Caso Fariña destapó ventas millonarias por los pozos de agua en Mendoza

Caso Fariña destapó ventas millonarias por los pozos de agua en Mendoza

Por: Maxi Quinteros maxi.quinteros@elsol.com.ar

 La transferencia de derechos de un pozo cegado entre particulares estaría valuado entre 60 y 100 mil dólares. Los críticos apuntan que genera un “mercado del agua” que favorece a los poderosos.

El escándalo desatado por la compra de campos en Tunuyán por Leandro Fariña hizo evidente lo que está ocurriendo en varios puntos de la provincia, pero especialmente en el Valle de Uco. Se trata de la venta de pozos de agua cuya transacción oscilaría el millón de pesos. Estas operaciones, que se concretan en dólares, contradicen la Ley de Aguas y tampoco tributan impuestos.

Las voces críticas ponen la voz de alerta, porque esto supone la privatización del agua en Mendoza. Desde Irrigación rechazaron que se esté generando un mercado ilegal, pero reconocen que se han realizado ocho reemplazos de pozos que han servido para fomentar las inversiones y el desarrollo productivo de la provincia.

Estas transacciones en moneda estadounidense son comentadas en varios ámbitos, en algunos casos con mucha preocupación por las consecuencias que pueden generar. En el Departamento General de Irrigación están al tanto, pero por la repercusión nacional obtenido en el caso Fariña optan por hablar en estricto off the record.

La operación implica una transferencia de derechos por parte del propietario de un campo con un pozo de agua cegado -es decir, tapado, inactivo- a otro propietario que no cuenta la habilitación correspondiente por parte de las autoridades provinciales para poder abrir un nuevo pozo. Según las fuentes consultadas, un pozo con un caño de 12 pulgadas y 25 metros de profundidad se estaría vendiendo en 100 mil dólares. Y un pozo con un caño de 8 pulgadas, estaría valuado en 60 mil dólares.

Lo que se transfiere es la autorización al derecho de agua que tiene un propietario inscripto en Irrigación. En el organismo madre que legisla se tienen que realizar los trámites para cegar un pozo y poder reabrirlo en otra propiedad, pero de la misma cuenca.

Para cegar el pozo, hay que depositar un cheque en garantía por 50 mil pesos en Irrigación y otro canon por 50 mil pesos por el trámite de reapertura en otra propiedad. Si el pozo no tiene deuda, más otros pagos, el costo de la operación asciende a 105 mil pesos. Esto, sin contar con el precio que se le pone a la transacción entre privados.

De acuerdo con la Ley de Aguas -que ahora Francisco Pérez busca modernizar-, por su carácter público, si un pozo se encuentra inactivo durante cierto tiempo, caduca. O renuncia a favor del Estado. Pero la centenaria legislación no establece que se cedan los derechos entre particulares de distintas propiedades.

“Con la prohibición de realizar nuevas perforaciones y los grandes capitales que han comprado tierra sin derecho de agua, podría sospecharse de que se están comprando pozos a valores muy elevados a personas con pozos inactivos en su propiedad”, aseguró el senador radical y ex intendente de Tunuyán, Eduardo Giner, que aseguró que ha escuchado estas versiones. Y agregó: “Los comentarios dicen que se pagan en dólares. Se dan el Valle de Uco por el alto valor de las tierras, por su desarrollo turístico y la producción vitivinícola que ha crecido”.

La situación no es nueva. Empezó durante la gestión de Eduardo Frigerio con los pozos cegados de Agrelo y que derivó en la crisis política y salida de aquel funcionario. Ahora, desde la gestión de José Luis Alvarez dicen que están tratando de regular algunas situaciones, pero niegan que se esté dando un mercado del agua, que privatiza este recurso, tal como denuncia el abogado Marcelo Romano.

“Un mercado despiadado del agua”

Romano es un especialista en derecho del agua que representa a regantes del Valle de Uco y de General Alvear. Vinculado al radicalismo, es una voz crítica de la gestión de Alvarez. Según el abogado, esta situación irregular se generó por dos resoluciones aprobadas en Irrigación relativas a los permisos de explotación del agua subterránea.

