

El viernes, ya casi en el fin de semana la temperatura disminuirá a 36 y sábado y domingo a 34 y 33 respectivamente.

Cuándo baja la temperatura en Mendoza

A partir del lunes de la semana que viene habrá un respiro que durará algunos días. Desde el lunes al miércoles se esperan días con temperaturas máximas de 28 grados.

No obstante, a partir del jueves las máximas vuelven a llegar a los 30 grados.

También se esperan algunas tormentas la semana que viene.

Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Cómo cuidarse del calor

  • Tratar de no estar demasiado activo y tomar descansos al hacer ejercicio.
  • Beber suficientes líquidos: agua o bebidas deportivas.
  • De hacer ejercicio, hacerlo temprano en el día, antes de que suba demasiado la temperatura.
  • Vestir ropa liviana y suelta.
  • Evitar usar demasiadas capas de ropa.
  • Evitar estar en un automóvil caliente.
  • No exponerse al sol entre las 10 y las 16.
  • Tomar una ducha o baño fresco.
  • Beber agua o una bebida deportiva. No tomar bebidas con alcohol o cafeína.
  • Rociarse con agua fría y luego sentarse frente a un ventilador.
  • Buscar sombra y aire acondicionado.
  • Puede colocar un paño frío sobre su cuello o axila.
  • fuente: https://www.diariouno.com.ar/sociedad/alerta-altas-temperaturas-mendoza-cual-sera-el-peor-dia-la-semana-n989676

COVID-19 en Mendoza: en un mes, los casos aumentaron 2.900%

La ministra de Salud, Desarrollo Social y DeportesAna María Nadal, junto a la subsecretaría de Planificación, Mariana Álvarez; la jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, y Carolina Aguirre, de la Dirección de Epidemiología de la provincia, brindaron detalles sobre el avance de la campaña de vacunación contra la COVID-19 y la situación epidemiológica provincial.

La ministra Ana María Nadal aseguró hoy que en el país y en Mendoza ya existe la circulación comunitaria de la variante ómicron, por lo que señaló que el 60% de los casos son de esa variante.
Sus dichos se basan en que en el transcurso de diciembre y los primeros días de enero ha aumentado 2.900% la cantidad de casos confirmados de COVID-19.
En otras palabras, en la provincia hay 29,30 veces más casos en el último mes, lo que representa la mayor cantidad desde que empezó la pandemia.

‘La provincia de Mendoza está transitando otra pandemia, cambió completamente el curso de la enfermedad y, con él, la curva de contagios’, comentó la funcionaria.
Y agregó: ‘Podemos observar que en el transcurso del mes de diciembre hasta ahora hemos aumentado 2.900% la cantidad de casos confirmados, lo que ha generado una cantidad importante en la demanda en los testeos y vacunación’.

Según explicó Nadal, la diferencia con la primera y segunda ola es que ‘esta tercera no tiene correlato con la utilización del sistema crítico de Salud’.
Además, comentó que son 17 personas las que se encuentran en terapia intensiva por COVID-19, quienes no están vacunadas o tienen el esquema incompleto.

Para paliar el aumento de casos y evitar que lleguen a convertirse en casos graves, la ministra insistió en la vacunación: ‘Mendoza fue la primera provincia que anunció la disminución de período del refuerzo en cuatro meses a partir de la segunda dosis.
Esta fue una decisión sumamente importante, porque las personas vacunadas y con refuerzo están preparadas para enfrentar esta enfermedad’.

Medidas

Ante esta nueva pandemia, Nadal explicó que desde el Gobierno de Mendoza se han ampliado los horarios y lugares de vacunación y testeos en toda la provincia, sumando más de 90 centros de salud y hospitales que están vacunando.
A esto se agregan las campañas territoriales para llegar a la mayor cantidad de gente posible.

‘Esto requiere un gran operativo en todo el territorio, por lo que le pedimos paciencia a la gente, porque estamos trabajando todo el tiempo para satisfacer la demanda’, dijo la ministra.
Y agregó: ‘Cerca del 60% de las dosis aplicadas son de refuerzo, pero también estamos colocando 30% de segundas dosis y seguimos vacunando con primeras dosis’.

Además, Nadal explicó que el Gobierno está realizando una fuerte inversión en infraestructura para enfrentar esta nueva ola y poder vacunar en más lugares.
‘Hemos adquirido ultrafreezer y nos estamos preparando para tener y almacenar vacunas’, remarcó Nadal, al tiempo que confirmó que Mendoza tiene stock de vacunas y que incluso ‘hoy han llegado a la provincia más de 100.000 dosis de distintas marcas para completar esquemas’.

Ante esta situación, las funcionarias hicieron hincapié en que estos son los criterios de testeos:

  • En familias que tengan más de un integrante con sintomatología de COVID-19, que solo se testee una persona y de esa manera todo el resto es considerado positivo por nexo clínico epidemiológico.
  • Del mismo modo, una persona que ha sido contacto estrecho y tiene menos de 60 años (porque se considera de bajo o menor riesgo) va a considerarse positivo y la recomendación es el aislamiento por siete días, más 3 de cuidados, siempre que esté vacunada completamente.
    Mientras que para quienes no tengan las vacunas el aislamiento debe ser de 10 días.

