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Un cargamento con agua desde San Carlos a Jáchal

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Gisela Manoni – gmanoni@losandes.com.ar

En un gesto simbólico de apoyo y “llamado de atención” sobre las consecuencias de la minería contaminante, un camión cargado con ocho mil litros de agua potable salió este fin de semana desde San Carlos hacia Jáchal.

En la caravana que lo acompañó, iban vecinos autoconvocados de distintos rincones de Mendoza. Fueron recibidos en San Juan por un pueblo agradecido, pero aún con muchas incertidumbres y temores.

Desde que tomó estado público el derrame de cianuro ocurrido en Veladero -a mediados de setiembre- un juez ordenó a la empresa Barrick Gold que proveyera de agua potable a los habitantes de la zona afectada, pero los vecinos aseguran que la medida se llevó a cabo sólo una vez. Esta semana pasaría por Mendoza otra carga de miles de litros con igual destino; pero esta vez proviene de las comunidades de Esquel, Cholila, Bariloche y otras patagónicas.

Con un humeante almuerzo de empanadas y cazuela, improvisado en la plaza departamental, los asambleístas jachaleros dieron la bienvenida a sus pares mendocinos el mediodía del sábado.

Compartieron realidades, preocupaciones y brindis. Entonaron las estrofas del himno nacional. Y después procedieron a bajar la cuantiosa partida de botellas y bidones en casas de algunos referentes locales, que funcionarán como depósitos momentáneos.

“La gente de la zona urbana de Jachal cuenta con una planta potabilizadora y los controles y tratamiento que allí recibe el agua le dan cierta tranquilidad. Sin embargo, están muy preocupados por las poblaciones rurales de montaña, que toman el agua directamente del río contaminado. Van a repartir los bidones que llevamos entre ellos”, comentó Daniel Funes, un sancarlino miembro de las AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura)

La llegada de la ‘caravana’ mendocina cosechó respuestas dispares en el pueblo de Jachal. Algunos vecinos salieron a las puertas de sus casas a recibirla con aplausos, otros se ocultaron tras las cortinas y otros se acercaron a pedir agua casi a escondidas. “Un señor con un familiar enfermo nos rogó por agua, pero no quería ser visto por nadie”, apuntó Funes.

“Hay mucho temor a represalias, mucha angustia, resignación también… Pero sobre todo nos encontramos con una gran incertidumbre en la gente. Ellos ya desconfían de todo, no saben qué están tomando y cuáles serán las consecuencias a largo plazo”, comenta Roly Gómez, un asambleísta de Tupungato.

Las AMPAP de Mendoza decidieron esta movida semanas atrás, como un gesto solidario, pero también como pronunciamiento popular en torno al debate local por la ley 7722. La colecta más grande de agua se dio en General Alvear y el resto de los departamentos sumó lo que pudo, según lo permitió la capacidad del camión dispuesto por la Municipalidad de San Carlos.

La caravana ingresó la mañana del sábado a la ciudad de San Juan a realizar un poco de “ruido”. Antes, fue interceptada por móviles policiales de esta provincia. Los uniformados les comunicaron sobre la prohibición de realizar cortes de ruta o afectar el libre tránsito y luego los “acompañaron” durante toda la travesía.

Referentes de Ampros y de otros gremios de profesionales de la Salud de San Juan participaron del evento y se comprometieron a dictar charlas formativas sobre el tema a los pobladores. También quiso estar presente -tras enterarse de lo que iba a ocurrir a través de las redes sociales- Nora Morales de Cortiñas, una de las fundadoras de Madres Plaza de Mayo. La mujer viajó desde Buenos Aires para acompañar esta lucha.

http://www.losandes.com.ar/article/un-cargamento-con-agua-desde-san-carlos-a-jachal

Mendoza: este jueves se vuelve a las calles por la 7722

 

El jueves 3 de setiembre las asambleas socio ambientales, junto a otras organizaciones políticas y sociales vuelven a la calle en defensa de la ley antimegaminería: la 7722. Reproducimos en esta nota la convocatoria de la Asamblea Popular del Agua de Mendoza

La 7722 es una norma provincial que carga con doce pedidos de inconstitucionalidad por parte empresas mineras interesadas en aplicar técnicas extractivas que implican el uso de sustancias tóxicas prohibidas expresamente por la ley sancionada en 2007, en medio de enormes y masivas movilizaciones en toda la provincia. Todos los epicentros de la organización en defensa del agua y que le dicen NO a la megaminería tendrán sus jornadas en defensa de la llamada “Ley Antiminera”. La central será a las 18 en la Plaza Independencia, frente a la legislatura.

Desde las asambleas se viene llevando adelante una intensa campaña para manifestar la voluntad del pueblo mendocino de defender la plena constitucionalidad de la 7722. Ésta abarcó la presentación de cerca de 70 mil firmas que respaldan este pedido, y el de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza llame a una audiencia pública como instancia previa a su fallo sobre los pedidos de inconstitucionalidad, que serán tratados simultáneamente por los jueces del organismo. También se suma el apoyo del premio Novel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien expresó a través de un comunicado que “el derecho a la vida es constitucional” y que recordó que “Quedará en el recuerdo de todos los luchadores de este país, aquellas jornadas en donde toda la provincia organizada se animó a gritar NI-UN-PASO-ATRÁS frente al avance de los poderes corporativos, tanto políticos como megamineros. Desde Alvear, pasando por San Rafael y el Valle de Uco y llegando hasta Mendoza Capital. No lo olvidemos, la 7722 es hija de ese proceso, no fue dádiva de ningún gobernante”.

Sin embargo, hace 3 semanas, la Corte definió en una votación reñida descartar el mecanismo de la Audiencia Pública y emitir el fallo únicamente en el pleno de los 7 jueces. Esta instancia pondría fin al litigio legal, y podría definir una nueva etapa en la lucha en contra de la megaminería contaminante en suelo mendocino. En declaraciones a la prensa, fuentes ligadas a los jueces de la Corte avisan que el dictamen podría estar “antes de fin de año”, apostando desde ya, a calmar las aguas de un todavía largo año político-electoral en la lucha por la presidencia y en medio de una transición política que cambiará el timón de la provincia de manos del peronismo a los de la UCR.

