Reclaman que el nuevo Código Procesal rija en el Valle de Uco

Quieren que se aplique la ley 6.730 que hace una década utiliza la Primera Circunscripción y la Tercera.

Los años siguen pasando, los gobiernos también, pero aún no hay novedades respecto de la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en la Segunda y la Cuarta Circunscripción Judicial, en el Valle de Uco y Sur respectivamente. Sin embargo, el reclamo de los miembros del Poder Judicial, de abogados, autoridades y profesionales afines a este ámbito sigue estando vigente, porque denuncian falta de recursos humanos y materiales, serias desventajas desde lo edilicio hasta en los procedimientos con respecto a otros departamentos, por ejemplo, del Gran Mendoza, y que deben asumir hasta mayores consecuencias en algunas materias, como en seguridad.
La ley en cuestión, la 6.730, fue sancionada en 1999 y la ley Nº7.007 que ordenó el texto data de 2002, aunque comenzó a ejecutarse recién en 2004 en la Primera Circunscripción y en el 2011 en la Tercera.
Esto ha llevado a que hayan pasado ya 12 años desde su implementación en Mendoza, pero que hasta hoy lo que funcione en la región sea un sistema jurídico sui generis, ya que se aplican instituciones de la ley 1.908 (Código Procesal Penal de Vélez Mariconde) junto con algunas contenidas en la ley 6.730 o la mezcla de ambas. Es decir que conviven en el territorio provincial dos formas de llevar adelante las pesquisas penales, el desarrollo de un proceso desde el inicio hasta llegar al juicio y la sentencia.
“Si una ley se encuentra vigente, la misma debe aplicarse en todo el territorio provincial. Todos los ciudadanos de la provincia debemos estar sometidos a la misma ley. Por ello es importante que de alguna manera las autoridades puedan poner en práctica la aplicación en toda Mendoza”, expresó Marcos Ratzinguer, presidente del Colegio de Abogados del Valle de Uco, especificando además que la unificación es necesaria porque hay diferencias, hasta en el procedimiento en un accidente de tránsito.
Este es uno de los organismos que avala su aplicación, lo que por estos días se puso nuevamente en el tapete a raíz del tratamiento de un proyecto (la declaración Nº441) en el Concejo Deliberante de Tunuyán, que derivó en una declaración de Interés Departamental, buscando reiniciar una lucha desde el Legislativo para que proceda a la unificación y en la que se acoplarían, ahora, Tupungato y San Carlos.
Entre otras justificaciones, este documento habla de una situación constitucional creada y avalada por la Suprema Corte de Justicia, amén de que debiera ser esta quien vele por mantener la constitucionalidad de todo el sistema jurídico y judicial de Mendoza; además de poner como ejemplo lo costoso que sería asimilar una situación similar a nivel nacional, teniendo a las provincias con distintos códigos procesales.
“Hay que unificar la Justicia para que se unifiquen las políticas públicas de acción. Acá estamos postergados en todo. Tenemos un rango de influencia de más de 100.000 habitantes, pero tenemos un único juez, el mismo para todos los días del año. No tenemos oficinas fiscales. Es imposible que esa persona alcance sola a resolver todos los delitos en tiempo y forma”, describió el abogado y concejal Pablo Ortiz, mentor del proyecto en cuestión, afirmando que la región está en desventaja en materia judicial y que su aplicación serviría, sobre todo, para mejorar los procedimientos en seguridad.
“Tampoco tenemos ni recurso humano ni material. Acá el delincuente hace inteligencia, sabe al pie de la letra que acá tiene más ventajas. Por eso, a veces vemos que se dan excarcelaciones que se cuestionan o que proscriben las causas”, agregó el edil.
En el proyecto abordado se habla de “utopías” al referirse a enunciados puntuales de la ley, como el de ser partidarios de una unificación legislativa y se afirma que el procedimiento penal mixto que rige en Mendoza hoy es asimilable al de fines del siglo XIX y principios del XX.
En cuanto a los principales motivos de la postergación de su aplicación, principalmente la Suprema Corte siempre ha planteado la falta de fondos para adecuar las comisarías y tribunales de justicia, tanto en el Valle de Uco, como enGeneral Alvear, San Rafael y Malargüe. Pero este no sería el único incumplimiento de la 6.730 que prevé, por ejemplo, la conformación de la La Policía Judicial, contemplada en la norma en sus orígenes, que serviría para colaborar con los fiscales en la investigación y que nunca fue creada y que sigue siendo también otra de las materias pendientes de los últimos gobiernos junto con la aplicación por igual del CPP en todo el territorio mendocino.
No se aplica ni en la 4ª ni en la 2ª circunscripción
La Cuarta Circunscripción Judicial comprende los departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato. Tiene un solo juzgado de Instrucción en materia penal y correccional. Al frente del mismo está el juez Oscar Balmes.

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