Ómicron

Sobre las personas consideradas como caso estrecho de un positivo que no deben testearse y tienen que presentar el certificado en el trabajo, la ministra anticipó que en los centros de testeos se realizará un triage previo en la fila de espera.
‘Solicitamos a la población que tenga paciencia porque solo se hisopará a un integrante de la familia o si están relacionados con un caso estrecho, por lo que vamos a emitir un certificado informando la situación que se trata de un caso estrecho por tener sintomatología y no lo vamos a testear.
Esto es un criterio para testeos que se definió esta tarde en una reunión de Cofesa’.
Y añadió que esta decisión se tomó luego de la situación que se registró en todos los centros de testeos del país, porque las personas necesitan el certificado para presentar en los lugares de trabajo.

En este sentido, la ministra detalló que testearse tiene distintas etapas, como el registro de la persona, la toma de la muestra y el momento de lectura del estudio.
Esto es un diagnóstico, no es un trámite, lo que hace también que si logramos reducir estos tiempos, se pueden evitar las colas largas de espera.

Sobre el autotest aprobado por la ANMAT, la ministra detalló que fue uno de los temas tratados en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), y anticipó que la logística se realizará a través de las farmacias, al tiempo que señaló que se evaluará desde la Provincia la posibilidad de comprar los dispositivos, que aún no llegan al país. 

Nadal señaló que estos testeos son similares a la confirmación del nexo clínico epidemiológico y señaló que es necesario que todos cambiemos el paradigma, porque no es el mismo momento que cuando se podían contener y hacer el seguimiento de los contactos estrechos, por lo que ‘apelamos al autocuidado, más allá de cualquier tipo de testeo que se realice’.
La funcionaria remarcó el uso de barbijo y medidas de protección personal para evitar contagiar a otras personas. 

Sobre la variante ómicron, Carolina Aguirre señaló que es una variante que ha presentado varias mutaciones y, con la evidencia que está en construcción, se demuestra que tiene alta transmisibilidad y que la tasa de letalidad es menor a otras variantes, más aun en poblaciones vacunadas.

Sobre la vacunación en farmacias, Iris Aguilar señaló que se están definiendo detalles y avanzando en el proceso.
La funcionaria detalló que la red de farmacias de la provincia presentó el listado de quienes tienen interés en sumarse a la campaña de vacunación gratuita y anticipó que se está avanzando en la implementación de la vacunación para un grupo específico, que podría ser para mayores de 55 años y con una sola marca de vacunas. 

La funcionaria dijo que están trabajando en la planificación, que incluye la capacitación para el personal farmacéutico, la habilitación de infraestructura que permita mantener la temperatura que exige el mantenimiento de vacunas como AstraZeneca, entre otros aspectos.
‘En Mendoza vamos a hacer punta en la vacunación en farmacias’, aseguró.

Violencia contra los trabajadores de la Salud

Sobre los hechos de violencia en los centros de testeo, la ministra indicó que desde el Ministerio de Seguridad están acompañando el trabajo que se lleva adelante en toda la provincia, junto a Gendarmería y el Ejército. 

La ministra pidió que quienes tienen cobertura con obra social o prepaga que se acerquen a los lugares donde tienen atención médica, para poder dejar lugar en los centros de testeos habilitados por el Gobierno a quienes no cuentan con esa prestación. 

Fuente: Prensa Mendoza >> lea el artículo original

Mendoza confirmó que el 60% de los contagios son por la variante Ómicron

Lo confirmó la ministra de salud de la provincia.

Ana María Nadal, dialogó este miércoles en una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno para explicar detalles acerca de la situación epidemiológica provincial. Durante su balance hizo hincapié en la fuerte suba de contagios registrada y expresó que «la variante ómicron está circulando en un 60% de los casos».

Por otro lado, también destacó la preocupación por el crecimiento exponencial de los contagios, «hace tres semanas no teníamos circulación de ómicron y ahora ya estamos superando el 60% de los casos. Esta variante es mucho más contagiosa, mucho menos letal, se presenta de una forma moderada en la gran mayoría de los casos».

Sigue el aumento de casos de Covid en Mendoza: 3.282 en las últimas 24 horas

COVID19: INFORME DIARIO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Share on whatsappWhatsApp Share on facebookFacebook Share on twitterTwitter Share on printImprimir

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informa las cantidades de personas positivas, recuperadas y fallecidas por COVID-19. También se comunican las cantidades de PCR y test de antígenos realizados en las últimas 24 horas.

Los datos se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), los cuales son proporcionados por los hospitales, centros de salud y establecimientos de aislamiento extrahospitalarios de la provincia. Se informa la recuperación de 995 pacientes con COVID-19.

Asimismo, la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que entre las últimas horas de ayer y hoy se procesaron 7.724 determinaciones:

  • 4.442 fueron negativas.
  • 3.282 nuevos casos positivos.

En cuanto a la cantidad de fallecidos, se reportaron:

  • 0 en las últimas 48 horas.
  • 1 según la carga en SISA, reportados con fechas anteriores.

