Mendoza: temblores de la megaminería

Ecología. La presión de las mineras y la resistencia de los movimientos son analizadas por Wagner.

En Mendoza, las movilizaciones en rechazo a la megaminería pasaron de reclamos puntuales –‘no queremos el proyecto minero en las cercanías de las nacientes de agua’– a la organización de grupos que propugnan una resistencia a la instalación de estos proyectos basada en la reapropiación de su naturaleza y su territorio, con la defensa del agua como argumento esencial. A partir de esta investigación pudo examinarse cómo la reciente historia de las luchas acontecidas en Mendoza manifiesta un proceso que comienza en los departamentos agrícolas, se traslada al resto de la provincia, y se articula con organizaciones que surgen de otras problemáticas en todo el país”, explica Lucrecia Wagner en Conflictos socioambientales, la megaminería en Mendoza, 1884-2011 (Universidad Nacional de Quilmes Editorial), que recorre los conflictos y movilizaciones socioambientales a través de la historia poniendo el foco en la provincia cordillerana. De estas tensiones habla en esta entrevista.

–En el libro, detalla cómo nace el ambientalismo/ecologismo en los 70, ¿qué características nuevas tienen las Asambleas Ciudadanas que luchan contra la megaminería a cielo abierto en todo el país?
–Las asambleas combinan diferentes modalidades de acción, unas compartidas con el ecologismo conservacionista, otras con el ecologismo que busca soluciones técnicas a los impactos ambientales, y algunas asimilables a las de otros movimientos sociales; realizando así reclamos de protección de ambientes, participación en evaluaciones ambientales, cortes de ruta, apertura de nuevos espacios de participación vecinal, movilizaciones e intervenciones culturales, lo que ha configurado su heterogeneidad y adaptabilidad a diversos escenarios de conflicto.

–Con el gobierno de Rivadavia comienza una etapa de la actividad minera en la Argentina centrada en el aporte de capital extranjero, ¿cómo fue esta relación entre el Estado Nacional y los capitales transnacionales en la historia?
–Desde los primeros esfuerzos de la Argentina como república por fomentar la minería, se impulsó la participación de capitales extranjeros. La segunda mitad del siglo XIX es considerada el comienzo de la explotación bajo criterios capitalistas modernos, creciendo la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Después de la Primera Guerra, el Estado asume un rol más activo, incluso con fuertes programas de prospección y exploración, intentando vincular a la minería con el desarrollo siderúrgico y militar. En los 90 se sancionan leyes que impulsan el ingreso masivo de inversiones transnacionales en minería a gran escala.

–Habla del agua como un bien codiciado vinculado a las disputas y las relaciones de poder, ¿qué rol cumplen en este juego las políticas gubernamentales provinciales y nacionales?
–Mendoza posee zonas de oasis (3% del territorio), y el resto es área no irrigada, denominada desértica. La organización de la distribución del agua ha configurado el territorio, y el agua ha sido desde sus inicios un bien disputado, lo que se plasmó en una fuerte institucionalidad provincial en relación a su control, complementada en las últimas décadas con una fuerte institucionalidad ambiental. Las leyes nacionales actúan como presupuestos mínimos en materia ambiental, y las políticas como puntapié para impulsar actividades económicas, pero los conflictos se han dirimido a nivel provincial; las provincias tienen el dominio de los recursos naturales y son las que otorgan el permiso para explotar minerales.

–Son conocidos los casos de Esquel, Famatina y Andalgalá, el caso mendocino lo es menos. Allí nacieron y se multiplicaron las organizaciones contra la megaminería, ¿cuáles son sus rechazos y planteos puntuales?
–Mendoza depende del agua de los ríos que nacen de glaciares en la cordillera, destacándose el rechazo social a que la megaminería se instale en las nacientes de agua, y o contamine fuentes hídricas. Se reclama el acceso al conocimiento y a la participación en las decisiones sobre las actividades económicas a desarrollar en la provincia, se critica el accionar de ciertas empresas mineras, y la falta de controles ambientales. La oposición a la megaminería nació en el oasis centro de la provincia, en el Valle de Uco, donde se pretendía llevar adelante actividades de prospección y exploración cercanas a un área natural protegida, reconocida por los pobladores como fuente hídrica. Luego, se rechazaron proyectos similares en el sur provincial, en las cercanías del cerro Nevado, movilizándose vecinos de Punta del Agua y otras localidades de San Rafael, y de General Alvear. También se sumaron organizaciones que venían rechazando la reapertura de la mina de uranio Sierra Pintada, en San Rafael. Estos movimientos confluyeron a fines del año 2006 en la legislatura provincial, donde se estaban tratando los primeros proyectos de ley para limitar la actividad minera, momento en el que se forma la asamblea popular por el agua del Gran Mendoza. Luego se sumaron poblaciones de localidades de montaña, como Uspallata, lugar donde pretendió instalarse el proyecto San Jorge, de explotación de cobre y oro, mayoritariamente rechazado en su audiencia pública, y finalmente en la legislatura provincial. El conflicto en Mendoza ha combinado movilizaciones masivas en el espacio público (marchas, escraches, cortes de ruta informativos), con la participación de quienes rechazan la megaminería en las evaluaciones de impacto ambiental (de los proyectos mineros Potasio Río Colorado, de sales de potasio, y San Jorge, metalífero), y debates en diferentes espacios (académicos, vecinales, legislativos); es decir, el conflicto ha combinado su exposición pública, con el diálogo entre diferentes actores en disputa.

–¿De qué manera funcionan lo que llama las legislaciones del No?
–Siete provincias argentinas, entre ellas Mendoza, poseen legislación que restringe la minería, prohibiendo el uso de determinadas sustancias y procesos, y regulando cómo deben otorgarse los permisos ambientales. Representan aquellos territorios del país en los que amplios sectores de la población no están dispuestos a aceptar que la minería ingrese sin condicionamientos. Los sectores mineros han demandado la inconstitucionalidad de estas leyes en Mendoza y Córdoba. En La Rioja y Río Negro estas leyes existieron y fueron luego anuladas o derogadas. También debe considerarse Chubut, donde una iniciativa popular de ampliación de los límites de la ley existente sufrió un revés legislativo y derivó en un proyecto que redujo el alcance de la ley original.

–Estas luchas ponen en evidencia el debate en relación a los límites del modelo de desarrollo actual, ¿en qué estado está esa discusión?
–A nivel mundial convive la propuesta de ampliación de controles ambientales y mejoras técnicas que eviten impactos negativos (desde el capitalismo verde), con debates sobre qué desarrollo queremos para nuestras sociedades. Latinoamérica vive álgidas discusiones sobre el desarrollo y el extractivismo, con variantes en el tema minero, que van desde países donde la minería es una actividad histórica –que respete los derechos humanos y no destruya el ambiente–, a otras donde la megaminería pretende instalarse en las últimas décadas y se discute qué desarrollo representa y si es compatible con las formas de vida de sus poblaciones.

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Mendoza-temblores-megamineria_0_1316268379.html

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