Media sanción a proyectos contra violencia de género

Senadores provinciales aprobaron 4 futuras leyes luego de acuerdo entre los bloques. Se espera que ocurra lo mismo en Diputados.

Verónica De Vita – vdevita@losandes.com.ar

Los senadores provinciales aprobaron ayer cuatro proyectos de ley contra la violencia de género que ahora serán tratados en diputados donde se espera que tengan la misma suerte.

Uno de ellos estipula la creación de una Fiscalía Especial contra la Violencia contra la Mujer y otro la de una Comisaría de la Mujer. Se trata de dos proyectos complementarios ya que en la práctica tendrán funciones similares sólo que las segundas se establecerán en dos jurisdicciones (Valle de Uco y Sur) donde no se pueden establecer las primeras por cuestiones jurídicas.

Tendrán a su cargo la recepción de denuncias de víctimas femeninas exclusivamente quienes recibirán contención por parte de personal especializado.

Por otra parte, se habilita la creación de un Observatorio de Violencia de Género que tendrá a su cargo el manejo de datos estadísticos sobre el tema.

Finalmente, la cuarta de las propuestas contempla licencias laborales por violencia de género, así como cierta laxitud horaria en este ámbito para mujeres afectadas por esta situación. Las fiscalías además tendrán a su cargo la creación de un Registro Provincial para la Protección de las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, un sistema informatizado con las medidas judiciales que hayan tomado.

El aumento de casos de agresiones a mujeres y femicidios que tiene alerta a la sociedad, disparó el interés de los legisladores locales por contar con nuevas herramientas de contención, prevención y seguimiento. Así fue que la semana pasada se reunieron en un plenario de comisiones donde los diferentes bloques acordaron el tratamiento en el recinto y la aprobación.

Gracias a esto, los proyectos pasaron sin mayores sobresaltos, con votos unánimes para tres de ellos. Sólo el de las comisarías tuvo la abstención del FIT por cuestiones ideológicas, pero esto no fue impedimento para que junto con el resto siguiera su camino hacia la cámara baja.

El presidente del bloque justicialista de senadores (FPV), Gustavo Arenas, fue quien motivó la convocatoria. Aclaró ayer que sólo se hicieron algunas modificaciones menores a los proyectos presentados que tienen que ver con aspectos de la redacción.

Relató que los textos también se venían tratando en la comisión Bicameral de Género donde han contado con el apoyo de los diputados. Por ese motivo, se descuenta que dado el acuerdo entre los bloques no tengan mayores complicaciones para llegar a la aprobación definitiva.

Aunque el tratamiento  en la otra cámara está supeditado a la necesidad de atender otros asuntos, se espera que la próxima semana llegue al recinto o al menos “lo antes posible”, señaló Arenas.

Si se aprueba, el Ejecutivo tendrá 10 días para la promulgación. Explicó que la aplicación de las licencias será prácticamente automática, mientras que aquellas áreas que requieran la conformación de una estructura llevarán más tiempo y los fondos para el Observatorio deberán contemplarse en el próximo presupuesto.

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Valle de Uco: en el 2014 hubo 498 denuncias por violencia de género

Fueron 14 casos más que el 2013. Preocupación en las autoridades policiales y judiciales.

“En el Valle de Uco no tenemos índices delictivos que nos abrumen. Hay casos como en todos lados, pero esto es alarmante”, cuenta Alberto Bergamin, Comisario Distrital del Valle de Uco, en base a las estadísticas que lleva cada una de las comisarías de esa región de la provincia.

Los datos son alarmantes. En todo el 2014, hubo 498 denuncias por violencia de género, entre todas las dependencias de Tupungato, San Carlos y Tunuyán. Es decir, más de una presentación por día.

En este sentido, la cifra marcó un aumento de 14 casos, con respecto a lo sucedido en todo el 2013.

Las causas que se abrieron en la Justicia, corresponden a casos de violencia en el seno del hogar o bien en la relación de pareja. Hay expedientes por lesiones, amenazas y abusos sexuales, señalaron los investigadores.

“Necesitamos que la gente, más precisamente las mujeres, sepan que esto no es como hace 20 años, que cuando querían denunciar un hecho así no encontraban respuesta en la Comisaría. Ahora hemos trabajado para esto, está colaborando el municipio y varias ONG”, explicó Bergamín.