La provincia de Mendoza registra hasta hoy:

  • 179.118 casos positivos confirmados COVID-19.
  • 169.036 personas recuperadas COVID-19.
  • 4.681 fallecimientos por COVID-19.

Es importante recordar que el Ministerio de Salud de Mendoza informa todos los pacientes que ingresan al sistema sanitario público y privado de la provincia. En caso de que un mendocino dé positivo en otras jurisdicciones nacionales –por estar estudiando en otra provincia, por vivir en otro lugar sin registrar el cambio de domicilio o por estar realizando un trabajo temporario–, no será registrado como caso confirmado en Mendoza.

A días de la Tonada, el intendente de Tunuyán convocó a los empresarios por el pase sanitario

Martín Aveiro pretende que gastronómicos y empresarios hoteleros lo pidan, como el municipio hará para la Fiesta de la Vendimia y el Festival de la Tonada

Analía Doña

Por Analía Doñadona.analia@grupoamerica.com.ar

El intendente de Tunuyán

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, busca convencer a los privados para que pidan el pase sanitario

El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro (PJ), es uno de los que pedirá el pase sanitario para los eventos masivos que se darán en los próximos días en su municipio: la Fiesta de la Vendimia y el Festival de la Tonada, previstos del 10 al 13 de enero. Y pretende que los comerciantes, gastronómicos y dueños de emprendimientos turísticos también lo hagan.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.494.0_es.html#goog_1364744331

«El pase sanitario funciona prácticamente en el mundo entero», expresó el intendente que el último mes estuvo en Estados Unidos. «En Nueva York, no te dejan sentarte a tomar algo en un kiosquito si no estás vacunado», contó a modo de ejemplo.

«No cuesta nada. Lo del pase sanitario es fantástico. No te ocupa ni recurso humano extra ni infraestructura. Es muy simple y ayuda a que no tengamos explotados el sistema de salud para abordar una situación complicada», opinó en diálogo con radio Nihuil un día después de que el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, expresara en conferencia de prensa que el pase está vigente como recomendación preventiva y que son los municipios y privados quienes pueden exigirlo en los casos previstos, como es el de los eventos multitudinarios.

«Hemos tenido gente explotada vacunando. Se ha hecho un gran esfuerzo desde la provincia, el municipio y el personal de salud para conseguir la puesta de la vacunación y ahora tenemos que ayudar. Mostrar el pase sanitario (carnet de vacunación con dos dosis aplicadas) sirve para que se termine pronto la pandemia«, analizó mostrando su apoyo a la medida nacional.

Tras decidir su aplicación en los eventos masivos organizados por la municipalidad y analizar pedirlo en El Manzano histórico, Aveiro mantendrá una reunión con empresarios gastronómicos de Tunuyán para intentar «convencerlos» de pedir el pase sanitario en sus locales. «No será una exigencia pero sí queremos mostrarles datos. Es una manera de asegurarnos de que en invierno no tengamos que estar pensando qué hacemos con la cantidad de contagiados. Tienen que pensar que hace un año y medio no podían trabajar. Ahora pueden tener la responsabilidad de terminar con la pandemia, desde su lugar».

Tanto en el Festival de la Tonada como en la Vendimia, Tunuyán pedirá el pase sanitario (carnet de vacunación con dos dosis)

Tanto en el Festival de la Tonada como en la Vendimia, Tunuyán pedirá el pase sanitario (carnet de vacunación con dos dosis)

«Creemos que el comerciante lo puede exigir, como ya lo hizo con el barbijo, porque no vamos a estar con un municipal controlando en cada local», agregó además abriendo la posibilidad de pedido del pase en otros rubros.

«Queremos convencer al privado para que se sume a esta campaña y que cuide su trabajo», dijo. La intención, no es solo que gastronómicos y comerciantes se sumen al pedido del carnet de vacunación completo sino que también lo hagan los propietarios de cabañas y grandes hoteles.

Según señaló, a pesar de que no ha mantenido una conversación al respecto con sus pares de San Carlos y Tupungato, en toda la zona del Valle de Uco se analizan las mismas medidas. «Sé que están hablando con los prestadores, igual que nosotros».

Pedir el pase sanitario es una responsabilida que permite «seguir mentalizando a quienes no se quieren vacunar», indicó Aveiro.

https://www.diariouno.com.ar/politica/aveiro-pretende-que-comercios-y-emprendimientos-turisticos-tunuyan-pidan-el-pase-sanitario-n988763

Atlanticazo: pueblos de la costa bonaerense se movilizan contra las petroleras en el Mar Argentino

Decenas de ciudades protestarán hoy contra el avance petrolero en las costas de Buenos Aires. Es la respuesta a la decisión del gobierno nacional, que dio luz verde a la empresa noruega Equinor para explorar el Mar Argentino. Sin grieta: el proceso licitatorio lo había iniciado Mauricio Macri y lo continuó Alberto Fernández. La autorización fue firmada por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Atlanticazo, lospueblos de la costa resisten la normativa que habilita la instalación de petroleras en las costa del mar atlantico en Argentina

Foto: Sado Colectivx Fotográfico

Por Mariángeles Guerrero

Los pueblos de la Costa Atlántica bonaerense se movilizarán este martes 4 de enero contra las petroleras en el Mar Argentino. La manifestación se produce luego de que el 30 de diciembre pasado la Resolución 436/2021, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploraciones sísmicas a 160 millas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. La compañía Equinor pidió permiso en 2020 para realizar estas acciones de exploración sísmica y, pese a que la actividad no cuenta con licencia social, fue autorizada en el último día hábil de 2021. Las exploración petrolera será desarrollada en conjunto con las empresas Shell e YPF. También habrá movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país.

