Acampan en la Corte ante fallo sobre la Ley antiminera

Ambientalistas harán una vigilia hasta el viernes, cuando los jueces deberían dictar sentencia sobre la inconstitucionalidad.

Gisela Manoni – gmanoni@losandes.com.ar

Las causas por las que se debate la constitucionalidad de la ley provincial 7722 -conocida como antiminera- están llegando a su recta final. Antes del 7 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia mendocina debe comunicar si dictará un fallo plenario respecto de los diez pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la norma y si los tratará en forma separada o -dada las marcadas coincidencias procesales- serán resueltos por acumulación.

Para los vecinos nucleados en las Asambleas por el Agua Pura (Ampap), estas cuestiones son centrales en la defensa de la ley que desde 2007 prohibe en Mendoza el uso de cianuro y otros tóxicos en la industria minera. Por ello, desde hoy y hasta el viernes montarán una vigilia en los pasillos de la Corte a fin de pedir el tratamiento conjunto de los casos y que sean todos los miembros del máximo tribunal los que se expidan en este tema de “gran trascendencia pública e impacto ambiental”.

En realidad, la causa recayó en la Sala Segunda del máximo tribunal y los jueces que deberían expedirse son Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini. Argumentando una búsqueda de trasparencia e “imparcialidad” en el tratamiento, a fin de que no influyeran “intereses políticos”, muchas entidades vienen gestionando desde antes de 2012 pedidos para conseguir un fallo plenario.

En respuesta, el procurador general del Tribunal, Miguel Ángel Marcuzzi, llamó a un acuerdo para resolver sobre la acumulación de los procesos y la convocatoria a Tribunal Pleno. El plazo para que la Corte se expida al respecto vence este 7 de diciembre.

“Es un tema que afecta a los recursos, a los bienes comunes, es necesario que todos los jueces se pronuncien y responsabilicen por el fallo”, apuntó Fernanda Barkudi, de la Ampap Tunuyán.

Como la cuestión judicial se dirime entre las empresas mineras y el Gobierno, los ambientalistas están pidiendo ser escuchados. Los asambleístas han recurrido a la figura de ?amicus curiae’ para poder tener voz y acceder a los expedientes, pero aún no la obtienen. Desde la red ambiental Oikos, Eduardo Sosa sostuvo que “sería muy positivo que la Corte llamara a una audiencia pública”.

Intereses cruzados

A los autoconvocados también les preocupa que uno de los diez procesos está muy avanzado -expediente 90.603- y la Corte sólo necesita de este paso judicial para poder dictar sentencia. Se trata de una firma que se dedica a adquirir propiedades mineras y comercializarlas luego y tiene varias propiedades en Mendoza, entre ellas en Tupungato, San Carlos y Malargüe. El resto de los pedidos de inconstitucionalidad, salvo el de la minera San Jorge en Uspallata, posee los alegatos listos y está a la espera del informe del procurador.

De salir el primer fallo, los ambientalistas creen que las siguientes sentencias tendrán efecto dominó, pues las causas son casi idénticas. “Salvo el nombre de la minera; los alegatos, los abogados y hasta los postulados de la parte oficial son muy similares”, apuntó Barkudi.

Desde su aprobación, la ley ha enfrentado muchos intereses en juego. Los ambientalistas buscan defender los recursos naturales y el agua, sobre todo. Las mineras, por su parte, reclaman -entre otras cosas- que no se aplica el principio de igualdad jurídica, porque se permite el uso de estas sustancias en otras actividades económicas, como la vitivinicultura. También que los legisladores sancionaron sin la debida información.

A nivel político, hay quienes sostienen que esta instancia judicial le quitará al Gobierno el peso de tener que tomar postura, recordando que el propio Francisco Pérez utilizó el discurso antiminero como caballito de campaña. Algunos funcionarios, incluso, han opinado en su momento que algunos puntos de la ley deberían ser modificados.

“Si la declaran inconstitucional va a haber un conflicto social. Esta es la puja entre un sector económico y la garantía de un desarrollo sustentable para un pueblo”, opinó el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, quien estuvo en la génesis de la norma. Por su parte, Sosa dijo que espera que la Corte falle a favor de la constitucionalidad: “Son los derechos de todos a disfrutar del ambiente sobre los derechos adquiridos por privados”, sintetizó.

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