Diez tareas para hacer en casa antes de derogar la ley 7.722

Eduardo Sosa, especialista en temas ambientales, da su punto de vista sobre cuáles son los temas centrales a debatir si se quiere hablar de minería.

Por: Eduardo Sosa

Viendo el apuro de algunos empresarios, legisladores y funcionarios públicos por derogar una ley que surgió de parte de los ciudadanos ante el avasallamiento del poder político-empresarial, opino que existen muchas acciones previas antes de tratar en el recinto la derogación de la ley 7722 que tan bien custodia el patrimonio natural de los mendocinos. Desde el inicio de la conflictividad minera allá por el 2003, cada autoridad invariablemente prometió algo o todo lo que sigue a continuación:

1) Cumplir con la ley N° 6.654 que crea los tribunales mineros en la provincia de Mendoza: en el año 1998 se promulgó esta norma que traslada el poder concedente de los derechos mineros al ámbito judicial. Esto le daría mayor imparcialidad al proceso que hoy administra el Consejo de Minería.

2) Cumplir con la ley N° 6913 que implementa el código de procedimiento minero: esta norma fue sancionada y promulgada a mediados de 2001 y tenía como misión instaurar un nuevo código más moderno y menos burocrático que el actual que data de 1945. Al poco tiempo la legislatura sancionó una nueva norma (Ley 6.635) en octubre del mismo año, aclarando que tanto el código como los tribunales entrarían en vigencia una vez que se asignen las partidas presupuestarias correspondientes al año 2002. En el medio vendría la crisis de fines de 2001 y estas dos leyes quedarían en el olvido, sin embargo están vigentes y los sucesivos gobiernos poco o nada se preocuparon por asignarles partidas presupuestarias.

3) Poner en funciones la policía ambiental minera: existe la policía minera dependiente de la Dirección de Minería de la Provincia que supervisa y controla la labor minera de la que habla el código de minería. Luego la ley 7722 estableció en su art. 4° la obligación de la autoridad ambiental (en esta administración se llama Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial) de crear bajo su órbita este cuerpo de control ambiental de los emprendimientos mineros, lo que nunca se concretó.

4) Reglamentar el seguro para los emprendimientos mineros metalíferos: la misma ley 7722 establece además que la autoridad ambiental deberá “reglamentar el establecimiento de un seguro de garantía ambiental” para cada emprendimiento (se entiende metalífero aunque la norma no lo especifica), congruente con lo normado en la legislación nacional, particularmente con lo establecido en el art. 22 de la ley 25.675. Este seguro tiene como objetivo activarse en caso de un desastre ambiental que requiera la recomposición del daño. Sin embargo, no solamente no se aplica en la minería sino en casi ninguna actividad sometida a evaluación de impacto ambiental en la provincia. En caso de accidente con consecuencias ambientales la mayoría –por no decir la totalidad- de las empresas que operan en Mendoza no podrían responder ante la necesidad de recomponer el daño ambiental, lo cual nos deja en gran estado de vulnerabilidad social.

5) Elaborar los informes semestrales a la legislatura: nuevamente la ley 7722 obliga a la autoridad ambiental a elaborar y presentar ante las comisiones legislativas un informe semestral con los avances en la implementación de las obligaciones establecidas por las normas de protección ambiental respecto de la minería. Nada se ha hecho hasta el momento.

6) Elaborar un estudio económico sobre la cadena de valor de la minería: venimos discutiendo desde hace 15 años acerca de si la minería es buena o mala para Mendoza, pero no existe un solo estudio que refleje los supuestos beneficios de la minería para la economía provincial. El documento más cercano en este sentido lo elaboró el CEM (Consejo Empresario Mendocino) hace unos años, pero no ahonda en el análisis económico sino que solo esboza algunos conceptos sobre el tema. En 2016 un análisis de la cadena de valor de la minería elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno Nacional dejó interesantes datos respecto del verdadero lugar que puede ocupar la minería como motor que impulse el desarrollo de las regiones. Sin embargo ninguna autoridad local lo ha implementado como complemento a las políticas públicas de promoción a la actividad minera.

