Con el nuevo gobierno se debate este martes la ley 7722

Con bancas renovadas en la Legislatura, se discutirán las modificaciones a esta norma ambiental que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas en la actividad minera. Qué se busca con su reforma.

Con el nuevo gobierno se debate este martes la ley 7722

Foto: Ariella Pientro.

PROVINCIAL UNIDIVERSIDAD Ley 7722 / por Unidiversidad / Publicado el 09 DE DICIEMBRE 2019

Este martes 10 de diciembre se tratará en la Legislatura la reforma de la Ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas en la actividad minera. Semanas atrás la sesión se había caído porque el justicialismo pidió esperar hasta el recambio de gobierno en la provincia para iniciar el debate. 

Las iniciativas de los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles que buscan realizarle cambios a esta norma, se tratarán en el Senado luego de que el 19 de noviembre la sesión se cayera para esperar a que tanto el gobierno como la Legislatura renueve sus integrantes.

La búsqueda de la reforma se sustenta para los empresarios mineros en que creen que hubo un “cambio de paradigma” respecto de la cuestión minera, a 12 años de la sanción de la Ley. Sin embargo, ambientalistas se resisten a las modificaciones de esta normativa que es pionera en el país por prohibir sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en el desarrollo de la minería.

El frente Cambia Mendoza ha dado un panorama más claro con Rodolfo Suarez como gobernador electo, quien se ha mostrado a favor de los cambios en la ley para impulsar el desarrollo minero. La incertidumbre está en el peronismo, ya que el radicalismo afirmó que para reformar la ley buscarán el consenso político.

Una de las modificaciones que se buscan en cambiar el artículo primero que especifica cuáles son las sustancias contaminantes que no se pueden utilizar. Otra es la del artículo tercero que establece la instancia de aprobación de los proyectos mineros en la Legislatura, por lo que quedaría vía expedita para utilizar cualquier otra sustancia contaminante y quedaría en manos del Poder Ejecutivo todo el proceso sin ningún control de los legisladores, sostienen los ambientalista.

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