Los vecinos y vecinas de Mar del Plata ya se habían expresado en la audiencia pública de julio de 2020 por «un mar sin petroleras». Participaron activistas y sectores de la pesca marítima de la provincia de Buenos Aires, reuniendo a un total de 522 personas inscriptas que fueron parte del debate virtual durante tres días. Si bien la instancia no era vinculante, mostró la falta de licencia social que la actividad hidrocarburífera tiene en la zona.

La exploración sísmica cuencas afueras (u offshore), autorizada por Cabandié, utiliza una flota de buques con sensores que recopilan información del subsuelo marino a través de un bombardeo sonoro. Con esos datos construyen mapas en dos y tres dimensiones para determinar cuáles son los lugares donde es posible realizar las perforaciones exploratorias. La autorización inicial es sobre los bloques denominados CAN 100, 108 y 114, ubicados en de la Cuenca Argentina Norte (CAN).

La resolución firmada por Cabandié, en plena crisis climática y con once provincias ardiendo por los incendios, pretende instalar otra forma de extractivismo en una región donde hoy no existe actividad hidrocarburífera. La zona donde se proponen estos proyectos se solapa con el «Frente Talud», identificado como posible Área Marina Protegida por científicos nacionales y por el mismo Ministerio de Ambiente. Su relevancia reside en ser el principal corredor biológico del Mar Argentino, por su alta productividad y por ser la zona de alimentación de importantes especies como la ballena franca austral, designada Monumento Natural en 1984, como denunció Greenpeace.

Tierra Viva dialogó con Maximiliano Pomponio, vecino de Mar del Plata e integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Pomponio advierte que la decisión del ministro de Ambiente no les sorprende. «Hace varios meses tuvimos la noticia de que se encontraba suspendida la aprobación para realizar exploración sísmica pero a un día de finalizar el 2021, el 30 de diciembre, Juan Cabandié autoriza la exploración sísmica», reconstruye. El asambleísta confía en que, tomando como ejemplo la experiencia de Mendoza en relación a la Ley 7722 y el reciente «Chubutaguazo» en contra de la zonificación minera, esperan llevar a cabo un «Atlanticazo» contra el extractivismo en el Mar Argentino.

Para el entrevistado «esta autorización permite que las grandes corporaciones petroleras saqueen y destruyan el mar y esto obedece a las políticas de entrega». En ese sentido, explicó: «Desde hace varios años, independientemente del color político que gobierne, se vienen rematando nuestros bienes comunes en todo el país». Pomponio compara la avanzada sobre la Costa Atlántica argentina con otras experiencias extractivas: la megaminería a cielo abierto, el agronegocio, el desmonte y los incendios forestales y la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. «Es una frontera que se mueve todo el tiempo, en perjuicio de las comunidades y las poblaciones y a favor de las grandes corporaciones y los gobiernos», define.

Equinor opera en San Juan y también la zona de Vaca Muerta. A nivel marítimo, los bloques concesionados a la empresa están repartidos en la Cuenca Argentina Norte (CAN), en la Cuenca Austral (AUS) y en la Cuenca Malvinas Oeste (MLO).

Atlanticazo, lospueblos de la costa resisten la normativa que habilita la instalación de petroleras en las costa del mar atlantico en Argentina
Foto: Sado Colectivx Fotográfico

Hacia el Atlanticazo para barrer las petroleras del Mar Argentino

Las ciudades que se movilizarán este 4 de diciembre contra la Resolución del gobierno nacional son:

  • Mar del Plata: en la Rambla de los Lobos a las 17 horas.
  • Necochea Quequen: en Calles 83 y 2 a las 18 horas.
  • Miramar: Calle 21 y costanera en la M a las 18 horas.
  • Partido de la Costa (Aguas Verdes, San Bernardo, Costa Azul, Lucila del Mar y Mar de Ajó): en Av. Costanera y Av. San Bernardo a las 17 horas.
  • Villa Gesell: en 104 y la playa a las 17 horas.
  • Bahía Blanca: San Martin y Vélez Sarsfield (Ingeniero White) a las 10 horas.
  • Monte Hermoso: en Peatonal Dufaur y Perón (la medialuna) a las 17 horas.
  • Ciudad de Buenos Aires: en la Plaza de Mayo a las 17 horas.
  • La Plata: en Av. 7 y 50 a las 18 horas.
  • San Clemente del Tuyú: en el muelle de San Clemente del Tuyú a las 18 horas.
  • Rio grande (Neuquén): a las 17 horas.
  • Posadas (Misiones): en la Plaza San Martín a las 19 horas.
  • Oberá (Misiones): en el Hospital Samic a las 9 horas.
  • Tucumán: en la Casa Histórica a las 18:30 horas.
  • Trelew: en Playa Unión desde el Anfiteatro a las 19 horas.
  • Esquel: en Plaza San Martín a las 20 horas.
  • Puerto Madryn: por la playa desde el Quijote a las 18 horas.
  • Gualeguaychú: en la Plaza Colón a las 18:30 horas.
  • Ushuaia: en San Martín y Fadul a las 19 horas.
  • Ostende: Rambla sur y Nuestras Malvinas. Miércoles 5 de enero a las 12 horas.
  • Reta: en 48 y el mar a las 17 horas. Viernes 7 de enero a las 17 horas.
  • Claromecó: en Balneario Samoa, calle 28 y Av. Costanera. Viernes 7 de enero a las 17 horas.

