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Media sanción a proyectos contra violencia de género

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Senadores provinciales aprobaron 4 futuras leyes luego de acuerdo entre los bloques. Se espera que ocurra lo mismo en Diputados.

Verónica De Vita – vdevita@losandes.com.ar

Los senadores provinciales aprobaron ayer cuatro proyectos de ley contra la violencia de género que ahora serán tratados en diputados donde se espera que tengan la misma suerte.

Uno de ellos estipula la creación de una Fiscalía Especial contra la Violencia contra la Mujer y otro la de una Comisaría de la Mujer. Se trata de dos proyectos complementarios ya que en la práctica tendrán funciones similares sólo que las segundas se establecerán en dos jurisdicciones (Valle de Uco y Sur) donde no se pueden establecer las primeras por cuestiones jurídicas.

Tendrán a su cargo la recepción de denuncias de víctimas femeninas exclusivamente quienes recibirán contención por parte de personal especializado.

Por otra parte, se habilita la creación de un Observatorio de Violencia de Género que tendrá a su cargo el manejo de datos estadísticos sobre el tema.

Finalmente, la cuarta de las propuestas contempla licencias laborales por violencia de género, así como cierta laxitud horaria en este ámbito para mujeres afectadas por esta situación. Las fiscalías además tendrán a su cargo la creación de un Registro Provincial para la Protección de las Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género, un sistema informatizado con las medidas judiciales que hayan tomado.

El aumento de casos de agresiones a mujeres y femicidios que tiene alerta a la sociedad, disparó el interés de los legisladores locales por contar con nuevas herramientas de contención, prevención y seguimiento. Así fue que la semana pasada se reunieron en un plenario de comisiones donde los diferentes bloques acordaron el tratamiento en el recinto y la aprobación.

Gracias a esto, los proyectos pasaron sin mayores sobresaltos, con votos unánimes para tres de ellos. Sólo el de las comisarías tuvo la abstención del FIT por cuestiones ideológicas, pero esto no fue impedimento para que junto con el resto siguiera su camino hacia la cámara baja.

El presidente del bloque justicialista de senadores (FPV), Gustavo Arenas, fue quien motivó la convocatoria. Aclaró ayer que sólo se hicieron algunas modificaciones menores a los proyectos presentados que tienen que ver con aspectos de la redacción.

Relató que los textos también se venían tratando en la comisión Bicameral de Género donde han contado con el apoyo de los diputados. Por ese motivo, se descuenta que dado el acuerdo entre los bloques no tengan mayores complicaciones para llegar a la aprobación definitiva.

Aunque el tratamiento  en la otra cámara está supeditado a la necesidad de atender otros asuntos, se espera que la próxima semana llegue al recinto o al menos “lo antes posible”, señaló Arenas.

Si se aprueba, el Ejecutivo tendrá 10 días para la promulgación. Explicó que la aplicación de las licencias será prácticamente automática, mientras que aquellas áreas que requieran la conformación de una estructura llevarán más tiempo y los fondos para el Observatorio deberán contemplarse en el próximo presupuesto.

http://www.losandes.com.ar/article/media-sancion-a-proyectos-contra-violencia-de-genero

Valle de Uco: en el 2014 hubo 498 denuncias por violencia de género

Fueron 14 casos más que el 2013. Preocupación en las autoridades policiales y judiciales.

“En el Valle de Uco no tenemos índices delictivos que nos abrumen. Hay casos como en todos lados, pero esto es alarmante”, cuenta Alberto Bergamin, Comisario Distrital del Valle de Uco, en base a las estadísticas que lleva cada una de las comisarías de esa región de la provincia.

Los datos son alarmantes. En todo el 2014, hubo 498 denuncias por violencia de género, entre todas las dependencias de Tupungato, San Carlos y Tunuyán. Es decir, más de una presentación por día.

En este sentido, la cifra marcó un aumento de 14 casos, con respecto a lo sucedido en todo el 2013.

Las causas que se abrieron en la Justicia, corresponden a casos de violencia en el seno del hogar o bien en la relación de pareja. Hay expedientes por lesiones, amenazas y abusos sexuales, señalaron los investigadores.

“Necesitamos que la gente, más precisamente las mujeres, sepan que esto no es como hace 20 años, que cuando querían denunciar un hecho así no encontraban respuesta en la Comisaría. Ahora hemos trabajado para esto, está colaborando el municipio y varias ONG”, explicó Bergamín.

El caso de la mujer de 31 años que denunció a su ex por secuestrarla, y filmarla mientras la violaba en un hotel alojamiento, volvió a poner en el centro de la escena, este tipo de agresiones, que en el Valle de Uco, son una problemática.

La policía, en base a las presentaciones que se hicieron en cada una de las seccionales, tiene una estadística que muestra un aumento en casi todas las dependencias.

Por ejemplo, en la Comisaría 18 de San Carlos, durante el 2014, se denunciaron 84 casos, cuando en el año anterior, habían existido 69 hechos.

En la Seccional 20, principal dependencia de Tupungato, hubo 78 denuncias durante el año que acaba de terminar. En el 2013 habían sido 70.

En tanto que en la Comisaría 15 de Tunuyán, fue en la única que descendió, aunque los números son elevadísimos. En el 2013 hubo 116 hechos, y en el 2014 las causas ascendieron a 100.

“Esto se soluciona desde la escuela. Hay veces que ves en un colectivo a un chico maltratando a su noviecita de la escuela. Los números que estamos manejando son una barbaridad”, reconoció una alta fuente judicial del Valle de Uco.

Para ello, desde la Distrital ya trabajan en conjunto con el municipio, varias ONG y la dirección de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Seguridad. El objetivo: descender los casos en el año que recién comienza.

A continuación, todas las denuncias, divididas por comisaría y año.

Dependencias

2013

2014

Comisaría 18 de San Carlos

69

84

Comisaría 41 de La Consulta, San Carlos

54

57

Comisaría 20 de Tupungato

70

78

Subcomisaría San José, en Tupungato

23

29

Subcomisaría Cordón del Plata, Tupungato

32

18

Comisaría 15 en Tunuyán

116

100

Subcomisaría Vista Flores, Tunuyán

120

132

Total

484

498

http://mendozaopina.com/sociedad/107-2/44388-valle-de-uco-en-el-2014-hubo-498-denuncias-por-violencia-de-genero

Minería en Mendoza: hierro Indio, a un paso de ser aprobado, y Cerro Amarillo, demorado

El debate minero se pone caliente en Legislatura. Hay más voces a favor que en contra de Hierro Indio, pero la mina de cobre deberá esperar a que concluyan informe de glaciares.

Por Paola Alé
ale.paola@diariouno.net.ar

El debate minero hace calentar los ánimos en la Legislatura. Mientras un grupo de legisladores (tanto del oficialismo como de la oposición), además de empresarios y Gobierno, impulsa el desarrollo de dos iniciativas en Malargüe (Hierro Indio y Cerro Amarillo, para explotación de cobre) otro grupo, formado por legisladores y ambientalistas, intenta desmenuzarlos, ponerlos debajo de una gran lupa y leer hasta la última letra chica en busca de incompatibilidades con la leyes de protección del ambiente vigentes: la provincial 7.722 (cuidado del agua) y la nacional 26.639, de inventario de glaciares.

En este contexto, en donde existen muchos intereses en juego, los legisladores pudieron sacar ayer algo en limpio: la etapa de prospección y exploración de Hierro Indio tiene muchas posibilidades, mientras la de Cerro Amarillo entró en un compás de espera, que podría ser de hasta 6 meses.

Esto porque a Cerro Amarillo le falta un documento fundamental para que los legisladores decidan si es viable o no: el inventario final de glaciares que alimentan la cuenca del Río Grande. El proyecto Cerro Amarillo involucra al río Grande en 85% y en 15% al Río Atuel.

Por esto, se decidió continuar con el tratamiento de Hierro Indio y poner en un compás de espera a Cerro Amarillo hasta que lleguen los informes.

Luz verde para Hierro Indio
En el plenario de las comisiones de Ambiente e Hidrocarburos que se llevó adelante ayer en el Senado, participaron dos organismos de consulta fundamentales para definir acerca de la utilización de agua en estas iniciativas, Irrigación (DGI) y el Ianigla.

Tanto Mario Salomón, director de Planificación y Recursos Hídricos del DGI), como el director del Ianigla, Ricardo Villalba, explicaron que no se afectan los recursos hídricos de la provincia en la etapa de prospección y exploración de la mina de hierro.

Salomón explicó que no hay napas subterráneas afectadas. “Nosotros no vemos complicaciones superficiales ni subterráneas. Hay que dejar en claro que esta mina ya fue explotada”, sentenció, y agregó que el sector a explorar está totalmente fuera del área de glaciares y periglaciares, y que no existen acuíferos afectados.

“El cauce más cercano es el río Atuel, que está a 2,3 kilómetros de la mina”, subrayó el funcionario.

En tanto, Villalba aportó acerca del estudio de los glaciares que alimentan las cuencas del Atuel que en la etapa no involucra a los afluentes de este curso de agua. La razón es que la altura de los glaciares es de 2.832 metros, mientras Hierro Indio se encuentra a 2.400 metros de altura. Y aclaró que no son el departamento de aplicación de la ley de inventario de glaciares, pero sí son los encargados de proveer la información a quienes tienen que tomar las decisiones. El Ianigla es el organismo encargado de realizar un exhaustivo estudio de los glaciares no sólo de la provincia, sino de todo el país. En lo que concierne a Mendoza, tienen una porción de este estudio terminada, específicamente las que corresponden a las cuencas de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel. Sin embargo, aún falta concluir el inventario de los glaciares que alimentan a los ríos Malargüe y Grande.