7) Elaborar los planes de ordenamiento territorial municipales: La ley 8051 de ordenamiento territorial y usos del suelo establece que los municipios son los que ordenan el territorio a nivel de actividades compatibles con la vocación de sus suelos. Sin embargo luego de haber aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia, se han vencido largamente los plazos establecidos por la ley para que los municipios presenten los propios, y al día de hoy solo tres municipios (Lujan de Cuyo, Godoy Cruz y Lavalle) tienen sus planes aprobados. En el caso de que una actividad pudiera tener un impacto socioambiental relevante, podría quedar supeditada judicialmente a la elaboración del plan de ordenamiento territorial, lo que acarrearía un enorme problema tanto a las empresas proponentes como a nivel político.

8) Elaborar el Plan Ambiental: este plan fue establecido en la ley 5961 del año 1992, pero nunca fue elaborado. Es uno de los “olvidos” más significativos,  ya que de ese plan deberían depender muchas de las medidas de gobierno, pero al igual que otras tantas obligaciones legales quedó en el olvido. Solo un decreto reglamentario (1939/96) estableció metas de trabajo que tampoco fueron cumplidas. La relevancia de este plan está dada porque debería establecer los estándares ambientales, las metas de conservación y un plan de trabajo al que deberían ajustarse el resto de las actividades. La ley 8051/09 actualizó su vigencia al considerarlo parte del proceso de ordenamiento del territorio provincial y con ello cobró fuerza la necesidad de elaborarlo.

9) Elaborar reglamentación sobre el uso de sustancias tóxicas en la minería: cuando el proyecto minero San Jorge fue aprobado por el Poder Ejecutivo en 2010, uno de los temas más conflictivos fue la determinación de la toxicidad de una sustancia. En realidad es un tema relativamente sencillo, ya que la ley de residuos peligrosos establece en uno de sus anexos como se caracterizan a una sustancia para considerarla tóxica, que es una de las características de peligrosidad que determina la ley, junto a otras como cancerígeno, mutagénico, teratogénico, etc.; la reglamentación del art. 1° de la ley 7722 permitiría llevar claridad a este asunto para evitar ambigüedades de parte de quienes elaboran los estudios de impacto ambiental y de quienes los evalúan.

10) Reglamentar el procedimiento de Evaluación de Impacto Territorial y la Evaluación Ambiental Estratégica: la ley 8051/09 de ordenamiento territorial y usos del suelo también estableció que la EIT (Evaluación de Impacto Territorial) y la EAE (Evaluación Ambiental Estratégica) son herramientas esenciales para evaluar proyectos con incidencia significativa sobre los territorios en que buscan asentarse, ordenando su regulación, lo que hasta el momento no ha ocurrido. En 2016 siendo Jefe de Gabinete presenté un modelo de resolución para reglamentar la EIT como parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, pero fue rechazado por el Secretario de Ambiente actual y nunca avanzó en el trámite administrativo.

Como deducirá el lector, hay mucho apuro para voltear una de las leyes más significativas del ordenamiento legal ambiental de la provincia, pero hay muchas acciones que resultan obligatorias para el Poder Ejecutivo y que no se han cumplido, lo cual también puede tener implicancias judiciales tanto penales para los funcionarios actuantes (o que omitieron y omiten actuar) como para la propia administración pública. En definitiva, si queremos desarrollar la minería en un marco de sustentabilidad ambiental, primero hay que hacer los deberes que siempre se prometieron y nunca se realizaron.

fuente elsolonline

Marcolini: “No hace falta modificar la Ley”

 19 noviembre, 2019Ley 7722

El Intendente Walther Marcolini convocó a una reunión ante los embates para modificar la ley 7722 y volvió a marcar su postura al decir que a la norma no tiene que ser modificada.

En las últimas horas se puso sobre el tapete nuevamente la Ley 7722, frente a un posible avance en la modificación de la Ley. El intendente Walther Marcolini se expresó acerca de esta situación.

“Hay un pedido de diferentes sectores de Mendoza, al Gobierno y a la Legislatura, de modificar la 7722”, expresó el intendente Walther Marcolini quien aseguró que hasta el momento se desconoce el grado de avance de este pedido ni los proyectos sobre los cuales se está trabajando, si es que son los proyectos que se presentaron hace algún tiempo atrás o si son nuevos.