«El pueblo esta de pie, luchando contra el extractivismo, en defensa del mar y por la vida en nuestros territorios», indica la convocatoria

Maximiliano Pomponio es contundente: «La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras no para». Cuenta que la movilización de mañana apunta a visibilizar que «todas las localidades costeras están levantando la voz para dejar en claro que las petroleras no tienen ni van a tener licencia social, que no van a destruir nuestros territorios ni bienes comunes». El activista llamó también a «fortalecer la organización en todas las localidades costeras para frenar este capitalismo salvaje y voraz que destruye nuestros territorios y bienes comunes y que ha encontrado en esta forma llamada extractivismo la manera más rápida y dañina de hacerlo». Por último advirtió: «No queremos las petroleras porque van a generar un daño ambiental irreversible. No estamos dispuestos a negociar la degradación de nuestros territorios«.

Atlanticazo, lospueblos de la costa resisten la normativa que habilita la instalación de petroleras en las costa del mar atlantico en Argentina
Matías Tazza

¿Qué es la exploración sísmica offshore?

La propia empresa Equinor explica, en su sitio web, que para llevar a cabo los relevamientos marinos se utilizan buques construidos específicamente con equipo especializado. «El buque sísmico avanza a baja velocidad, menos de cinco nudos, y arrastra una serie de cables gruesos llamados streamers, que contienen sensores que captan datos sísmicos del subsuelo. La matriz de los streamers puede abarcar hasta dos kilómetros de ancho y diez de longitud», explicita la petrolera.

Para recopilar datos sísmicos «se lanzan breves ráfagas de aire comprimido desde una fuente de sonido hacia el agua y el fondo marino, cada cinco o quince segundos». Esto crea ondas sonoras de baja frecuencia que atraviesan el agua, el fondo marino y las capas del subsuelo. A continuación, las ondas sonoras se reflejan hasta la superficie del mar, donde son registradas por los sensores.

No hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace. Según datos de la ONG, la exploración sísmica es el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático detrás de las pruebas militares y nucleares. «Es prácticamente imposible mitigar un sonido que tiene un alcance de 300.000 kilómetros cuadrados», advierten.

La misma empresa parece reconocer este peligro para la fauna acuática. También en su sitio oficial señala que «durante las operaciones sísmicas costa afuera en Argentina contaremos con observadores de mamíferos a bordo del buque sísmico para vigilar y registrar las especies marinas, como las ballenas y los delfines». Y agrega: «Su tarea consiste en asegurarse de que los animales sensibles a los sonidos de baja frecuencia no se encuentren cerca antes de poner en marcha la fuente de sonido. Una vez que la fuente de sonido se pone en marcha, la emisión acústica aumenta lentamente para dar tiempo a que los animales se alejen».

Equinor indica que «si se observan animales en las cercanías durante la adquisición sísmica, se detendrá la emisión de sonido hasta que estén fuera de la zona de exclusión definida por las autoridades argentinas». Greenpeace enfatiza que los efectos que la exploración sísmica generan en los mamíferos marinos perjuicios conductuales y fisiológicos como estrés, desplazamiento de sus hábitats naturales, disminución en la búsqueda de alimento, lesiones auditivas, e incluso puede generar la muerte. En el caso de los peces, implica una disminución en la viabilidad de sus huevos, poniendo en riesgo su reproducción.

Pomponio argumenta: «Nos oponemos a la exploración sísmica porque es una metodología que genera grandes daños fundamentalmente a la fauna marina, que en esta región de Argentina es muy variada». En las zonas licitadas y concesionadas la fauna marina encuentra su espacio de alimentación, de tránsito y de reproducción. «Si montáramos mapas que nos muestren cuáles son las zonas más licitadas entre 2018 y 2019 y a eso le superpusiéramos mapas sobre la migración de determinadas especies como los cetáceos, nos encontraríamos con una gran superposición», grafica el entrevistado. «Lo que estamos defendiendo es un bien común, que son nuestros mares y océanos, el gran ecosistema marino y todas sus especies», sostiene.

