La Corte en pleno decidirá el futuro de la ley ”antiminera”

La Corte en pleno decidirá el futuro de la ley ''antiminera''

También se resolvió acumular todas las causas para simplificar el proceso, algo que esperan los ambientalistas y las empresas mineras

Gisela Manoni

Por considerar que es una ley que afecta a la provincia, “encontrándose en juego bienes y valores colectivos”, el miércoles la Sala 2 de la Suprema Corte decidió que será la totalidad de los ministros los que fallarán sobre la constitucionalidad de la 7.722. También resolvió acumular todas las causas para simplificar el proceso. Es un paso trascendente frente a uno de los temas más ríspidos que enfrenta Mendoza: se acerca el momento en que deberá ratificar o no su postura respecto de la megaminería a cielo abierto.

La medida adoptada por los magistrados era la esperada. El “fallo plenario” venía siendo pedido desde hacía tiempo por distintas entidades y organismos, en virtud de lo cual el procurador general del Tribunal, Rodolfo González, solicitó a los jueces que se expidieran antes del 7 de diciembre. Ayer, apenas tomó estado público, los autoconvocados levantaron la vigilia que sostenían desde el martes en el Palacio Judicial.

Los jueces Carlos Böhm, Mario Adaro y Herman Salvini, entienden que este tema trasciende los intereses de las partes, que son el Estado y las empresas mineras, por lo que piden que la decisión “sea realizada por todos los miembros integrantes del Tribunal”. Incluso Adaro, quien presidía la Sala 2, apeló a la Acordada 25.325, para solicitar que la Suprema Corte convoque a audiencias públicas para debatir el tema.

En realidad, no sólo los ambientalistas ansiaban esta resolución. El llamado a Tribunal Pleno y la acumulación de las causas, no sólo descomprimen la presión que había sobre la Sala donde recayeron los pedidos; también aceleran los tiempos procesales allanando el camino hacia la resolución de la cuestión.

Este impulso es algo que buscan también las empresas mineras. Desde que en 2007 los mendocinos salieron a la calle pidiendo la prohibición del uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la industria minera y lograron la aprobación de la 7.722, la norma cosechó doce pedidos de inconstitucionalidad.

Tras seis años de juicio, los empresarios del sector aún no consiguen que sea revisada. Dos causas se cayeron tiempo atrás, pero algunas de las que siguen en carrera están prontas a lograr la sentencia. Sólo la firma San Jorge ha demorado sus presentaciones y, ahora que se acumularán las causas, esto puede frenar el fallo de las restantes.

Desde las Asambleas por el Agua Pura (Ampap) se entusiasman con la posibilidad de audiencias públicas. “Es la forma que tiene la gente de defender la ley del pueblo”, expuso una asambleísta de Tunuyán, Fernanda Barkudi. Además, dijo que estudiarán la manera de apelar a una figura legal para poder asesorar en cuestiones técnicas y sociales sobre el tema.

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