Familias de Campo Los Andes defienden sus predios ante la venta de tierras en La Remonta

Los puesteros lograron unirse desde que el Ejecutivo nacional decidió sacar a subasta pública unas 7.000 hectáreas en este sitio. Un amparo frenó la medida.

Ellos vivían tranquilos en su “paraíso”, o el que creían propio y ganado por décadas de habitarlo. O porque allí vivieron antes sus padres y abuelos o porque esas tierras guardan sus historias más preciadas. La noticia de que serían vendidas los sacó de la calma rutinaria, les sacudió las vidas.

Entonces, salieron a las calles con sus gritos y sus carteles. Cortaron rutas. Convocaron al “diálogo” a funcionarios. Sumaron a vecinos y ambientalistas a su lucha. Frenaron la venta con un amparo interpuesto en la Justicia Federal. Y no hay lunes que no se reúnan en asamblea, al principio en lo secreto de sus casas y desde marzo, en la escuela de Campo los Andes.

¿Quiénes son estos vecinos dispuestos a todo por defender el sitio donde viven? Son unas 20 familias que viven en tierras del Ejército Argentino en La Remonta, Tunuyán. Nacieron allí o llegaron hace décadas porque algún familiar trabajaba en el establecimiento y siguieron aunque la relación laboral se extinguió. También hubo épocas, en que los propios militares fomentaron el arraigo y permitieron a civiles construir allí.

Por estos días, el clima puertas adentro de Campo los Andes está dividido. Hay más familias, pero no todas participan de la lucha contra el decreto presidencial 225/17, que habilita a la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) sacar a subasta pública unas 7 mil hectáreas de La Remonta. Algunas no coinciden con el reclamo, otras temen perder sus empleos, mientras que otros “negocian” por su lado y algunos acatan la medida como algo inevitable.

En primera persona

“Siempre viví en este mismo potrero. Nací de aquel lado, cuando mis padres eran empleados del Ejército. Después me vine para esta punta, a habitar la casa que mi abuelo construyó hace un siglo”, comenta Darío Morales. Por años, los militares lo obligaron a trabajar para poder usar la casa de su abuelo. “Cuando salía de mi laburo, me iba a regar, rastrillar, bordear hasta la medianoche”, rememora
Parado sobre la calle Nueva, una de las vías internas, Darío se siente en su “patria” y confiesa que le “hierve la sangre cuando hablan de ellos como usurpadores. Mi tío alquilaba este lote para plantar tomate, poroto… y lo sacaron2, dice. “En aquellas ruinas, vivía mi hermano.

Lo echaron y desmantelaron la casa. Era hermosa, mirá cómo quedó”, señala donde hoy sólo se ven unas pocas paredes rotas.

Según comentan los vecinos, la administración del lugar siempre funcionó “según el genio del jefe de turno”. Mientras algunos fomentaban el arraigo, otros aplicaron políticas de desalojo y persecución. “Acá vivía mucha gente, pero no todos aguantaron los cimbronazos. El barrio Obrero Rural de Vista Flores se hizo con los que se fueron de acá. Apenas se iban, destruían sus casas para que no volvieran”, cuenta Fabián Escobar.

Lejos de la convulsionada polémica que su venta desató en el país, en el sitio se respira paz. “Ni los militares de acá sabían lo que se venía”, grafican los lugareños. Por el viejo pórtico se puede ingresar sólo acompañado por un residente. Hace unos, una valla cerró el acceso por una calle alternativa y los vecinos apoyaron la medida militar. “Es que está viniendo mucha gente extraña, a censar, a medir, a husmear…”, argumentan.

Es un paisaje inigualable de lomas con enormes paños cultivados, otros incultos y pasturas naturales. La imponencia de la cordillera enmudece. Basta con transitar por la calle principal -conocida como de la Remonta, aunque se llama desde 1938 Río Tunuyán- para reconocer que no quedan ni vestigios de su “época de oro”.

Es un secreto a voces que el Ejército tiene cada vez menos obreros e inversión en el agro y todos coinciden -tanto Gobierno como pobladores- que las tierras están subaprovechadas.

“Acá habían viñedos, frutales, forrajeras que andaban muy bien. Ahora está todo seco y no es que falte agua. Lo dejaron morir. Sólo funcionan las tierras de los arrendatarios, algunos son chicos otros grandes empresarios”, dice Mario, un chico que conoce el sitio como la palma de su mano. “Allá está el campo Guanaco; después, el campo Sur, el Hara y el Piojo. Más allá están los Talajeros”, indica en relación a a una porción del pedemonte donde hace décadas trabaja una cooperativa de ganaderos.

El lugar está cruzado por muchos arroyos, como el Melocotón, el Manzano, el Mallín. El principal punto de referencia es el Arco, que era la antigua entrada al sitio de Cría, Remonta y Veterinaria del Ejército. Este haras sigue en producción -desarrolla unas cien mulas por año- y está en los planes del Gobierno preservarlo.

