Denuncian usurpación de campos en Pareditas

La Justicia mendocina tiene en sus manos una fuerte denuncia presentada por la familia Villegas–González, oriunda de San Carlos.

Denuncian usurpación de campos en Pareditas
El denunciado es nada más y nada menos que el empresario Carlos Calcaterra, ligado también a la polémica venta de campos de La Remonta, ubicada en Campo Los Andes, en Tunuyán. Para los Villegas–González, el primo hermano del presidente Macri habría usurpado unas 800 hectáreas que pertenecerían a María Mercedes González.
La complicada historia se habría iniciado cuando el empresario denunciado puso los ojos sobre las más de 5.800 hectáreas del campo Los Alamitos, ubicado en el distrito Pareditas, en San Carlos. El predio pertenece a los descendientes de Bruno Villegas, primer intendente de ese departamento.
Es un lugar destacable por la calidad de su tierra y el clima, adecuados para la agricultura y por lo tanto muy pretendido por su alta calidad. Así lo demuestra la importante producción de abono orgánico, que le hace cotizar aún más. Quizá por eso Calcaterra lo eligió y compró unas hectáreas a algunos propietarios de la sucesión. “Inmediatamente después, el empresario hizo un cerramiento total del campo”, donde habrían quedado incomprensiblemente encerradas las 800 hectáreas denunciadas.
Para conocer los detalles de la grave denuncia, El Ciudadano dialogó con Jesús Eduardo Villegas, tataranieto del dueño original de Los Alamitos y uno de los denunciantes.
Jesús Eduardo Villegas
—¿Cómo se inicia la operación de compra de Calcaterra?
—Este hombre compró hectáreas con mucho engaño a algunas de mis tías. No fueron más de cinco las operaciones de 313 hectáreas cada una. El valor que pagó por cada operación no sobrepasó los $240 mil. Cifra irrisoria, si se tiene en cuenta que estamos hablando de una zona muy rica del Valle de Uco, cuya hectárea hoy por hoy está entre los US$ 10 mil a US$ 15 mil”.
Según el entrevistado, “en 2010 Calcaterra hizo el cerramiento de todo el campo, incluidas las hectáreas que no compró. Allí quedaron encerradas las 800 hectáreas de María Mercedes González, mi madre. Hectáreas que hoy tienen un valor aproximado de US$ 8 millones”.
“El estado de salud de mi madre se deterioró e iniciamos el camino judicial ante la negativa del empresario de abrir el predio. La situación se agravó cuando vimos que emprendió un importante sembradío de papas, cuya producción hoy alcanza a 2 millones de kilos por año que son industrializadas por un frigorífico de 5 mil metros que construyó allí para la elaboración de una famosa marca de papas fritas”, relata Villegas.
—¿Por qué se agrava el conflicto con Calcaterra?
—Porque cuando fuimos a Catastro para buscar los planos que nos solicitó el proceso judicial, nos anoticiamos de que mi madre estaba registrada como socia de la empresa constructora de Calcaterra para la obra de la presa Los Blancos”.
“Al pedir la documentación respetiva, comprobamos que esto era cierto. Nos dio indignación, porque la sociedad que a ella le endilgaban se había conformado en el año 2014, cuando mi madre tenía un serio deterioro en su salud desde el año 2008 con parálisis motriz. Para completarla, mi madre falleció el año pasado y continuaba apareciendo hasta hace poco en los movimientos financieros de la empresa”, explica Villegas.
Y cierra opinando que este es “otro motivo para ampliar la denuncia penal contra el empresario”.
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