En este punto el Jefe Comunal volvió a dejar en claro su postura: “La Ley 7722 no hace falta modificarla porque no es una ley antiminera, sino que permite que se realice minería en el marco de la ley, de hecho avanzó Hierro Indio y Sales de Potasio”, así mismo indicó que instruyó a sus funcionarios para que recaben toda la información acerca de los temas que se estén trabajando: “De manera tal de saber a ciencia cierta qué es lo que se pretende y contar con una voz que represente a General Alvear y la postura que siempre se ha tenido” aseguró.

Marcolini dijo que no desconoce que es un tema sensible para todos los alvearenses y que: “Vamos a defender el agua, y sobre todo en un marco de crisis hídrica como la que estamos atravesando”, concluyó.

Fadel: “De prepo no sirve, la reforma de la ley 7722 no se trata hoy”

La presidenta del bloque de senadores del PJ descartó que su partido vaya a acompañar el proyecto para modificar las condiciones de la ley que restringe la minería. También criticó el lobby empresario y recalcó que es “el nuevo gobernador” el que debe enviar la iniciativa. Los peronistas no fueron a la reunión con empresarios que impulsan la nueva norma.

La presidenta del bloque de senadores justicialistas, Patricia Fadeldescartó que su sector vaya a respaldar los cambios a la ley 7722 que restringe la minería metalífera y criticó el lobby empresario.

“El proyecto no tiene dictamen y no está para tratar, necesita dos tercios para ello y el justicialismo no va a acompañar esto. Es definitivo“, aseguró Fadel. 

Y agregó: “El impulsor tiene que ser el nuevo gobernador y el proyecto tiene que ser una cuestión de estado, no una iniciativa de algunos legisladores”.

Fadel se expresó como vocera de un acuerdo general del PJ y, en ese sentido, mencionó a la ex candidata a gobernadora Anabel Fernández Sagasti como parte de la decisión.

El desenlace se veía venir desde ayer, cuando este diario adelantó que el justicialismo se opondría a dar el debate en el Senado y reclamaría la intervención de Rodolfo Suarez.

Asimismo, la legisladora se desentendió de la postura de algunos legisladores del propio PJ, como Juan Agulles, autor de uno de los proyectos de modificación de la ley 7722 que están en discusión.

“Agulles es un senador de Malargüe y tiene lógica que necesite sacar un proyecto que beneficie a Malargüe, pero es el único lugar de consenso (sobre la minería)y hay que hacer un proyecto específico para la zona”, explicó.

La senadora del PJ enfrenta hoy su última sesión antes del recambio de legisladores y en ese contexto pidió una “mesa de diálogo” y políticas de Estado sobre la política minera. “Se tiene que armar una ley que contemple todas las situaciones, como la del Valle de Uco, que es muy difícil que acepte la minería. Además, el control está desmantelado”, afirmó.

Casi en el mismo instante en que Fadel hacía estas declaraciones, en el nuevo edificio de la Legislatura comenzaba la reunión de senadores con empresarios y sindicatos que están a favor de la minería.

Esa reunión empezó sin presencia de justicialistas. De hecho, el senador Daniel Rueda ingresó unos instantes, pero apenas le sonó el celular, abandonó el encuentro. 

“Los lobbistas no sirven, ya fueron el año pasado a hacer lobby y fuimos muy claros en que debían armar un proyecto en serio con el Poder Ejecutivo. De prepo y a los empujones no sirve, no se va a tratar la reforma hoy“, recalcó Fadel en ese sentido.

“Si Alfredo Cornejo hubiera tenido un compromiso real, debería haber enviado un proyecto”, completó Fadel.

Ambientalistas locales preocupados por el avance de las mineras: dos proyectos se ubican en San Carlos

Nov 14, 2019

Ambientalistas locales preocupados por el avance de las mineras: dos proyectos se ubican en San Carlos

El gobernador electo, Rodolfo Suárez, ya anunció que se debe modificar la ley 7722 para atraer las inversiones.

Las empresas mineras han entendido que el aval que dio la Legislatura provincial al proyecto Hierro Indio (yacimiento de hierro en Malargüe) es el punto de partida para que vuelva la minería metalífera a la provincia. Según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), en la provincia hay 19 proyectos factibles para extraer minerales como uranio, cobre, oro, plomo y plata, entre otros. Dos de estos proyectos se ubican en el departamento de San Carlos.

El gobernador electo Rodolfo Suárez impulsa la modificación de la Ley 7722.