El asambleísta afirma: «En términos ambientales, toda la actividad hidrocarburífera desde la exploración hasta la comercialización final, pasando por las etapas de transporte, almacenamiento, la extracción, el proceso y la refinación implica daños ambientales». En el mismo sentido, Greenpeace manifestó que Argentina debería optar por otros combustibles no fósiles para evitar la degradación ambiental.

Atlanticazo, lospueblos de la costa resisten la normativa que habilita la instalación de petroleras en las costa del mar atlantico en Argentina
Foto: Sado Colectivx Fotográfico

Una actividad sin licencia social

La Secretaría de Energía llamó en 2018 a licitación para la exploración sísmica de 18 áreas petroleras ubicadas en tres cuencas: la Cuenca Argentina Norte (CAN) frente a Mar del Plata, Cuenca Sur frente a Tierra del Fuego (CAS) y la Cuenca Malvinas Oeste, todas ellas mediante el Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1. Las empresas hicieron sus ofertas. Al año siguiente se adjudicaron estos 18 bloques de 225.000 kilómetros cuadrados de superficie a trece empresas oferentes: YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI.

El Bloque CAN 100, localizado a 200 kilómetros de Mar del Plata, fue adjudicado a Equinor junto a YPF, pero esta ultima cedió sus derechos. A finales de 2019, el entonces CEO de Equinor, Eldar Sætre, se reunió con Mauricio Macri y luego con Alberto Fernández (previo a su asunción), con la intención de avanzar con los proyectos en territorio argentino.

En julio de 2020 se llevó a cabo una audiencia pública sobre la exploración sísmica que duró tres días y se realizó de forma virtual. Allí diferentes voces, entre activistas y sectores de la pesca marítima expresaron su rechazo. Por ejemplo, Darío Sócrates, del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa), rechazó la posibilidad de exploración al remarcar que este accionar genera un ruido que impacta negativamente en las especies pesqueras que abundan en la zona del mar argentino. El empresario hizo énfasis en que «cualquier inconveniente que pueda ocurrir por la extracción de prospección sísmica debe ser claramente contemplado y hasta esta instancia, no ha sido considerado así».

Por su parte, Sebastián Agliano, de la Asociación de Embarcaciones de la Pesca Costera, expresó a su vez una «honda preocupación» por el proyecto de búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino y reclamó que «haya claros sobre la tiniebla que hay en la información» suministrada por la empresa petrolera y el Gobierno.

No solo se opusieron quienes defienden el ambiente y las empresas pesqueras. Sol de la Torre fue la voz del Concejo Deliberante marplatense que participó de la Audiencia Pública. De la Torre, integrante del bloque de concejales del Frente de Todos se mostró «abiertamente en contra» de la iniciativa de exploración y extracción offshore. Para la edil, este proyecto «no hipoteca el futuro sino que hipoteca el presente» de las comunidades, las especies, los ambientes, y las economías regionales. «La industria naval, pesquera, turística y gastronómica dependen del trabajo que surge y dialoga con el frente costero», reflexionó, y apuntó: «Este es un proyecto extractivista, colonialista y patriarcal, diseñado y puesto en marcha en tiempos del cruel Mauricio Macri».

El 23 de septiembre de este año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación firmó la Resolución 16/2021 de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. La misma, determinó la suspensión de los plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; cuenca Argentina Norte (áreas can 108, can100 y can 114)”, presentado por la empresa Equinor, hasta tanto se reciba respuesta de todos los organismos que deban ser consultados.

En el último día hábil del año, el Ministerio de Ambiente declaró concluida la suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en el artículo dos de la Resolución 436, aprobó el pedido de la noruega Equinor. “Gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una Audiencia Pública, con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de Impacto Ambiental”, declaró tras la Resolución 436 el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. A su vez afirmó que «se dio un paso fundamental para más producción de gas viable para las y los argentinos”.

Promesas de más empleos

Desde 1995, cuando se comenzaron a realizar las Encuestas Permanente de Hogares, Mar del Plata se encuentra entre las ciudades de Argentina con mayor desempleo. «En este contexto las empresas petroleras junto con el ‘Cluster de Energía’ -un grupo de 30 empresas dedicadas a logística e informática- y algunos otros sectores políticos y económicos vienen impulsando esta actividad con el discurso de que genera empleo», dice Pomponio.

Pero el entrevistado cuestiona esa idea. «No vemos que eso suceda de esa manera: tenemos la experiencia de Tierra del Fuego, que es una provincia donde esta actividad costas afuera se viene realizando hace varias décadas; lo mismo sucede en la zona del Golfo San Jorge, en Comodoro Rivadavia (Chubut) y también en Santa Cruz», ejemplifica. «Lo que hacen las petroleras al arribar es empobrecer a las comunidades más humildes, concentrar riquezas en algunos sectores de la población, destruir el tejido social y todas las actividades culturales, recreativas e identitarias de las comunidades», subraya. En ese sentido, resalta la tradición pesquera de Mar del Plata frente a la intencionalidad de convertirla en una ciudad petrolera.