El caso de la mujer de 31 años que denunció a su ex por secuestrarla, y filmarla mientras la violaba en un hotel alojamiento, volvió a poner en el centro de la escena, este tipo de agresiones, que en el Valle de Uco, son una problemática.

La policía, en base a las presentaciones que se hicieron en cada una de las seccionales, tiene una estadística que muestra un aumento en casi todas las dependencias.

Por ejemplo, en la Comisaría 18 de San Carlos, durante el 2014, se denunciaron 84 casos, cuando en el año anterior, habían existido 69 hechos.

En la Seccional 20, principal dependencia de Tupungato, hubo 78 denuncias durante el año que acaba de terminar. En el 2013 habían sido 70.

En tanto que en la Comisaría 15 de Tunuyán, fue en la única que descendió, aunque los números son elevadísimos. En el 2013 hubo 116 hechos, y en el 2014 las causas ascendieron a 100.

“Esto se soluciona desde la escuela. Hay veces que ves en un colectivo a un chico maltratando a su noviecita de la escuela. Los números que estamos manejando son una barbaridad”, reconoció una alta fuente judicial del Valle de Uco.

Para ello, desde la Distrital ya trabajan en conjunto con el municipio, varias ONG y la dirección de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Seguridad. El objetivo: descender los casos en el año que recién comienza.

A continuación, todas las denuncias, divididas por comisaría y año.

Dependencias	2013	2014
Comisaría 18 de San Carlos	69	84
Comisaría 41 de La Consulta, San Carlos	54	57
Comisaría 20 de Tupungato	70	78
Subcomisaría San José, en Tupungato	23	29
Subcomisaría Cordón del Plata, Tupungato	32	18
Comisaría 15 en Tunuyán	116	100
Subcomisaría Vista Flores, Tunuyán	120	132
Total	484	498

http://mendozaopina.com/sociedad/107-2/44388-valle-de-uco-en-el-2014-hubo-498-denuncias-por-violencia-de-genero

Minería en Mendoza: hierro Indio, a un paso de ser aprobado, y Cerro Amarillo, demorado

El debate minero se pone caliente en Legislatura. Hay más voces a favor que en contra de Hierro Indio, pero la mina de cobre deberá esperar a que concluyan informe de glaciares.

Por Paola Alé
ale.paola@diariouno.net.ar

El debate minero hace calentar los ánimos en la Legislatura. Mientras un grupo de legisladores (tanto del oficialismo como de la oposición), además de empresarios y Gobierno, impulsa el desarrollo de dos iniciativas en Malargüe (Hierro Indio y Cerro Amarillo, para explotación de cobre) otro grupo, formado por legisladores y ambientalistas, intenta desmenuzarlos, ponerlos debajo de una gran lupa y leer hasta la última letra chica en busca de incompatibilidades con la leyes de protección del ambiente vigentes: la provincial 7.722 (cuidado del agua) y la nacional 26.639, de inventario de glaciares.

En este contexto, en donde existen muchos intereses en juego, los legisladores pudieron sacar ayer algo en limpio: la etapa de prospección y exploración de Hierro Indio tiene muchas posibilidades, mientras la de Cerro Amarillo entró en un compás de espera, que podría ser de hasta 6 meses.

Esto porque a Cerro Amarillo le falta un documento fundamental para que los legisladores decidan si es viable o no: el inventario final de glaciares que alimentan la cuenca del Río Grande. El proyecto Cerro Amarillo involucra al río Grande en 85% y en 15% al Río Atuel.

Por esto, se decidió continuar con el tratamiento de Hierro Indio y poner en un compás de espera a Cerro Amarillo hasta que lleguen los informes.

Luz verde para Hierro Indio
En el plenario de las comisiones de Ambiente e Hidrocarburos que se llevó adelante ayer en el Senado, participaron dos organismos de consulta fundamentales para definir acerca de la utilización de agua en estas iniciativas, Irrigación (DGI) y el Ianigla.

Tanto Mario Salomón, director de Planificación y Recursos Hídricos del DGI), como el director del Ianigla, Ricardo Villalba, explicaron que no se afectan los recursos hídricos de la provincia en la etapa de prospección y exploración de la mina de hierro.