A la par, el gobernador electo Rodolfo Suárez dejó claro que pretende modificar la Ley 7722 para atraer inversiones. En una nota reciente en Canal 9 de Mendoza, el mandatario afirmó que esta ley “ha impedido las inversiones de empresas mineras”, y que es necesario cambiar la normativa. Al respecto, hay continuas conversaciones entre las bancadas peronista y radical de la Legislatura provincial: tanto entre los radicales como entre los peronistas hay legisladores que quieren dar luz verde a la modificación de la ley, aunque hay algunos legisladores que se oponen. Según parece, se podría lograr fácilmente el aval de los legisladores para modificar la ley.

La ley 7722 se aprobó en el año 2007 y prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. La legislación fue un gran logro de sectores ambientalistas y vecinalistas de toda la provincia que buscaban la protección medioambiental, y poner un freno a las explotaciones metalíferas.

Los proyectos mineros que se ubican en el departamento de San Carlos son: Papagayos (oro y cobre) y Picos Bayos (cobre). Papagayos se ubica a unos 15 km al sur la Laguna del Diamante, en San Carlos. Mientras que Picos Bayos se ubica cerca de la frontera con Chile, en las márgenes del arroyo Borbollón (afluente del río Diamante), íntegramente dentro de la reserva natural Laguna del Diamante.

Proyectos mineros en carpeta (gentileza Diario Los Andes)

El arroyo Papagayos es afluente del Aguanda, y junto con el Yaucha, riega el sur del Valle de Uco. En los primeros años del 2000, la actividad minera en esta zona impulsó la formación de los Vecinos Autoconvocados de la región, y las masivas manifestaciones en defensa del agua que frenaron los cateos y exploraciones. Luego de las protestas por aquel entonces, los vecinos de San Carlos consiguieron el apoyo legislativo para ampliar el área protegida de la reserva Laguna del Diamante, de 28 mil a 170 mil hectáreas y de esta manera se impidió la actividad minera.

Preocupación y alerta de Vecinos Autoconvocados

Grupos ambientalistas y vecinos en general se han manifestado preocupados por la posibilidad del avance minero en la región del Valle de Uco, a partir de la modificación de la ley 7722, y la presión de grupos mineros. El Cuco Digital se comunicó con Daniel Funes, referente de Vecinos Autoconvocados quien expresó que “es muy preocupante la situación actual, porque, por lo que vemos, (las mineras) no solo irían por la modificación de la ley 7722 sino también por la ley de ampliación de la Laguna del Diamante (…)”. Según Funes, las empresas mineras “no vienen solo por Hierro Indio, por San Jorge sino que también vienen por el Valle de Uco”. “Estamos tratando de concientizar a la gente y planificando acciones. Este fin de semana o el que viene con Asamblea Popular por el Agua Pura veremos qué acciones tomamos” adelantó el ambientalista.

“Me preocupa que sigan apostando al fracking y a la minería en una Mendoza seca. El Departamento General de Irrigación y especialistas dicen que Mendoza va a tener cada vez menos agua. Cualquier actividad que use agua, tiene que quitarle el agua a algún mendocino (…) Me preocupa muchísimo que la política hoy no tenga presente la realidad de sequía que hay en la provincia y el pronóstico de cambio climático”, sentenció Funes. Mientras tanto, en los grupos de vecinos y ambientalistas se comienzan a sentir voces de alerta y movilización en defensa del agua pura.

Difonso defiende “absolutamente” la 7722 y plantea que la modificación propuesta es inconstitucional

Nov 15, 2019

Difonso defiende “absolutamente” la 7722 y plantea que la modificación propuesta es inconstitucional

Así lo expresó uno de sus colaboradores más cercanos, al ser consultado sobre el debate actual en torno a la reforma de la ley.

El actual intendente de San Carlos, Jorge Difonso, mantiene inamovible su postura de defensa de la ley 7722, así lo manifestó un colaborador cercano, ante la consulta de este medio. Difonso, que en breve asumirá como diputado provincial, y que es coautor de la legislación que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes en las explotaciones mineras, se ha mantenido, y mantiene, firme en torno a la flexibilización de la ley que reclama todo el arco minero.

“Para Difonso es innegociable la modificación de la ley” expresó su allegado, y agregó que el legislador electo está planteando un nuevo punto en torno a la posibilidad de reforma de la 7722: la inconstitucionalidad de cualquier modificatoria que pretende flexibilizar o dar ciertos “permisos” en materia ambiental.

