¿Se negocia el agua de Mendoza?

¿Se negocia el agua de Mendoza? | VA CON FIRMA MENDOZA. Un plus sobre la información.

El senador Alejandro Abraham, del bloque escindido del PJ, Unidad Ciudadana, propone modificar la ley 7722. El proyecto, que se sumará al del también legislador de esa fuerza Juan Agulles, tomó estado parlamentario a principios de esta semana y será girado a comisiones en breve para su análisis.

Abraham se refirió a la iniciativa de modificar la ley 7722, intocable para muchos sectores ambientalistas por su impronta de cuidado y preservación de los recursos hídricos de la provincia. “Si se propone una ampliación de esta ley es porque se acerca a la constitucionalidad de la misma. Entiendo que la ley 7722 es constitucional, no creo que sea inmodificable, ninguna ley es pétrea. Puede haber tenido buenos efectos en principio, cuando se dictó. Pero en algunos aspectos ha quedado obsoleta y en otros, ha quedado insuficiente. Propongo un debate con los distintos sectores” enfatizó el legislador.

“La modificación es para actualizar y hacer un debate con toda la sociedad, para ver si es posible ampliar nuestra matriz productiva y poder hacer un desarrollo minero con estándares ambientales óptimos y sustentables” justificó Abraham.

A su vez, expresó que han modificado los artículos que le molestan a los ambientalistas: “En el artículo 1 hemos mantenido como sustancias prohibidas el cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, y hemos sacado ‘y otras sustancias similares´, porque es de tal generalidad que por ahí cualquier sustancia podría tomarse por dañina para el ambiente. Hemos dejado previsto que esto se resuelva en cada una de las vías, conforme se haga la presentación de un proyecto. No puede quedar la ley de tal laxitud que cualquier sustancia pueda ser perniciosa y se termina prohibiendo definitivamente la actividad minera”.

Entre otros puntos, los cuestionamientos a la actividad minera en la provincia involucran el rol del Estado en su función de contralor. “El control puede ser vulnerable” manifiestan desde distintos sectores, tanto a favor como en contra de la consolidación de estas explotaciones en suelo mendocino.

El impulsor de cambiar la ley 7722 señaló: “Hay una modificación procedimental, en especial de los controles. Estamos estableciendo qué pasa si un proyecto minero puede tener inicio. En este proyecto hay un triple control: uno del Ejecutivo, creando la policía ambiental minera. Otro creando una bicameral de seguimiento ambiental de senadores y diputados de la provincia. Y el más importante que establece la red de vigilancia ambiental, prevista en un decreto provincial y en el nuevo Pacto Federal Minero, que incluye en el control ambiental la participación de ONG’s ligadas a la temática ambiental y de ciudadanos en general. Además la red va a tener financiamiento propio proveniente de las mismas regalías”.

El intendente de San Carlos, Jorge Difonso, autor de la norma vigente, no tardó en reaccionar y manifestarse en contra de la propuesta modificatoria. “Nos preocupa que se quiera modificar una ley que establece controles ambientales para el desarrollo de la industria minera metalífera. La ley, cuando se sancionó en 2007, tomó dictámenes de organismos técnicos de la provincia, de la UNCuyo, del CRICYT, de Irrigación. Recabamos distintos planteos y todos quedaron plasmados en una ley que regula y controla la actividad minera“ detalló.

“Mendoza se constituyó a la vanguardia en el cuidado del ambiente en el oeste argentino. Más de 10 empresas mineras presentaron recursos de inconstitucionalidad. Esto lo estudiaron en la Corte y dieron plena vigencia a la ley 7722. La ley no es prohibitiva, regula y controla la actividad, por eso la Corte la mantiene vigente” expreso Difonso.

El sancarlino señaló con preocupación: “Se pretende eliminar la declaración de impacto ambiental que debe tener ratificación legislativa”. Sobre esto, Abraham explicó: “Todos los procedimientos en las distintas etapas de la actividad se mantienen. Se cambia la ratificación legislativa de la declaración de impacto ambiental. La ratificación legislativa se ha utilizado como una suerte de botín electoral. No trae seguridad jurídica para quien pretende hacer una inversión, queda sujeto a una instancia meramente electoralista. No hay un control de legalidad serio, termina siendo una discusión electoral y política”.

Profundizando en su iniciativa, el legislador del PJ remarcó: “Cualquier actividad humana puede ser riesgosa. En este caso, que puede haber un riesgo especial, lo que queremos es que haya mejores controles y mejores estándares para la explotación minera. Otro aspecto es cómo ampliamos los ingresos para la provincia”.

En esta línea, Alejandro Abraham detalló: “El Pacto Federal Minero establece que la regalía es del 3 % de lo facturado. Eso amplia mucho los recursos a recibir para la provincia. Y establecemos 1,5 % de tasa provincial para ampliar los recursos y destinarlos a fines específicos como el entorno urbano, infraestructura de riego, redes de distribución de agua potable, etc”. Y agregó: “De la regalías, se afecta un 50% a fines determinados: viviendas, garantías ante contingencias climáticas para el agro, contingencias fitosanitarias. También dinero para políticas de género, programas de discapacidad que muchas veces carecen de los recursos necesarios”.

A esto, Difonso, rebatió: “En el tema de los fundamentos del proyecto creo que hay muchos espejitos de colores. Hablan de empleo, vivienda, diversidad. Lo meten en un contexto y un resultado. Si es lícito ¿por qué se quieren eximir los controles que están vigentes?” Y continuó: “Si hay algo que ha fallado en el Estado moderno desde los 90 son los organismos de control. En este punto, una omisión en los controles puede resultar irreparable. Estamos hablando de la salud de la población, de agua potable. El desarrollo económico tiene que ser sustentable, generar empleo, pero tiene que ser amigo de la naturaleza”.

Desde el oficialismo fueron cuidadosos en manifestar una postura respecto a esta iniciativa de modificación de la ley 7722. Javier Costarelli, presidente del bloque de la UCR en el senado, dijo: “Entendemos que es un debate importante para toda la población. Se le dará el tratamiento necesario y el debate que merece ya que apunta sobre todo a la ampliación de la matriz productiva de la provincia. La tarea del oficialismo es recibir el proyecto, según establece el sistema institucional de la provincia. No estamos dando ningún aval ni cortando ningún tipo de iniciativa. Lo vamos a girar a comisión y debatir allí. Y veremos qué es lo que sale”.

Difonso sostuvo, a modo de remate y en una posición inamovible sobre la 7722: “La ley nacional de ambiente de la Nación establece que toda modificación a una ley que regula el cuidado del ambiente tiene que ser en más, no en menos. No se pueden eliminar controles para favorecer industrias. Eliminar controles vigentes va a estar en contra de la ley nacional”.

http://vaconfirmamendoza.com.ar/index.php?articulos_seccion_3539/id_6457/ase-negocia-el-agua-de-mendoza-

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s