El Frente de Izquierda es el único que denunció con fuerza la amenaza de que la Suprema Corte pueda cuestionar la constitucionalidad de esta Ley conquistada por el pueblo mendocino. Esta corte formada por una casta privilegiada que cobra sueldos de hasta 80mil pesos, que no paga impuestos, que tienen mandatos vitalicios luego de haber sido elegidos a dedo por los gobernadores de turno y un puñado de Senadores en sesiones “secretas” en las que se traman acuerdos sobre los que se han hecho todo tipo de cuestionamientos que llegan hasta la “compra de votos”, no tiene ninguna autoridad para cuestionar una ley conquistada por la movilización del pueblo trabajador. De hecho son estos privilegios y atributos arcaicos, antidemocráticos y de tipo monárquicos, los que deben ponerse en discusión y no la Ley que protege el agua de todos los mendocinos.

Reproducimos a continuación el comunicado completo que nos acercaron miembros de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza para su difusión:

¡VOLVEMOS A LAS CALLES POR LA 7722!
MENDOZA, GUARDIANA DE LA HUMANIDAD

Hace dos semanas, ocurrió un acontecimiento de gran importancia para el futuro de tod@s l@s mendocin@s. La Corte Suprema cerró las puertas a la posibilidad histórica de democratizar el ámbito de la Justicia. Desconociendo las más de 70 mil firmas recolectadas por las asambleas de toda Mendoza y haciendo caso omiso a las recomendaciones del máximo tribunal nacional, en un fallo dividido 4 a 3, los magistrados de la provincia rechazaron la convocatoria a una Audiencia Pública antes de fallar sobre la constitucionalidad de una de las leyes más conocidas de la provincia: la ley 7722. Aunque el fiscal de Estado ha pedido que se revea la decisión, al menos por ahora, se ha privado a los mendocinos de participar en un proceso fundamental para las generaciones futuras.

En estos días pasados, la Suprema Corte de la provincia de Córdoba falló, por unanimidad, en favor de la constitucionalidad de una ley hermana, la 9526. En sintonía con esto, es preciso recordarle a nuestra propia Corte Suprema, que están ante el deber de representar y defender los intereses de un pueblo cuya integridad económica y cultural se fundamenta en la relación con el agua. Con el agua de vida que baja de la montaña. Allí arriba, donde vibra nuestro ecosistema fundamental, todo está interconectado. No pueden olvidarse entonces que su decisión será trascendental para todos nuestros hij@s y niet@s. También para los suyos.

Somos conscientes de la presión del lobby minero, integrado por abogados, cámaras empresariales y funcionarios de turno que de una u otra forma se verían beneficiados con el ‘negocio’ de la megaminería. La billetera es grande, demasiado como para corromper a tan pocos. Su intención, profundamente corporativa, es clara: derogar la ley. Las empresas extranjeras, dedicadas a esta forma de explotación a cielo abierto, están dispuestas a acorralar nuestra democracia, poniendo en riesgo las leyes. El intento de derogar la 7722 por la vía judicial, es un claro ataque a la justicia, a los valores de la verdad y el bienestar común y a los intereses de nuestro pueblo que elije defender el agua pura -con todo lo que eso significa en este momento de la humanidad- frente a al saqueo y la contaminación.

Tampoco somos ingenu@s con el proceso de vaciamiento que sufre la provincia. Queremos señalarlo con claridad: es el mismo libreto de las privatizaciones. Es el neoliberalismo en su máxima expresión. Prohibido olvidar: antes de entregar nuestras empresas estatales -estratégicas para la autonomía y el desarrollo- las vaciaron sin misericordia creando en la opinión pública un clima de ‘entrega soberana’. Claro está, todo esto en favor de la salvación de la patria. Así, nuestros bienes comunes sociales, aquellos que nos costaron tantas décadas de sacrificio, fueron completamente rematados a empresas extranjeras. Parece un dejavú. Los mismos que vaciaron la provincia, quieren crear la sensación de que la salvación será traída por las trasnacionales de la megaminería. Lo que hay que entregar en este caso, es nuestra zona de glaciares, nuestro más preciado bien común natural. Entregarlo a las dinamitas. Abandonadas las fincas y acorralados sus pequeños productores, parece que ahora, hacer patria es llevar a estos desocupados a encianurar el agua de la montaña. Y hacer pasar esta locura como proyecto de desarrollo sustentable. Insistimos con esto porque todo tiene que ver con todo. La 7722 es un freno a semejante desenfreno.

Frente a este panorama, preocupante de cara a nuestro futuro, las asambleas de toda Mendoza volvemos a ponernos en movimiento. Este proceso de conjunto ya comenzó el viernes pasado (21 de agosto) con la entrega pública de las últimas 15 mil firmas. Reclamamos con esto que se revea la decisión del máximo tribunal en torno a la convocatoria de la Audiencia Pública. Hasta el 4 de septiembre tienen tiempo de expedirse.
Por este motivo, el próximo jueves 3 de septiembre hacemos una convocatoria abierta para encontrarnos una vez más como pueblo que somos, alegre, consciente y organizado. Con nuestras hijas e hijos. Con nuestros padres y herman@s. Sin otra bandera política que nuestro amor y compromiso. Para defender lo que tod@s sabemos: nuestra ley 7722 es clara como el agua pura, por eso es CONSTITUCIONAL.

En tiempos en los que el ser humano depreda los bienes de la naturaleza poniendo en peligro su propia subsistencia, aquí en Mendoza decidimos cuidar el cielo y la tierra. Protegiendo el agua de nuestra montaña y custodiando su ecosistema.
En este lugar del mundo, existe una ley GUARDIANA DE LA HUMANIDAD.
Mantenerla viva es nuestra decisión irrevocable.