“La ley general de Ambiente, la 25675 (nacional) expone que la legislación ambiental es para “cuidar”, no para “desproteger”,  y establece entre sus principios fundamentales la “progresividad”, es decir que, cualquier legislación ambiental solo puede ser modificada para endurecerse, para dar mayor protección, y no para “ablandarse”” explicó el funcionario consultado.

El colaborador y vocero de Difonso mencionó el fallo de la Suprema Corte de Mendoza, en diciembre de 2015, que ratificó la constitucionalidad de la ley 7722, y donde se dejó establecido que la legislación es una “ley para proteger el recurso hídrico”. “Entonces, si tomamos en cuenta que la 7722 cuida el agua de Mendoza, y bajo el principio de progresividad que establece la Ley ambiental madre, es inconstitucional pretender modificarla para que sea “más blanda”” afirmó el vocero, explicando la postura de Difonso.

Difonso asumirá en unos días como diputado provincial, después de tres períodos como intendente de San Carlos. Durante sus años de gestión departamental, como anteriormente, siendo senador provincial, el sancarlino mantuvo su postura en contra de la instalación de minería metalífera en la región, y en defensa del agua pura. Por estos días, la discusión que lo ha tenido como protagonista es la generada en torno a la presidencia de la Cámara de Diputados: el sancarlino ha expresado su interés por ocupar ese lugar, y según pudo saberse, aún no hay nada definido.

Nota relacionada: Ambientalistas locales preocupados por el avance de las mineras: dos proyectos se ubican en San Carlos

La Sociedad Rural del Valle de Uco reafirma su defensa de la 7722: “Nos declaramos en estado de alerta”

Nov 15, 2019

La Sociedad Rural del Valle de Uco reafirma su defensa de la 7722: “Nos declaramos en estado de alerta”

Lo hizo a través de un comunicado en donde también llama a las demás instituciones de la provincia a protegerla.

Hace días atrás se abrió nuevamente el debate sobre la modificación o no de la Ley 7722 que regula la actividad minera en la Provincia.

Los principales desencadenantes de la polémica fueron el insistente pedido de los empresarios envalentonadas por la aprobación de Hierro Indio y las declaraciones del gobernador electo Rodolfo Suarez, quien afirmó que esta ley “ha impedido las inversiones de empresas mineras”, y que es necesario cambiar la normativa.

En la Legislatura, tanto entre los radicales como entre los peronistas, hay legisladores que quieren dar luz verde a la modificación de la ley, aunque hay otros que oponen. Sin embargo, se podría lograr fácilmente el aval de para modificarla.

Frente a ello, grupos ambientalistas, vecinos en general y hasta el intendente de San Carlos y diputado electo, Jorge Difonso, han manifestado su preocupación ante la posibilidad del avance minero a partir de la modificación de la ley y ya piensan en algunas acciones para llevar a cabo; en el caso de Difonso, plantear la inconstitucionalidad de cualquier modificatoria.

En esta oportunidad, quien reafirmó su defensa a la 7722, llamó a las demás instituciones de la provincia a protegerla y se declaró en estado de alerta y movilización, fue la Sociedad Rural del Valle de Uco.

Comunicado completo

Nada impide que una vez modificada esta Ley las empresas mineras vengan al Valle de Uco a querer explotar el oro y la plata que hay en nuestra cordillera. Los métodos que plantean utilizar siempre contaminan, los casos de las provincias vecinas así lo indican. Y son escasos los recursos que dejan para el desarrollo de las regiones: es una actividad saqueante.

Frente a los transcendidos de la prensa acerca de un avance del lobby minero -con la complicidad del kirchnerismo, el partido justicialista y el radicalismo- de que se avanzaría en modificar (previa a su anulación definitiva) la ley 7722, la Sociedad Rural del Valle de Uco expresa su repudio y la necesidad de estar alertas todas las organizaciones que representan al pueblo del Valle de Uco.