Los ministros Marcos Zandomeni, y Guillermo Elizalde aportaron lo suyo, explicando el bajo impacto ambiental que tendrá esta etapa del proyecto Hierro Indio. Dijeron que la prospección (estudio del terreno sin toma de muestras) se realiza a través del método magnético, no utiliza agua ni impacta en la tierra.

En el momento de exploración sí hay impacto, porque se realizan perforaciones para tomar muestras del material.

Hubo cuestionamientos del radicalismo (Alejandro Molero) y de la Izquierda (Noelia Barbeito), quienes pidieron aclaraciones acerca de la etapa de Prospección y de la de Explotación. Según interpretaron, no son lo mismo y necesitarían dos Declaraciones de Impacto Ambiental diferentes.

 

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Mineria-en-Mendoza-hierro-Indio-a-un-paso-de-ser-aprobado-y-Cerro-Amarillo-demorado-20141016-0044.html

La minera Vale, tras proyecto de cobre en San Carlos

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Llegó un pedido para que el municipio otorgue permiso para hacer tareas de prospección cerca de la laguna del Diamante, pero la Provincia dice que allí está todo “desactivado”.

 

Cualquier mortal creería que toda posible vinculación de la firma brasileña Vale con Mendoza terminó cuando -un año y medio atrás-  decidió desarmar campamento y marcharse tras desactivar su megaproyecto minero de sales de potasio, dejando al Gobierno local en una incómoda y tensa posición y a cientos de mendocinos con esperanzas laborales y económicas rotas.

Sin embargo, el 2 de setiembre pasado fue solicitado al municipio de San Carlos un dictamen sectorial, en el marco del otorgamiento de permisos para realizar tareas de prospección en busca de cobre en tierras ubicadas al suroeste de la Laguna del Diamante. El proyecto se denomina Alpaca y la firma apoderada que hoy aparece gestionando estos avales no es otra que la conocida Vale.

En un pueblo defensor del agua como el sancarlino no fue sólo el punto relacionado a la propiedad lo que sembró el alerta. Este emprendimiento minero resulta más que polémico, porque podría afectar la zona protegida por la ampliación de la Reserva Laguna del Diamante (ley 7.422). Sucede que -aunque el expediente aclara que las de interés minero son sólo 82 hectáreas vecinas al área de reserva- gran parte del territorio registrado para los trabajos de prospección se encuentran dentro de la misma.

Además, está detrás del cobre, uno de los minerales de primera categoría. Según explicó Carlos Arriagada, titular de Medio Ambiente de la comuna sancarlina, este tipo de extracción se realiza a cielo abierto y a través de la utilización de sustancias que están prohibidas por la ley provincial 7.722, defendida a ultranza por la gente del lugar. El proyecto también va contra una ordenanza municipal, que establece las áreas de restricción.

“Me llama la atención que el Gobierno provincial preste apoyo a una empresa que todavía no rinde cuentas de lo que hizo en Malargüe, con todo lo que prometió y mintió”, arremetió el intendente de San Carlos, Jorge Andrés Difonso, quien adelantó su rechazo en el dictamen sectorial. “Este tipo de emprendimiento no está previsto en nuestro plan estratégico de desarrollo, que se basa en la agricultura, ganadería, industria y turismo rural”, dijo.

Además, el cacique valletano anunció que convocará a empleados municipales y referentes comunitarios este viernes, en el cine de La Consulta, para armar un consejo consultivo que debata la posición y acción a tomar frente a esta situación. “La Provincia debe entender que aquí el rechazo es por consenso social. No vamos a permitir que nos llenen de cianuro. Es una decisión que va más allá de un intendente”, expuso.

Ubicación

El proyecto Alpaca, creado bajo expediente 575/C/2011, reúne seis propiedades mineras registradas con anterioridad -desde 1993- con la intención de explorar esta zona tan buscada por sus minerales. Algunas ya contarían con los informes de impacto ambiental aprobados, aunque los mismos no aparecen en el documento entregado por la Dirección de Minería de la Provincia a la comuna.

Cerca de la frontera con Chile y en las márgenes del arroyo Borbollón (afluente del río Diamante) se ubican las propiedades Alpaca, Nueva Frontera, Marta (III, IV y V) y Picos Bayos. Esta propiedad, que recibe su nombre por el hermoso cerro que lo enmarca, es de 2.968,64 hectáreas y está íntegramente dentro de la reserva natural Laguna.

El titular que inició el permiso de prospección en 2011 es Raúl Ernesto Concina, el actual tesorero de la Camem (Cámara Mendocina de Empresarios Mineros). En agosto de 2012 delegó el poder sobre estas gestiones del emprendimiento en Marcia Melania Urgo, ‘apoderada de Vale Exploración Argentina SA’, según reza el expediente.

“Todo lo que es San Carlos está congelado hace rato. San Carlos no es una zona de interés para los mineros por el rechazo social de su gente”, minimizó la situación Carlos Molina, titular de la Dirección de Minería de la Provincia. Para el funcionario, la aparición de este trámite ahora es una casualidad del mismo circuito administrativo.

“Este permiso se inició en 2011 y va muy lento. Nosotros tenemos que seguir con todos los pasos legales, pero todo en esa zona está desactivado”, aseguró Molina, quien además acotó que cualquier autorización para prospección debe pasar finalmente por la Legislatura.

El momento en que surge el pedido de este dictamen sectorial es leído por muchos -sobre todo por los sancarlinos- como un nuevo guiño que la gestión de Francisco Pérez hace a la actividad minera en la geografía provincial. Sobre todo, en un pueblo que ha hecho de la lucha contra la minería una bandera, a través de los vecinos Autoconvocados por el Agua Pura.

Sin embargo, Molina remarcó que “es decisión del Gobierno promover proyectos mineros pero en el secano provincial, lejos de los valles fértiles y productivos”. El funcionario remarcó las esperanzas que la Provincia ha puesto en los proyectos de Cerro Amarillo y Cerro Indio en Malargüe, donde “allí sí la gente está a favor del empleo y el desarrollo sustentable con controles”, agregó.

Las “desprolijidades” del expediente

“Es un conjunto de, por lo menos, varias desprolijidades”, sentenció Carlos Arriagada, quien en los últimos días estudió a fondo el expediente en cuestión. La ausencia de un dictamen solicitado a Recursos Naturales -ya que el tema pone en vilo un área protegida-, el “contradictorio” estudio realizado por una universidad del Sur y la falta de documentación clave, son algunos de los puntos que critica esta comuna del Valle de Uco.

“Pese a que en el informe inicial, los técnicos marcan la necesidad de consultar a Recursos y al Ianiglia, por lo que podría afectar una zona glaciar o periglaciar, en la resolución final de la Dirección de Minería (Nº 114 del 2013) el asesoramiento del primero no es solicitado”, apuntó Arriagada.

Por su parte Juan Pablo Korein, también de Ambiente de San Carlos, destacó las contradicciones en las que cae el dictamen técnico, requerido a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo en San Rafael y firmado por el ingeniero Gianni Zenobi.

El mismo enumera una serie de faltas e irregularidades de la documentación (no están las coordenadas necesarias en los mapas, la descripción de los trabajos es incompleta, no existe una “Manifestación Específica del Recurso Hídrico” y faltan las opiniones del Ianiglia y Recursos) pero, pese a las mismas, considera el proyecto “favorable” y “técnica y ambientalmente viable”.

Sin embargo, lo que más molesta a los sancarlinos es que no ha tenido en cuenta la ordenanza departamental 1123, que establece esta zona como de restricción y plantea que el desarrollo de la comunidad local se hará en base a actividades ambientalmente sustentables y no tóxicas.

 

http://www.losandes.com.ar/article/la-minera-vale-tras-proyecto-de-cobre-en-san-carlos

Fuerte oposición a la minería contaminante

Ambientalistas repudian la explotación minera porque la mayoría de las empresas no cumplen con las especificaciones internacionales. De 20  que hay en la provincia, 14 son de la zona sur. La posibilidad de modificar o derogar la Ley 7722 sigue latente, aunque las autoridades lo nieguen.

Mendoza se encuentra en medio de un fuerte lobby minero para derogar la ley 7722, que prohíbe el uso de productos contaminantes en explotaciones mineras, y sacar a la luz varios proyectos controvertidos.

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) dio detalles sobre una serie de proyectos que quieren reactivar, sacando del camino la “ley del pueblo”, como se conoce a la legislación que prohíbe la minería contaminante en la provincia.

Llama la atención que 14 de estos 20 proyectos mineros se encuentren entre San Rafael y Malargüe. Desde el ONG “No a la Mina”, dieron a conocer cuáles son estas iniciativas.

En Uspallata (Las Heras) se encuentra Yalguaraz, San Jorge 1 y 2, y Paramillos Norte, Centro y Sur.

También está Santa Clara en Cordón del Plata, Luján y Tupungato. En la zona de Laguna del Diamante (San Carlos), los proyectos son Papagayos y Picos Bayos.

 

EN EL SUR

Los 14 proyectos restantes corresponden a esta parte de la provincia. El denominado Barroso se encuentra en los altos del Río Diamante, entre San Rafael y San Carlos. Otro es Altos del Atuel, entre San Rafael y Malargüe.

El proyecto Universidad está en la zona del “avión de los uruguayos”, y Las Choicas en Valle Hermoso. Allí también se encuentran Matancilla o El Burrero.

Otros proyectos son Elisa, en el volcán Peteroa (Malargüe); el Tango, en Las Leñas; Cajón Grande, en Valle Noble; El Seguro, en Las Loicas; y Quebrada Amarilla, en la zona del paso Pehuenche.

Luego aparecen Agua Botada o Huemul, en Bardas Blancas; y La Cabeza o Don Sixto, en Agua Escondida (ambos en Malargüe).