Salomón explicó que no hay napas subterráneas afectadas. “Nosotros no vemos complicaciones superficiales ni subterráneas. Hay que dejar en claro que esta mina ya fue explotada”, sentenció, y agregó que el sector a explorar está totalmente fuera del área de glaciares y periglaciares, y que no existen acuíferos afectados.

“El cauce más cercano es el río Atuel, que está a 2,3 kilómetros de la mina”, subrayó el funcionario.

En tanto, Villalba aportó acerca del estudio de los glaciares que alimentan las cuencas del Atuel que en la etapa no involucra a los afluentes de este curso de agua. La razón es que la altura de los glaciares es de 2.832 metros, mientras Hierro Indio se encuentra a 2.400 metros de altura. Y aclaró que no son el departamento de aplicación de la ley de inventario de glaciares, pero sí son los encargados de proveer la información a quienes tienen que tomar las decisiones. El Ianigla es el organismo encargado de realizar un exhaustivo estudio de los glaciares no sólo de la provincia, sino de todo el país. En lo que concierne a Mendoza, tienen una porción de este estudio terminada, específicamente las que corresponden a las cuencas de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel. Sin embargo, aún falta concluir el inventario de los glaciares que alimentan a los ríos Malargüe y Grande.

Los ministros Marcos Zandomeni, y Guillermo Elizalde aportaron lo suyo, explicando el bajo impacto ambiental que tendrá esta etapa del proyecto Hierro Indio. Dijeron que la prospección (estudio del terreno sin toma de muestras) se realiza a través del método magnético, no utiliza agua ni impacta en la tierra.

En el momento de exploración sí hay impacto, porque se realizan perforaciones para tomar muestras del material.

Hubo cuestionamientos del radicalismo (Alejandro Molero) y de la Izquierda (Noelia Barbeito), quienes pidieron aclaraciones acerca de la etapa de Prospección y de la de Explotación. Según interpretaron, no son lo mismo y necesitarían dos Declaraciones de Impacto Ambiental diferentes.

 

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Mineria-en-Mendoza-hierro-Indio-a-un-paso-de-ser-aprobado-y-Cerro-Amarillo-demorado-20141016-0044.html

La minera Vale, tras proyecto de cobre en San Carlos

Llegó un pedido para que el municipio otorgue permiso para hacer tareas de prospección cerca de la laguna del Diamante, pero la Provincia dice que allí está todo “desactivado”.

 

Cualquier mortal creería que toda posible vinculación de la firma brasileña Vale con Mendoza terminó cuando -un año y medio atrás-  decidió desarmar campamento y marcharse tras desactivar su megaproyecto minero de sales de potasio, dejando al Gobierno local en una incómoda y tensa posición y a cientos de mendocinos con esperanzas laborales y económicas rotas.

Sin embargo, el 2 de setiembre pasado fue solicitado al municipio de San Carlos un dictamen sectorial, en el marco del otorgamiento de permisos para realizar tareas de prospección en busca de cobre en tierras ubicadas al suroeste de la Laguna del Diamante. El proyecto se denomina Alpaca y la firma apoderada que hoy aparece gestionando estos avales no es otra que la conocida Vale.

En un pueblo defensor del agua como el sancarlino no fue sólo el punto relacionado a la propiedad lo que sembró el alerta. Este emprendimiento minero resulta más que polémico, porque podría afectar la zona protegida por la ampliación de la Reserva Laguna del Diamante (ley 7.422). Sucede que -aunque el expediente aclara que las de interés minero son sólo 82 hectáreas vecinas al área de reserva- gran parte del territorio registrado para los trabajos de prospección se encuentran dentro de la misma.

Además, está detrás del cobre, uno de los minerales de primera categoría. Según explicó Carlos Arriagada, titular de Medio Ambiente de la comuna sancarlina, este tipo de extracción se realiza a cielo abierto y a través de la utilización de sustancias que están prohibidas por la ley provincial 7.722, defendida a ultranza por la gente del lugar. El proyecto también va contra una ordenanza municipal, que establece las áreas de restricción.

