Portillo: paredón y después

Por Eduardo Sosa (Oikos, Red Ambiental)

Muy interesantes han resultado las derivaciones del caso de los destrozos en el Paso Portillo de Piuquenes. Al estupor inicial que provocó en buena parte de la sociedad mendocina la destrucción del patrimonio natural y cultural por parte de las instituciones gubernamentales, le siguieron una serie de acontecimientos que nos revelan la percepción que tienen nuestros gobernantes acerca de la política ambiental, el apego al cumplimiento de las leyes y la valoración de los reclamos ciudadanos.

Este hecho lamentable también nos permite ver una interna política en la cual todo vale para mantenerse dentro del sistema.

En primer lugar, cualquier obra de estas características, aún el acondicionamiento de una traza de ripio, requiere de varios procedimientos técnico-administrativos para ser aprobada previo a su ejecución. Uno de estos procedimientos es la Evaluación de Impacto Ambiental, prevista por la ley 5961 del año 1993, que incluye no solamente la realización de un estudio ambiental sobre los posibles impactos ambientales de la obra y sus medidas correctivas, sino que involucra a los interesados y afectados en procesos de consulta y escucha donde el acceso a la información ambiental y la participación son claves para enriquecer la decisión gubernamental. También involucra a organismos técnicos externos a la administración pública tales como universidades o centros de investigación, que de forma objetiva deben opinar sobre la conveniencia o no de realizar la obra propuesta. Este mandato incluye no solamente a los privados que quieran ejecutar un proyecto o desarrollar alguna actividad con potencial impacto sobre el ambiente, sino que alcanza a todos los organismos del Estado Provincial. En esta oportunidad no existió ninguna instancia de evaluación ambiental, ni acceso a la información ni promoción de la participación ciudadana.
Las declaraciones del gobernador manifestando que viene supervisando personalmente las obras desde hace tres años, y que la ciudadanía recién se haya enterado de lo sucedido hace pocos días, demuestran las omisiones mencionadas. Y no es que los funcionarios ejecutores de la obra desconozcan las normas ambientales, ya que la Dirección Provincial de Vialidad envía muchos de sus proyectos para ser evaluados ambientalmente, algunos de ellos mucho menos significativos que la obra cuestionada. Además, que el camino se encuentre dentro de un área natural protegida implica no solamente un mayor cuidado para no dañar el patrimonio natural y cultural, sino que requiere obligatoriamente informes de la Dirección de Patrimonio y del IADIZA (Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas), que tampoco existen hasta el momento. En definitiva, la autoridad conoce la existencia de las normas pero decide no acatarlas.

Otro asunto de relevancia es la abismal diferencia entre la percepción del equipo de gobierno respecto de la obra y sus consecuencias ambientales, y lo que opinan los pobladores del Valle de Uco. Lo que para el gobierno es un acondicionamiento del camino, para el resto de la sociedad se trata de un desastre ambiental, donde las pérdidas patrimoniales podrían ser irreversibles, debido a que la zona impactada contiene manifestaciones históricas, arqueológicas y ecológicas a las cuales es prácticamente imposible asignarles un valor. La gestión ambiental pública debe proponer soluciones técnicas a la problemática ambiental, pero si no aborda las cuestiones sociales, económicas, ecológicas, y hasta emocionales que impregnan toda situación donde hay intereses en juego, y solo escucha algunas voces desatendiendo las demás opiniones, lógicamente desencadenará un conflicto como el que hoy tenemos. La visión limitada con la cual se analizó la situación indica precisamente el desconocimiento de esa valoración social sobre la naturaleza y la historia que le dan identidad a la región. Proponer un camino que mejore el acceso de las personas a lugares que hoy son poco accesibles para promover el turismo es una idea legítima y que merece ser debatida, validada e incluso alentada, pero siempre deberá tenerse en cuenta la opinión de todos los interesados y afectados, y por sobre todo deberá respetar las leyes vigentes, de tal modo que las decisiones que toman los gobernantes no beneficien a pequeñas elites en desmedro de las mayorías.