Atlanticazo, lospueblos de la costa resisten la normativa que habilita la instalación de petroleras en las costa del mar atlantico en Argentina
Sado colectivx fotográfico

Protestas y debates por la exploración petrolera en la Costa Atlántica

En menos de una semana, dos protestas conmovieron la tranquilidad turística marplatense, para desplazar por momentos la ansiedad provocada por la pandemia y el avance de Omicron. La habilitación por decreto de los estudios de exploración sísmica que pretende llevar adelante la petrolera noruega Equinor, junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Shell, en tres áreas offshore del Mar Argentino, fue el centro de las manifestaciones que atravesaron la Rambla y se hicieron presentes en otras ciudades de la costa y del interior.

Pocas veces en el último tiempo, un tema revoluciona y divide tanto las aguas sociales en la ciudad. Las posturas de uno y otro lado son drásticas: organizaciones como Greenpeace vaticinan una inminente “catástrofe ambiental” mientras que en el Gobierno y en la industria petrolera ven una “oportunidad histórica” en la búsqueda por posicionar a Argentina como un país exportador de energía, con plena soberanía sobre su territorio y recursos marítimos.

Mientras el debate se polariza en dos extremos, el descontento social se vuelca a las calles. La primera movilización se gestó el viernes por la mañana en Chapadmalal, a pocos metros de la residencia donde Alberto Fernández recibió Año Nuevo. Bajo consignas como “Mar libre de petroleras” o “Gobierno Ecocida”, un nutrido grupo de vecinos autoconvocados del sur junto a referentes ambientalistas y del Partido Obrero no calló su repudio frente al avance de la actividad hidrocarburífera.

Y la segunda repercusión se dio este martes por la tarde, con un “Atlanticazo” – hubo convocatorias simultáneas en Rosario, Córdoba, Viedma, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia – que tuvo como punto de encuentro a La Rambla y finalizó en el centro, en las puertas de la municipalidad marplatense. Se trató de una protesta con mayor presencia de organizaciones sociales y políticas, y con un tono de reclamo más álgido. “Si llega a haber un pozo, qué quilombo se va armar”, fue una de las advertencias que se cantaron sobre la costa, en medio de un gran caos vehicular.

“Nos da muchísima impotencia este decreto. Somos una ciudad turística que vive del mar. Todas sus actividades principales tienen que ver con el mar. Es muy importante unirnos frente a esta grave situación”, dice a Página/12 Jazmín, de la Asamblea “Un mar sin petroleras”, mientras que Isabel, de Ángeles Verdes, agrega: “Hay un claro ‘no’ al extractivismo en nuestros mares. Este decreto se tiene que echar para atrás. Nos vamos a seguir manifestando en las calles hasta que nos escuchen”

Ambas organizaciones también confirmaron nuevas marchas para este jueves y viernes. La seguidilla de protestas es un correlato al contundente rechazo que ya se manifestó en las audiencias públicas a las que convocó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en julio del año pasado para poder dar una opinión sobre el proyecto. A esa instancia, que carecía de carácter vinculante, se anotaron 522 expositores – entre ciudadanos, dirigentes, autoridades empresarios y organizaciones – pero al final hubo 373 intervenciones: 345 fueron en contra y solamente 12 a favor.

Qué dicen en la intendencia

Un día después de conocerse el decreto presidencial, el intendente Guillermo Montenegro se sumó a la ola de rechazos con un video en redes. “Manifiesto mi rechazo a cualquier tipo de explotación petrolera en las costas de General Pueyrredon. El principal argumento es que no tenemos los elementos necesarios para saber que este tipo de investigación no pueda llegar a dañar a la pesca y el turismo”, justificó, y así, por primera vez, el hombre del PRO fijó una postura pública al respecto.

Durante el proceso previo de la audiencia pública y de análisis y tratamiento de las iniciativas exploración offshore, ni el jefe comunal ni ninguno de sus funcionarios o concejales anticipó alguna negativa. De hecho, unos meses antes de que Montenegro llegara a la intendencia, fue Mauricio Macri el responsable de adjudicar, sin consulta previa, dieciocho áreas para la exploración de tres cuencas de la plataforma continental argentina en busca de gas y petróleo.

El génesis del gran debate que por estas horas interpela a Mar del Plata se remonta al viernes 17 de mayo del 2019. En aquella fecha, el macrismo puso fin al Concurso Público Internacional Costa Afuera, adjudicando a trece empresas una serie de cuencas licitadas que abarcaban 225 mil kilómetros cuadrados de superficie marítima. El expresidente pronosticó inversiones por 724 millones de dólares pero todo quedó paralizado. Y así, después de dos años sin novedades, fue finalmente la gestión de Alberto Fernández la que dio un nuevo envión con la llegada del 2022.

Movimientos en la Justicia

Si bien la noticia se conoció justo con el comienzo de la feria judicial, el intendente de Mar del Plata prometió hacer presentaciones al advertir un “daño permanente” para la ciudad. “Eso es lo que a mí me impone realizar esta semana una presentación judicial para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras”, adelantó Montenegro,

La pesca, una de las actividades que más enciende alarmas por el potencial avance petrolífero, por el momento descarta iniciar acciones y da señales de cautela. “Queremos hacer un análisis lo más concienzudo posible, desde lo jurídico, científico y biológico. Veremos cuál es el mejor camino. No queremos pisar en falso”, explicaron, ante la consulta de este medio, directivos del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas.