La nómina cierra con dos proyectos en nuestro departamento: Cerro Nevado o Anchoris, en Punta del Agua, y Sierra Pintada en Cuadro Benegas.

 

ESTADO DE LOS TRABAJOS

Desde la Camem intentan “seducir” a la gente hablando del dinero que podría dejar la minería en Mendoza, en un claro lobby contra la ley 7722.

Varios de los proyectos se encuentran en diferentes estados de actividad. Tres de ellos son minas: Sierra Pintada y Agua Botada (uranio), y Paramillo (plomo, plata y zinc). Otros dos están factibilizados: San Jorge (cobre) y Don Sixto (oro).

Luego hay 5 en exploración ya perforados: Paramillos Norte y Sur, Las Choicas y Yalguaraz (cobre), y Santa Clara (oro). Los otros 10 están en exploración y sin perforaciones: Picos Bayos, Universidad, Elisa, Cerro Amarillo, El Seguro, Matancillas, Cajón Grande, Quebrada Amarilla (todos de cobre), y Malargüe y Papagayos (de cobre y oro).

 

Fuerte oposición

a la explotación minera

Eduardo Sosa, presidente de la Organización OIKOS Red Ambiental, señaló con respecto a los proyectos de explotaciones minera que “La mina de uranio de Sierra Pintada fue el primer cachetazo que recibió el pueblo de Mendoza, que estaba funcionando desde los años ’70. Cuando vino la convertibilidad en los ’90 la Comisión Nacional de Energía Atómica llegó a la conclusión de que era más barato importar uranio que producirlo en el país, con lo cual no tuvo mejor idea que cerrar la mina, cesantear a sus empleados y dejar millones de toneladas de residuos radioactivos que aún esperan solución definitiva. Ya en 2003, con una cotización del dólar de 1 a 4, volvió a ser redituable la explotación nacional, pero se encontraron con una sociedad que había madurado y expresaba sus dudas acerca de la conveniencia de reabrir la mina, lo que originó el inicio de la conflictividad socio-ambiental en torno a la explotación de la minería metalífera”, explicó Sosa , al tiempo que agregó: “¿Cómo podemos hablar de minería y de que la minería traerá el progreso que estamos esperando, con estos ejemplos tan recientes? Construir confianza es un proceso que tienen como principal elemento la convicción ética de que vale la pena hacer las cosas bien, y el ejemplo minero no va precisamente por esta dirección. Mientras no exista una verdadera propuesta de desarrollo local, que sea inclusiva, equitativa y sustentable, el pueblo de Mendoza seguirá oponiéndose a los aventureros que dicen tener el billete de lotería premiado y sólo pretenden dejarnos las deudas”, concluyó.

En tanto, dos legisladoras del PTS repudiaron las intenciones de la Camem. “Además de mentir sobre el carácter de las manifestaciones que se llevaron adelante en defensa del agua, hace apología de la megaminería contaminante en pos de las jugosas ganancias que le reportaría”, sostuvo la diputada Cecilia Soria.

 

 

Sin endeudamiento, el Gobierno dice que se paralizan obras por 900 millones de pesos

 

Sin endeudamiento, el Gobierno dice que se paralizan obras por 900 millones de pesos

Por: Maxi Quinteros maxi.quinteros@elsol.com.ar

 En el Ejecutivo admiten “perplejidad” porque el fallo de la Corte incluye la obra que ya está siendo ejecutada por créditos aprobados por la Legislatura. El ministro Rolando Baldasso analiza qué proyectos en marcha priorizará pagar.

Una de las sensaciones que dejan entrever en el Gobierno es la de “perplejidad” por la cautelar a favor de la UCR, porque el fallo de la Corte también pone en suspenso los créditos de financiamiento externo que ya habían sido aprobados por la Legislatura. Se trata de grandes y pequeñas obras públicas que, en cálculos del ministro Rolando Baldasso, suman la friolera de 900 millones de pesos.

Se trata de obras que ya están en ejecución y que han sido financiadas por organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y en algunos casos como contraparte también son recursos aportados por Rentas Generales.

Entre las grandes obras, está la demorada ruta 82 que une Cacheuta con Potrerillos, financiada a través de un crédito del BID por 50 millones de pesos. También, la tercera trocha en el Acceso Sur desde la rotonda del Cóndor hasta el nudo vial de calle Paso, en Maipú, por 200 millones.

Se suman obras financiadas por el Prosap destinadas al agro, entre ellas, impermeabilización de canalesde riego y caminos rurales. Aquí hay 300 millones de pesos en vías de ejecución. Las obras de infraestructura municipal -lo que preocupa seriamente a los intendentes, como ayer lo expresaron al ser convocados por Francisco Pérez- como el carril Ponce en Rodeo de la Cruz y la entrada a San Martín, las cloacas en Chacras de Coria, un circuito vial en Tunuyán y la remodelación de la avenida San Martín norte en Las Heras, entre otras.

A su vez, Guillermo Amstutz reconoció el lunes -al salir de la reunión con Francisco Pérez- que también complica las obras de mejoramiento de la red cloacal para Aysam. La empresa de aguas mendocina tiene aprobado financiamiento externo por 200 millones de dólares, pero por el momento el Gobierno no lo tomaría debido a las altas tasas de interés que aumentaron tras la devaluación. Aysam recibe del Gobierno un subsidio mensual de 10 millones de pesos, mientras espera por un decreto del gobernador para aumentar las tarifas en el servicio.

En la Unidad de Financiamiento Internacional, Carlina Duplessis aseguró que la imposibilidad de endeudarse frena la ejecución del programa de mejora municipal, un convenio con 10 municipios por 10 millones de dólares y que se encuentra en la etapa de licitación para concluir a finales de año. Estos fondos son aportados por el BID, a través del Ministerio de Interior.

Baldasso también indicó que el fallo sobre la cautelar también paraliza la obra pública en los departamentos conducidos por el radicalismo. En este caso, la construcción de una planta de residuos en Rivadavia, obras de revestimiento para el canal Los Cerrillos y casas en construcción en Godoy Cruz. El ministro de Infraestructura señaló que la tercera trocha en el Acceso Sur favorece principalmente a mejorar la seguridad vial en el departamento conducido por Alfredo Cornejo, principal opositor a la necesidad de que el Gobierno se endeude.

A grosso modo, Baldasso calculó que se estaría paralizando la obra pública por un monto de 900 millones de pesos. “Estamos evaluando qué obras se van a terminar pagando”, aseguró.

Y a eso le añadió el costo social del fallo: “Hay mucha gente que se quedará sin trabajo. Esto es más grave que el fallo de los fondos buitre, que no tocaban a Mendoza”, definió el ministro.

Y consideró que el fallo no sólo le impide al Gobierno tomar financiamiento de organismos internacional. “Tampoco nos dejan ejecutar”. Así, Baldasso aseguró que la medida tomada por la Sala Civil de la Corte supuso una “sorpresa” para el Gobierno porque incluye a los créditos que ya habían sido autorizados por la Legislatura.

Fuentes del Gobierno revelaron la “perplejidad” por el fallo porque impacta en proyectos que ya se están pagando en cuotas, cuyos intereses ya están comprometidos y donde en algunos casos se tienen que pagar los certificados de obra.

http://elsolonline.com/noticias/ver/1407/207360/sin-endeudamiento-el-gobierno-dice-que-se-paralizan-obras-por-900-millones-de-pesos

El Jury analiza la situación de juez del Valle de Uco

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Se trata de Fernando Ugarte. Es por el caso de las magistradas que fueron investigadas por supuestas irregularidades en la adopción de menores.

El Jury de Enjuiciamiento se reunirá el próximo jueves para evaluar la situación de Fernando Ugarte, juez de instrucción del Valle de Uco.

Ese día el Jury analizará la actuación del juez de Tunuyán en relación a la investigación que hizo sobre tres jueces del Valle de Uco que fueron investigadas por unas adopciones presuntamente irregulares y que luego fueron sobreseídas.

Esta investigación que hizo Ugarte sobre la actuaciones de las magistradas María Lizán (titular del Primer Juzgado de Familia de Tunuyán), Susana Barrigón (Segundo Juzgado de Familia de Tunuyán) y Adriana Rodríguez (Juzgado de Familia de Tupungato) no se habrían realizado a fondo, al punto que los fiscales Javier Pascua y Daniel Carniello pidieron la nulidad del sobreseimiento.

Por otra parte, Ugarte habría tenido que apartarse del caso de las juezas ya que con anterioridad -en la investigación de la muerte del padre del periodista Vicente Calisaya- el juez decidió no actuar porque era amigo personal de la jueza Barrigón, implicada en ese caso.

Niños de por medio Todo este asunto de presuntas irregularidades judiciales cometidas por las juezas Lizán, Barrigón y Rodríguez se inició en 2009 y 2010, con algunos trámites de adopción que fueron denunciados por los padres biológicos de los menores.

Según la denuncia, dos niños habrían sido entregados por la Justicia de Familia de manera ilegal a dos familias de Buenos Aires. La Justicia de Familia del Valle de Uco no tiene entre sus atribuciones entregar un niño en adopción, trámite que debe realizarse en la Ciudad de Mendoza.

Entre las presuntas irregularidades que se habrían cometido se destaca un hecho en el cual una de las juezas, en compañía del matrimonio que hoy tiene a los niños, habría asistido a la casa cuna donde estaba alojado uno de los menores y le habría sacado unas fotos.

Este matrimonio, incluso, habría llevado a pasear al menor sin permiso legal. Según la Justicia, estas fotos mostrarían el hacinamiento de un mini-hogar oficial que funcionaba en un dúplex con tres habitaciones, donde se alojaba a 18 pequeños.

