El polémico fallo que benefició al acusado de matar a Carleti

Kevin Guerrero es el imputado más complicado. El año pasado fue procesado por un asalto y el camarista Rafael Escot lo benefició modificándole la calificación. Debería haber estado en la cárcel y no con detención domiciliaria cuando se produjo el crimen de la empresaria.

El polémico fallo que benefició al acusado de matar a Carleti

Kevin Jair Guerrero es el imputado más complicado en la investigación por el asesinato de la empresaria tunuyanina Norma Ethel Carleti (59), perpetrado durante la madrugada del lunes 5 de marzo en su casa de calle Almirante Brown. Se trata del joven que tenía rastros de piel de la víctima debajo de algunas uñas y al que un cotejo de ADN lo ubicó en la escena del crimen.
Es el mismo pibe de 22 años que cumplía una prisión preventiva por el asalto a una despensa bajo detención domiciliaria y era monitoreado con pulsera electrónica. Que violara ese régimen les permitió a los pesquisas policiales y judiciales iniciar la instrucción y vincularlo, con el paso de las horas, junto con otros cuatro sospechosos, entre los que se encuentra la ex pareja de la víctima, con el homicidio de la empresaria frutihortícola.
En las últimas horas trascendió que una polémica resolución de uno de los integrantes de la Quinta Cámara en lo Criminal le había permitido a Guerrero acceder al beneficio de permanecer preso en la propiedad de su padre mientras esperaba el juicio oral por el atraco.
Fue el camarista Rafael Escot, uno de los magistrados más cuestionados del Poder Judicial, el que le bajó la calificación durante una audiencia de apelación y le ordenó al juez que instruye la causa del asalto, Oscar Balmes, que arbitrara todos los medios necesarios para que Guerrero estuviese detenido pero en una casa particular.
Todo esto a pesar de que estaba frente a un sujeto que no era la primera vez que tenía problemas con la ley, ya que contaba con otras causas en su prontuario.
Para los detectives de la causa, Escot se equivocó en su resolución y el acusado de matar a Carleti debería haber estado preso en una cárcel a la espera de ser juzgado por el citado hecho ocurrido el año pasado y no en una vivienda.
La reconstrucción de la situación procesal que realizó El Sol sostiene que Guerrero y otros dos jóvenes fueron capturados el año pasado tras un asalto ocurrido en una despensa de Tunuyán.
Como por aquellos días todavía no se aplicaba el nuevo Código Procesal Penal en el Valle de Uco, el juez de Instrucción Balmes (hoy de Garantías) los procesó con prisión preventiva por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo acreditada en concurso ideal con robo con arma blanca, que prevé de 5 a 15 años de cárcel y no es excarcelable.
Es decir, Guerrero cometió el asalto con sus cómplices con un arma de fuego, tal como describieron los testigos, pero la misma no fue secuestrada durante la investigación. Y, fuentes policiales judiciales agregaron que, durante el atraco, los ladrones tomaron un cuchillo tipo carnicero que había en el local comercial y lo utilizaron para exigir a las víctimas que entregaran sus pertenencias y dinero en efectivo.
Sin embargo y sin dar muchas explicaciones, durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva, que se celebró en la Quinta Cámara del Crimen el 29 de setiembre del año pasado, el juez Rafael Escot decidió quitar el agravante del uso del arma blanca a pesar de que había sido sustraída por los asaltantes tras el hecho y la hallaron en el domicilio donde finalmente fueron detenidos, detallaron las fuentes.
De esta forma, a pesar de que las defensas no habían cuestionado la calificación y el fiscal que participó en la audiencia, Fernando Giunta, había sostenido la postura del juez Balmes y que Guerrero era reiterante, el camarista Escot entendió que la calificación debía ser solamente por robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, que prevé de 3 a 10 años, tal como sostiene el artículo 166 inciso 2 del Código Penal.
Para las partes, inclusive los defensores, Escot cometió un error al desacreditar la prueba del arma blanca, pero nada pudieron hacer para cambiar el fallo.
Con base en lo que definió el camarista, el juez Balmes, que no tenía previsto darle el beneficio a Guerrero, debió otorgarle la detención domiciliaria como lo había dispuesto su superior.
Cuando cayó detenido Guerrero por el crimen de Carleti, los pesquisas revisaron sus antecedentes y se encontraron con el beneficio que había recibido. Fue tema de conversación en el ámbito tribunalicio, ya que no encontraron argumentos para sostener el criterio de Escot.
Todo esto en medio de una semana clave para la investigación, ya que mañana está previsto que la ex pareja de la víctima, el ex legislador radical Leonardo Hisa, quien está acusado de ser el autor intelectual del asesinato, declare en la causa.
Este hombre, quien quedó complicado porque recibió una llamada de Kevin Guerrero tres horas antes del asesinato, ha dejado trascender que se desvinculará de todas las acusaciones.
Lo mismo sucedió con el resto de los imputados, Alexis y Ever Guerrero (hermanos de Kevin) y Alexander Jira, que sostienen que no cobraron dinero de Hisa ni participaron en el crimen que conmueve a la provincia.
Denunciado por una fiscal y cazador de animales exóticos
Rafael Escot es uno de los camaristas más cuestionados de Tribunales, por fallos y algunas actitudes extrajudiciales.
Lleva 30 años en el Poder Judicial y sus peleas con sus compañeros de Cámara ganaron espacio en la prensa. En el 2016 fue denunciado por violencia de género. La presentación fue de quien era la fiscal de la Quinta Cámara del Crimen, Laura Rousselle (hoy jefa de la Unidad Fiscal de Delitos no Especializados y Fiscalía Penal de Menores).
La representante del Ministerio Público sostuvo que la maltrataba por su condición de mujer durante los debates, pero la Suprema Corte archivó la denuncia porque tuvo en cuenta lo que declararon testigos marcados como cercanos al magistrado.
Una de sus sentencias más polémicas la redactó en el 2010, cuando aseguró que una joven baleada por su pareja falleció porque personal médico la desconectó del aparato que mantenía con vida para donar sus órganos y no por la muerte cerebral que le había causado el proyectil.
También encabezó el reclamo de los magistrados que se negaron a afiliarse y hacer aportes a la Obra Social de los Empleados públicos (OSEP).
En lo que respecta a su vida fuera de la Justicia, generó indignación cuando subió fotos a su perfil de Facebook cazando animales exóticos en cotos de La Pampa y África.
elsol-
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