Está de más aclarar que hay algunas excepciones honorables dentro de los legisladores, pero que no podrían torcer una votación, de tratarse un proyecto que todavía no sabemos cuál es. Nos parece una falta de respeto y un desprecio total al ciudadano que participó en la última elección. Tanto Anabel F. Sagasti (candidata del PJ) como Rodolfo Suarez (gobernador electo) dijeron que iban a respetar el consenso social de cuidar y proteger nuestros recursos y nuestro medioambiente. A nuestros representantes les recordamos que la Ley 7722, es un ejemplo en el mundo, que fue ratificada por la Corte Suprema provincial el año pasado.

La megaminería metalífera tiene dos problemas: el uso del agua y la contaminación que no puede evitar. Por ello tenemos dos razones taxativas para oponernos a estos emprendimientos: por un lado, toda la información emanada del Departamento General de Irrigación y de otros organismos vinculados al agua hablan de crisis hídrica, es decir no hay agua para la minería. Y por otro lado, el método industrial a cielo abierto (lixiviación) genera contaminación derivado en arsénico en las fuentes de agua.

Generar una industria de estas características sobre las cabeceras de nuestras cuencas hídricas es declarar la diáspora de la producción primaria. No sabemos cuál es la parte que no entiende la corporación política que a toda costa necesita el fondeo de la minería contaminante.

Estamos siendo traicionados por nuestros representantes que saben bien que la megamineria metalífera no deja recursos económicos. Al parecer, a la matriz política pro-contaminante no se le ocurre rescatar el modelo productivo que ya tiene instalado el territorio; el mundo sigue comprando vino, hortalizas, frutas, especies, aceite de oliva, etc., todo producido en Mendoza. La actividad productiva está en crisis porque no hubo una correcta regulación y fue siendo perjudicada por malas políticas para las economías regionales, por permitir la concentración económica destruyendo al productor genuino. Entonces como el gasto público crece, hace falta más recaudación; no importa si se recauda perjudicando a un diseño productivo que construyó esta provincia.

La reconversión de la actividad primaria se obtendrá a partir de la incorporación de mayor tecnología y una estrategia en los mercados sosteniendo al productor en el territorio. Pero para esto se necesitan políticos inteligentes, honestos y que cumplan sus palabras expresadas antes de las elecciones.

La Sociedad Rural de Valle de Uco llama a la Cámara de Comercio de Tunuyán, a la Cámara de Comercio de Tupungato, a la Federación de Cámaras Vitícola de la Provincia de Mendoza, a la Cámara de Comercio de San Rafael,  a la Cámara de Comercio de Alvear, a la Sociedad Rural de San Rafael, a los productores Oasis Sur de Real del Padre, y demás entidades agropecuaria ligadas a la producción adherir a la consigna de no modificación de la LEY 7722.

Solicitamos que todos los candidatos electos se expidan sobre este tema, si están a favor o en contra de la ley 7722.

Ante los productores y a la población en general, nos declaramos en este momento en ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN hasta que las nuevas autoridades se expidan públicamente sobre este tema.

Con más del 97% de mesas computadas, aumenta la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Oct 28, 2019

Con más del 97% de mesas computadas, aumenta la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

La formula de Fernández-Fernández se impone con el 48,10% sobre el 40,37% de Macri-Pichetto.

Con más del 97% de mesas computadas, se agranda a casi 8 puntos la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio a nivel nacional.

De esta manera, hasta el momento, Alberto Fernández fue electo presidente de la Argentina con el 48,10% de los votos y gobernará entre 2019-2023, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner. 

Fernández-Fernández ganó la elección presidencial sin necesidad de un balotaje contra Mauricio Macri, quien concluirá su mandato el próximo 10 de diciembre sumergido en una de las crisis más graves de los últimos 17 años.

Sólo en seis provincia las formula de Macri-Pichetto se impuso sobre la oposición: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, San Luis y Entre Ríos.

A través del portal web oficial, la Dirección Nacional Electoral permite a los usuarios ver en detalle los resultados de las elecciones generales en la mesa donde votaste.

Paso a paso:

1. Para conocer el detalle, tenés que ingresar a resultados.gob.ar.

2. Seleccioná la provincia y la categoría (presidente o diputado nacional).

3. Definí la sección (departamento).

4. Precisá el circuito (distrito).

5. Elegí la escuela.

6. Buscá en la lista el número de mesa.

De manera rápida y sencilla, podés fijarte cómo fue la votación en tu mesa.

Paso a paso:

1. Para conocer el detalle, tenés que ingresar a resultados.gob.ar.

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