Iniciarán acciones legales por presuntos daños en El Portillo

Ambientalistas y vecinos se reunieron en el Municipio de Tunuyán  en una asamblea con el intendente.

Por Javier Cusimano

cusimano.javier@diariouno.net.ar

Sigue la polémica por presuntos destrozos de una ventana natural en el Paso El Portillo. Después de las declaraciones del gobernador Francisco Pérez que negaban cualquier tipo de daños en la zona, se reunieron en la explanada de la Municipalidad de Tunuyán con el intendente Martín Aveiro vecinos de Tupungato, San Carlos y Tunuyán junto con miembros de la Asamblea Popular por el Agua, la Asociación de Porteadores Aconcagua, la Asociación de Guías de Montaña y la Fundación Piedra Libre, entre otros.

En asamblea se discutió sobre las obras que se realizaron a 4.000 metros de altitud en el histórico paisaje utilizando una máquina de Vialidad provincial sin la debida autorización de la Dirección de Recursos Naturales Renovables y estudios o evaluaciones previas de impacto ambiental, según dejó en evidencia en notas brindadas a la prensa el responsable de esa cartera, Daniel Gómez. Por eso, después de tres horas de intenso debate, las cerca de 100 personas reunidas decidieron crear una comisión y llevar el caso a la Justicia.

El lunes a la mañana será radicada una denuncia en la fiscalía y al día siguiente se realizará la primera reunión de la delegación encargada de transparentar el conflicto. Los miembros de la asamblea les manifestaron a Martín Aveiro y a sus funcionarios que exigen una explicación y que haya responsables por lo sucedido, ya que consideran que se violaron leyes ambientales y patrimoniales luego de que se realizaran los trabajos que el ministro de infraestructura, Rolando Baldasso, señala como de “mantenimiento y reacondicionamiento”.

La voz de los que saben

Acompañan la opinión de los vecinos y ambientalistas los análisis de distintos especialistas que coinciden en que “hubo negligencia” por el solo hecho de no realizarse los estudios o consulta correspondientes, teniendo en cuenta la importancia patrimonial, científica y cultural de ese sector montañoso.

Víctor Durán, arqueólogo que estudia el patrimonio del lugar desde la Universidad Nacional de Cuyo y el Conicet, especificó que “debería haber existido una evaluación previa de impacto, para salvar información invaluable que pudo perderse. Hay entre esas rocas y ese paisaje mucha riqueza arqueológica y meter una máquina fue un error. En 2010 hicimos con un grupo de científicos un relevamiento de la zona que dejamos detallado en un libro”, dijo (se puede descargar con el código QR ).

Para el presidente de Oikos, Eduardo Sosa, “lo sucedido no hace más que corroborar la escasa o nula importancia que este gobierno le ha dado al cuidado del ambiente, y su escaso apego a cumplir las normas vigentes que protegen el patrimonio natural y cultural”, afirmó, y explicó que una obra como esta requiere para su ejecución informes obligatorios que no se hicieron.

Obras en altura

Las obras de pavimentación en el Paso Pehuenche sobre la Ruta Nacional 145 en Malargüe están en la última fase. Así lo indicó desde su cuenta de Twitter el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso. Actualmente se realizan los últimos dos tramos de 30 kilómetros de distancia con $200 millones destinados por la Nación. Desde Vialidad provincial aseguraron que la continuidad de las obras dependerá de las condiciones climáticas.

“Todo lo que faltó en esta oportunidad”, porEduardo Sosa, titular de OIKOS red ambiental

Cualquier obra de estas características, aún el acondicionamiento de una traza de ripio, requiere de varios procedimientos técnico-administrativos para ser aprobada antes de su ejecución.

Uno de estos procedimientos es la evaluación de impacto ambiental, prevista por la ley 5.961 de 1993, que incluye no solamente la realización de un estudio ambiental sobre los posibles impactos de la obra y sus medidas correctivas, sino que involucra a los interesados y afectados en procesos de consulta, y escucha donde el acceso a la información ambiental y la participación son claves para enriquecer la decisión gubernamental.

También involucra a organismos técnicos externos a la administración pública, tales como universidades o centros de investigación, que de forma objetiva deben opinar sobre la conveniencia o no de realizar la obra.

Este mandato no solo incluye a los privados que quieran ejecutar un proyecto, sino que alcanza a todos los organismos del Estado provincial.

En esta oportunidad no existió ninguna instancia de evaluación ambiental, ni acceso a la información ni promoción de la participación ciudadana. Las declaraciones del gobernador atestiguan las omisiones mencionadas.

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Iniciaran-acciones-legales-por-presuntos-daos-en-El-Portillo-20150328-0004.html

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