Consideraciones sobre la ley 7.722 – Por Daniel A. Sabsay

Consideraciones sobre la ley 7.722 - Por Daniel A. Sabsay
Por Daniel A. Sabsay – Profesor Titular de Derecho Constitucional. Ha sido Director Ejecutivo y Presidente de la FARN

En la actualidad en la Legislatura mendocina se analizan proyectos encaminados a modificar en sentido regresivo la ley 7722 sobre minería sustentable, cuyo artículo 1° dice que “a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. 

Cabe recordar que su sanción fue el resultado de la movilización de la sociedad civil que logró que tan fundamental norma se hiciera realidad. 

Por entonces tuve la oportunidad de participar de un panel que se llevó a cabo en la Sociedad Rural del Valle de Uco con la presencia de una heterogénea y muy numerosa audiencia. 

Las organizaciones convocantes iban desde la nombrada hasta vecinos autoconvocados e inclusive representantes de la izquierda. 

Lo que importaba era “salvar” el Valle de una minería que ponía en riesgo la continuidad de la actividad vitivinícola y de la agricultura en general, más allá de las ideologías. 

La protección del agua se convertía, por cierto escasa en la provincia, en la base de la discusión.

Así las cosas, queremos recordar cuales son los lineamientos que regulan la cuestión ambiental en nuestro país. 

El marco jurídico de protección del ambiente exige de la aplicación de una serie de principios que están previstos en la ley general del ambiente, entre los que se encuentran el precautorio y el preventivo, que se anticipan a la producción de daños, ya que éstos son irreversibles, o sólo podrán ser reparados muy parcialmente. 

Junto a ellos, la ley prevé el postulado de progresividad y de no regresividad que es su contratacara y que consiste en que una vez que se ha establecido un determinado nivel de protección ya no se podrá volver para atrás. 

Es decir que ese piso puede ser elevado a través de modalidades más severas, pero no puede ser disminuido de manera alguna. 

Se trata de un principio que rige para todos los derechos y que en nuestra materia se impone por las características que tiene el ambiente que exige la equidad generacional, por ello nuestra constitución contempla que el derecho ambiental tiene que ser “apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. 

Es uno de los aspectos más relevantes del modelo de desarrollo sustentable previsto en nuestra ley fundamental. 

En el mismo sentido el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla del compromiso permanente de los estados firmantes de asegurar el logro progresivo que permita la plena efectividad de los derechos previstos en dicho tratado.

Es obligación del Estado garantizar la progresividad de los derechos y de ello se desprende obviamente la prohibición de regresividad, no se puede dar marcha atrás al grado de protección que ha recibido la calidad de vida en todo tipo de ordenamiento sectorial que ya ha sido objeto de tratamiento de parte del legislador. 

Su fundamento normativo se deriva del art. 4 de la ley 25.675 (general del ambiente) que prescribe la necesidad de sujetar las acciones de política ambiental al principio de progresividad, por el cual se establece que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. 

Así, como pauta de interpretación y operatividad del derecho colectivo ambiental, puede colegirse, la progresividad implica que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto a la protección del ambiente no puede disminuir, sino que debe ser cada vez mayor. 

Se debe ir hacia delante, esta es la clave de bóveda del principio de no regresión, que impide que se produzcan retrocesos en materia ambiental, lo que se constituye en una herramienta apta para asegurar el adecuado progreso de un bien que es colectivo. 

Como expresa el informe ambiental anual para 2013 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) las acciones de protección ambiental deben ser realizadas tomando las previsiones apropiadas para evitar retrocesos.

El principio de progresividad tiene como objeto evitar la supresión de acciones o la reducción de sus exigencias a la luz de intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental; ya que en algunas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a producir como consecuencia daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.

La Ley 7.722 fue aprobada en junio de 2007 e inmediatamente recibió una decena de denuncias de inconstitucionalidad. 

Ocho años después, en diciembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentenció en plenario la constitucionalidad de la ley. 

Se trata de un meduloso y profundo fallo en el que se analizan todas las aristas de la cuestión con minuciosidad. 

Parte poniendo de relieve el derecho humano al agua que sostiene es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. 

Con solidez considera que cada provincia que compone nuestro territorio nacional puede incrementar, no así disminuir los presupuestos mínimos de protección respecto del medio ambiente. 

Entendemos que de acuerdo al principio de no regresividad ambiental, la ley -que básicamente protege el agua de Mendoza- puede ser modificada para “endurecer” los controles sobre el recurso hídrico, pero no para “aligerar” los mismos. 

El proyecto del legislador Alejandro Abraham, presentado en octubre de 2018, busca modificar la mencionada ley a través de la eliminación de la frase “y otras sustancias tóxicas similares” del artículo 1º de la ley y el control legislativo de la Declaración de Impacto Ambiental de cada proyecto minero. 

De plasmarse estas “innovaciones” no tenemos duda de que se produciría una seria regresión en la protección de la calidad de vida y del derecho al agua del que gozan todos los habitantes. 

Sería lamentable que el gran esfuerzo de la comunidad terminara sepultado a través de una reforma que aunque pequeña en tamaño, sin embargo modifica radicalmente la norma disminuyendo de manera notable los niveles de protección en la materia.

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