Jueves 3 de Septiembre / 18:00 Hs / Plaza Independencia

Contactos Asamblea Popular por el Agua: TANIA: 2615448416 / ARTURO: 2613047268 / DIEGO: 2612052669 / JULIETA: 2613071804
Enviar Adhesiones a:asambleaporelagua@gmail.com

La Corte resolverá al fin sobre el futuro de la minería

Quien por estos días está a cargo del tribunal, Jorge Nanclares, asegura que el fallo acerca de los planteos de inconstitucionalidad sobre la ley 7722, la ley “antiminera”, saldrá “con relativa prontitud”. La causa ya lleva ocho años y la sentencia podría conocerse antes de fin de año, justo en el cambio de Gobierno. Cornejo no apuró el fallo, aunque prefiere que la ley sea ratificada.

Tras ocho años, la Suprema Corte de Mendoza aparece como decidida a resolver uno de los temas más controversiales que duermen en su seno: la constitucionalidad o no de la ley 7722, la conocida ley “antiminera”.

Fue uno de sus miembros, Jorge Nanclares, quien en la última semana comenzó a hacer público el interés del Tribunal por resolver la cuestión en un tiempo político justo.

Si la Corte cumple con lo que está diciendo, Alfredo Cornejo podría tener terminado por ahora este conflicto que ya involucró a tres gobernadores.

No hay evidencias concretas de que el próximo mandatario haya pedido expresamente ante la Corte que apuren la sentencia. En el último tiempo mantuvo algunos contactos informales con algunos de sus integrantes en los que, incluso, le dijeron que el tema estaba verde todavía.

Es más: Cornejo no tiene puesta la cabeza en la minería hoy por hoy consciente de que, en el corto plazo al menos, las restricciones legales y la situación del país alejaron a los inversores fuertes.

Si lo apuraran, en el fondo, incluso aplaudiría un fallo que respaldara la legalidad de la 7722 (que fue cuestionada por los estudios y las empresas mineras en 2006) solo para evitar el conflicto que se vendría si los jueces van en sentido contrario.

Nanclares salió a apurar el paso. “La sentencia por la 7722 va a salir con relativa prontitud. Esa prontitud no significa inminencia, pero esperamos que el fallo salga antes de fin de año”, fue la ratificación del juez a este diario.

Nanclares está por este mes a cargo de la presidencia de la Corte (el titular Pedro Llorente está de licencia) y anticipó asimismo que “en cinco o diez días” podría estar listo el auto de sentencia para que empiece a correr el plazo legal de los 60 días hábiles que la Corte tendrá para resolver.

“La sentencia puede salir en el día 5 o en el día 59, no lo sé. Pero esperamos llegar antes de fin de año”, confió a MDZ Online el magistrado.

La causa de la 7722 está desde hace dos años a resolución del plenario de la Corte, pero estaba virtualmente adormecida desde ese entonces. Tanto era así que los abogados patrocinantes habían pedido la suspensión de los expedientes para evitar la caducidad de los mismos ante las demoras del Tribunal.

Pero tras las elecciones provinciales de junio todo el proceso se aceleró. A comienzos de este mes, la Corte decidió no hacer lugar al pedido del Procurador, Rodolfo González, para implementar el mecanismo de audiencia pública antes de resolver la cuestión de fondo, más allá de que en ese momento se especuló con que el fallo seguiría demorado todavía.

La Corte, con cuatro votos en contra y tres en disidencia, no dio lugar a la posibilidad que la controvertida causa se ventile públicamente en una audiencia entre las partes.

Los jueces que se opusieron fueron Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde, Herman Salvini y Pedro Llorente. En tanto, quienes la respaldaron (y votaron en disidencia) fueron Omar Palermo, Jorge Nanclares y Mario Adaro, este último, impulsor de las audiencias públicas como mecanismo de resolución de sentencias conflictivas.

El argumento de los magistrados para no dar lugar al pedido del Procurador fue, entre otros, que las pruebas sustanciadas en el expediente ya son suficientes como para dictar una sentencia y que el debate de la norma cuestionada ya se produjo en el ámbito de la Legislatura cuando la ley se trató durante el gobierno de Julio Cobos.

Tal argumentación es rebatible. La audiencia pública podría haber zanjado las diferencias que todavía existen luego de la sanción de una ley que lo que no tuvo en su momento fue, precisamente, debate.

El Fiscal de Estado, Fernando Simón, algo así interpretó, e insistió con una presentación formal para que la Corte convocara a la audiencia.

Según entiende Simón, las audiencias fueron instauradas en 2013 por la Corte para tratar asuntos que excedan el interés de las partes, y queda claro que la discusión por la minería es, en Mendoza, uno de los asuntos más polémicos.

Por otro lado, la misma Corte fijó, hace dos años, que con el acuerdo de tres miembros bastaba para la convocatoria a la audiencia.

Lo único que podría demorar los plazos planteados por Nanclares es que se decida hacer lugar al reclamo de Simón. Pero difícilmente los supremos vuelvan sobre sus pasos, aunque el Fiscal apuesta a que, al menos, expliquen por qué no se atrevieron a una convocatoria abierta antes de la esperada sentencia final.

La audiencia podía haber funcionado también como escenario para que los estudios de abogados mineros que impulsaron los planteos de inconstitucionalidad pudieran contrarrestar sus argumentos con las organizaciones ambientalistas.

Una cosa está definida en el sector: en caso de un fallo contrario a sus intereses, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con lo cual el devenir judicial del tema seguirá varios años más. Aunque esta vez en Buenos Aires.

Hace algunos días, la minería dio esa misma señal en Córdoba. Allí el máximo órgano de Justicia provincial respaldó la constitucionalidad de la ley 8925, una norma que tiene el mismo perfil restrictivo para la actividad que la 7722.

Los ambientalistas locales festejaron ese respaldo y lo vieron como un antecedente de lo que puede llegar a ocurrir aquí. Sin embargo, más allá de las posibles similitudes, también existen muchas diferencias.