Y si analizamos el asunto desde un enfoque político-administrativo, fue asombroso escuchar las declaraciones de los funcionarios respecto tema. A las contradicciones surgidas entre lo que dijo el Gobernador y el jefe regional de Vialidad Provincial respecto de las modificaciones a la traza, hay que sumar que desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables se afirma que se solicitó la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental que nunca se hizo y que en todo caso, se trata de un “error operativo” o de “mala intención” por parte del organismo vial. En primer lugar, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, como autoridad de aplicación de la ley de áreas naturales protegidas, debe estar fuertemente involucrada en cualquier obra o actividad que afecte el ejercicio de su competencia, con lo cual no debió desentenderse sabiendo que una obra vial ingresaba al corazón de la reserva. Si la misma no tenía las autorizaciones correspondientes, lo correcto hubiera sido solicitar su paralización hasta obtener los permisos correspondientes. Y si alguna autoridad ambiental tuviera la osadía de decir que desconocía los trabajos en el área, nos estaría indicando que el organismo público tiene nula capacidad de control, con lo cual ese funcionario debería dejar paso a otro que pusiera mayor énfasis en saber qué sucede dentro de la jurisdicción que le compete.

La realidad indica que hay una enorme fragmentación entre los organismos públicos. Nadie sabe lo que hace el otro. Podríamos comprender algún error involuntario producto de la escasa experiencia, o de algún imponderable que hubiera resultado en la destrucción del patrimonio natural, pero si el propio gobernador afirma que eligió a sus mejores hombres y que todo el proceso se llevó en acuerdo con organismos nacionales como Gendarmería Nacional, el municipio de Tunuyán e instituciones deportivas, entonces esta hipótesis del “error operativo” debe ser rápidamente descartada, con lo cual no queda otra opción que analizar si hubo mala intención, lo que a deja abierta la puerta para una vía judicial penal para los funcionarios involucrados.
Asimismo, el gobierno equivoca la estrategia para abordar el conflicto. En vez de responder a las acusaciones con fundamento técnico-científico, procedimientos y argumentos de carácter social y/o políticos, los funcionarios –comenzando por el mismo gobernador- atacan a quienes consideran sus enemigos, entre los cuales en esta oportunidad tenemos a periodistas que develaron aspectos importantes de lo sucedido, prestadores de servicios turísticos que también aman la montaña y la defienden, y como no podían faltar, ambientalistas que reclaman mayores controles preventivos. Todos tienen “intencionalidad política” cuando atacan el accionar gubernamental y no cabe la posibilidad de que alguna parte de sus reclamos estén razonablemente fundados en preocupaciones legítimas.

Otra cuestión llamativa es que la disputa por sacarse de encima la responsabilidad deja entrever la interna política del peronismo. El director de Recursos Naturales Renovables tiene como referente al candidato a Gobernador Guillermo Carmona; es quizá uno de los únicos funcionarios externos al núcleo duro de Francisco Perez que sigue “en pie” luego del cisma producido entre el gobierno provincial y el nacional que provocó la salida de varios funcionarios de agrupaciones kirchneristas, disconformes con la manera en que el gobernador maneja los temas provinciales. Que un funcionario acuse de mala intención a otro indica claramente el nivel de disputa por el poder que existe dentro del gobierno provincial y de la que todos somos víctimas. Adicionalmente, que los funcionarios contradigan al gobernador indica la profunda crisis de liderazgo que tiene el equipo de gobierno. Si el gobernador no recupera la autoridad dentro de su gobierno, esto se tornará incontrolable.
En conclusión, lo sucedido no hace más que corroborar la escasa o nula importancia que este gobierno le ha dado al cuidado del ambiente, su escaso apego a cumplir con las normas vigentes que protegen el patrimonio natural y cultural, el desproporcionado favoritismo que profesan algunos de sus funcionarios hacia emprendimientos privados en desmedro de los intereses colectivos, la profunda crisis de liderazgo que anestesia el accionar gubernamental y la guerrilla interna entre colaboradores de las distintas facciones partidarias. Todo este coctel ha provocado que la problemática ambiental se haya convertido en conflictividad social, que obviamente este gobierno no podrá resolver porque ha sido uno de sus principales promotores.

http://diadelsur.com/portillo-paredon-y-despues/

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