Una de ellas 548/12, dictada por el Honorable Tribunal Administrativo del DGI, que reformula las leyes 4035 y 4036 y estipula un aporte pecuniario -destinado a un fondo para obras- para la explotación. La otra norma es la 164/13, que establece las condiciones para acceder a un nuevo permiso de perforación en reemplazo de otro existente en la misma cuenca. Estas resoluciones surgen como una respuesta a la 722/11, que restringió las nuevas perforaciones en la cuenca del río Tunuyán.

Para Romano, con estas resoluciones “se ha permitido un negocio mobiliario del agua que ha puesto en riesgo los principios básicos que nos han hecho sobrevivir en el desierto”. Para el especialista, este “despiadado mercado del agua” produce la concentración de este recurso en los más poderosos, en detrimento de los pequeños productores.

Romano sostuvo que la resolución dictada en 2013, Alvarez viola la autoridad de aplicación, que es el HTA de Irrigación. “Está violando la Constitución, porque se está arrogando facultades legislativas con una simple resolución”.

Sin embargo, desde Irrigación advierten que en el planteo hay un fundamento político por el que se trata de “hacer campaña” desde la UCR para “manchar la gestión” de Alvarez en Irrigación. Pero los cuestionamientos de Romano no son únicos. También se agregan otros especialistas en derecho de agua como Nicolás González del Solar, subdirector del Instituto del Agua, que también criticó estas resoluciones porque habilitan estas transacciones comerciales.

Irrigación reconoce que se realizaron ocho transferencias

En Mendoza hay 20 mil pozos de agua registrados en Irrigación, pero solamente 12 mil se encuentran activos. En el organismo explicaron que hay expedientes iniciados por 2.400 permisos de perforación, pero sólo ocho corresponden a reemplazos de perforación.

Con estas cifras, dan por descontado que se esté generando un mercado del agua en Mendoza con valores que no sólo ponen precio a un recurso vital, sino que también inflan el precio de los inmuebles. “Que haya gente que trate de especular, es una situación. Pero no es nuestra realidad”, explicaron, para desacreditar a Romano.

Estas ocho transferencias, indicaron, se han dado en distintos lugares de Mendoza – Lavalle, Tunuyán, San Carlos – y se trata de pozos inactivos. Irrigación defendió estas operaciones ya que se encuentran dentro de la normativa vigente. “Todo está en regla”, respondieron.

Por otra parte, hicieron hincapié en que el HTA ha rechazado expedientes que pedían el traslado de una cuenca a otra, porque esto generaría un desequilibrio en el sistema. “No se da la venta y, si está sucediendo, no va a ser autorizado por Irrigación”, recalcaron. También hay otros 20 expedientes que piden el reemplazo, pero éstos se encuentran en la misma propiedad.

Las voces consultadas en Irrigación sostuvieron que estas situaciones ya se habían generado en los años ’90 y que se puso fin bajo la gestión de Eduardo Sancho al frente del departamento. Y que con la actual normativa se está regulando y dando respuestas a los emprendimientos productivos que invierten en Mendoza.

“Se les ha dado la posibilidad de que hagan una inversión productiva, no está mal. Después nos quejamos de que no vienen inversiones y que no hay seguridad jurídica, pero lo que no tenemos es agua”, respondieron. Además, señalaron que los pozos que se reemplazaron no tenían un sistema eficiente de riego, algo que sí sucede con las autorizaciones que se dieron.

En esa línea, consideraron que se está buscando un uso eficiente del agua en plena crisis hídrica. Y que las autorizaciones que se están dando apuntan a la cantidad de hectáreas de los terrenos. Y precisaron que los reemplazos tienen que ser en la misma subcuenca y que su uso se debe mantener. Es decir, si el pozo estaba autorizado para cultivo, no puede reutilizarse alimentar un barrio privado.

PIDEN NULIDAD EN FISCALÍA DE ESTADO

Más allá de las declaraciones hay iniciativas concretas. La senadora Laura Montero ya pidió a Fiscalía de Estado la nulidad de las dos resoluciones.

La legisladora nacional por la UCR -y ex ministra de Economía de Julio Cobos- sostuvo que “al dictar estas normas, las autoridades de la actual gestión del Departamento General de Irrigación pasan ‘por encima’ del Poder Legislativo al alterar dos leyes ya dictadas.

Y al mismo tiempo, con la simpleza de una resolución permite la instalación de un mercado no muy claro del agua subterránea, poniendo en la vidriera del comercio vil un recurso que es vital y estratégico para cualquier actividad productiva en la provincia”.

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