Es verdad que ambas leyes son abiertamente antimineras y que la cordobesa también prohíbe sustancias químicas, al igual que la mendocina.

Pero la ley en Córdoba prohíbe la minería a cielo abierto, mientras la mendocina no.

La provincia mediterránea, entienden los promineros, no tiene reservas minerales metalíferas de importancia, ya que su principal recurso mineral son las rocas de aplicación, por lo que la prohibición allí no afecta el futuro económico de la provincia.

“Aquí en Mendoza ocurre lo diametralmente opuesto: sólo el 4% de la superficie está cultivada y el 96% restante son desierto y montañas plagadas de minerales”, argumentan.

Y dan sus argumentos legales también: “Fue un fallo político, en donde casi no se sustanciaron pruebas, como ocurrió aquí”.

“El fallo basa gran parte de su fundamentación en la decisión del Parlamento Europeo en prohibir el cianuro en Europa. ¡Esto es lamentable!, y algo que muchos que están en contra de la actividad en Mendoza repiten permanentemente. La verdad es que se refiere a la resolución del Parlamento Europeo sobre la prohibición del uso del cianuro en la actividad minera del mes de mayo de 2010, sin aclarar que esta recomendación fue rechazada por la Comisión Europea, que es un organismo superior”, es el argumento uno de los abogados que defendió a la minería en Mendoza.

Todo por aquella presión sobre Cobos

La ley fue sancionada durante el gobierno de Julio Cobos, al ritmo de los cortes de rutas y las protestas en el Valle de Uco de entonces, justo en momentos en que el entonces gobernador concretaba sus aspiraciones de convertirse en candidato a vicepresidente.

Nada importó que, meses antes de su sanción, funcionarios de aquella administración radical viajaran a Canadá para promocionar la minería en la provincia.

Ante los cortes de ruta en el Sur que amenazaban con convertirse en un escándalo nacional, el entonces presidente, Néstor Kirchner, le ordenó a Cobos: “Desactivame ya ese kilombo”. Y Cleto actuó en consecuencia.

En una semana, ambas cámaras sancionaron en la Legislatura las restricciones, que terminaron por alejar a todos los proyectos de megaminería casi para siempre.

En términos generales, la norma prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera y establece que la declaración de impacto ambiental (DIA) de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley en la Legislatura.

A los pocos días de la sanción de la ley, el 20 de julio de 2007, se desencadenaron 12 planteos de inconstitucionalidad, en su mayoría de empresas mineras, que fueron patrocinadas –siete de los once pendientes– por el estudio de abogados Barraza, Rodríguez, Díaz y Gregorio, el mismo que impulsó el fallido proyecto San Jorge.

Los planteos de inconstitucionalidad consideraron discriminatorio que esta actividad no pueda utilizar sustancias como el cianuro o el ácido sulfúrico y otras actividades productivas sí. Y, por otro lado, entendieron que existió una confusión de poderes, ya que la Legislatura tiene que aprobar la Declaración de Impacto Ambiental cuando para otras autorizaciones del mismo orden, basta sólo con un decreto del Poder Ejecutivo.

El lardo período de sustanciación de pruebas fue uno de los elementos que jugó a favor de la demora injustificable en una sentencia, que debe entenderse solo por la poca intención de la Corte de verse obligada a fallar.

La sanción y la posterior discusión judicial de casi una década alrededor de la 7.722 puede ser tomada como otro de los episodios institucionales que marcan el estado de cosas en Mendoza.

Aquí la Justicia, con pocas ganas, debió hacerse cargo de conflicto que la política no pudo resolver. Mientras sale el compromiso de Nanclares, aún resta saber qué pasará con otras causas complejas, como la investigación sobre la corrupción en Irrigación por el otorgamiento irregular de los 21 pozos en Agrelo, la discusión por la tarifa eléctrica o el conflicto por el tope salarial, por mencionar algunos.

  • El lardo período de sustanciación de pruebas fue uno de los elementos que jugó a favor de la demora injustificable en una sentencia, que debe entenderse solo por la poca intención de la Corte de verse obligada a fallar.

“La verdad, este fue un juicio que se debía haber resuelto mucho más rápido, en 30 días por ejemplo, porque era una cuestión de puro derecho”, fue la amarga confesión de Nanclares.

Fuente: Mdzol.com

Mendoza: temblores de la megaminería

Ecología. La presión de las mineras y la resistencia de los movimientos son analizadas por Wagner.

En Mendoza, las movilizaciones en rechazo a la megaminería pasaron de reclamos puntuales –‘no queremos el proyecto minero en las cercanías de las nacientes de agua’– a la organización de grupos que propugnan una resistencia a la instalación de estos proyectos basada en la reapropiación de su naturaleza y su territorio, con la defensa del agua como argumento esencial. A partir de esta investigación pudo examinarse cómo la reciente historia de las luchas acontecidas en Mendoza manifiesta un proceso que comienza en los departamentos agrícolas, se traslada al resto de la provincia, y se articula con organizaciones que surgen de otras problemáticas en todo el país”, explica Lucrecia Wagner en Conflictos socioambientales, la megaminería en Mendoza, 1884-2011 (Universidad Nacional de Quilmes Editorial), que recorre los conflictos y movilizaciones socioambientales a través de la historia poniendo el foco en la provincia cordillerana. De estas tensiones habla en esta entrevista.

–En el libro, detalla cómo nace el ambientalismo/ecologismo en los 70, ¿qué características nuevas tienen las Asambleas Ciudadanas que luchan contra la megaminería a cielo abierto en todo el país?
–Las asambleas combinan diferentes modalidades de acción, unas compartidas con el ecologismo conservacionista, otras con el ecologismo que busca soluciones técnicas a los impactos ambientales, y algunas asimilables a las de otros movimientos sociales; realizando así reclamos de protección de ambientes, participación en evaluaciones ambientales, cortes de ruta, apertura de nuevos espacios de participación vecinal, movilizaciones e intervenciones culturales, lo que ha configurado su heterogeneidad y adaptabilidad a diversos escenarios de conflicto.