 

http://www.losandes.com.ar/article/el-jury-analiza-la-situacion-de-juez-del-valle-de-uco-796433

Nuevo protocolo para prevenir el trabajo infantil en Tupungato

 

Foto: Gobierno de Mendoza.

 

Por: El Sol Online

Mendoza acordó con la Nación un protocolo para evitar el trabajo infantil en Tupungato. Fue en el marco del XIX Encuentro Nacional de Comisiones Provinciales para la prevención y erradicación de esta problemática.

El ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, firmó este miércoles con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, un protocolo de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente y promoción del diálogo social.

En la firma estuvieron presentes el intendente de Tupungato, Joaquín Rodríguez, la directora de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, María del Pilar Méndez, y representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF.

Las actas compromiso se realizaron en el marco del XIX Encuentro Nacional de Comisiones Provinciales para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil.

 

Fuente: Gobierno de Mendoza.

 

http://elsolonline.com/noticias/ver/1406/206133/nuevo-protocolo-para-prevenir-el-trabajo-infantil-en-tupungato

Crimen en San Carlos: “Es conmocionante ver las imágenes”, aseguró el intendente Difonso

El agresor.
El jefe comunal dijo que, según testimonios de vecinos, el agresor tiene antecedentes psiquiátricos. “El hecho está grabado en las cámaras de seguridad, está todo registrado y a disposición del juez Balmes”, agregó.

Por: El Sol Online

 

Jorge Difonso, intendente de San Carlos, se refirió en Canal 9 al asesinato de una joven en el interior de la Municipalidad de ese departamento del Valle de Uco. Definió el caso como “un hecho de violencia inusitado en nuestro pueblo” y aseguró que, según testimonios de vecinos, el agresor tiene antecedentes psiquiátricos.

“Ingresó una persona joven, según los vecinos con antecedentes psiquiátricos con recientes internaciones en hospitales, y atacó salvajemente a una mujer que estaba haciendo trámites”, afirmó el jefe comunal.

El agresor fue reducido por empleados municipales y si bien en el lugar se encontraban dos profesionales de la salud, no pudieron salvar la vida de Paula Giglio Álvarez, una productora de radio de 33 años que vivía en la Ciudad de Mendoza.

“El hecho está grabado en las cámaras de seguridad, está todo registrado y a disposición del juez Balmes”, agregó Difonso.

Todavía shockeado por el asesinato, el intendente sancarlino manifestó que el atacante, identificado como Ezequiel Palleres (24), ingresó a la comuna y atacó por la espalda a la víctima. “Es una situación que todavía no estamos en condiciones de aceptar. No estamos acostumbrados a que ocurra esto en nuestro pueblo”, confesó Difonso.

“Es conmocionante ver las imagenes, es una cosa de no creer, se ve todo (el ataque). Parece una película de ficción, entró deliberadamente a atacar en una forma increíble. Los vecinos comentaban que estuvo recientemente internado en un hospital psiquiátrico, eso lo está chequeando la Policía. Esta persona no puede estar en la calle”, concluyó el jefe comunal de San Carlos.

http://elsolonline.com/noticias/ver/1406/206092/crimen-en-san-carlos-es-conmocionante-ver-las-imagenes-aseguro-el-intendente-difonso

 

7722: La ley, tu ley, en medio del Mundial

Hasta qué punto una modificación en la ley puede afectar el mundo real, hecho de agua, tierra, aire, y este fuego que todos llevamos dentro.
Eugenia Segura

Agrandamos la letra chica, y ya que ahora todo es fútbol, te relatamos en vivo y en directo hasta qué punto una modificación en la ley 7722 puede afectar el mundo real, hecho de agua, tierra, aire, y este fuego que todos llevamos dentro. Agarrate fuerte: es tu vida, es tu agua, es tu derecho.

La previa

Delicia de abogados y poderosos –y de quienes gustan de conocer sus derechos-, el mundo legal suele ser hablado en un idioma complicado y aburrido, como para que sólo “los entendidos” lo comprendan. Sin embargo, todos hemos oído o vislumbrado alguna vez que está habitado por distintas clases de leyes: están las que favorecen a los mismos de siempre, y también hay algunas que guardan la meta del desvalido. Están las que se cumplen y las que no se cumplen, las que generan oscuros vacíos legales, las que tienen la temible letra chica. Como decía Flanders en los Simpsons: están las “leyes que contradicen lo que dicen las otras leyes”, y también, muy importante: hay leyes que están por encima de todas las otras, como la Constitución Nacional, por ejemplo. Si las miramos desde el punto de vista de su historia, de su trayectoria, hay leyes escritas con balas de plomo, con tarjetas banelco, hechas a la medida de la impunidad de las grandes empresas, craneadas por algún DT desde un escritorio que puede estar situado en otro punto del planeta, llámese Buenos Aires, Estados Unidos o Toronto. Las hay viejas y sabias, o simplemente viejas decrépitas, las hay jóvenes y pujantes, y también de esas coladas por la puerta de atrás, entre gallos y medianoche.

Están las que fueron ganadas con muchísimo esfuerzo de equipo por la gente en las calles: sí, son pocas, son excepcionales, pero tienen ese plus inconfundible que las hace un golazo de último minuto para el triunfo de todos nosotros: son nuestros derechos conquistados a duras penas, y defendidos con uñas y dientes, de generación en generación, en una pulseada constante entre el poder profano de los políticos de turno y el poder sagrado del pueblo.

La ley 7722 es una de esas leyes excepcionales anotadas por el pueblo: tiene espesor y temperatura: imaginate el frío bajo cero del invierno del 2007 en una ruta de Alvear, el calor de las puebladas en el Valle de Uco. Después, el latido de la piel bajo las remeras negras del “NO A LA MINERÍA CONTAMINANTE” en el puente de José Vicente Zapata, en los carrouseles vendimiales, en las rutas, las calles y las casas de Uspallata, cuando nos protegió tanto del Proyecto San Jorge.

Es una ley simple y clara: tiene apenas siete artículos, y un objetivo preciso desde el vamos: cuidar el agua, ese líquido precioso que sostiene todo el arco de la vida en la tierra –no sólo la humana- con un “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares”, tal como reza su artículo uno. Tiene un color entonces: es transparente, porque es la ley del agua. Digo esto porque, además, es una ley vigente: los que tratan de enturbiarla suelen colgarle el apodo de “ley antiminera”, cuando en realidad, del 2007 a esta parte, se ha hecho en nuestra provincia minería de la que no la viola, pongamos, por ejemplo, de talco o de materiales para la construcción, o de tantos otros minerales que no necesitan mezclar cantidades siderales de agua con toneladas de cianuro para extraerlos.

No es la primera vez que tratan de modificarla: ya el ex senador Serralta quiso y no pudo, allá por el 2010, cambiarle el “se prohíbe” por “se restringe”, con todo el veneno que cabe en esa variante. Y como entonces, como siempre, el pueblo tuvo que salir a las rutas y a las calles a defender la letra de la ley, tu ley: a la 7722 no se le toca ni una coma, y guay de quien lo intente, porque, te lo aseguro: lo que está en juego es el agua, y los mendocinos no somos ningunos pechofríos.

Ahora sí, el partido: ante la ley

Resulta que por estos días –no por casualidad, en la previa del Mundial, con una megaempresa rusa radicada en un paraíso fiscal repartiendo billetes bajo y sobre cuerda, para reflotar el tantas veces rechazado Proyecto San Jorge, en ese paraíso real que es el Valle de Uspallata- los diputados provinciales José Oscar Muñoz, Raúl Guerra y Silvia Ramos (todos ellos FPV) salieron con los tapones de punta:un proyecto de modificación de la 7722 tan absurdo, que sería para morir de risa si no fuera porque (si los demás legisladores les habilitaran esta jugarreta en orsay), de echar cianuro a 51 metros de un río, a 15 metros de una casa o “…a diez kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial que esté constituida como distrito urbano municipal”, se puede morir en serio.

¿Te parece muy loco? Calate esta: de los cuatro artículos que quieren modificar, en el primero, el más sensible, se mandaron el foul más grueso: tratan de subordinar una ley que protege el medio ambiente al Código de Minería de la Nación, una de esas viejas decrépitas y tuneadas de las que hablábamos al principio: data del siglo XIX, cuando la minería era de pico y pala nomás. En particular, los dipus del FPV pretenden someterla a dos artículos del Código Minero, el 33 y el 36. Despleguemos la letra chica, veamos qué se esconde detrás de esos inocentes numeritos, acá te los cito textuales, y decime vos qué te parece:

II Limitaciones al derecho de cateo

Art. 33. – Ni el permiso para explorar ni la concesión de una mina dan derecho a ocupar la superficie con trabajos y construcciones mineras sin el formal consentimiento del propietario: 1 – En el recinto de todo edificio y en el de los sitios murados. 2- En los jardines, huertos y viñedos, murados o sólidamente empalizados; y no estando así, la prohibición se limitará a un espacio de DIEZ MIL (10.000) metros cuadrados en los jardines, y de VEINTICINCO MIL (25.000) en los huertos y viñedos. 3- A menor distancia de CUARENTA (40) metros de las casas, y de CINCO (5) a DIEZ (10) metros, de los demás edificios. Cuando las casas sean de corta extensión y poco costo, la zona de protección se limitará a DIEZ (10) metros, que pueden extenderse hasta QUINCE (15). 4- A una distancia menor de TREINTA (30) metros de los acueductos, canales, vías férreas, abrevaderos y vertientes.

Art. 36. – No pueden emprenderse trabajos mineros en el recinto de loscementerios, calles y sitios públicos; ni a menor distancia deCINCUENTA (50) metros de los edificios, caminos de hierrocarreteros, acueductos y ríos públicos. Pero la autoridad acordará el permiso para penetrar ese radio, cuando previo el informe de un ingeniero y los comprobantes que los interesados presentaren, resulte que no hay inconveniente, o que, habiéndolo, puede salvarse.”

¿Absurdo? ¿Bizarro? ¿Aberrante? Todo eso y mucho más: el Código se refiere solamente a los cateos, pero estos cracks que tenemos por diputados, en la redacción del proyecto de ley, lo hacen extensivo a todas las etapas, incluso la explotación. Nótese cuán profundamente discriminatorio es eso de las “casas de poco costo” de parte de los promineros que se quejan, en el otro ataque –judicial- a la 7722, de que esta ley los discrimina, pobrecillos…

Desde el vamos, jamás de los jamases puede subordinarse una ley ambiental a un código de minería, ya que atenta contra nuestro derecho a un ambiente sano, garantizado por el artículo 41 de la ley más poderosa de todas, la Constitución Nacional. Esto ya es inconstitucional: la Ley General de Ambiente, que rige a nivel nacional, es una ley de presupuestos mínimos (al igual que la Ley de Glaciares), que es como decir “muchachos, esto es lo mínimo que tenemos que cuidar”. O sea, las provincias y los municipios pueden crear leyes que vayan a por más protección, nunca a por menos. Y sí, parece una tomada de pelo a un pueblo que conoce mejor que nadie la importancia vital del agua, desde las nacientes de sus ríos, los glaciares y los peri, los humedales, porque de ello depende todo lo que esté aguas abajo. Mientras tanto, la tribuna grita que el agua de Mendoza no se negocia.

Las otras modificaciones al texto original de la 7722 no son menores: apuntan a reducir el poder de decisión de la Legislatura (algo que fue fundamental, recordemos, a la hora de sacarle la roja a Minera San Jorge). También pretenden que la Policía Ambiental Minera dependa, no ya del Ministerio de Ambiente, sino de la Dirección de Minería, o sea: ellos pasarían a vigilarse a sí mismos. Algo que quedaría agravado a la hora de los controles, ya que se propone un cambio en la Autoridad de Aplicación, al incluir al Ministerio de Energía como tal, del que depende… sí, claro: la Dirección de Minería. Siguiendo la metáfora futbolera, sería algo así como tener comprado al árbitro y a los jueces de línea.

¿Uno solo o varios municipios?

Por último, en la 7722, sponsor oficial del agua pura del pueblo mendocino, todos los municipios que comparten, por ejemplo, la misma cuenca de un río, tienen derecho a dictaminar sobre un proyecto que puede potencialmente afectar la calidad y la cantidad del agua que reciban río abajo. El cambiazo que pretenden insertar Muñoz, Guerra y Ramos dejaría literalmente fuera de los próximos partidos a todos los municipios menos uno: aquél en que se ubique el yacimiento donde sueñan dejarnos un cráter.

Por supuesto, hay más argumentos legales y técnicos que podrían esgrimirse para demostrar lo injusto e inconstitucional, de esta jugada. Estos son tan sólo una síntesis de los momentos más candentes de un partido que da para pensar también en un tiempo suplementario: el de las generaciones por venir, que van a seguir tomando agua purita y transpirando la camiseta: para ellos queremos dejar un mundo mejor que el que encontramos, con más Áreas Naturales Protegidas. Y que nadie les embarre la cancha donde jugarán los niños.

Porque sí, la 7722 despierta pasiones y polémicas. Muchos son los políticos que han declarado públicamente que hay que respetarla tal como está. Algunos quieren bajarla pero no se animan, ninguno quiere cargar con el costo político, y ya genera crisis y rupturas dentro de los bloques funcionales al extractivismo depredatorio de nuestros bienes comunes: el agua, la tierra, el aire. Otros, los menos, ya ni lo disimulan: responden a esa otra ley no escrita que dice “poderoso cabellero es Don Dinero”. Mientras tanto, la ley 7722 se defiende de doce causas judiciales en la Corte Suprema de Justicia y, ahora, de este nuevo embate en la Legislatura.

Y nosotros nos calzamos la negra y blanca, o la celeste y blanca -da lo mismo- para defender este pedacito de tierra, en el que nos tocó nacer, de las trasnacionales que quieren llevarse todo y dejarnos pan contaminado para hoy y hambre, sed y enfermedades para mañana. Este pedacito del planeta en el que no pudieron, este pedazo de tierra que vale la pena.

Eugenia Segura

http://www.mdzol.com/opinion/539556-7722-la-ley-tu-ley-en-medio-del-mundial/

Reprogramaron la indagatoria de Giner

La Justicia de Tunuyán debió cambiar de fecha la presentación judicial del ex intendente local, acusado de malversación de fondos durante su gestión.

 

El procesamiento del ex intendente radical de Tunuyán, Eduardo Giner, sigue su curso aunque con algunas demoras, ya que la declaración del ahora senador provincial ha sido reprogramada.

La causa está siendo llevada por el juez de Correccional y Faltas de Tunuyán, Fernando Ugarte, quien explicó que “Giner ya había sido citado a declarar y se abstuvo, ahora pidió voluntariamente la indagatoria pero se suspendió porque el 12 de junio los jueces de la provincia tenemos una visita a la Penitenciaría”.

Además, agregó que ya se levantó el secreto de sumario y que se siguen recolectando pruebas que permitan dilucidar si el ex jefe comunal valletano protagonizó o no una malversación de fondos durante su gobierno.

Hasta ahora se supo que la nueva fecha para llevar a cabo la indagatoria se realizará en los próximos días, pero no se dio a conocer una fecha en concreto.

Fuente: El Cuco Digital

Irrigación sancionó a empresas agroindustriales que contaminan

El operativo se llevó a cabo en toda la Provincia, abarcando una amplia muestra de establecimientos productivos. En la cuenca de río Mendoza, el 57% de las empresas se encuentran fuera de norma, contra un 43% que cumple la ley. En tanto, en el río Tunuyán Inferior, el contraste fue mayor, con un 78% contaminante y un 22% en regla. En la cuenca del Tunuyán Superior, el resultado fue un poco más alentador, con el 48% presentando irregularidades y el 52% dentro de los parámetros esperados. Finalmente, en las cuencas de los ríos Diamante y Atuel se encontró la mayor contaminación, con el 88% de establecimientos fuera de norma y sólo el 12% en condiciones correctas.

También fueron inspeccionados establecimientos de elaboración de espumantes, arrojando como resultado que el 71% incumplen la normativa de vertido de efluentes y sólo el 29 lo hace de manera adecuada.

Sanciones

Las infracciones a la normativa vigente (Res. 778/96 y modificatorias) de volcado de efluentes serán penadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 6044 y los artículos 131 y 134 de la Ley General de Aguas. Hasta el momento, las multas aplicadas  van de los 20 mil a los 150 mil pesos.

Además, otras de las sanciones que contempla la ley son:

Apercibimiento;

Multa entre $ 100 y $ 1.000.000;

Clausura preventiva o definitiva del punto o puntos de vertido;

Revocación del Permiso de Vertido o rescisión del Convenio de Gestión de Permiso de Vertido.

Clausura de la fuente de contaminación;

Clausura del establecimiento;

Caducidad de la concesión del permiso de uso o aprovechamiento de agua, en su caso.

En todos los casos se evalúa, a fin de graduar la sanción,  la gravedad de los hechos y de la afectación; la existencia de negligencia o dolo en la infracción; el carácter de reincidente del infractor y demás circunstancias atenuantes o calificantes del caso.

El proceso de aplicación de multas se encuentra en marcha, en virtud de lo establecido  en la normativa vigente. El mismo conlleva una serie de plazos y de intervenciones de áreas legales y técnicas a fin de perfeccionar estas sanciones que pueden ser concurrentes con la aplicación de las restantes penas. Esto sin perjuicio de las responsabilidades del infractor por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico.

Por otra parte, Irrigación planifica programas de monitoreo que permitan identificar y sancionar a aquellos establecimientos con conductas contrapuestas a los criterios de preservación del recurso hídrico, permitiendo a través de la articulación con organismos  (Fondo para la Transformación y Crecimiento, INV) el apoyo a  proyectos que permitan a las industrias acceder a mayores cánones de eficiencia en sus procesos.

“A partir de los resultados que hemos tenido en este primer operativo, hemos decidido que, a partir del año que viene, controlaremos el 100% de los establecimientos y que esta política perdurará en el tiempo. Trabajaremos con cada uno de los establecimientos para que sus vertidos estén de acuerdo a una resolución que no es nueva, sino que data de 1996 y después fue actualizada en el año 2000”, concluyó José Luis Álvarez.

 

Fuente: Prensa Gobernación

 

http://www.diariosanrafael.com.ar/la-provincia/9120-irrigacion-sanciono-a-empresas-agroindustriales-que-contaminan

Ex empleados de Vale quieren trabajar

Ex empleados de Vale quieren trabajar

Ayer pasaron por la redacción de Diario San Rafael Julio Azcurra y Germán Ángel Benítez, ex empleados de Vale, para comentarnos sobre la movilización que se llevará a cabo hoy a partir de las 10.00 en Mendoza capital, Valle de Uco y San Rafael al mismo tiempo.

“Nosotros somos ex empleados de Vale y estamos representando a la gente de acá de San Rafael; venimos a contarles que en Mendoza se están haciendo movilizaciones desde la semana pasada para intentar tener respuestas de Arturo Lafalla y con Francisco ‘Paco’ Pérez, porque cuando se intentó hablar con ellos no estaban, y ahora nos movilizaremos para tener respuestas. Acá en San Rafael queremos ser escuchados por el intendente Félix”, explicaron.

 

LA SITUACIÓN

Son alrededor de 400 los ex empleados de la empresa en San Rafael. Ellos fueron contratados hace aproximadamente dos años; en diciembre de 2012, cada uno cobró su sueldo y el aguinaldo y, cuando en enero siguiente volvieron por su trabajo, los echaron definitivamente. Se les liquidó el sueldo, se los indemnizó a todos, y hoy más de 5 mil empleados están sin trabajo, con un subsidio de 1.500 pesos y reclamando fuentes de trabajo.

“Paco Pérez nos prometió que íbamos a volver al trabajo en septiembre del año pasado y todavía seguimos en la nada. Nosotros queremos trabajar, no queremos la plata de nadie, queremos trabajar y ganar nuestra plata”, manifestó Germán.

“La calle está muy dura y no conseguimos trabajo, somos muchos y necesitamos producir”, explicó Julio.

http://www.diariosanrafael.com.ar/sociales/8675-ex-empleados-de-vale-quieren-trabajar

TRABAJO DETECTO 57 POR CIENTO DE EMPLEO NO REGISTRADO EN FINCAS DE MENDOZA

El Ministerio de Trabajo inspeccionó 177 fincas vitivinícolas en diversas localidades de Mendoza y detectó un 57 por ciento de empleo no registrado.

Un comunicado de Trabajo informó hoy que en un operativo de fiscalización en fincas vitivinícolas mendocinas de Santa Rosa, Alto Verde, Luján de Cuyo, Rivadavia, Monte Caseros, Agrelo, San Martín, Maipú y Tupungato se detectó ese índice, en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT).

Los inspectores relevaron a 2.548 trabajadores y, el 57 por ciento, no estaba debidamente registrado, informó el documento.

El operativo se extendió durante una semana y, los inspectores, asesoraron a los trabajadores y empleadores sobre los beneficios de acceder a la registración y las ventajas para ambos sectores que representan los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.

El subsecretario de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, Guillermo Alonso Navone, sostuvo que la cartera laboral intensifica “la tarea inspectiva y educativa y difunde los derechos de los trabajadores a un empleo digno y a las condiciones de salud y seguridad, lo que permitió acceder a una tasa de regularización del personal no registrado del 50 por ciento dentro de los 30 días de realizadas las tareas de fiscalización”.

Desde el lanzamiento del PNRT en 2003 se inspeccionaron más de 1.300.000 establecimientos y más de 3.800.000 trabajadores.

El PNRT procura combatir el trabajo no registrado; verificar el cumplimiento de las condiciones laborales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales del empleo y la protección social; lograr una mayor eficiencia en la detección y corrección de los incumplimientos de la normativa laboral y de la seguridad social e incorporar a la seguridad social al personal excluido”.

También intenta que los empleadores regularicen de forma voluntaria su situación y que se difunda la problemática derivada del empleo no registrado y los beneficios de su regularización.

http://noticias.terra.com.ar/politica/trabajo-detecto-57-por-ciento-de-empleo-no-registrado-en-fincas-de-mendoza,73f4dcaafb546410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

La violencia obstétrica ya suma cinco denuncias en nuestra provincia

La violencia obstétrica ya suma cinco denuncias en nuestra provincia

Por: Gema Gallardo gema.gallardo@elsol.com.ar

 Así lo confirmaron de la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia Contra la Mujer (Ofavmu), de éstas cuatros son del Gran Mendoza y uno del Valle de Uco.

Cuando se habla de violencia de género nadie piensa en el maltrato que muchas parturientas reciben en los hospitales o clínicas privadas por parte de médicos y enfermeras. Sin embargo es otro tipo de violencia hacia las mujeres y se denomina violencia obstétrica.

En Mendoza, ya hay cinco situaciones denunciadas en la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia Contra la Mujer (Ofavmu), de los cuales cuatros son del Gran Mendoza y uno del Valle de Uco. “En comparación con los casos de violencia doméstica son pocos, pero hay que reconocer que hasta hace poco no se tomaba estos hechos como violencia de género”, explicó Jorge Cortez de esa oficina y detalló que las consultas acerca del tema comenzaron a llegar a fines del año pasado.

“Nosotros tenemos presentadas cinco situaciones concretas de las cuales una está encausada judicialmente y que por ello no podemos ofrecer mayores detalles. Pero las mujeres habían hecho las denuncias en los nosocomios y al no ver resultados decidieron venir a la Ofavmu”, dijo Cortez.

En este sentido, María Laura Palero, de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social, comentó que desde su oficina están trabajando para que en todas las maternidades haya una oficina de la mujer para que puedan denunciar malostratos. “Estamos adecuando nuestro sistema para poder ofrecer el mejor asesoramiento en esta problemática. Actualmente si una mujer es maltratada en un hospital público no tiene donde denunciarlo, por ello estamos haciendo un convenio con el Hospital Lagomaggiore para poner una oficina que atiendas los casos”, dijo la funcionaria, quien admitió que han recibido una queja sobre ese nosocomio que están investigando con las autoridades del lugar.

Según la Unesco se considera violencia obstétrica cuando no se atiende oportuna y eficazmente a las pacientes del área; cuando se obliga a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical; cuando se obstaculiza el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada; cuando se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Y, cuando se practica el parto por cesárea existiendo condiciones para el parto natural.

Sobre este último punto hizo hincapié el doctor Miguel Lisanti, que pertenece al grupo de médicos de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, quien aseguró que muchas de las cesáreas que se hacen en la provincia son por comodidad de los médicos. “Le puedo asegurar que los feriados y los fines de semana se registran más cesáreas porque los médicos están apurados para desocuparse y disfrutar de sus jornadas o para irse a Chile a comprar electrodomésticos. Esto puede sonar grotesco, pero no todos piensan en la paciente”, lanzó Lisanti.

De esta manera, quienes ejercen este tipo de violencia violan tres leyes: la 25.929, que protege los derechos de madres, padres y recién nacidos en el proceso de parto y nacimiento; la Ley 26.485 protección integral de las mujeres y la Ley 26.529 que protege los derechos de los y las pacientes.

¿Cuáles son las sanciones que se aplican? Según detalló el doctor Lisanti, por el momento ninguna porque no están listas. “Se está trabajando en este tema. En Argentina, uno de los avance sobre esta problemática es la aplicación de la Ley 25.929 conocida como Ley de Parto Humanizado. Sin embargo, Venezuela se nos adelantó y en ese país las sanciones para quienes ejercen violencia obstétricas consisten en suspensión de la matrícula de dos a cuatro años”, detalló el médico.

Lo cierto es que más allá de las carencias en el sistema de salud y de los bajos sueldos de quienes trabajan en el área nada justifica los malos tratos hacia los pacientes y menos en un momento especial como es el parto.

EL ESCÁNDALO DETRÁS DE LA DENUNCIA DE LA MUJER DE 36 AÑOS

Esta semana tomo importancia en los medios el caso de una joven de 36 años que fue brutalmente golpeada por su pareja. La joven acusó directamente a Gustavo Estrella (52), juez de la Séptima Cámara Laboral y el comportamiento de este está siendo revisado por las autoridades.

El caso que en un primer momento estaba en manos de la fiscal Daniela Chaler pasó este martes a la oficina de Daniel Carniello, fiscal de delitos complejos.

El caso parece que no sorprendió a nadie en el edificio donde se desempeña laboralmente el acusado ya que según comentaron allegados era difícil relacionarse con el hombre. Según se rumores de pasillos, sus compañeros “hacían rancho a parte” porque consideraban que tenía actitudes llamativas. Al parecer en la oficina de Estrella está empapelada de estampitas religiosas y llegó a la Justicia mendocina luego de haber trabajado en los tribunales de San Luis, donde se lo denunció por atraso en las sentencias.

Quienes lo conocen aseguran, que el hombre va por su tercer matrimonio y que el primero le duró apenas 15 días. Lo cierto es que habrá que esperar que las investigaciones dictaminen su culpabilidad.

Mientras, la joven sigue recibiendo atención médica y psicológica y aislada de cualquier tipo de noticias ya que luego de haber hecho pública la denuncia en Canal 9 habría entrado en una crisis aún mayor.

http://elsolonline.com/noticias/ver/1405/203482/la-violencia-obstetrica-ya-suma-cinco-denuncias-en-nuestra-provincia

Sobreprecio y falta de gas envasado

El constante robo de garrafas en comercios y particulares es uno de los problemas que agudizan el panorama, que se recrudece con las bajas temperaturas de la zona.

 

CON LA LLEGADA DE LOS FRÍOS CADA VEZ SE HACE MÁS DIFÍCIL CONSEGUIR GAS.

Por Alejandra Adi
adi.alejandra@diariouno.net.ar

Para tener agua caliente, para cocinar, para mantener los ambientes cálidos, para trabajar. Estas son apenas algunas de las funciones por las que se vuelve imperioso contar con gas envasado, en aquellas zonas de la provincia donde no hay conexiones, ni redes domiciliarias y, sobre todo, cuando el termómetro marca temperaturas muy bajas. Tal es el caso de algunos sectores del Valle de Uco, en donde conseguir garrafas se ha vuelto una odisea: hay faltante, no se respeta el precio de las subsidiadas, se revenden a valores desmedidos y se roban de los comercios y viviendas particulares.

“Hay que tener ojo porque la gente no está teniendo gas y en el campo, por ejemplo en El Zampal, lo están ofreciendo carísimo, algunos a $80. Además cuando traen el que tiene un precio más bajo nunca se sabe cómo lo reparten porque nadie alcanza a comprarlo”, comentó Bety, dueña de un corralón de Tupungato que actualmente no está comercializando garrafas, pero adonde llegan diariamente muchos vecinos desesperados consultando dónde poder comprarlas y denunciando estos abusos.

La situación se repite en el resto de la región. Según los principales expendedores, el desabastecimiento se debe a que la demanda supera a la oferta con la que ellos cuentan ya que reciben la misma cantidad de gas envasado que los últimos dos años y que, muchas veces, los feriados y fines de semana largos demoran la distribución.