“Me llama la atención que el Gobierno provincial preste apoyo a una empresa que todavía no rinde cuentas de lo que hizo en Malargüe, con todo lo que prometió y mintió”, arremetió el intendente de San Carlos, Jorge Andrés Difonso, quien adelantó su rechazo en el dictamen sectorial. “Este tipo de emprendimiento no está previsto en nuestro plan estratégico de desarrollo, que se basa en la agricultura, ganadería, industria y turismo rural”, dijo.

Además, el cacique valletano anunció que convocará a empleados municipales y referentes comunitarios este viernes, en el cine de La Consulta, para armar un consejo consultivo que debata la posición y acción a tomar frente a esta situación. “La Provincia debe entender que aquí el rechazo es por consenso social. No vamos a permitir que nos llenen de cianuro. Es una decisión que va más allá de un intendente”, expuso.

Ubicación

El proyecto Alpaca, creado bajo expediente 575/C/2011, reúne seis propiedades mineras registradas con anterioridad -desde 1993- con la intención de explorar esta zona tan buscada por sus minerales. Algunas ya contarían con los informes de impacto ambiental aprobados, aunque los mismos no aparecen en el documento entregado por la Dirección de Minería de la Provincia a la comuna.

Cerca de la frontera con Chile y en las márgenes del arroyo Borbollón (afluente del río Diamante) se ubican las propiedades Alpaca, Nueva Frontera, Marta (III, IV y V) y Picos Bayos. Esta propiedad, que recibe su nombre por el hermoso cerro que lo enmarca, es de 2.968,64 hectáreas y está íntegramente dentro de la reserva natural Laguna.

El titular que inició el permiso de prospección en 2011 es Raúl Ernesto Concina, el actual tesorero de la Camem (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros). En agosto de 2012 delegó el poder sobre estas gestiones del emprendimiento en Marcia Melania Urgo, ‘apoderada de Vale Exploración Argentina SA’, según reza el expediente.

“Todo lo que es San Carlos está congelado hace rato. San Carlos no es una zona de interés para los mineros por el rechazo social de su gente”, minimizó la situación Carlos Molina, titular de la Dirección de Minería de la Provincia. Para el funcionario, la aparición de este trámite ahora es una casualidad del mismo circuito administrativo.

“Este permiso se inició en 2011 y va muy lento. Nosotros tenemos que seguir con todos los pasos legales, pero todo en esa zona está desactivado”, aseguró Molina, quien además acotó que cualquier autorización para prospección debe pasar finalmente por la Legislatura.

El momento en que surge el pedido de este dictamen sectorial es leído por muchos -sobre todo por los sancarlinos- como un nuevo guiño que la gestión de Francisco Pérez hace a la actividad minera en la geografía provincial. Sobre todo, en un pueblo que ha hecho de la lucha contra la minería una bandera, a través de los vecinos Autoconvocados por el Agua Pura.

Sin embargo, Molina remarcó que “es decisión del Gobierno promover proyectos mineros pero en el secano provincial, lejos de los valles fértiles y productivos”. El funcionario remarcó las esperanzas que la Provincia ha puesto en los proyectos de Cerro Amarillo y Cerro Indio en Malargüe, donde “allí sí la gente está a favor del empleo y el desarrollo sustentable con controles”, agregó.

Las “desprolijidades” del expediente

“Es un conjunto de, por lo menos, varias desprolijidades”, sentenció Carlos Arriagada, quien en los últimos días estudió a fondo el expediente en cuestión. La ausencia de un dictamen solicitado a Recursos Naturales -ya que el tema pone en vilo un área protegida-, el “contradictorio” estudio realizado por una universidad del Sur y la falta de documentación clave, son algunos de los puntos que critica esta comuna del Valle de Uco.

“Pese a que en el informe inicial, los técnicos marcan la necesidad de consultar a Recursos y al Ianiglia, por lo que podría afectar una zona glaciar o periglaciar, en la resolución final de la Dirección de Minería (Nº 114 del 2013) el asesoramiento del primero no es solicitado”, apuntó Arriagada.

Por su parte Juan Pablo Korein, también de Ambiente de San Carlos, destacó las contradicciones en las que cae el dictamen técnico, requerido a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo en San Rafael y firmado por el ingeniero Gianni Zenobi.