–Con el gobierno de Rivadavia comienza una etapa de la actividad minera en la Argentina centrada en el aporte de capital extranjero, ¿cómo fue esta relación entre el Estado Nacional y los capitales transnacionales en la historia?
–Desde los primeros esfuerzos de la Argentina como república por fomentar la minería, se impulsó la participación de capitales extranjeros. La segunda mitad del siglo XIX es considerada el comienzo de la explotación bajo criterios capitalistas modernos, creciendo la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Después de la Primera Guerra, el Estado asume un rol más activo, incluso con fuertes programas de prospección y exploración, intentando vincular a la minería con el desarrollo siderúrgico y militar. En los 90 se sancionan leyes que impulsan el ingreso masivo de inversiones transnacionales en minería a gran escala.

–Habla del agua como un bien codiciado vinculado a las disputas y las relaciones de poder, ¿qué rol cumplen en este juego las políticas gubernamentales provinciales y nacionales?
–Mendoza posee zonas de oasis (3% del territorio), y el resto es área no irrigada, denominada desértica. La organización de la distribución del agua ha configurado el territorio, y el agua ha sido desde sus inicios un bien disputado, lo que se plasmó en una fuerte institucionalidad provincial en relación a su control, complementada en las últimas décadas con una fuerte institucionalidad ambiental. Las leyes nacionales actúan como presupuestos mínimos en materia ambiental, y las políticas como puntapié para impulsar actividades económicas, pero los conflictos se han dirimido a nivel provincial; las provincias tienen el dominio de los recursos naturales y son las que otorgan el permiso para explotar minerales.

–Son conocidos los casos de Esquel, Famatina y Andalgalá, el caso mendocino lo es menos. Allí nacieron y se multiplicaron las organizaciones contra la megaminería, ¿cuáles son sus rechazos y planteos puntuales?
–Mendoza depende del agua de los ríos que nacen de glaciares en la cordillera, destacándose el rechazo social a que la megaminería se instale en las nacientes de agua, y o contamine fuentes hídricas. Se reclama el acceso al conocimiento y a la participación en las decisiones sobre las actividades económicas a desarrollar en la provincia, se critica el accionar de ciertas empresas mineras, y la falta de controles ambientales. La oposición a la megaminería nació en el oasis centro de la provincia, en el Valle de Uco, donde se pretendía llevar adelante actividades de prospección y exploración cercanas a un área natural protegida, reconocida por los pobladores como fuente hídrica. Luego, se rechazaron proyectos similares en el sur provincial, en las cercanías del cerro Nevado, movilizándose vecinos de Punta del Agua y otras localidades de San Rafael, y de General Alvear. También se sumaron organizaciones que venían rechazando la reapertura de la mina de uranio Sierra Pintada, en San Rafael. Estos movimientos confluyeron a fines del año 2006 en la legislatura provincial, donde se estaban tratando los primeros proyectos de ley para limitar la actividad minera, momento en el que se forma la asamblea popular por el agua del Gran Mendoza. Luego se sumaron poblaciones de localidades de montaña, como Uspallata, lugar donde pretendió instalarse el proyecto San Jorge, de explotación de cobre y oro, mayoritariamente rechazado en su audiencia pública, y finalmente en la legislatura provincial. El conflicto en Mendoza ha combinado movilizaciones masivas en el espacio público (marchas, escraches, cortes de ruta informativos), con la participación de quienes rechazan la megaminería en las evaluaciones de impacto ambiental (de los proyectos mineros Potasio Río Colorado, de sales de potasio, y San Jorge, metalífero), y debates en diferentes espacios (académicos, vecinales, legislativos); es decir, el conflicto ha combinado su exposición pública, con el diálogo entre diferentes actores en disputa.

–¿De qué manera funcionan lo que llama las legislaciones del No?
–Siete provincias argentinas, entre ellas Mendoza, poseen legislación que restringe la minería, prohibiendo el uso de determinadas sustancias y procesos, y regulando cómo deben otorgarse los permisos ambientales. Representan aquellos territorios del país en los que amplios sectores de la población no están dispuestos a aceptar que la minería ingrese sin condicionamientos. Los sectores mineros han demandado la inconstitucionalidad de estas leyes en Mendoza y Córdoba. En La Rioja y Río Negro estas leyes existieron y fueron luego anuladas o derogadas. También debe considerarse Chubut, donde una iniciativa popular de ampliación de los límites de la ley existente sufrió un revés legislativo y derivó en un proyecto que redujo el alcance de la ley original.

–Estas luchas ponen en evidencia el debate en relación a los límites del modelo de desarrollo actual, ¿en qué estado está esa discusión?
–A nivel mundial convive la propuesta de ampliación de controles ambientales y mejoras técnicas que eviten impactos negativos (desde el capitalismo verde), con debates sobre qué desarrollo queremos para nuestras sociedades. Latinoamérica vive álgidas discusiones sobre el desarrollo y el extractivismo, con variantes en el tema minero, que van desde países donde la minería es una actividad histórica –que respete los derechos humanos y no destruya el ambiente–, a otras donde la megaminería pretende instalarse en las últimas décadas y se discute qué desarrollo representa y si es compatible con las formas de vida de sus poblaciones.

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Mendoza-temblores-megamineria_0_1316268379.html

Zandomeni no renuncia a la minería

“La sociedad necesita alternativas  de trabajo, y esta es una, es como la investigación en nuevas tecnologías, hay que mantenerlas hasta que den sus frutos y sean ampliamente aceptadas”, explicó Zandomeni sobre la posibilidad de avanzar en materia minera durante 2015.

El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, debatió la pauta presupuestaria que requerirá su cartera durante 2015 y adelantó que, con 100 empleados, serán necesarios $308 millones para gestionar.

“Hemos triplicado las inspecciones tanto en hidrocarburos como en minería, y esto ayuda a seguir construyendo lo que necesitamos que es un desarrollo sustentable, aseguró Zandomeni.

Las principales obras para Energía

“También presentamos un cuadro de inversiones a 5 años en temas eléctricos que el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico), ha desarrollado como necesarios para que Mendoza sigue creciendo, sin limitaciones, en energía, de calidad y en cantidad”, indicó el ministro.

“Y también dos obras o tres, también estratégicas, una que ya está terminada es la T Villanueva (estación transformadora), y la otra es las Viñas, para lograr el mayor crecimiento de Mendoza en el Valle de Uco y en la ruta 92, y por otro lado, la estación Miguez en el Este”, agregó el ministro.

http://www.mdzol.com/video/575639-zandomeni-no-renuncia-a-la-mineria/

La minería divide al sur y amenaza los procesos de integración

El proyecto Hierro Indio generó una grieta nunca vista entre los vecinos de Malargüe y General Alvear, con posiciones en muchos casos irreconciliables. Los Andes recorrió ambos departamentos y también el “neutral” San Rafael, para recoger las voces de sus habitantes. Algo se rompió y hay que arreglarlo urgentemente.

Gustavo Yáñez / Federico Navarro / Carlos Simón

Malargüe: un lugar con identidad minera

Malargüe es el departamento que alberga a Hierro Indio, el proyecto minero que es la “punta de flecha” de la discusión. El impacto social de este debate es indiscutible e innegable, a tal punto que no sólo hay posturas disímiles sobre el tema con el vecino General Alvear, sino hacia dentro de la misma comunidad malargüina.
Más allá de las discusiones, lo que no se borra es la historia del departamento, siendo la minería uno de sus fuertes en épocas de crisis y esto se corresponde con el colegio más grande la ciudad de Malargüe, que forma justamente técnicos mineros y técnicos en industria de proceso.

La escuela 4-018 Técnica Química, Industrial y Minera General “Manuel Nicolás Savio” tiene una matrícula de 630 estudiantes y por año egresan aproximadamente 60.
La profesora Ruth Mercado es quien lidera esta institución y recalcó que este colegio forma técnicos para los recursos naturales que tiene Malargüe y “eso fue desde el principio, desde el origen de esta escuela, porque siempre respondió a la identidad que tiene el departamento y lo va a seguir haciendo”.
La docente también se refirió a la supuesta contaminación que genera la minería y aclaró que los estudiantes de este colegio “están formados para respetar el ambiente, porque es su casa y nadie va a querer que su lugar de vida sea destruido”.
En tanto, sobre las discusiones que se han originado en torno a Hierro Indio, indicó que los estudiantes son conscientes de lo que pasa y esperan una respuesta del Estado, más aún teniendo en cuenta que muchos de ellos en pocos días terminarán el nivel secundario y cuando salgan a la calle “es difícil que encuentren trabajo”.
Cinthia Carmona es una de las estudiantes que este año egresa y además es Reina de la Minería. Acompañada por algunos de sus compañeros, la joven también participó de las marchas donde parte de la comunidad se manifestó en favor de la minería sustentable.

“Estoy estudiando la tecnicatura en minería y me gustaría trabajar en alguna empresa aquí en Malargüe, porque conozco a varios chicos de la escuela minera que después de recibirse han tenido que irse a trabajar a otras provincias, porque acá no pueden ejercer su título”, comentó la joven de 17 años.
El rechazo a Hierro Indio repercutió incluso en el ámbito comercial y Carlos “Cacho” Pérez es uno de los empresarios del medio que siente las réplicas del tema.

Lleva 15 años con su empresa, ha logrado sortear distintas épocas y, según su punto de vista, si el proyecto minero no se realiza el comercio en general va a sentir el impacto, “porque la gente que puede llegar a trabajar en este proyecto, sea poca o mucha, es importante para dar movimiento al pueblo”.
Cacho comparó Hierro Indio con Vale y si bien sabe que esta última abarcaba un amplio espectro de trabajadores, acusó: “Cuando se fue lo sentimos muchísimo”.
Como receptor de opiniones de la comunidad, interpreta que es muy poca la gente que está en contra de Hierro Indio y agregó: “Hay muchos que están molestos por el rechazo de los diputados y creo que casi todo Malargüe quiere que este proyecto prospere, por el bienestar de cada uno de nosotros”.
Desde la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe denunciaron desde un principio irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Hierro Indio.

En representación de este sector, Ernesto “Nito” Ovando reflexionó sobre el panorama actual y manifestó: “Malargüe necesita un debate, porque el discurso de que es un departamento minero se ha caído, porque si bien hay una identidad minera la matriz productiva debe ser discutida seriamente”.
Según él, con debates previos se podría haber llegado a un consenso social y así se hubiera evitado llegar a este punto de inflexión donde parte de la sociedad está dividida e incluso se ha llegado a agresiones a través de las redes sociales hacia quienes piensan distinto.

En este sentido, Ovando aclaró: “No estamos en contra de Hierro Indio sino que estamos a favor del trabajo y de la minería no contaminante. Estamos en contra de las desprolijidades de la declaración de impacto ambiental que se presentó”.
Algunos de los integrantes de su sector han recibido amenazas y agresiones, por lo que el entrevistado no se privó de mencionar que esto se debe a “matrices autoritarias que tienen varios de los malargüinos, aunque eso ha servido para reconocer las caras de los que de verdad están trabajando en una democracia y también de quienes quieren construir un consenso”.
Esta fractura en parte de la comunidad también trascendió hasta el vecino General Alvear. Así lo ven desde la Cámara de Comercio, Industria, Minería, Agricultura, Ganadería y Turismo de Malargüe e incluso hablan de un retroceso en la integración: “Es un paso hacia atrás”, lanzó el presidente Lisandro Jaeggi.
Sobre la reacción de los vecinos de Alvear, expresó su malestar, porque se venía realizando -según comentó- un fuerte trabajo de integración que contemplaba rutas, corredor bioceánico, sistemas productivos, entre otros proyectos en pos de un mejor desarrollo para el sur y “con la postura intransigente tomada por parte de vecinos e instituciones dificulta el proceso de integración y significa una pérdida de oportunidades para todos”. / Gustavo Yáñez 

General Alvear: un no rotundo a Hierro Indio

Tras el rechazo a Hierro Indio en Diputados y el posterior desarchivo realizado por la misma Cámara, los alvearenses se han mantenido expectantes acerca de lo que pueda suceder con este proyecto minero que tanta polémica y tensión generó.
Hasta el viernes 21, General Alvear era una caldera a punto de estallar: la tensión acumulada por el proyecto minero a desarrollarse en Malargüe, había generado un clima caliente en toda la población que se volcó a las calles sin dudarlo.
Después del rechazo se abandonaron las rutas y la gente se volcó al centro alvearense para festejar la decisión de los diputados, la situación se descomprimió y el fin de semana largo estuvo repleto de festejos en los que el “No a la Minería, Sí a la Vida” fue la consigna principal.
Ahora los alvearenses mantienen la alegría de saber que la lucha para que este proyecto fuera rechazado sirvió y que no fueron en vano tantos días y tantas noches en las rutas.
La calma retornó a Alvear aunque la  consigna en contra de la minería contaminante se mantiene y aún se pueden observar carteles en los distintos comercios reafirmando esta posición. La más emblemática es sin dudas la bandera que se encuentra firme en la pérgola de la plaza central del departamento, que reza “No a la minería contaminante”.
“El proyecto Hierro Indio iba a usar una gran cantidad de agua que en este momento el Río Atuel no tiene. Hace varios años que estamos en emergencia hídrica y apoyar este proyecto era imposible”, opina Romina, quien es empleada pública.

Raúl, empleado de comercio, es más cauto: “Me parece que se les fue un poco la mano con los cortes de ruta. Yo no estoy de acuerdo con Hierro Indio porque no existen los controles para que la minería funcione correctamente, pero si se realizaran bien podría haber proyectos mineros en la provincia. Me parece que faltó diálogo y que habían muchos que no sabían por qué protestaban.
El tema aún se mantiene en boca de los alvearenses que se preguntan qué es lo que sucederá el próximo año, cuando comience a funcionar nuevamente la Legislatura y pueda volver a tratarse Hierro Indio, aunque está la esperanza de que por ser un año electoral las intenciones de concretarlo se esfumen y en 2015 no se escuche hablar de este proyecto.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan debatiendo acerca de la minería y del uso que se realizaría del agua en caso de que se lleven adelante este tipo de proyectos.

La población se informó mucho durante este mes de tensión y hoy por hoy se habla de Hierro Indio con la misma pasión que del superclásico del fútbol argentino: en cada hogar y en cada café se escucha hablar de este proyecto que tantos dolores de cabeza dio a los funcionarios.
En cuanto a las protestas y el descontento de los malargüinos, que querían que Hierro Indio fuera una realidad, la mayoría de los alvearenses esperan que sus vecinos entiendan que el objetivo de su rechazo no fue en contra de la creación de nuevos puestos de trabajo sino del uso irrestricto que, según la mayoría, se iba a hacer del recurso hídrico.

“Soy de Malargüe pero hace algunos años que vivo en Alvear, por lo que puedo opinar desde los dos puntos de vista -dice Eliana, ama de casa-. Me parece que Hierro Indio se rechazó bien porque no hay agua, y además habría que controlar mejor porque en Malargüe hay una gran cantidad de enfermos por culpa de la minería”.
Hoy una de las principales preocupaciones en la zona se centra en retomar los trabajos en conjunto que se estaban llevando adelante entre ambos departamentos, como las gestiones por el trasvase del Río Grande al Atuel y la concreción de la Ruta 188, pero por el momento las esperanzas son pocas.
Aunque en estos días la calma ha regresado, todos coinciden en algo: “Si hay que volver a las rutas para decirle que no a Hierro Indio, se volverá y la lucha continuará”. / Federico Navarro

San Rafael: entre la indiferencia y la conciliación

El tema Hierro Indio en San Rafael sólo se manifestó en un pequeño sector que hizo marchas a una de las rotondas de ingreso a la ciudad y cortes en el arco que da la bienvenida al departamento a quien viene de la ciudad de Mendoza o el Valle de Uco.

Otro grupo participó activamente en los cortes de San Carlos y el más grande se manifestó junto a los alvearenses, como fue el caso de los productores de Real del Padre, con afinidad geográfica con Alvear por su proximidad. Sin embargo, la problemática no es un tema que preocupe, al menos en las apariencias, a los sanrafaelinos en general.
Una recorrida por el centro deja en claro que la mayoría de la gente no posee un conocimiento ni aproximado sobre el conflicto que enfrenta a alvearenses y malargüinos.

Cuando se habla de minería en este departamento, sólo se tiene una idea aproximada del yacimiento de uranio Sierra Pintada y de los efectos que, según sectores ambientalistas y la propia Multisectorial del Sur, produciría la reapertura de esta mina a cielo abierto.
Sí se han manifestado, en apoyo a la postura de Alvear, el Concejo Deliberante y la misma Multisectorial donde está incluida la Cámara de Comercio, aunque en ambos casos se sugiere la conveniencia de acercar posiciones para evitar enfrentamientos entre dos de los departamentos del sur mendocino que perjudiquen el desarrollo de la región.
Esto último directamente en referencia al trazado de la Ruta Nacional 188 (que San Rafael pretende que pase por el distrito El Nihuil) y el trasvase del río Grande al Atuel, dos puntos que claramente Malargüe ha amenazado a Alvear con no apoyar y sí forjar una alianza con La Pampa.
Juan Martínez, conocido publicista sanrafaelino, lo dejó en claro: “La explotación es un riesgo pero la exploración también tiene que ver con el medio ambiente. Por lo menos ahora podremos estudiar el caso conscientemente para ver cómo se hace un trabajo racional, sustentable, que no afecte el ambiente ni las relaciones entre los departamentos, que en definitiva son la base del desarrollo regional”.
En tanto, Darío Carmona, encargado de la oficina de Turismo de Malargüe en San Rafael, quien tiene a la mayoría de su familia viviendo en Alvear, dice estar a favor de la minería “bien hecha y bien controlada, que es lo que siempre ha hecho Malargüe.

Hay que recordar que este departamento es el único que tiene Dirección de Ambiente, que tiene la Payunia como candidata a patrimonio de la humanidad, el proyecto Pierre Auger por su cielo limpio, una espectacular miel orgánica, la explotación de chivos controlada y otras tantas cosas que no son casualidad. Se trabaja desde hace mucho tiempo”.
Se han manifestado a favor y en contra distintos dirigentes políticos que reflejaron la posición de las Cámaras de Senadores y Diputados, referidas a Hierro Indio. / Carlos Simón

http://www.losandes.com.ar/article/la-mineria-divide-al-sur-y-amenaza-los-procesos-de-integracion

Se apaga otro proyecto minero

por Juan Carlos Albornoz

Los senadores del PJ quieren devolver al Poder Ejecutivo Cerro Amarillo, el emprendimiento para abrir una mina de cobre en Malargüe cuyo tratamiento legislativo quedó en suspenso hasta que cumpla requisitos ambientales. Un senador radical propone hacer una consulta popular, pero recién en 2016.

Tras el fracaso legislativo de Hierro Indio, el otro proyecto minero que empujaba el Poder Ejecutivo, Cerro Amarillo, está muy cerca de correr una suerte similar.

Sucede que el oficialismo ha quedado muy herido con la enorme polémica que se generó la semana pasada y se prepara para decidir que el proyecto para extracción de cobre vuelva al Poder Ejecutivo para que Francisco Pérez decida cuál será su destino.

Cerro Amarillo también se ubica en Malargüe y representa una inversión de 10 millones de dólares (10 veces mayor que la mina de hierro). Su tratamiento quedó suspendido en el Senado debido a la ausencia de un requisito indispensable: no está listo el inventario de glaciares que debe elaborar el IANIGLA de la cuenca del río Grande, una de las que se verían afectadas por el emprendimiento.

El inventario estaría listo antes de febrero y eso podría reactivar la discusión en comisiones del proyecto. Pero en el Senado hay otro plan: los senadores del PJ tienen la idea de devolver la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Ejecutivo “para que esté más blindada si el Gobierno quiere impulsarla en mayo”, según reconoció un legislador.

Esta propuesta demuestra cuál es el estado de ánimo en el Senado después de la derrota de Hierro Indio. La DIA para explorar una zona donde habría hierro tenía defectos y a pesar de ellos fue sancionado por un voto de diferencia el martes pasado. Sin embargo, tres días después, con apenas una jornada de debate en comisiones, la Cámara de Diputados lo archivó, en medio de fuertes protestas antimineras con foco en General Alvear.

Ahora los senadores justicialistas quieren evitar “quemarse” otra vez con la minería y en el caso de Cerro Amarillo prefieren esperar a que Pérez (quien afirmó que está solo en la pelea por impulsar la actividad) defina si quiere seguir dando batalla durante el año electoral que se avecina.

Hasta 2016

Otras señales políticas sugieren que nadie va a tener interés en debatir la minería en medio de las elecciones. El senador radical Juan Carlos Jaliff salió al cruce ayer con un proyecto de ley para realizar una “consulta popular no vinculante” sobre la minería metalífera, aunque aclaró que su idea es que la ciudadanía se exprese recién el 13 de abril de 2016.

“En un año electoral no se puede hacer”, aclaró Jaliff. El legislador propuso en su proyecto que se pregunte a la ciudadanía mendocina, por “Sí” o por “No”, si hay licencia social para autorizar “los proyectos mineros metalíferos que cumplan con todas las normativas legales y constitucionales de la Provincia y la Nación en particular sobre la preservación y protección del medio ambiente y que no utilicen ninguna sustancia o producto químico que contamine las cuencas hídricas de la Provincia”.

El planteo de fondo es compartido por algunos justicialistas, como es el caso del diputado nacional Alejandro Abraham. Jaliff considera en el proyecto que “ha llegado el momento en que los mendocinos, en su conjunto, deben decidir con respecto a la aceptación o rechazo de la realización de proyectos mineros metalíferos”.

Esta afirmación blanquea el pensamiento de que en Mendoza hace falta algo más que un trámite correcto y ceñido a la legislación para que la minería pueda ser realidad. Eso sí, nadie está dispuesto a esclarecer esta situación en el corto plazo.

Hierro Indio está terminado

En un acto de ciclotimia política, peronistas y radicales suscribieron ayer la posibilidad de desarchivar Hierro Indio en la próxima sesión de Diputados para que el Poder Ejecutivo realice las correcciones pertinentes.

La idea surgió en el seno de la misma cámara que hace pocos días rechazó el proyecto de hierro con contundencia (28 votos negativos contra sólo 16 positivos), pero sería inviable.

Fue el senador Jaliff y otros colegas radicales de la propia Cámara Baja quienes advirtieron que la maniobra no está permitida por la Constitución provincial, que en su artículo 103 sostiene: “Ningún proyecto de ley, rechazado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones del año”.

La DIA de Hierro Indio es en los hechos un “expediente terminado” y ahora el único camino posible, según indicó Jaliff, es que el Poder Ejecutivo envíe una nueva en mayo del año próximo, es decir, al comienzo de las sesiones ordinarias de la Legislatura.

Ninguna posibilidad habría entonces de evitar que el debate de la minería se apague por lo menos durante los próximos seis meses, lo que también deja en el más completo limbo al proyecto San Jorge, la mina de cobre en Uspallata que ahora es impulsada por inversores rusos y que podría haber tenido una oportunidad si se aprobaba Hierro Indio.

http://www.mdzol.com/nota/572513-se-apaga-otro-proyecto-minero/