Metros antes del arco, una bandera argentina flamea en una casa. Allí vive Gladys Narváez (45) con su familia, sus tatarabuelos vivieron ahí cuando trabajaron para el Ejército. “Me quitan la vida si me sacan de aquí. Es mi libertad, es donde uno se encuentra”, confiesa emocionada. Ella como sus hijos intentaron, por diversos motivos, vivir en la ciudad, pero no pudieron.

Mónica Fredes y su esposo también reclaman seguir en el lugar. Su padre se jubiló del Ejército y su esposo Angel nació en esas tierras.

Para seguir en la vivienda, ella debió hacer frente a las cartas de desalojo que llegaban en 2011 y soportar tres años sin luz porque “autoridades de paso” no avalaban su conexión.

Desde la AABE, los encargados de vender estas tierras públicas, aseguraron que estudian un proyecto para que los lugareños “reales” puedan acceder a una porción de tierra. Hoy cada uno tiene entre 3 y 10 hectáreas para cultivar. Hasta el momento, en la zona no han tenido ninguna notificación. Sí han recibido a agentes gubernamentales que buscan censarlos. Ellos siguen insistiendo en el diálogo y en la elaboración de un proyecto que involucre a todos.

El ex cabo que vio cuerpos enterrados en zona militar

“Yo hace más de 20 años que espero en la Justicia. Siempre declaré lo mismo y presenté pruebas. Hice la parte que me correspondía como ciudadano, pero sigo esperando”, asegura Jesús Villegas (56), el ex cabo del Ejército, cuyo nombre trascendió en los últimos días porque asegura que el actual haras de Campo los Andes funcionaba como centro de detención.

La historia de Villegas parece de películas y a él le molesta que por eso a muchos le “cueste creerla”. “Mucha gente que no reconoce que pasamos por una época oscura. Olvidar no nos conducirá a nada”, dice el hombre que siempre se las rebuscó como mecánico y fue dado muerto por la Fuerza y como prueba tiene un certificado donde aparece como “extinto”.

Esta semana, Villegas se volvió en el centro de atención, cuando ratificó su testimonio ante la Justicia Federal. Sus testimonios sobre Campo los Andes se suman al de otros pobladores, que dicen haber visto que enterraban cuerpos. Hasta el momento, nada de esto fue comprobado. Lo que sí mencionan con firmeza los vecinos de La Remonta -también la Justicia- es que existía un cementerio indígena, cerca del refugio y del puesto Retamales.

“Recuerdo de adolescente que visitábamos el lugar y en una barranca -expuestos por la acción del viento, la lluvia y la nieve- habían esqueletos, unos sobre otros. Después, volvimos de grandes, pero las bombas que utilizaron en las instrucciones militares debieron destruir el lugar”, indicó Rita.

Lo cierto es que Villegas dice tener pruebas de que el haras de La Remonta funcionaba como centro de detención. Él lo descubrió, cuando siendo chofer se bajó una noche a “estirar las piernas” -mientras sus jefes estaban en una reunión- y vio a un hombre detenido y encapuchado en el lugar.

“Volvimos con los peritos en 2013, pero ya habían modificado las celdas y convertido en caballerizas. Si pude tomar fotos, de las leyendas que los detenidos habían dejado en las paredes”, cuenta el ex cabo. Este sancarlino trabajó en el Ejército desde 1980, hasta el ’83 hizo las veces de chofer, guardia y otras funciones. Se enteró por boca de un superior que habían enterrado cuerpos cerca de Puesto Alvarado. “Un día, envié a los soldados a una recorrida y excavé”, relata el hombre, quien dice haber encontrado un antebrazo.

“Tenía 23 años, me impresionó tanto que no pude seguir”, cuenta. Esto derivó en su expulsión de la Fuerza, a fines del ’83. “Me pidieron la ropa y me hicieron firmar una nota donde decía que había perdido mi vocación militar. Esto no era así”, dijo. En el ’84 denunció lo vivido en un Juzgado de San Rafael y una mañana de ese año, vinieron los militares a su campo en San Carlos y lo secuestraron.

“Estuve detenido por horas, encapuchado. Fui golpeado, torturado, me desfiguraron la cara, me cortaron uno de los dedos. Nunca pude reconocer a nadie, pero alguien -que se ve que me conocía- dejó la puerta abierta (Villegas dice haber estado detenido en el Comando del Ejército en calle 9 de Julio) y pude escapar. Me fui esperando que me tiraran un disparo por la espalda”, relata.

En 2013, volvió a denunciar el caso. Entonces, cuando la Justicia hizo averiguaciones y pidió sus antecedentes en la Fuerza Militar, descubrió que allí aparecía como sargento y como “extinto”.

Fuente: Diario Los Andes por Gisela Manoni /foto Claudio Gutiérrez 

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