El mismo enumera una serie de faltas e irregularidades de la documentación (no están las coordenadas necesarias en los mapas, la descripción de los trabajos es incompleta, no existe una “Manifestación Específica del Recurso Hídrico” y faltan las opiniones del Ianiglia y Recursos) pero, pese a las mismas, considera el proyecto “favorable” y “técnica y ambientalmente viable”.

Sin embargo, lo que más molesta a los sancarlinos es que no ha tenido en cuenta la ordenanza departamental 1123, que establece esta zona como de restricción y plantea que el desarrollo de la comunidad local se hará en base a actividades ambientalmente sustentables y no tóxicas.

 

http://www.losandes.com.ar/article/la-minera-vale-tras-proyecto-de-cobre-en-san-carlos

Fuerte oposición a la minería contaminante

Ambientalistas repudian la explotación minera porque la mayoría de las empresas no cumplen con las especificaciones internacionales. De 20  que hay en la provincia, 14 son de la zona sur. La posibilidad de modificar o derogar la Ley 7722 sigue latente, aunque las autoridades lo nieguen.

Mendoza se encuentra en medio de un fuerte lobby minero para derogar la ley 7722, que prohíbe el uso de productos contaminantes en explotaciones mineras, y sacar a la luz varios proyectos controvertidos.

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) dio detalles sobre una serie de proyectos que quieren reactivar, sacando del camino la “ley del pueblo”, como se conoce a la legislación que prohíbe la minería contaminante en la provincia.

Llama la atención que 14 de estos 20 proyectos mineros se encuentren entre San Rafael y Malargüe. Desde el ONG “No a la Mina”, dieron a conocer cuáles son estas iniciativas.

En Uspallata (Las Heras) se encuentra Yalguaraz, San Jorge 1 y 2, y Paramillos Norte, Centro y Sur.

También está Santa Clara en Cordón del Plata, Luján y Tupungato. En la zona de Laguna del Diamante (San Carlos), los proyectos son Papagayos y Picos Bayos.

 

EN EL SUR

Los 14 proyectos restantes corresponden a esta parte de la provincia. El denominado Barroso se encuentra en los altos del Río Diamante, entre San Rafael y San Carlos. Otro es Altos del Atuel, entre San Rafael y Malargüe.

El proyecto Universidad está en la zona del “avión de los uruguayos”, y Las Choicas en Valle Hermoso. Allí también se encuentran Matancilla o El Burrero.

Otros proyectos son Elisa, en el volcán Peteroa (Malargüe); el Tango, en Las Leñas; Cajón Grande, en Valle Noble; El Seguro, en Las Loicas; y Quebrada Amarilla, en la zona del paso Pehuenche.

Luego aparecen Agua Botada o Huemul, en Bardas Blancas; y La Cabeza o Don Sixto, en Agua Escondida (ambos en Malargüe).

La nómina cierra con dos proyectos en nuestro departamento: Cerro Nevado o Anchoris, en Punta del Agua, y Sierra Pintada en Cuadro Benegas.

 

ESTADO DE LOS TRABAJOS

Desde la Camem intentan “seducir” a la gente hablando del dinero que podría dejar la minería en Mendoza, en un claro lobby contra la ley 7722.

Varios de los proyectos se encuentran en diferentes estados de actividad. Tres de ellos son minas: Sierra Pintada y Agua Botada (uranio), y Paramillo (plomo, plata y zinc). Otros dos están factibilizados: San Jorge (cobre) y Don Sixto (oro).

Luego hay 5 en exploración ya perforados: Paramillos Norte y Sur, Las Choicas y Yalguaraz (cobre), y Santa Clara (oro). Los otros 10 están en exploración y sin perforaciones: Picos Bayos, Universidad, Elisa, Cerro Amarillo, El Seguro, Matancillas, Cajón Grande, Quebrada Amarilla (todos de cobre), y Malargüe y Papagayos (de cobre y oro).