La entidad, que nuclea a las principales empresas del sector radicadas en Mar del Plata, no se muestra en contra de las inversiones offshore pero sí exige garantías que permitan la plena continuidad de la industria pesquera. “Hasta ahora, eso no lo tenemos hoy”, insistieron, y también confirmaron sus intenciones de coordinar próximos encuentros con autoridades nacionales.

Dos extremos

En numerosos spots de “concientización ambiental”, Greenpeace ha expuesto personas cubiertas de petróleo, torres petroleras en las playas, insistiendo en el altísimo riesgo de derrames y la contradicción que representa este tipo de inversiones en la lucha contra el cambio climático. “Las estimaciones de producción para la plataforma argentina calculan un 100% de probabilidad de ocurrencia de derrames. Teniendo en cuenta las corrientes oceánicas y su intensidad, entre los sectores costeros más expuestos se encuentra la costa sur y el sudeste de la provincia, viéndose amenazado Mar del Plata”, plantea Luisina Vueso, coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentino.

Pero en el Clúster de Energía Mar del Plata desmienten a la organización ambientalista y la acusan de promover una “narrativa de la catástrofe para demonizar la inversión” por los hidrocarburos. “La probabilidad de ocurrencia de estos eventos es muy baja. Esta no es una industria de improvisados; sabemos lo que hacemos. No va a haber playas empetroladas ni nada de eso”, sostiene a Página/12 el ingeniero civil Diego Lamacchia, referente de la institución que nuclea a empresas del sector.

“Nadie en Mar del Plata verá plataformas ni petróleo. Y hablar de bombardeos acústicos, del fin de la vida en el Mar Argentino y de ‘ciento por ciento de posibilidades de derrames’ es pseudociencia, y solo demuestra el escaso nivel técnico científico y la irresponsabilidad de quienes difunden este tipo de información”, señalan, en la misma sintonía, en el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

Expectativa oficial

Solamente con CAN 100, que es una de las tres de las dieciocho áreas de exploración offshore que autorizó el Gobierno nacional junto con CAN 108 y CAN 144, YPF se ilusiona con generar 200 mil barriles de petróleo diarios, lo que representa una producción similar a la que actualmente produce toda la empresa estatal.

En la firma confirman inversiones por más de seis mil millones de dólares y estiman que se podrían generar 22 mil empleos en forma directa. “Esto puede generar un cambio profundo, transformando a Argentina en un país exportador de energía al mundo. Y tenemos la oportunidad de hacerlo ahora”, destaca Pablo González, su presidente.

CAN 100 comprende un área de 15 mil kilómetros cuadrados, la más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino. Este bloque y CAN 108 se ubican 307 kilómetros frente a Mar del Plata mientras que CAN 114 está a 443. Aunque en todos los casos Equinor es la principal operadora, en el área CAN 100 la petrolera noruega controla el 35%, YPF otro 35% y Shell el 30% restante; mientras que en CAN 114 tiene el 50% e YPF controla el otro 50%. Y en CAN 108 todavía no hay socios.

De este modo, la campaña abarcará profundidades que van desde los 1.000 a los 3.500 metros en la plataforma continental argentina, algo que marca una novedad con relación a las anteriores experiencias offshore que se han desarrollado en el país desde los ’70: es la primera vez que las operaciones ocurren en aguas profundas y ultraprofundas. Todavía no hay una fecha de comienzo confirmada para estas tareas pero Equinor, por lo pronto, sí adelantó que prevé completar el relevamiento sísmico en cinco meses. Después de ese plazo, habrá que esperar más de un año para terminar de procesar todos los datos y saber si, al final, hay petróleo.

Recordaron lugares y horarios habilitados para testeos de Covid-19 en el Valle de Uco

En las últimas horas la Red de Laboratorios del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la Provincia informó que se procesaron 6.642 determinaciones, de las cuales 2420 resultaron positivas. Así mismo, la cartera de salud recordó los lugares habilitados para realizar testeos.

La provincia de Mendoza registra hasta hoy 175.836 casos positivos confirmados COVID-19168.041 personas recuperadas COVID-19 y 4.680 fallecimientos por COVID-19.

Centros de testeos en el Valle de Uco

San Carlos    
Hospital Tagarelli    24 hs. Lunes a Lunes
Ceos Htal. Tagarelli    8 a 20 hs Lunes a Viernes y 8 a 14 Sábado
CAPS 101 La Consulta    8 a 13 hs. Lunes a Sábado
CAPS 104 Pareditas    14 a 20 hs. Lunes a Viernes

Tunuyán    
Htal. Scaravelli    24 hs. Lunes a Lunes
Centro de Testeos  – Calle Francisco Delgado  24 hs. Lunes a Lunes
CAPS 98 Vista Flores    8 a 18 Lunes a Lunes
CAPS 91 Colonia Las Rosas    8 a 18 Lunes a Viernes

Noticias, Turismo, Comercios, Profesionales de Tunuyan, Tupungato y San Carlos

A %d blogueros les gusta esto: