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Consideraciones sobre la ley 7.722 – Por Daniel A. Sabsay

Consideraciones sobre la ley 7.722 - Por Daniel A. Sabsay
Por Daniel A. Sabsay – Profesor Titular de Derecho Constitucional. Ha sido Director Ejecutivo y Presidente de la FARN

En la actualidad en la Legislatura mendocina se analizan proyectos encaminados a modificar en sentido regresivo la ley 7722 sobre minería sustentable, cuyo artículo 1° dice que “a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. 

Cabe recordar que su sanción fue el resultado de la movilización de la sociedad civil que logró que tan fundamental norma se hiciera realidad. 

Por entonces tuve la oportunidad de participar de un panel que se llevó a cabo en la Sociedad Rural del Valle de Uco con la presencia de una heterogénea y muy numerosa audiencia. 

Las organizaciones convocantes iban desde la nombrada hasta vecinos autoconvocados e inclusive representantes de la izquierda. 

Lo que importaba era “salvar” el Valle de una minería que ponía en riesgo la continuidad de la actividad vitivinícola y de la agricultura en general, más allá de las ideologías. 

La protección del agua se convertía, por cierto escasa en la provincia, en la base de la discusión.

Así las cosas, queremos recordar cuales son los lineamientos que regulan la cuestión ambiental en nuestro país. 

El marco jurídico de protección del ambiente exige de la aplicación de una serie de principios que están previstos en la ley general del ambiente, entre los que se encuentran el precautorio y el preventivo, que se anticipan a la producción de daños, ya que éstos son irreversibles, o sólo podrán ser reparados muy parcialmente. 

Junto a ellos, la ley prevé el postulado de progresividad y de no regresividad que es su contratacara y que consiste en que una vez que se ha establecido un determinado nivel de protección ya no se podrá volver para atrás. 

Es decir que ese piso puede ser elevado a través de modalidades más severas, pero no puede ser disminuido de manera alguna. 

Se trata de un principio que rige para todos los derechos y que en nuestra materia se impone por las características que tiene el ambiente que exige la equidad generacional, por ello nuestra constitución contempla que el derecho ambiental tiene que ser “apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. 

Es uno de los aspectos más relevantes del modelo de desarrollo sustentable previsto en nuestra ley fundamental. 

En el mismo sentido el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla del compromiso permanente de los estados firmantes de asegurar el logro progresivo que permita la plena efectividad de los derechos previstos en dicho tratado.

Es obligación del Estado garantizar la progresividad de los derechos y de ello se desprende obviamente la prohibición de regresividad, no se puede dar marcha atrás al grado de protección que ha recibido la calidad de vida en todo tipo de ordenamiento sectorial que ya ha sido objeto de tratamiento de parte del legislador. 

Su fundamento normativo se deriva del art. 4 de la ley 25.675 (general del ambiente) que prescribe la necesidad de sujetar las acciones de política ambiental al principio de progresividad, por el cual se establece que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. 

Así, como pauta de interpretación y operatividad del derecho colectivo ambiental, puede colegirse, la progresividad implica que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto a la protección del ambiente no puede disminuir, sino que debe ser cada vez mayor. 

Se debe ir hacia delante, esta es la clave de bóveda del principio de no regresión, que impide que se produzcan retrocesos en materia ambiental, lo que se constituye en una herramienta apta para asegurar el adecuado progreso de un bien que es colectivo. 

Como expresa el informe ambiental anual para 2013 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) las acciones de protección ambiental deben ser realizadas tomando las previsiones apropiadas para evitar retrocesos.

El principio de progresividad tiene como objeto evitar la supresión de acciones o la reducción de sus exigencias a la luz de intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental; ya que en algunas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a producir como consecuencia daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.

La Ley 7.722 fue aprobada en junio de 2007 e inmediatamente recibió una decena de denuncias de inconstitucionalidad. 

Ocho años después, en diciembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sentenció en plenario la constitucionalidad de la ley. 

Se trata de un meduloso y profundo fallo en el que se analizan todas las aristas de la cuestión con minuciosidad. 

Parte poniendo de relieve el derecho humano al agua que sostiene es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. 

Con solidez considera que cada provincia que compone nuestro territorio nacional puede incrementar, no así disminuir los presupuestos mínimos de protección respecto del medio ambiente. 

Entendemos que de acuerdo al principio de no regresividad ambiental, la ley -que básicamente protege el agua de Mendoza- puede ser modificada para “endurecer” los controles sobre el recurso hídrico, pero no para “aligerar” los mismos. 

El proyecto del legislador Alejandro Abraham, presentado en octubre de 2018, busca modificar la mencionada ley a través de la eliminación de la frase “y otras sustancias tóxicas similares” del artículo 1º de la ley y el control legislativo de la Declaración de Impacto Ambiental de cada proyecto minero. 

De plasmarse estas “innovaciones” no tenemos duda de que se produciría una seria regresión en la protección de la calidad de vida y del derecho al agua del que gozan todos los habitantes. 

Sería lamentable que el gran esfuerzo de la comunidad terminara sepultado a través de una reforma que aunque pequeña en tamaño, sin embargo modifica radicalmente la norma disminuyendo de manera notable los niveles de protección en la materia.

Con el nuevo gobierno se debate este martes la ley 7722

Con bancas renovadas en la Legislatura, se discutirán las modificaciones a esta norma ambiental que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas en la actividad minera. Qué se busca con su reforma.

Con el nuevo gobierno se debate este martes la ley 7722

Foto: Ariella Pientro.

PROVINCIAL UNIDIVERSIDAD Ley 7722 / por Unidiversidad / Publicado el 09 DE DICIEMBRE 2019

Este martes 10 de diciembre se tratará en la Legislatura la reforma de la Ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias químicas en la actividad minera. Semanas atrás la sesión se había caído porque el justicialismo pidió esperar hasta el recambio de gobierno en la provincia para iniciar el debate. 

Las iniciativas de los senadores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles que buscan realizarle cambios a esta norma, se tratarán en el Senado luego de que el 19 de noviembre la sesión se cayera para esperar a que tanto el gobierno como la Legislatura renueve sus integrantes.

La búsqueda de la reforma se sustenta para los empresarios mineros en que creen que hubo un “cambio de paradigma” respecto de la cuestión minera, a 12 años de la sanción de la Ley. Sin embargo, ambientalistas se resisten a las modificaciones de esta normativa que es pionera en el país por prohibir sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en el desarrollo de la minería.

El frente Cambia Mendoza ha dado un panorama más claro con Rodolfo Suarez como gobernador electo, quien se ha mostrado a favor de los cambios en la ley para impulsar el desarrollo minero. La incertidumbre está en el peronismo, ya que el radicalismo afirmó que para reformar la ley buscarán el consenso político.

Una de las modificaciones que se buscan en cambiar el artículo primero que especifica cuáles son las sustancias contaminantes que no se pueden utilizar. Otra es la del artículo tercero que establece la instancia de aprobación de los proyectos mineros en la Legislatura, por lo que quedaría vía expedita para utilizar cualquier otra sustancia contaminante y quedaría en manos del Poder Ejecutivo todo el proceso sin ningún control de los legisladores, sostienen los ambientalista.

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Alrededor de 100 vehículos emprendieron un caravanazo en Tunuyán en defensa de la 7722

Dic 9, 2019

Alrededor de 100 vehículos emprendieron un caravanazo en Tunuyán en defensa de la 7722

Recorrieron distritos del departamento y también la zona céntrica.

Este domingo 8 de diciembre, Vecinos Autoconvocados del Valle de Uco volvieron a manifestarse en contra de la modificación de la Ley 7722.

Tras el “ruidazo” llevado a cabo en diferentes departamentos de Mendoza el pasado fin de semana, el día de ayer defensores del agua decidieron realizar una nueva movilización, en esta oportunidad un caravanazo.

La concentración tuvo lugar en la plaza General San Martín de Tunuyán y participaron vecinos de los tres departamentos de la región. Desde allí los vehículos partieron hacia los distintos distritos de la zona con el fin de visibilizar a gran escala el reclamo.

Edith Corvalán, vecina autoconvocada en comunicación con El Cuco Digital, contó que ella junto a un grupo de personas salieron desde Vista Flores a las 19:30 horas y a las 20 llegaron a la plaza de Tunuyán donde se reunieron con el resto.

“Sé que fueron alrededor de 100 autos ocupados, llenos; fue histórica para Tunuyán la movida de ayer porque además de la caravana se sumó la gente desde los domicilios con cacerolas, aplausos con el cántico ‘el agua de Mendoza no se negocia’” expresó la mujer.

Por otro lado, Edith detalló que “se hizo una hoja de ruta y luego pasamos por muchos lugares de Tunuyán, calles y barrios; fue un recorrido que duró casi dos horas y media”.

La vecina además destacó que el caravanazo se hizo con total armonía y que contó con el apoyo de Defensa Civil y también de los Preventores. “Pudimos darle la oportunidad a la toda la gente que supiera que estábamos pidiendo por la protección de la 7722, que es la ley que protege el agua de los mendocino”.

“Hay rumores que se trataría el proyecto la semana que viene en la legislatura, pero bueno, son solo rumores así que nosotros nos mantenemos en alerta permanente desde el lugar que nos encontremos por eso ayer nos unimos los tres departamentos” concluyó.

Una vez concluido el recorrido, se reunieron todos los actores nuevamente en la plaza y se hizo una asamblea, donde se decidió que un grupo de compañeros de Tunuyán van a participar el próximo martes de la vigilia en la Lesgislatura. También convocaron a toda la comunidad para el día sábado próximo a una nueva a las 20 horas en la plaza de Tunuyán a una asamblea para organizar un nuevo viaje a la Casa de las Leyes con los autoconconvocados.

Cabe resaltar que en paralelo, ayer también hubo movilizaciones en la plaza Independencia de la Capital mendocina, en el departamento de Maipú y en General Alvear.

El ministro de Minería de San Juan será el secretario de Minería de Alberto Fernández

Modelo sanjuanino para el país

08/12/2019TwitterWhatsAppFacebook

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El ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, estará al frente de la la Secretaría de Minería de la Nación, bajo el ala del economista Matías Kulfas, quien quedó al frente del Misterio de Desarrollo Productivo.

Según confió Hensel al Diario de Cuyo, “el modelo a seguir es el local, con mirada federal”. Hensel pertenece al círculo de Sergio Uñac, quien le transmitió este sábado la confirmación del cargo, señala el diario sanjuanino.

Hensel es abogado, y fue intendente de Sarmiento en cuatro gestiones. Luego se convirtió en hombre de confianza del gobernador Sergio Uñac, a cargo de la cartera de Minería de San Juan.

No es la primera vez que un sanjuanino ocupa cargos clave para la minería en el gabinete nacional. Jorge Mayoral desempeñó ese rol durante el kirchnerismo –Mayoral fue uno de los imputados por el derrame de la Barrick–  mientras que, en los primeros años del macrismo, el radical Mario Capello tuvo el cargo de subsecretario de Desarrollo Minero.

Capello, ex diputado nacional por la UCR, fue un férreo defensor de la minería a cielo abierto y se enfrentó públicamente a los ambientalistas y a la Ley de Glaciares, a la que consideró “un chivo expiatorio” de Miguel Bonasso, impulsor de la norma.

Impuestos y Ley de Glaciares

Diario de Cuyo entrevistó a Hensel sobre su desembarco en el Gabinete de Alberto Fernández. Un extracto de las preguntas:

– ¿Cuáles son los desafíos?

– Necesitamos abordar los temas tributarios, regulatorios y de exportación. Tenemos que tener esa apertura. Como dijo el Presidente, el desafío es buscar mecanismos para poder saldar esta gran deuda interna que nos deja este gobierno.

– ¿La ley de Glaciares es un tema espinoso?

– Necesitamos los conocimientos científicos sobre los cuales debe asentarse la normativa, sin perder de vista la protección de los glaciares como fuentes del recurso hídrico, pero que permita desarrollar cualquier actividad económica.

Batalla ambientalista en Mendoza

En Valle de Uco y Capital: caravanazo y ruidazo en las calles contra las reformas a la 7722

07/12/2019TwitterWhatsAppFacebook

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Vecinos, ambientalistas y entidades sociales y barriales insisten en las calles con la defensa de la Ley 7722. Foto: Asambleas por el Agua

Las asambleas ambientalistas y vecinales no bajan la guardia ante el embate del lobby prominero que busca modificar la Ley 7722. Este domingo habrá un ruidazo en el Parque Central de Mendoza y en Tunuyán harán un caravanazo que partirá de la plaza central del pueblo a todos los barrios.

La idea es ganar la calle para contraponer la protesta social al intenso cabildeo que las cámaras empresarias ejercen en los pasillos de la Legislatura en la instancia del poroteo de votos para derribar la ley que prohíbe el cianuro y otros tóxicos en la minería, que los ambientalistas llaman “guardiana del agua” y los empresarios “antiminera”.

Entre los que quieren voltear la ley están desde Halliburton -la empresa con la que Dick Cheney hizo negocios millonarios durante y después de la guerra de Irak- a Yacopini y Emilio Magnaghi (socio de Daniel Vila en medios), Cartellone y Groisman, pasando por IMPSA (Pescarmona), Manpower, la Municipalidad de Malargüe, Andesmar, estudios de abogados y gremios. Todos intentaron durante 2019, con cartas y reuniones con legisladores, que dejen de regir las prohibiciones de uso de tóxicos.

Mientras tanto, una intensa campaña en los medios, con funcionarios de primera línea en el prime time televisivo, buscó reforzar la idea de que la 7722 es un impedimento para “ampliar la matriz productiva de Mendoza”. En ese tren, el secretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, alabó las supuestas bondades del cianuro –al que calificó como “muy noble”– y aseguró que quienes se oponen a las modificaciones de la ley “están neutralizados”.

Este domingo 8 de diciembre a las 19.30 las asambleas por el agua concretarán un ruidazo para defender la ley, y a la misma hora, en Tunuyán, se concretará el mencionado caravanazo.

Todas estas serán instancias previas a la cita de los martes frente a la Legislatura, donde con insistencia se pide desde hace meses que no se reforme la 7722 y que se declare a Mendoza territorio libre de fracking, pese a la política oficial que impulsa, en contrario, la aceleración de la explotación de pozos de fracking con rebaja de regalías por decreto. Ese plan, que inició Alfredo Cornejo, promete ser continuado por su sucesor, Rodolfo Suárez. 

También en una sede legislativa, pero de San Rafael, los Jóvenes por el Clima pedirán que ese departamento sea declarado libre de fracking. Se manifestarán en la plaza San Martín, frente a la sede de la municipalidad, con ese fin.

Diez tareas para hacer en casa antes de derogar la ley 7.722

Eduardo Sosa, especialista en temas ambientales, da su punto de vista sobre cuáles son los temas centrales a debatir si se quiere hablar de minería.

Por: Eduardo Sosa

Viendo el apuro de algunos empresarios, legisladores y funcionarios públicos por derogar una ley que surgió de parte de los ciudadanos ante el avasallamiento del poder político-empresarial, opino que existen muchas acciones previas antes de tratar en el recinto la derogación de la ley 7722 que tan bien custodia el patrimonio natural de los mendocinos. Desde el inicio de la conflictividad minera allá por el 2003, cada autoridad invariablemente prometió algo o todo lo que sigue a continuación:

1) Cumplir con la ley N° 6.654 que crea los tribunales mineros en la provincia de Mendoza: en el año 1998 se promulgó esta norma que traslada el poder concedente de los derechos mineros al ámbito judicial. Esto le daría mayor imparcialidad al proceso que hoy administra el Consejo de Minería.

2) Cumplir con la ley N° 6913 que implementa el código de procedimiento minero: esta norma fue sancionada y promulgada a mediados de 2001 y tenía como misión instaurar un nuevo código más moderno y menos burocrático que el actual que data de 1945. Al poco tiempo la legislatura sancionó una nueva norma (Ley 6.635) en octubre del mismo año, aclarando que tanto el código como los tribunales entrarían en vigencia una vez que se asignen las partidas presupuestarias correspondientes al año 2002. En el medio vendría la crisis de fines de 2001 y estas dos leyes quedarían en el olvido, sin embargo están vigentes y los sucesivos gobiernos poco o nada se preocuparon por asignarles partidas presupuestarias.

3) Poner en funciones la policía ambiental minera: existe la policía minera dependiente de la Dirección de Minería de la Provincia que supervisa y controla la labor minera de la que habla el código de minería. Luego la ley 7722 estableció en su art. 4° la obligación de la autoridad ambiental (en esta administración se llama Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial) de crear bajo su órbita este cuerpo de control ambiental de los emprendimientos mineros, lo que nunca se concretó.

4) Reglamentar el seguro para los emprendimientos mineros metalíferos: la misma ley 7722 establece además que la autoridad ambiental deberá “reglamentar el establecimiento de un seguro de garantía ambiental” para cada emprendimiento (se entiende metalífero aunque la norma no lo especifica), congruente con lo normado en la legislación nacional, particularmente con lo establecido en el art. 22 de la ley 25.675. Este seguro tiene como objetivo activarse en caso de un desastre ambiental que requiera la recomposición del daño. Sin embargo, no solamente no se aplica en la minería sino en casi ninguna actividad sometida a evaluación de impacto ambiental en la provincia. En caso de accidente con consecuencias ambientales la mayoría –por no decir la totalidad- de las empresas que operan en Mendoza no podrían responder ante la necesidad de recomponer el daño ambiental, lo cual nos deja en gran estado de vulnerabilidad social.

5) Elaborar los informes semestrales a la legislatura: nuevamente la ley 7722 obliga a la autoridad ambiental a elaborar y presentar ante las comisiones legislativas un informe semestral con los avances en la implementación de las obligaciones establecidas por las normas de protección ambiental respecto de la minería. Nada se ha hecho hasta el momento.

6) Elaborar un estudio económico sobre la cadena de valor de la minería: venimos discutiendo desde hace 15 años acerca de si la minería es buena o mala para Mendoza, pero no existe un solo estudio que refleje los supuestos beneficios de la minería para la economía provincial. El documento más cercano en este sentido lo elaboró el CEM (Consejo Empresario Mendocino) hace unos años, pero no ahonda en el análisis económico sino que solo esboza algunos conceptos sobre el tema. En 2016 un análisis de la cadena de valor de la minería elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno Nacional dejó interesantes datos respecto del verdadero lugar que puede ocupar la minería como motor que impulse el desarrollo de las regiones. Sin embargo ninguna autoridad local lo ha implementado como complemento a las políticas públicas de promoción a la actividad minera.

7) Elaborar los planes de ordenamiento territorial municipales: La ley 8051 de ordenamiento territorial y usos del suelo establece que los municipios son los que ordenan el territorio a nivel de actividades compatibles con la vocación de sus suelos. Sin embargo luego de haber aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia, se han vencido largamente los plazos establecidos por la ley para que los municipios presenten los propios, y al día de hoy solo tres municipios (Lujan de Cuyo, Godoy Cruz y Lavalle) tienen sus planes aprobados. En el caso de que una actividad pudiera tener un impacto socioambiental relevante, podría quedar supeditada judicialmente a la elaboración del plan de ordenamiento territorial, lo que acarrearía un enorme problema tanto a las empresas proponentes como a nivel político.

8) Elaborar el Plan Ambiental: este plan fue establecido en la ley 5961 del año 1992, pero nunca fue elaborado. Es uno de los “olvidos” más significativos,  ya que de ese plan deberían depender muchas de las medidas de gobierno, pero al igual que otras tantas obligaciones legales quedó en el olvido. Solo un decreto reglamentario (1939/96) estableció metas de trabajo que tampoco fueron cumplidas. La relevancia de este plan está dada porque debería establecer los estándares ambientales, las metas de conservación y un plan de trabajo al que deberían ajustarse el resto de las actividades. La ley 8051/09 actualizó su vigencia al considerarlo parte del proceso de ordenamiento del territorio provincial y con ello cobró fuerza la necesidad de elaborarlo.

9) Elaborar reglamentación sobre el uso de sustancias tóxicas en la minería: cuando el proyecto minero San Jorge fue aprobado por el Poder Ejecutivo en 2010, uno de los temas más conflictivos fue la determinación de la toxicidad de una sustancia. En realidad es un tema relativamente sencillo, ya que la ley de residuos peligrosos establece en uno de sus anexos como se caracterizan a una sustancia para considerarla tóxica, que es una de las características de peligrosidad que determina la ley, junto a otras como cancerígeno, mutagénico, teratogénico, etc.; la reglamentación del art. 1° de la ley 7722 permitiría llevar claridad a este asunto para evitar ambigüedades de parte de quienes elaboran los estudios de impacto ambiental y de quienes los evalúan.

10) Reglamentar el procedimiento de Evaluación de Impacto Territorial y la Evaluación Ambiental Estratégica: la ley 8051/09 de ordenamiento territorial y usos del suelo también estableció que la EIT (Evaluación de Impacto Territorial) y la EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) son herramientas esenciales para evaluar proyectos con incidencia significativa sobre los territorios en que buscan asentarse, ordenando su regulación, lo que hasta el momento no ha ocurrido. En 2016 siendo Jefe de Gabinete presenté un modelo de resolución para reglamentar la EIT como parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, pero fue rechazado por el Secretario de Ambiente actual y nunca avanzó en el trámite administrativo.

Como deducirá el lector, hay mucho apuro para voltear una de las leyes más significativas del ordenamiento legal ambiental de la provincia, pero hay muchas acciones que resultan obligatorias para el Poder Ejecutivo y que no se han cumplido, lo cual también puede tener implicancias judiciales tanto penales para los funcionarios actuantes (o que omitieron y omiten actuar) como para la propia administración pública. En definitiva, si queremos desarrollar la minería en un marco de sustentabilidad ambiental, primero hay que hacer los deberes que siempre se prometieron y nunca se realizaron.

fuente elsolonline

Marcolini: “No hace falta modificar la Ley”

 19 noviembre, 2019Ley 7722

El Intendente Walther Marcolini convocó a una reunión ante los embates para modificar la ley 7722 y volvió a marcar su postura al decir que a la norma no tiene que ser modificada.

En las últimas horas se puso sobre el tapete nuevamente la Ley 7722, frente a un posible avance en la modificación de la Ley. El intendente Walther Marcolini se expresó acerca de esta situación.

“Hay un pedido de diferentes sectores de Mendoza, al Gobierno y a la Legislatura, de modificar la 7722”, expresó el intendente Walther Marcolini quien aseguró que hasta el momento se desconoce el grado de avance de este pedido ni los proyectos sobre los cuales se está trabajando, si es que son los proyectos que se presentaron hace algún tiempo atrás o si son nuevos.

En este punto el Jefe Comunal volvió a dejar en claro su postura: “La Ley 7722 no hace falta modificarla porque no es una ley antiminera, sino que permite que se realice minería en el marco de la ley, de hecho avanzó Hierro Indio y Sales de Potasio”, así mismo indicó que instruyó a sus funcionarios para que recaben toda la información acerca de los temas que se estén trabajando: “De manera tal de saber a ciencia cierta qué es lo que se pretende y contar con una voz que represente a General Alvear y la postura que siempre se ha tenido” aseguró.

Marcolini dijo que no desconoce que es un tema sensible para todos los alvearenses y que: “Vamos a defender el agua, y sobre todo en un marco de crisis hídrica como la que estamos atravesando”, concluyó.