 

Fuerte oposición

a la explotación minera

Eduardo Sosa, presidente de la Organización OIKOS Red Ambiental, señaló con respecto a los proyectos de explotaciones minera que “La mina de uranio de Sierra Pintada fue el primer cachetazo que recibió el pueblo de Mendoza, que estaba funcionando desde los años ’70. Cuando vino la convertibilidad en los ’90 la Comisión Nacional de Energía Atómica llegó a la conclusión de que era más barato importar uranio que producirlo en el país, con lo cual no tuvo mejor idea que cerrar la mina, cesantear a sus empleados y dejar millones de toneladas de residuos radioactivos que aún esperan solución definitiva. Ya en 2003, con una cotización del dólar de 1 a 4, volvió a ser redituable la explotación nacional, pero se encontraron con una sociedad que había madurado y expresaba sus dudas acerca de la conveniencia de reabrir la mina, lo que originó el inicio de la conflictividad socio-ambiental en torno a la explotación de la minería metalífera”, explicó Sosa , al tiempo que agregó: “¿Cómo podemos hablar de minería y de que la minería traerá el progreso que estamos esperando, con estos ejemplos tan recientes? Construir confianza es un proceso que tienen como principal elemento la convicción ética de que vale la pena hacer las cosas bien, y el ejemplo minero no va precisamente por esta dirección. Mientras no exista una verdadera propuesta de desarrollo local, que sea inclusiva, equitativa y sustentable, el pueblo de Mendoza seguirá oponiéndose a los aventureros que dicen tener el billete de lotería premiado y sólo pretenden dejarnos las deudas”, concluyó.

En tanto, dos legisladoras del PTS repudiaron las intenciones de la Camem. “Además de mentir sobre el carácter de las manifestaciones que se llevaron adelante en defensa del agua, hace apología de la megaminería contaminante en pos de las jugosas ganancias que le reportaría”, sostuvo la diputada Cecilia Soria.

 

 

Sin endeudamiento, el Gobierno dice que se paralizan obras por 900 millones de pesos

 

Por: Maxi Quinteros maxi.quinteros@elsol.com.ar

 En el Ejecutivo admiten “perplejidad” porque el fallo de la Corte incluye la obra que ya está siendo ejecutada por créditos aprobados por la Legislatura. El ministro Rolando Baldasso analiza qué proyectos en marcha priorizará pagar.

Una de las sensaciones que dejan entrever en el Gobierno es la de “perplejidad” por la cautelar a favor de la UCR, porque el fallo de la Corte también pone en suspenso los créditos de financiamiento externo que ya habían sido aprobados por la Legislatura. Se trata de grandes y pequeñas obras públicas que, en cálculos del ministro Rolando Baldasso, suman la friolera de 900 millones de pesos.

Se trata de obras que ya están en ejecución y que han sido financiadas por organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y en algunos casos como contraparte también son recursos aportados por Rentas Generales.

Entre las grandes obras, está la demorada ruta 82 que une Cacheuta con Potrerillos, financiada a través de un crédito del BID por 50 millones de pesos. También, la tercera trocha en el Acceso Sur desde la rotonda del Cóndor hasta el nudo vial de calle Paso, en Maipú, por 200 millones.

Se suman obras financiadas por el Prosap destinadas al agro, entre ellas, impermeabilización de canalesde riego y caminos rurales. Aquí hay 300 millones de pesos en vías de ejecución. Las obras de infraestructura municipal -lo que preocupa seriamente a los intendentes, como ayer lo expresaron al ser convocados por Francisco Pérez- como el carril Ponce en Rodeo de la Cruz y la entrada a San Martín, las cloacas en Chacras de Coria, un circuito vial en Tunuyán y la remodelación de la avenida San Martín norte en Las Heras, entre otras.

A su vez, Guillermo Amstutz reconoció el lunes -al salir de la reunión con Francisco Pérez- que también complica las obras de mejoramiento de la red cloacal para Aysam. La empresa de aguas mendocina tiene aprobado financiamiento externo por 200 millones de dólares, pero por el momento el Gobierno no lo tomaría debido a las altas tasas de interés que aumentaron tras la devaluación. Aysam recibe del Gobierno un subsidio mensual de 10 millones de pesos, mientras espera por un decreto del gobernador para aumentar las tarifas en el servicio.

En la Unidad de Financiamiento Internacional, Carlina Duplessis aseguró que la imposibilidad de endeudarse frena la ejecución del programa de mejora municipal, un convenio con 10 municipios por 10 millones de dólares y que se encuentra en la etapa de licitación para concluir a finales de año. Estos fondos son aportados por el BID, a través del Ministerio de Interior.