Esto ha llevado a que durante el último mes se agote rápidamente el stock de garrafas en los lugares donde se comercializa y a que muchos particulares las revendan a precio más elevados, en algunos casos pidiendo el doble de su precio normal.

“El problema viene desde hace dos meses y han pasado semanas en las que no nos han traído o nos venden a precios altos que después no se facturan como se debe. Hemos sabido vender 20 garrafas solo mientras está parado el distribuidor y las que dejamos no nos duran nada”, comentó Jorge Santolalla, al frente de un comercio tupungatino, y agrega que ya le emitió sus quejas a Defensa del Consumidor –sin obtener respuesta– por la diferencia de precios. Allí una garrafa de 10 kilos se vende aproximadamente a $45.

Para los comercios y estaciones de servicio adheridos al programa provincial Garrafa Solidaria el valor de este mismo envase doméstico es de $16. Sin embargo, muchos denuncian que nunca encuentran provisiones o que, también allí, algunos se las venden más caras.

Hay denuncias por robo
Además de los problemas que puede acarrear el no contar con gas envasado en los domicilios o lugares de trabajo donde no hay redes de gas natural, el desabastecimiento ha llevado, durante los últimos meses, a que la garrafa sea uno de los artefactos más robados, ya que son rentables y fáciles de ubicar a través de la venta callejera.

“En los últimos allanamientos entre lo secuestrado hemos encontrado varias garrafas pero se hace difícil detectar cuando hay delito porque no se puede reconocer quiénes son sus dueños. Igualmente estamos ahora más  atentos al control de quienes están vendiéndolas”, agregó el comisario Rafael Salinas, jefe de la Departamental Valle de Uco.

Además afirmó que han recibido varias denuncias por delitos de este tipo, entre ellos el ocurrido en un comercio de la villa cabecera de San Carlos, de donde habían sustraído más de 10 envases de gas llenos y también de algunos domicilios particulares del distrito Cordón del Plata, entre otros casos.

Algunas acciones desde las comunas
Tupungato es uno de los departamentos en los que asiduamente se vende de manera itinerante la garrafa solidaria, ofreciendo en cada visita alrededor de 80 envases a precio popular. Desde el área de Gestión de la  Comuna anunciaron que en lo que resta del mes y hasta principios de junio el camión que los expende estará todos los martes y viernes, desde las 9.30, recorriendo el departamento. Hoy estará en Gualtallary y la agenda continúa por el barrio Arco Iris, calle los 4, Dubois y El Zampal.

En San Carlos, el Municipio ha puesto énfasis en el programa Gas para Todos, a través del cual se otorga un crédito de hasta $7.000 para la conexión de gas domiciliaria o de $2.000 para la compra de artefactos. El objetivo es que más vecinos accedan al beneficio de tener gas natural en sus viviendas.

Por último, desde la jefatura de gabinete de la Comuna de Tunuyán asumieron estar al tanto del problema a raíz de los reclamos que hacen los vecinos. Además, afirmaron haber iniciado gestiones con algunos organismos, pero que aún no han obtenido respuesta ya que el faltante es general en toda la región.

http://www.diariouno.com.ar/mendoza/Sobreprecio-y-falta-de-gas-envasado–20140520-0008.html

Alerta en el Sur y Valle de Uco por los posibles cambios en la ley 7722

En el marco del pedido que hizo la Mesa Minera para declarar la emergencia en minería en la provincia, y a su vez derogar o modificar la famosa ley 7722 (que restringe la explotación cuando se utilizan ciertos productos químicos), desde los sectores ambientalistas ya preparan una nueva resistencia en torno a los intentos de derogar la norma conocida como “Ley del pueblo”.

Ya había habido inconvenientes cuando en el Plan de Ordenamiento Territorial se planteaba esta posibilidad, lo que hizo que el propio ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde, la descartara.

Ahora, ante un nuevo embate, los sectores mineros ya no buscan derogar sino cambiar la ley 7722, para hacerla más “permisiva”.

Ante esto, desde algunos sectores empiezan a movilizarse. Las asambleas del Sur provincial y del Valle de Uco ya mostraron su malestar con la situación y plantean su rechazo.

El Concejo Deliberante alvearense ya emitió una ordenanza que reafirma la posición de la defensa del agua y el rechazo a todo tipo de explotación minera con uso de productos químicos contaminantes.

Algo similar pasó en San Carlos, donde su intendente Jorge Difonso, salió a plantear –en declaraciones públicas– que “si este nuevo proyecto avanza va a generar un conflicto social importante en Mendoza, sobre todo en las zonas productivas, como Valle de Uco, San Rafael y Alvear”.

Si bien todavía no hay mayores novedades, desde las asambleas se mostraron alertas y plantean la posibilidad de volver a militar activamente en defensa de la ley, como se viene haciendo hasta ahora.

http://www.diariosanrafael.com.ar/sociales/6758-alerta-en-el-sur-y-valle-de-uco-por-los-posibles-cambios-en-la-ley-7722

Buscan reglamentar las terapias con animales en Tupungato

Una ONG que ofrece equinoterapia a personas con distintas discapacidades presentó la idea en el Concejo Deliberante. La futura ordenanza crearía un precedente provincial.

Gisela Manoni – gmanoni@losandes.com.ar

Reglamentar las terapias alternativas que se basan en la interacción con animales. Poder registrarlas, controlar su aplicación y llegar a reconocerlas como un servicio más del tratamiento destinado a las personas que tienen discapacidades.

Este es el objetivo de la gente que participa de la asociación civil La Casa de Manuelito, en Tupungato, quienes la última semana presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante que podría sentar un positivo precedente a nivel provincial.

Esta institución nació hace cinco meses como la primera respuesta terapéutica real -fuera del ámbito escolar- para los niños y adolescentes con discapacidades en este departamento del Valle de Uco.

Con un abordaje familiar y apoyado en una serie de talleres recreativos, el equipo centró su tratamiento en las terapias alternativas, entre ellas la equinoterapia. Y en un futuro, proyecta también comenzar a trabajar con perros.

Por los “excelentes” resultados que han vivenciado hasta el momento y porque reconocen la necesidad de formalizar estas prácticas, esta semana los laburantes incansables de La Casa de Manuelito coparon la Banca del Vecino del Concejo Deliberante de Tupungato y expusieron su iniciativa.

“Creemos que estas terapias alternativas deben cumplir con ciertos requisitos comunes, que deben estar en un marco regulatorio y sujetos a controles. Esto fomentaría el trabajo sobre la calidad de las terapias y le daría mayor seguridad a las familias que confían en ellas para lograr avances en sus hijos”, explicó Eugenia Sotomayor, la mentora y presidenta de la asociación.

La idea cosechó un acuerdo unánime entre los ediles, quienes se comprometieron a analizar la temática en comisiones. Manifestaron la intención de tratar cuanto antes este proyecto de ordenanza.

En detalle

En su exposición, el equipo de profesionales de Manuelito explicó la tarea que vienen realizando con los 60 pacientes (al menos son los registrados formalmente) que tienen hasta el momento y con sus familias.

Además, se explayaron sobre los orígenes y beneficios de la zooterapia, como “un abordaje médico interdisciplinario, que involucra animales en la prevención y tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas”, tal como reza el texto.

Si bien hay unas pocas provincias en el país -como Entre Ríos- donde se ha librado la discusión y cuentan con leyes en este sentido, Mendoza aún no tiene la propia.

“La ordenanza tupungatina y otras que se analizan en distintos departamentos podrían sentar jurisprudencia para instalar el debate a nivel provincial”, señaló Sotomayor. El  mismo proyecto incluye la notificación al Ministerio de Salud.

El contar con esta norma permitiría -según manifiestan desde la asociación- incluirla en la Ley de Discapacidad, a fin de que las obras sociales puedan reconocer estas terapias alternativas como un servicio más en el abordaje de personas con discapacidad y, en consecuencia, que la gente pueda acceder a estos tratamientos con la debida cobertura social.

El texto del proyecto enumera una serie de aspectos a regularizar: establecimientos debidamente habilitados, que se cumpla con las exigencias en sanidad animal y el nivel de formación de los profesionales.

Según afirmaron desde la asociación, quienes estarían capacitados para acompañar en estos procesos terapéuticos son los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y profesores de Educación Física, entre otros.

Por otro lado, la norma le exigirá al municipio realizar controles veterinarios mensuales y crear un registro municipal “con los datos y la verificación de los animales existentes en cada asociación que realicen TACA (Terapias Alternativas con Animales).

En la Casa de Manuelito apostaron fuertemente a la creación de corrales y a las tareas con los caballos. Sin embargo, los profesionales indican que cada dificultad merece un abordaje particular.

“No puede ser cualquier animal. Existen parámetros -como el peso, la altura, el caracter, etc.- a analizar antes de diseñar la terapia para cada caso. A algunos chicos no les sirve la equinoterapia, por eso más adelante empezaremos a trabajar con perros”, expuso Sotomayor.

Difonso: “Si cambian la ley 7.722, hay conflicto”

Difonso: “Si cambian la ley 7.722, hay conflicto”

“Este es otro intento más de beneficiar al sector empresario minero por sobre la salud de la población”, aseguró el intendente de San Carlos y coautor de la ley 7.722.

Por: El Sol Online

Ante la postura de las empresas mineras, el intendente de San Carlos y coautor de la ley 7.722, Jorge Difonso, dijo que “habrá un conflicto social” en caso de que se avance sobre un cambio en la
normativa.

El representante departamental agregó: “Nosotros hemos hecho el planteo de que, si llegan a modificar la 7.722, va a haber un conflicto social y que este es otro intento más de beneficiar al sector empresario minero por sobre la salud de la población”.

De acuerdo con la visión del intendente del Valle de Uco, permitir la modificación de la norma sería un retroceso, porque se hipotecaría el futuro de los recursos de la provincia, especialmente del agua.

“Mendoza se puso a la vanguardia del oeste argentino, planteando una legislación moderna para el desarrollo sustentable, porque podemos hablar del desarrollo como el que ellos plantean, que sea pan para hoy y hambre para mañana, pero el desarrollo debe ser amigado con la naturaleza y permitirles a la generaciones futuras el desarrollo”, indicó.

Respecto de la recepción que pueda tener el pedido de modificación en la Legislatura, el intendente dijo que dentro de los mismos partidos hay diferentes opiniones respecto de la actividad minera, pero confía en que la oposición social y de los sectores productivos del Valle de Uco y el Sur provincial, principalmente, se haga sentir y no avance la iniciativa.

El mismo Jorge Difonso fue uno de los que pidieron que se sacaran del plan de ordenamiento territorial los párrafos que apuntaban a modificar la ley 7.722.

Dijo que este es otro intento más de las empresas, sumados a los que también se hicieron desde el Gobierno para permitir la minería.

http://elsolonline.com/noticias/ver/1405/203348/difonso-si-cambian-la-ley-7-722-hay-conflicto-

Caso Fariña destapó ventas millonarias por los pozos de agua en Mendoza

Caso Fariña destapó ventas millonarias por los pozos de agua en Mendoza

Por: Maxi Quinteros maxi.quinteros@elsol.com.ar

 La transferencia de derechos de un pozo cegado entre particulares estaría valuado entre 60 y 100 mil dólares. Los críticos apuntan que genera un “mercado del agua” que favorece a los poderosos.

El escándalo desatado por la compra de campos en Tunuyán por Leandro Fariña hizo evidente lo que está ocurriendo en varios puntos de la provincia, pero especialmente en el Valle de Uco. Se trata de la venta de pozos de agua cuya transacción oscilaría el millón de pesos. Estas operaciones, que se concretan en dólares, contradicen la Ley de Aguas y tampoco tributan impuestos.

Las voces críticas ponen la voz de alerta, porque esto supone la privatización del agua en Mendoza. Desde Irrigación rechazaron que se esté generando un mercado ilegal, pero reconocen que se han realizado ocho reemplazos de pozos que han servido para fomentar las inversiones y el desarrollo productivo de la provincia.

Estas transacciones en moneda estadounidense son comentadas en varios ámbitos, en algunos casos con mucha preocupación por las consecuencias que pueden generar. En el Departamento General de Irrigación están al tanto, pero por la repercusión nacional obtenido en el caso Fariña optan por hablar en estricto off the record.

La operación implica una transferencia de derechos por parte del propietario de un campo con un pozo de agua cegado -es decir, tapado, inactivo- a otro propietario que no cuenta la habilitación correspondiente por parte de las autoridades provinciales para poder abrir un nuevo pozo. Según las fuentes consultadas, un pozo con un caño de 12 pulgadas y 25 metros de profundidad se estaría vendiendo en 100 mil dólares. Y un pozo con un caño de 8 pulgadas, estaría valuado en 60 mil dólares.

Lo que se transfiere es la autorización al derecho de agua que tiene un propietario inscripto en Irrigación. En el organismo madre que legisla se tienen que realizar los trámites para cegar un pozo y poder reabrirlo en otra propiedad, pero de la misma cuenca.

Para cegar el pozo, hay que depositar un cheque en garantía por 50 mil pesos en Irrigación y otro canon por 50 mil pesos por el trámite de reapertura en otra propiedad. Si el pozo no tiene deuda, más otros pagos, el costo de la operación asciende a 105 mil pesos. Esto, sin contar con el precio que se le pone a la transacción entre privados.

De acuerdo con la Ley de Aguas -que ahora Francisco Pérez busca modernizar-, por su carácter público, si un pozo se encuentra inactivo durante cierto tiempo, caduca. O renuncia a favor del Estado. Pero la centenaria legislación no establece que se cedan los derechos entre particulares de distintas propiedades.

“Con la prohibición de realizar nuevas perforaciones y los grandes capitales que han comprado tierra sin derecho de agua, podría sospecharse de que se están comprando pozos a valores muy elevados a personas con pozos inactivos en su propiedad”, aseguró el senador radical y ex intendente de Tunuyán, Eduardo Giner, que aseguró que ha escuchado estas versiones. Y agregó: “Los comentarios dicen que se pagan en dólares. Se dan el Valle de Uco por el alto valor de las tierras, por su desarrollo turístico y la producción vitivinícola que ha crecido”.

La situación no es nueva. Empezó durante la gestión de Eduardo Frigerio con los pozos cegados de Agrelo y que derivó en la crisis política y salida de aquel funcionario. Ahora, desde la gestión de José Luis Alvarez dicen que están tratando de regular algunas situaciones, pero niegan que se esté dando un mercado del agua, que privatiza este recurso, tal como denuncia el abogado Marcelo Romano.

“Un mercado despiadado del agua”

Romano es un especialista en derecho del agua que representa a regantes del Valle de Uco y de General Alvear. Vinculado al radicalismo, es una voz crítica de la gestión de Alvarez. Según el abogado, esta situación irregular se generó por dos resoluciones aprobadas en Irrigación relativas a los permisos de explotación del agua subterránea.

Una de ellas 548/12, dictada por el Honorable Tribunal Administrativo del DGI, que reformula las leyes 4035 y 4036 y estipula un aporte pecuniario -destinado a un fondo para obras- para la explotación. La otra norma es la 164/13, que establece las condiciones para acceder a un nuevo permiso de perforación en reemplazo de otro existente en la misma cuenca. Estas resoluciones surgen como una respuesta a la 722/11, que restringió las nuevas perforaciones en la cuenca del río Tunuyán.

Para Romano, con estas resoluciones “se ha permitido un negocio mobiliario del agua que ha puesto en riesgo los principios básicos que nos han hecho sobrevivir en el desierto”. Para el especialista, este “despiadado mercado del agua” produce la concentración de este recurso en los más poderosos, en detrimento de los pequeños productores.

Romano sostuvo que la resolución dictada en 2013, Alvarez viola la autoridad de aplicación, que es el HTA de Irrigación. “Está violando la Constitución, porque se está arrogando facultades legislativas con una simple resolución”.

Sin embargo, desde Irrigación advierten que en el planteo hay un fundamento político por el que se trata de “hacer campaña” desde la UCR para “manchar la gestión” de Alvarez en Irrigación. Pero los cuestionamientos de Romano no son únicos. También se agregan otros especialistas en derecho de agua como Nicolás González del Solar, subdirector del Instituto del Agua, que también criticó estas resoluciones porque habilitan estas transacciones comerciales.

Irrigación reconoce que se realizaron ocho transferencias

En Mendoza hay 20 mil pozos de agua registrados en Irrigación, pero solamente 12 mil se encuentran activos. En el organismo explicaron que hay expedientes iniciados por 2.400 permisos de perforación, pero sólo ocho corresponden a reemplazos de perforación.

Con estas cifras, dan por descontado que se esté generando un mercado del agua en Mendoza con valores que no sólo ponen precio a un recurso vital, sino que también inflan el precio de los inmuebles. “Que haya gente que trate de especular, es una situación. Pero no es nuestra realidad”, explicaron, para desacreditar a Romano.

Estas ocho transferencias, indicaron, se han dado en distintos lugares de Mendoza – Lavalle, Tunuyán, San Carlos – y se trata de pozos inactivos. Irrigación defendió estas operaciones ya que se encuentran dentro de la normativa vigente. “Todo está en regla”, respondieron.

Por otra parte, hicieron hincapié en que el HTA ha rechazado expedientes que pedían el traslado de una cuenca a otra, porque esto generaría un desequilibrio en el sistema. “No se da la venta y, si está sucediendo, no va a ser autorizado por Irrigación”, recalcaron. También hay otros 20 expedientes que piden el reemplazo, pero éstos se encuentran en la misma propiedad.

Las voces consultadas en Irrigación sostuvieron que estas situaciones ya se habían generado en los años ’90 y que se puso fin bajo la gestión de Eduardo Sancho al frente del departamento. Y que con la actual normativa se está regulando y dando respuestas a los emprendimientos productivos que invierten en Mendoza.

“Se les ha dado la posibilidad de que hagan una inversión productiva, no está mal. Después nos quejamos de que no vienen inversiones y que no hay seguridad jurídica, pero lo que no tenemos es agua”, respondieron. Además, señalaron que los pozos que se reemplazaron no tenían un sistema eficiente de riego, algo que sí sucede con las autorizaciones que se dieron.

En esa línea, consideraron que se está buscando un uso eficiente del agua en plena crisis hídrica. Y que las autorizaciones que se están dando apuntan a la cantidad de hectáreas de los terrenos. Y precisaron que los reemplazos tienen que ser en la misma subcuenca y que su uso se debe mantener. Es decir, si el pozo estaba autorizado para cultivo, no puede reutilizarse alimentar un barrio privado.

PIDEN NULIDAD EN FISCALÍA DE ESTADO

Más allá de las declaraciones hay iniciativas concretas. La senadora Laura Montero ya pidió a Fiscalía de Estado la nulidad de las dos resoluciones.

La legisladora nacional por la UCR -y ex ministra de Economía de Julio Cobos- sostuvo que “al dictar estas normas, las autoridades de la actual gestión del Departamento General de Irrigación pasan ‘por encima’ del Poder Legislativo al alterar dos leyes ya dictadas.

Y al mismo tiempo, con la simpleza de una resolución permite la instalación de un mercado no muy claro del agua subterránea, poniendo en la vidriera del comercio vil un recurso que es vital y estratégico para cualquier actividad productiva en la provincia”.