Subas del 90% en la energía van a audiencia pública

Va a terminar con la audiencia pública en donde se definirá el aumento del costo de la energía eléctrica, pero antes se develará el rumbo de la tarifa del gas natural, el objeto por el que usuarios y Ecogas llegaron a la Justicia recurso de amparo mediante. A dos puntas, setiembre se convierte así en el mes de las definiciones en materia de números para el futuro próximo de ambos servicios públicos en Mendoza, al menos hasta 2018.
Después de 25 meses de demoras y congelamiento de cuadros, las distribuidoras eléctricas esperan en la gatera un ajuste que, en términos de VAD (Valor Agregado de Distribución, su ganancia), según el estudio de costos elaborado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico, llegara desde 2016 a un 150% por lo menos. Si ese porcentaje se trasladara a las facturas, significará entre 75% y 90% de incremento. “Si bien existe un desfasaje tarifario, no necesariamente se aplicaría de una sola vez, puede ser en tramos trimestrales o bimestrales. Pero además hay que discutir el retroactivo y un monitoreo permanente de costos de las empresas que la tecnología disponible nos va a facilitar, como parte del cual se tendrá en cuenta la reposición de transformadores y otras inversiones. Es un proceso largo pero lo importante es que sea transparente”, advierte el presidente del Epre, Elian Japaz, luego de una reunión con el Consejo Consultivo que integran asociaciones de usuarios, Edemsa, Cooperativa Godoy Cruz, Edeste y las distribuidoras zonales en las que se definieron los representantes en la audiencia a celebrarse el miércoles 30, con los estudios de costos a la vista.

Inversiones, los subsidios en concepto de Convergencia Tarifaria, ese programa que congeló tarifas durante 2014 y 2015 a cambio de casi $370 millones en fondos de la Nación (que aún no terminan de liquidarse) y obras financiadas por la Provincia (caso estación transformadora de Villa Nueva y la proyectada de Las Viñas para Valle de Uco, además de otra similar en Nueva California, en zona Este, a inaugurar en noviembre), son variables que marcaron la negociación de cara al 30 de setiembre. Y seguirán después de la audiencia pública prevista en el Hotel Savoia (ex Ejército de los Andes), en Guaymallén.

La cuestión que promete volverse peliaguda ese día será la promesa de pago por casi $4.000 millones que, a través del decreto 390, el gobernador Pérez les firmó a las distribuidoras por la espera desde agosto de 2013, cuando debió hacerse la “revisión integral de cuadros tarifarios”, tal como lo estipula el marco regulatorio cada 5 años. En principio, las charlas previas entre Gobierno, Epre y empresas están encaminadas hacia 24 “cómodas cuotas” mensuales, pero nada está cerrado.

Por lo pronto, el Ejecutivo apuesta así a desactivar la demanda por inconstitucionalidad que el equipo de Alfredo Cornejo llevó a la Corte contra el decreto, ya que su fundamento era la falta de discusión. Lo cierto es que la resolución 73 del Epre es clara: la determinación de “ingresos no percibidos” por las empresas será con “deducción de ingresos efectivamente percibidos por diferentes procedimientos y distintas fuentes”. Sólo en concepto de Convergencia Tarifaria, a las distribuidoras les descontarán plata de la Nación, que aún debe certificados equivalentes a un 15% de los $200 millones de 2014, y parte de los $170 millones de 2015.

Alto Verde es una de las principales operadoras regionales, y recibió un crédito del Fondo Federal Eléctrico por $3,6 millones para una estación transformadora en su zona de influencia. No obstante, como el resto, espera poder ajustar su flujo de ingresos. Para su titular, José Álvarez, “el pago del retroactivo es el tema más complicado. Las cooperativas están más dispuestas a canjearlo por obras para mejorar el servicio, pero seguramente para las grandes no será lo mismo.

Todos queremos equilibrar el sistema y terminar con un déficit que es problemático, porque nos financiamos con préstamos bancarios y solamente la masa salarial pasó del 40 al 60% en poco tiempo”. Mientras tanto, $60 millones más se transfirieron a Godoy Cruz y Edeste, como parte del cupo vacante que le correspondía por Convergencia a Edemsa, finalmente postergada debido a su abultado pasivo (más de $800 millones) con el mercado mayorista eléctrico. Ahora, la principal distribuidora mendocina, con la certeza de que habrá tarifa, quiere “pelear a muerte” esos fondos y apura la firma de un plan de pagos con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

Frío, frío… caliente

Si existe un denominador común entre la situación del servicio eléctrico y el del gas es que ambos casos, en busca de tarifas, se judicializaron en algún momento. La diferencia es que mientras para la luz los que tomaron la lanza fueron las distribuidoras, en el caso del fluido la que lo hizo fue una ONG, Protectora, para frenar una serie de 3 incrementos consecutivos, que logró frenar gracias a un recurso de amparo que ya se prorrogó dos veces y hasta ahora seguirá vigente al 30 de octubre. Momentáneamente es un golpe por golpe ante la Justicia Federal mendocina entre Protectora y Distribuidora de Gas Cuyana. Mientas la jueza titular del Tribunal Federal numero 2, Olga Arrabal de Canals, le dio luz verde al amparo por otros 60 días mientras resuelve la cuestión de fondo (actualización de cuadros en base a estudios de costos que se desconocen, es decir, la necesidad de realizar o no una audiencia pública), Ecogas logró anotarse un poroto con la Resolución 3352 del Enargas: el ente le autoriza aplicar “cuadros alternativos mientras dure la vigencia de la medida cautelar”.

Antes, había conseguido la venia de Arrabal para ajustar la tarifa, sólo en concepto de “costo de transporte y distribución”, siempre que no superara los $22 mensuales en las facturas. Y a fines de agosto, el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, le siguió los pasos en la zona Sur de la provincia pero redobló la apuesta: allí los usuarios tendrán que pagar desde $37 más por mes, por el mismo concepto.

Tanto Cuyana como Enargas ya fueron notificados para que expliquen su “acuerdo” para fijar una tarifa a medida de la causa judicial, que significa facturas hasta un 80% más caras, para un mismo consumo, que en 2014. Al respecto, desde la delegación Mendoza de Enargas admiten que “no pueden coexistir dos cuadros tarifarios” y que nada se hace por afuera de lo dispuesto por la jueza Arrabal. Entonces, ¿a qué hay que atenerse? “El espíritu es ahorrar más del 20% interanual para que no impacte en las facturas, caso contrario puede incrementarse hasta 300%. Las excepciones se aplican una vez solicitados y a partir de que se otorgan”, añaden en el ente.

En definitiva, el usuario mendocino deberá seguir “deshojando la margarita”, pero el panorama no asoma muy favorable. De acuerdo a José Ramón, abogado patrocinante de Protectora, más allá de la resolución del Tribunal Federal, cabe esperar un ajuste correspondiente al 2015 del orden del 100%. “Y en 2016 puede agravarse y llegar al 300%, en la medida de que el Gobierno y ente regulador no intervengan.

Esto es porque el ajuste ya no depende sólo de la resolución judicial. Más que un avasallamiento de los derechos del ciudadano, también lo es de la soberanía de Mendoza como estado federal que produce gas, donde se pretende cobrar una tarifa como si fuera una provincia del Litoral”, resume Ramón.

Revista Entorno Económico

Lunes, 21 de Setiembre de 2015

http://jornadaonline.com/Notas%20Entorno/142267-Mes-clave-para-tarifas-de-luz-y-gas

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