Baldasso también indicó que el fallo sobre la cautelar también paraliza la obra pública en los departamentos conducidos por el radicalismo. En este caso, la construcción de una planta de residuos en Rivadavia, obras de revestimiento para el canal Los Cerrillos y casas en construcción en Godoy Cruz. El ministro de Infraestructura señaló que la tercera trocha en el Acceso Sur favorece principalmente a mejorar la seguridad vial en el departamento conducido por Alfredo Cornejo, principal opositor a la necesidad de que el Gobierno se endeude.

A grosso modo, Baldasso calculó que se estaría paralizando la obra pública por un monto de 900 millones de pesos. “Estamos evaluando qué obras se van a terminar pagando”, aseguró.

Y a eso le añadió el costo social del fallo: “Hay mucha gente que se quedará sin trabajo. Esto es más grave que el fallo de los fondos buitre, que no tocaban a Mendoza”, definió el ministro.

Y consideró que el fallo no sólo le impide al Gobierno tomar financiamiento de organismos internacional. “Tampoco nos dejan ejecutar”. Así, Baldasso aseguró que la medida tomada por la Sala Civil de la Corte supuso una “sorpresa” para el Gobierno porque incluye a los créditos que ya habían sido autorizados por la Legislatura.

Fuentes del Gobierno revelaron la “perplejidad” por el fallo porque impacta en proyectos que ya se están pagando en cuotas, cuyos intereses ya están comprometidos y donde en algunos casos se tienen que pagar los certificados de obra.

http://elsolonline.com/noticias/ver/1407/207360/sin-endeudamiento-el-gobierno-dice-que-se-paralizan-obras-por-900-millones-de-pesos

El Jury analiza la situación de juez del Valle de Uco

Se trata de Fernando Ugarte. Es por el caso de las magistradas que fueron investigadas por supuestas irregularidades en la adopción de menores.

El Jury de Enjuiciamiento se reunirá el próximo jueves para evaluar la situación de Fernando Ugarte, juez de instrucción del Valle de Uco.

Ese día el Jury analizará la actuación del juez de Tunuyán en relación a la investigación que hizo sobre tres jueces del Valle de Uco que fueron investigadas por unas adopciones presuntamente irregulares y que luego fueron sobreseídas.

Esta investigación que hizo Ugarte sobre la actuaciones de las magistradas María Lizán (titular del Primer Juzgado de Familia de Tunuyán), Susana Barrigón (Segundo Juzgado de Familia de Tunuyán) y Adriana Rodríguez (Juzgado de Familia de Tupungato) no se habrían realizado a fondo, al punto que los fiscales Javier Pascua y Daniel Carniello pidieron la nulidad del sobreseimiento.

Por otra parte, Ugarte habría tenido que apartarse del caso de las juezas ya que con anterioridad -en la investigación de la muerte del padre del periodista Vicente Calisaya- el juez decidió no actuar porque era amigo personal de la jueza Barrigón, implicada en ese caso.

Niños de por medio Todo este asunto de presuntas irregularidades judiciales cometidas por las juezas Lizán, Barrigón y Rodríguez se inició en 2009 y 2010, con algunos trámites de adopción que fueron denunciados por los padres biológicos de los menores.

Según la denuncia, dos niños habrían sido entregados por la Justicia de Familia de manera ilegal a dos familias de Buenos Aires. La Justicia de Familia del Valle de Uco no tiene entre sus atribuciones entregar un niño en adopción, trámite que debe realizarse en la Ciudad de Mendoza.

Entre las presuntas irregularidades que se habrían cometido se destaca un hecho en el cual una de las juezas, en compañía del matrimonio que hoy tiene a los niños, habría asistido a la casa cuna donde estaba alojado uno de los menores y le habría sacado unas fotos.

Este matrimonio, incluso, habría llevado a pasear al menor sin permiso legal. Según la Justicia, estas fotos mostrarían el hacinamiento de un mini-hogar oficial que funcionaba en un dúplex con tres habitaciones, donde se alojaba a 18 pequeños.

 

http://www.losandes.com.ar/article/el-jury-analiza-la-situacion-de-juez-del-valle-de-uco-796433